5 de octubre de 2011

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El peritaje en los procedimientos judiciales por vicios constructivos. La relevancia de la prueba pericial

Los procesos judiciales ocasionados por la existencia de vicios o defectos en la construcción siempre han venido asociados a una pluralidad de problemas. En líneas generales, suele acontecer que el perjudicado no tenga la certeza absoluta del origen de los defectos o que en el informe encargado para averiguarlo aparezcan diversos responsables. En este sentido, la redacción del artículo 1591 del Código Civil únicamente perfila dos únicos responsables - el contratista y el arquitecto -, que ha ido ampliándose por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a otros hipotéticos demandados: el aparejador o arquitecto técnico, el promotor y, en su caso, las personas subcontratadas.

A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 14.2 de la LEC introduce por primera vez la denominada intervención provocada, permitiendo a la parte demandada llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, siempre que exista una ley que lo permita. Pues bien, una de estas leyes que permite esta posibilidad al demandado – reclamar el llamamiento de otro que no ha sido demandado por el actor – es la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE). En esta norma se introdujo la Disposición Adicional Séptima que literalmente indica que: Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente Ley, podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido proceso”.

La finalidad intrínseca de estos procedimientos judiciales es la obtención de la reparación de los defectos constructivos existentes en las viviendas y locales o, en su caso, la fijación de una indemnización sustitutoria. Sin embargo, teniendo en cuenta que la responsabilidad se determina en función del rol que asume cada uno de los agentes que intervienen en el proceso constructivo, las dificultades para cualquier profano en la materia a la hora de establecer el origen de los defectos es de una enorme intensidad.

Para intentar contrarrestar o equilibrar esta situación problemática resultan indispensables los informes periciales, que vienen regulados en los artículos 335 a 352 de la LEC, y que constituyen la principal prueba con la que cuenta el perjudicado.

La primera circunstancia a considerar es la relativa a la necesidad de que con el escrito de demanda se aporte un informe pericial en que se apoyen las pretensiones (cfr. art. 265.1.4º de la LEC). Asimismo, el demandado deberá también acompañar en su escrito de contestación a la demanda un peritaje en que ha de basar su oposición. Todo ello, tomando en consideración la excepción planteada por el apartado 1 del artículo 339 de la LEC: “Si cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, sino simplemente anunciarlo, a los efectos de que se proceda a la designación judicial de perito, conforme a lo que se establece en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.”

Por otra parte, el apartado segundo del referido precepto autoriza a que, además del informe pericial acompañado a la demanda o a la contestación, cada una de las partes pueda solicitar la designación de peritos judiciales para que informen sobre el mismo contenido del asunto. Este precepto se está refiriendo a la pericial judicial y en este sentido se establece que, una vez solicitada la designación de peritos por el Tribunal, sólo se nombrará a uno por cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia, sin excluir ni prohibir este segundo peritaje. Ahora bien, la decisión corresponde al juez, sólo en aquellos supuestos en los que “considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado”; es decir, siempre que, una vez analizado el informe unido a la demanda o contestación, no concluya la innecesariedad del segundo informe por la suficiencia del que ya consta en autos.

Una segunda circunstancia demostrativa de la trascendencia de la prueba pericial en estos procesos por vicios en la construcción es la relativa a que el informe pericial no vincula al juez pues, como exige el artículo 348 de la LEC, éste valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.

La sana crítica es un método de valoración de las pruebas que se encuentra entremedias de la prueba legal o tasada y de la prueba racional libre. En este último supuesto no se requiere que el juez exprese la motivación – mediante la construcción de un proceso lógico y racional formativo de la convicción -, sino solo el resultado del proceso. Mientras que en la sana critica el principio exige que el juez motive y argumente sus decisiones. De esta forma, la concepción de la regla de la sana crítica se opone o es contraria al concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el valor de la prueba y se convierte en un sistema de valoración de las pruebas, por medio del cual el juez debe examinar y comparar todas las pruebas practicadas, a fin de que a través de las reglas de la lógica llegue a una determinada conclusión.

En palabras del Tribunal Supremo, a través de la Sentencia de 20 de julio de 2011 (entre otras):

“(…) la Ley exige, para fundamentar la emisión de sentencia en la prueba practicada en el juicio, no sólo la existencia de una mínima actividad probatoria, sino que su contenido tenga entidad suficiente para construir enlace racional y ajustado a las reglas de la lógica deductiva entre el contenido del elemento probatorio seleccionado para sustentar el Fallo y la convicción a la que llega el órgano sentenciador. La convicción de éste debe asentarse sobre una firme y sólida base fáctica y un lógico proceso argumental para obtener, aun por las vías indirectas de la deducción valorativa de los hechos, un juicio fundado que no rompa con la necesaria armonía que debe presidir todo proceso deductivo ( STS 19/09/90 ).”

En este sentido, debe reiterarse lo apuntado más arriba, que la doctrina jurisprudencial ha establecido – siguiendo la misma línea interpretativa del derogado artículo 632 de la LEC de 1881 -, que los jueces no están obligados a sujetarse al dictamen de los peritos. No obstante, cabe reseñar que al mismo tiempo los jueces tienen la inexcusable obligación – cfr. art. 120.3 de la CE -, de motivar sus decisiones y de apreciar o desestimar los resultados de una prueba. Aspecto que toma más relevancia en este tipo de procesos en los que la conclusión va a depender en gran medida de informes técnicos ajenos al propio conocimiento jurídico del juez – cfr. art. 218.2 de la LEC.

Obviamente, teniendo en cuenta que en este tipo de litigios se va a contar con, al menos, dos informes periciales y, en un buen número de casos, las conclusiones van a ser radicalmente opuestas, las reglas de la sana crítica no resultarán fáciles de aplicar. En este sentido, debe exigirse que en el propio informe se señalen las reglas de ciencia llevadas a cabo en su elaboración, la posibilidad de ser sometido a un test de control y ser susceptibles de una verificación empírica. En tales condiciones podrán valorarse por un lego en la materia – como sucede en el caso de un juez - las conclusiones a las que llega el perito. Así se pronuncia la doctrina jurisprudencial, entre otras, en la sentencia anteriormente citada:

“En consecuencia, el juez deberá valorar los dictámenes tomando en cuenta sus propias máximas de experiencia, como son la lógica interna del informe del experto, su ajuste a la realidad del pleito, la titulación del perito con relación a lo que constituye objeto de la pericia, la relación entre el resultado pericial y los demás medios probatorios obrantes en autos, el detalle y exhaustividad del informe, la metodología o las operaciones practicadas para la obtención de conclusiones, como son la inspección, la extracción de muestras o la realización de análisis.”

Un tercer y último aspecto digno de mención es el relativo a la importancia de que los peritos comparezcan en el acto de juicio o vista. Efectivamente, habida cuenta de la especial importancia que tienen las pruebas periciales en este tipo de procesos, adquiere cierto interés la presencia de los peritos firmantes de los informes en el juicio o vista, con la finalidad de que expongan sus dictamen, expliquen o clarifiquen algún punto o extremo del mismo y respondan a preguntas acerca de los métodos utilizados, conclusiones y ampliándolo a cuestiones conexas o, en su caso, para someterlos, a la crítica por el perito que haya informado en forma distinta a la suya – cfr. art. 347 de la LEC.

Aunque de la literalidad de este precepto no se desprende la existencia del término “careo” – en términos análogos a lo dispuesto en el art. 373 -, no parece que exista ninguna duda sobre la virtualidad de esta posibilidad en relación a la comparecencia de los peritos, sobre todo si tenemos en cuenta que el apartado 1.5º del referido precepto admite la: “Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.” De esta forma, sería deseable que mediante un careo controlado por el juez resultara factible intentar la superación de contradicciones y la obtención de alguna conclusión en cuanto a la determinación sobre el origen de los vicios y las concretas responsabilidades – que, no olvidemos, corresponde decidir, desde un punto de vista jurídico, al juez.

Siguiendo este hilo argumental, la propia ley procesal permite al juez solicitar la comparecencia de los peritos, pues no debemos olvidar que éste es el principal interesado en resolver las contradicciones, ausencias e insuficiencias en aspectos técnicos que se presenten en asuntos de esta naturaleza, en donde la dimensión jurídica depende de la explicación técnica.

Artículos relacionados

1. Mª Carmen González Carrasco. Profesora Titular de Derecho Civil UCLM. Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Albacete. RESPONSABILIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN: DEFECTOS CONSTRUCTIVOS Y DAÑOS A TERCEROS. Publicado en ulcm.com.

2. JUAN ANTONIO PÉREZ RIVARÉS. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Abogado. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROMOTOR POR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS. Publicado en uria.com

3. Fernando Zubirí de Salinas. ¿Qué es la sana crítica? La valoración judicial del Dictamen Experto. Publicado en juecedemocracia.es.

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3 de octubre de 2011

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El Tribunal Supremo rebaja también los honorarios a los procuradores

 

El Supremo acaba de asestar un duro golpe a los procuradores cuyos honorarios podrán rebajarse en tasación de costas si su cuantía se demuestra “exorbitante”. En un auto pionero, el Alto Tribunal abre la puerta a limitar los derechos económicos de estos profesionales –fijados por arancel– si se demuestra que su importe resulta “una carga manifiestamente desproporcionada” para el condenado en costas.

La resolución se enmarca en una tendencia surgida en el último año en el que el Alto Tribunal está revisando a la baja los honorarios de los abogados. Ahora, les toca a los procuradores.

En el caso concreto analizado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se ha rebajado la retribución del procurador de 106.769, 27 euros a 12.500 euros. También, la minuta del abogado se ha visto reducida de 243.576 euros a 25.000 euros.

La resolución, en este caso, favorece a la Administración que sólo deberá afrontar un coste de 37.500 euros en lugar de los 350.345,27 euros fijados inicialmente para resarcir a la empresa vencedora del litigio de los gastos de abogado y procurador originados en un pleito en el que estaba en discusión una multa de más de 50 millones de euros, finalmente anulada.

La Abogacía del Estado impugnó la tasación de costas practicada por el secretario judicial alegando que tanto los honorarios del letrado como los derechos del procurador eran excesivos. Exigía, por tanto, que los emolumentos del abogado no superaran los 8.000 euros, mientras que los del procurador no debían llegar a 300 euros.

Aunque el Supremo rechaza las cantidades propuestas inicialmente por la Abogacía del Estado, sí reconoce que tiene razón en cuanto a que lo minutado por ambos profesionales resulta desproporcionado.

Jurisdicción Contenciosa


La resolución recuerda que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa permite a los tribunales de este orden limitar hasta un determinado tope la imposición de las costas que el vencido en el recurso debe pagar al ganador del pleito.

Por este motivo, la Sala cree que “no hay razones válidas para que los derechos arancelarios de los procuradores queden eximidos de esta limitación”.

Frente a esta opinión, se alza el Consejo General de Procuradores cuyo dictamen fue requerido por el Supremo para resolver este asunto. Para la institución que preside Juan Carlos Estévez, el arancel es una norma de cumplimiento obligado que determina las retribuciones de los procuradores. Además, rechaza que la comparación entre el trabajo del procurador y el del letrado sea un criterio válido para poder introducir esa proporcionalidad.

El Supremo, sin embargo, echa por tierra todos estos argumentos y reduce el importe a retribuir al procurador a 12.500 euros, cifra equivalente a la mitad de los honorarios que finalmente cobrará el abogado.

Para el Alto Tribunal, resulta evidente que el Real Decreto–Ley 5/2010 “trata de evitar que la retribución de los procuradores en todos los procesos –no sólo en los concursales– sea manifiestamente desproporcionada”. Lo que implica, a su vez, que no cabe prescindir de la comparación con los honorarios devengados por el letrado. La consecuencia es que la aplicación del arancel entre procurador y cliente no tiene por qué ser trasladada de forma automática a la condena en costas.

Los letrados, en el punto de mira


En el caso del abogado, el Supremo reconoce que el interés económico del litigio era elevado –una multa de más de 50 millones de euros– y que, por lo tanto, su responsabilidad a la hora de defender que procedía su anulación era relevante.

Sin embargo, advierte de que su trabajo profesional venía facilitado por el hecho de existir una sentencia previa sobre una sanción impuesta a la misma empresa por hechos análogos. Es decir, que, de no ser por esa circunstancia, “el esfuerzo argumental del letrado” para defender la corrección jurídica de la sentencia de instancia hubiera sido mayor. Por este motivo, el auto afirma que la cifra de los honorarios deben quedarse en 25.000 euros, en vez de los 243.576 euros, reduciéndola a 25.000 euros. (Fuente: Expansion)

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28 de septiembre de 2011

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El recurso extraordinario por infracción procesal

El recurso puede ser definido como un acto procesal de parte que frente a una resolución impugnable pide la actuación de la ley a su favor (Gómez Orbaneja). Es decir, son los mecanismos de que disponen las partes procesales para poder cuestionar o impugnar las resoluciones de un Tribunal o del Secretario Judicial que consideran gravosas o perjudiciales para sus intereses.

El fundamento de cualquier recurso se encuentra en el posible error o, mejor dicho, en el posible gravamen que pudiera provocar las resoluciones judiciales. Efectivamente, a través de este medio procesal cabe la posibilidad de que las partes puedan impugnar una resolución si les resulta gravosa para sus intereses a fin de que el órgano jurisdiccional pueda modificar la resolución dictada.

En este sentido, se pronunciar el artículo 448.1 de la LEC, al señalar que las partes podrán interponer los recursos previstos en la Ley contra las resoluciones judiciales o del Secretario Judicial siempre “que les afecten desfavorablemente”. De esta forma, el gravamen o perjuicio de la resolución judicial es el presupuesto de cualquier recurso y constituye el único elemento objetivo que justifica per se su interposición. Por tanto, de forma muy escueta, cabe indicar que existe gravamen cuando hay una diferencia entre lo pedido por las partes y lo concedido por el órgano jurisdiccional.

En una apretada síntesis, cabe diferenciar entre recursos devolutivos y no devolutivos. Los primeros son aquellos de los que conoce un órgano distinto y superior del que dictó la resolución impugnada. Por el contrario, los no devolutivos son aquellos de los que conoce el mismo órgano que dictó la resolución impugnada.

Asimismo, también cabe distinguir entre recursos ordinarios y extraordinarios. Los primeros pueden interponerse contra cualquier resolución que sea impugnable y pueden fundamentarse en cualquier motivo por el que el recurrente se sienta perjudicado. En cambio, los recursos extraordinarios son aquellos que únicamente se admiten contra determinadas resoluciones y por las causas tasadas en la ley. Ejemplo de estos recursos son la casación, el recurso en interés de ley para la unificación de la doctrina jurisprudencial y el recurso extraordinario por infracción procesal de cuya regulación legal trataremos de apuntar algunas ideas.

Sin embargo, antes de comenzar con el estudio del marco jurídico-procesal del recurso extraordinario por infracción procesal, conviene recordar que, de conformidad con la D.A. 15.ª de la LOPJ introducida por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se introduce el pago de un depósito de escasa cuantía previo a la interposición de este recurso equivalente a 50 euros.

El recurso extraordinario por infracción procesal es un recurso extraordinario y devolutivo, por el cual se pretende un pronunciamiento del tribunal ad quem en relación a la existencia en el proceso de una infracción procesal en virtud de la que proceda anular la sentencia dictada en la instancia o por la Audiencia Provincial y reponer las actuaciones al momento en que se hubiere incurrido en la infracción o vulneración denunciada.

Al margen de lo anterior, este recurso constituye en la ley procesal un paso previo y necesario para la posterior interposición, en su caso, del recurso de amparo por violación del art. 24 de la CE. Su utilización permitirá entender agotados de forma efectiva los recursos que pueden utilizarse en la jurisdicción ordinaria, requisito necesario para poder interponer posteriormente el recurso de amparo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 de la LEC son resoluciones recurribles las: “sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia.” Al tratarse de un recurso extraordinario las causas o motivos por los que el mismo puede interponerse vienen expresamente tasados en el artículo 469 de la citada ley procesal. Estos motivos son los siguientes:

1. Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.

2. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.

3. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión.

4. Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución.

Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas.

Respecto del primer motivo del recurso (artículo 469.1.1º de la LEC) pueden aceptarse como vulneración de normas sobre jurisdicción y competencia, las siguientes:

1. Infracción de las normas que delimitan la atribución de la jurisdicción civil frente a las de la Administración (artículo 37.1 de la LEC)

2. Infracción de las normas que delimitan la competencia de los Tribunales civiles frente a Tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria (artículo 37.2 de la LEC, en relación con el artículo 9 y 10 de la LOPJ).

3. Infracción de las normas que delimitan la competencia de los Tribunales civiles frente a los órganos que tengan reconocida por la Constitución Española potestad jurisdiccional (artículo 37.2 de la LEC en relación con el artículo 3 de la LOPJ).

4. Infracción de las normas sobre competencia objetiva y funcional y territorial (artículos 45 y ss de la LEC). La falta expresa de inclusión de la competencia territorial como motivo del recurso efectuada en el artículo 469.1.1ª de la LEC, ha ocasionado que la doctrina se muestre dividida en cuanto si se debe o no aceptar también la infracción de la competencia territorial como motivo de recurso extraordinario.

5. Infracción de las normas que delimitan la extensión y límites de la jurisdicción española en el ámbito internacional (artículo 36 de la LEC en relación con los artículos 21 y 22 de la LOPJ).

6. Infracción de las normas que delimitan el sometimiento de una controversia a arbitraje (artículo 65.2.2º de la LEC).

7. Infracción de las normas de reparto ordinario de los asuntos civiles (artículo 68 de la LEC) y de aquellas que los atribuyen a Tribunales especializados (artículo 46 de la LEC en relación con el artículo 98 de la LOPJ).

Respecto del segundo motivo del recurso (artículo 469.1.2º de la LEC) pueden aceptarse como infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia, las siguientes:

1. Las que regulan la exhaustividad y congruencia de las sentencias. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito (artículos 216 y 218.1 de la LEC).

2. Las que regulan la carga de la prueba. Cuando al tiempo de dictar la sentencia o resolución, el Tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones (artículo 217 de la LEC).

3. La que regulan la falta de motivación fáctica y jurídica. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación incidirá en los elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados en su conjunto y individualmente, ajustándose a las reglas de la lógica y de la razón (artículo 218.2 de la LEC).

4. Las que regulan la forma y contenido de la sentencia.

5. Las relativas a la invariabilidad de las resoluciones judiciales. Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, salvo aclaración de concepto oscuro o rectificación de error material (artículo 267 LOPJ en relación con los artículos 214 y 215 de la LEC).

6. Las que regulan la votación y el fallo. En los asuntos que deban fallarse después de la celebración de la vista o juicio, la redacción y firma de la resolución, en los Tribunales unipersonales, o la deliberación y votación, en los Tribunales colegiados se realizarán, respectivamente, por el Juez o Magistrados, que hayan asistido a la vista o juicio, aunque después de esta hubieran dejado aquellos de ejercer sus funciones en dicho Tribunal (artículo 194 de la LEC).

7. Las relativas al ámbito y límites de la cosa juzgada material. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo (artículo 222 de la LEC).

8. Las relativas a condenas con reserva de liquidación.

9. Las relativas a condenas de futuro. Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte (artículo 220 de la LEC).

10. Las relativas a los pronunciamientos específicos de los procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 221 de la LEC).

11. Las relativas a la valoración legal de la prueba.

Respecto del tercer motivo del recurso (artículo 469.1.3º de la LEC) pueden aceptarse como infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producirse indefensión, las siguientes:

1. Cualquier tipo de infracción de normas que determinen la nulidad o anulabilidad del proceso (artículo 238 y ss de la LOPJ).

2. Infracciones de normas y garantías legales que hubiera podido producir indefensión (artículo 238.3 Y 240.1 de la LOPJ).

En cuanto al cuarto motivo del recurso (artículo 469.1.4º de la LEC) pueden aceptarse como vulneración en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la CE, la siguiente: infracción de los derechos fundamentales del artículo 24 de la CE que se concretan por un parte en lo dispuesto en el propio precepto: el derecho a la tutela judicial efectiva y prohibición de la indefensión, derecho al Juez ordinario predeterminado por ley, derecho a la defensa y a la asistencia letrada, a un proceso público sin dilaciones indebidas, derecho a un proceso con todas las garantías, derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, y por otra, a aquellos que puestos en relación con el artículo 24 de la CE también determinen la ineficacia de los actos.

En cuanto al procedimiento, éste viene establecido en los artículos 470 a 476 de la LEC que reproducimos a continuación:

El recurso extraordinario por infracción procesal se preparará mediante escrito presentado ante el tribunal que hubiere dictado la sentencia o auto en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. Presentado el escrito de preparación del recurso y transcurridos los plazos de que dispongan todas las partes para preparar el recurso extraordinario por infracción procesal, el Secretario judicial lo tendrá por preparado siempre que la resolución sea recurrible, se alegue alguno de los motivos previstos en el artículo 469 y, en su caso, se hubiese procedido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo.

Si el Secretario judicial entendiera que no se cumplen los requisitos a que se refiere el apartado anterior, lo pondrá en conocimiento del Tribunal para que se pronuncie sobre la preparación del recurso. Si el Tribunal entiende que se cumplen los requisitos del apartado 2 dictará providencia teniéndolo por preparado; en caso contrario, dictará auto denegándola. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja. Contra la diligencia de ordenación o providencia en la que se tenga por preparado el recurso extraordinario por infracción procesal, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal al comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia.

En el plazo de los veinte días siguientes a aquel en que se tenga por preparado el recurso habrá de presentarse, ante el tribunal que hubiese dictado la sentencia recurrida, escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, en el que se exponga razonadamente la infracción o vulneración cometida, expresando, en su caso, de qué manera influyeron en el resultado del proceso. En el escrito de interposición se podrá también solicitar la práctica de alguna prueba que se considere imprescindible para acreditar la infracción o vulneración producida, así como la celebración de vista.

Finalizado el plazo para interponer el recurso sin haber presentado el escrito de interposición el Secretario judicial lo declarará desierto y condenará al recurrente en las costas causadas, si las hubiere.

Presentado el escrito de interposición, dentro de los cinco días siguientes se remitirán todos los autos originales a la sala citada en el artículo 468, con emplazamiento de las partes ante ella por término de 30 días, sin perjuicio de que, cuando un litigante o litigantes distintos de los recurrentes por infracción procesal hubiesen preparado recurso de casación contra la misma sentencia, se deban enviar a la sala competente para el recurso de casación testimonio de la sentencia y de los particulares que el recurrente en casación interese, poniéndose nota expresiva de haberse preparado recurso extraordinario por infracción procesal, a los efectos de lo que dispone el artículo 488 de esta Ley. Si el recurrente no compareciere dentro del plazo señalado, el Secretario judicial declarará desierto el recurso y quedará firme la resolución recurrida.

Recibidos los autos en el Tribunal, se pasarán las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal. El recurso extraordinario por infracción procesal se inadmitirá en los siguientes casos:

1. Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciare en este trámite la falta de los requisitos establecidos en los artículos 467, 468 y 469.

2. Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento.

La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto la posible causa de inadmisión del recurso a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen procedentes. Si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida. Si la causa de inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones alegadas, resolverá también mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie. No se dará recurso alguno contra el auto que resuelva sobre la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal.

Admitido, total o parcialmente, el recurso extraordinario por infracción procesal, se entregará copia del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas para que formalicen por escrito su oposición en el plazo de veinte días. Durante dicho plazo estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría. En el escrito de oposición se podrán alegar también las causas de inadmisibilidad del recurso que se consideren existentes y que no hayan sido ya rechazadas por el tribunal, solicitar las pruebas que se estimen imprescindibles y pedir la celebración de vista.

Transcurrido el plazo anterior, se hayan presentado o no los escritos de oposición, la Sala señalará, mediante providencia, dentro de los treinta días siguientes, día y hora para la celebración de vista o, en su caso, para la votación y fallo del recurso extraordinario por infracción procesal.

Si se hubiere pedido y admitido la práctica de alguna prueba o si la Sala, de oficio o a instancia de parte, lo considerare oportuno para la mejor impartición de la justicia, en el recurso extraordinario, se acordará que se celebre vista, que comenzará con el informe de la parte recurrente, para después proceder al de la parte recurrida. Si fueren varias las partes recurrentes, se estará al orden de interposición de los recursos, y siendo varias las partes recurridas, al orden de las comparecencias. La práctica de las pruebas se regirá por lo dispuesto en la ley para la vista de los juicios verbales.

La Sala dictará sentencia dentro de los veinte días siguientes al de finalización de la vista, o al señalado para la votación y fallo. Si el recurso se hubiese fundado en la infracción de las normas sobre jurisdicción o competencia objetiva o funcional, se examinará y decidirá sobre este motivo en primer lugar.

Si se hubiera denunciado la falta de jurisdicción o de competencia objetiva y se estimare el recurso, la Sala casará la resolución impugnada, quedando a salvo el derecho de las partes a ejercitar las pretensiones ante quien correspondiere.

Si el recurso se hubiese interpuesto contra sentencia que confirmaba o declaraba la falta de jurisdicción o de competencia, y la Sala lo estimare, tras casar la sentencia, ordenará al tribunal de que se trate que inicie o prosiga el conocimiento del asunto, salvo que la falta de jurisdicción se hubiera estimado erróneamente una vez contestada la demanda y practicadas las pruebas, en cuyo caso se ordenará al tribunal de que se trate que resuelva sobre el fondo del asunto.

En los demás casos, de estimarse el recurso por todas o alguna de las infracciones o vulneraciones alegadas, la Sala anulará la resolución recurrida y ordenará que se repongan las actuaciones al estado y momento en que se hubiere incurrido en la infracción o vulneración.

Si la Sala no considerare procedente ninguno de los motivos alegados, desestimará el recurso y se devolverán las actuaciones al tribunal del que procedan. Contra la sentencia que resuelva el recurso extraordinario por infracción procesal no cabrá recurso alguno, salvo lo previsto sobre el recurso en interés de la ley ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

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26 de septiembre de 2011

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El Congreso aprueba la Ley Concursal, que facilita renegociar deudas fuera del juzgado

 

Los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por un informe favorable

La reforma de la Ley Concursal establece que los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por el informe favorable de un experto independiente.

De esta manera, se evitan las minorías de bloqueo que han llevado a que muchas sociedades no puedan refinanciar sus deudas y tengan que acogerse al concurso de acreedores, un proceso judicial similar a la antigua suspensión de pagos que termina en el 95 % de los casos en la liquidación de la empresa.

La nueva Ley Concursal también favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades con el objetivo de frenar esos procesos de insolvencia.

Para paliar la decisión del Ministerio de Justicia de no mejorar los concursos de particulares, los grupos parlamentarios han introducido una disposición adicional en la Ley Concursal por la que el Ejecutivo tendrá un período de seis meses para presentar un informe con medidas que completen "la protección económica y social de consumidores y familias".

Así, se deberán proponer soluciones extrajudiciales que favorezcan, a través de mediadores o de pactos notariales, la renegociación de deudas de las familias, que casi nunca consiguen acordar un plan de pagos con sus acreedores cuando entran en concurso.

La reforma de la Ley Concursal no incorpora finalmente la mayoría de cambios que pactaron en el Senado PP y CiU, entre los que destacaba la creación inmediata de un proceso para que los particulares pudieran liquidar su patrimonio y pagar a los acreedores bajo supervisión de un notario.

El diputado del PSOE Jesús Quijano defendió que los problemas de las familias para atender sus deudas "exigen una ley especial que ojalá aborde el próximo Gobierno en la próxima legislatura porque hay un mandato parlamentario para que así se haga", en referencia a la disposición adicional aprobada en el Congreso.

El PSOE aceptó hoy no obstante las enmiendas del PP y CiU para que se siga obligando a los administradores concursales (los que gestionan los concursos de acreedores) a contar con formación en esa materia y a tener al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión.

No obstante, los concursos serán gestionados por un único administrador nombrado judicialmente (por ejemplo, una sociedad profesional), en vez de los tres actuales.

La composición de la administración concursal ha sido uno de los aspectos más polémicos en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley Concursal, ya que el PP considera que la regulación dada favorece a las grandes sociedades de auditoría, mientras que el PSOE defiende que es la mejor manera de abaratar los costes del proceso.

El diputado socialista Jesús Quijano destacó que la reforma de la Ley Concursal, la segunda que se aplica a esta norma de 2003, "completa bastante bien el marco legal de los concursos de acreedores", ya que "no excluye opciones de futuro pero desde luego soluciona problemas ahora".

En cambio, el diputado del PP Federico Trillo criticó que la nueva Ley Concursal no alcanzará las metas que persigue porque resulta "tardía en su aplicación, precipitada en su tramitación, confusa en su redacción, contradictoria entre la exposición de motivos y el texto y no cuenta con dotación adicional de medios, lo que la hace ineficaz".

Según el INE, un total de 5.750 empresas y particulares se acogieron en 2010 al concurso de acreedores, una cifra que se podría superar en 2011, ya que en la primera mitad del ejercicio se han registrado 3.574 procesos. (http://www.difusionjuridica.es)

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El Congreso confirma la elevación a 600.000 euros de la cuantía para interponer un pleito económico

 

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, ERC, PNV y CiU han expresado este miércoles su apoyo al proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal que finalmente elevará de 150.000 a 600.000 euros el límite mínimo para interponer un pleito económico ante el Tribunal Supremo.

La norma saldrá así adelante sin la modificación que introdujo la semana pasada el Senado en contra de la subida de esta cuantía en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo y pese a la "abstención crítica" que ha anunciado el PP para la votación de las enmiendas que tendrá lugar mañana en el Pleno del Congreso.

Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, ha adelantado que su grupo defenderá el incremento a 600.000 euros para la interposición del recurso de casación y aceptará las enmiendas votadas por los senadores socialistas durante su tramitación parlamentaria, entre ellas la que propone ampliar "la protección del deudor sobre la vivienda" en el caso de subastas de bienes inmuebles diferentes del domicilio habitual del deudor.

Los socialistas también apoyarán denominar a este texto "Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal", en vez de "Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social" como adoptó en un principio la Cámara Baja.

Cuesta ha elogiado la "brillante y productiva" gestión a favor de la Justicia durante la última legislatura que tiene como broche final esta Ley que ayudará a suprimir trámites "innecesarios", como los de preparación del recurso de queja, apelación o casación, reducir el número de procedimientos y potenciar el proceso monitorio, ampliándolo a cualquier reclamación de cantidad con independencia de su cuantía y extendiéndolo a los juicios de desahucio por falta de pago.

EL PP CARGA CONTRA UNA LEY "MALDITA" E "INJUSTA"

Por su parte, el PP ha anunciado una "abstención crítica" contra esta Ley, que ha calificado como "maldita" y "profunda y deliberadamente injusta". El diputado Vicente Ferrer también ha cargado contra la "improvisación" del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha abordado de manera "precipitada" numerosas reformas en el último tramo de la legislatura.

El "popular" ha avanzado igualmente que su partido revisará si llega al Gobierno la segunda instancia con el fin de combatir el colapso en la Justicia pero sin perjudicar a las clases medias. "Son ustedes los que quieren afrontar una campaña electoral presentándose como los adalides de los pobres frente a los ricos, pues no será hoy señorías", ha afeado a los socialistas.

Tras tildar de "disparatada" la reforma, Ferrer ha preguntado al resto de parlamentarios: "¿Cuántos conocen ustedes con viviendas valoradas en más de 600.000 euros, cuántas pymes y autónomos que facturen más de 600.000 euros anuales conocen?". "¿En qué ambiente se mueven, qué amistades frecuentan", ha cuestionado.

ERC se ha inclinado por apoyar la enmienda introducida por la Cámara Alta que rechaza aumentar la cantidad para recurrir al alto tribunal, aunque ha anunciado que respaldará el conjunto del proyecto de Ley. A juicio del diputado Joan Ridao, la norma sustituye "un paso positivo" aunque, eso sí, "modesto" para la modernización de la Justicia.

Según ha dicho, la actual legislatura se presentó como el ejercicio de "la Justicia" y sin embargo ha sido "la legislatura de la crisis". "Queda mucho camino por recorrer para que los ciudadanos obtengan una respuesta rápida a los problemas que plantean", ha advertido.

Desde el PNV, Emilio Olabarría también ha avanzado que los nacionalistas vascos darán un espaldarazo a la Ley por considerarla "correcta". "El sentido de nuestro voto será prácticamente en su totalidad favorable a las enmiendas aprobadas por el Senado", ha añadido.

De todos modos, Olabarría ha estimado la ley insuficiente para acabar con el actual colapso que impera en la Administración de Justicia y que requiere de "un gran pacto de Estado" para poner fin a esta situación.

Finalmente, el diputado de CiU Jordi Jané ha expuesto que su grupo rechazará la iniciativa del Senado para mantener intacta la actual cuantía exigida para recurrir ante el Supremo y ha recordado que los nacionalistas abogan por fortalecer "en la medida de lo posible" la "función casacional" que deben llevar a cabo los Tribunales Superiores de Justicia.

Jané ha recordado que este proyecto de ley no está exento de "tensiones" tras la polémica que se generó después de que miembros del Poder Judicial intentaran aprovechar el trámite parlamentario para "mejorar la Administración de Justicia".

Durante su tramitación, el Senado también aprobó la propuesta que rechaza elevar de 18.000 a 30.000 euros el límite para que las sentencias de los juzgados de lo Contencioso que puedan ser susceptibles de recurso de apelación. (http://www.economistjurist.es)

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19 de septiembre de 2011

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El libro de actas de la Junta de Propietarios. Legalización por el Registrador. El artículo 415 del RH.

A la finalización de una junta de propietarios, legamente constituida, aparece el denominado libro de actas, en el que se reflejará lo debatido y aprobado con los detalles del caso, tal como dispone el artículo 19.1 de la LPH: “los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga”.

Esta última exigencia de diligenciamiento por el Sr. Registrador de la Propiedad no tiene otro objetivo que dotar de autenticidad al libro de actas – antiguamente se diligenciaba ante el Notario o el Juzgado. Fue la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que reformó el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, con el único objetivo de descargar a los órganos jurisdiccionales de funciones que no tenían la condición de tales, encomendando a los Registradores de la Propiedad la tarea de diligenciar los libros de actas.

Aunque la ley señale expresamente que el libro de actas será presentado al Registro por el Presidente de la comunidad de propietarios, resulta evidente que cuando se constituya la comunidad, será el propietario único o promotor quien debe efectuar la diligencia.

El artículo 415 del Reglamento Hipotecario (redacción según Real Decreto 1368/1992, de 13 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario y del Reglamento Notarial) desarrolla detalladamente el modo de proceder del Registrador de la Propiedad, en cuanto al diligenciamiento del libro de actas, imponiéndole dos tareas: la práctica de la diligencia en sí, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para efectuarla, y el control sucesivo del número de orden de los libros, todo ello referido, con un amplio criterio, a comunidades, subcomunidades y conjuntos inmobiliarios, tanto para el caso de que tales entidades aparezcan inscritas, o como para las no inscritas (obsérvese el párrafo 3. b) y el último inciso del párrafo 7 del citado precepto legal) mediante la extensión de una nota marginal en el folio abierto en el libro de inscripciones al edificio o conjunto sometido a propiedad horizontal en el primer caso, o bien consignando los datos del libro en un libro fichero, cuando no apareciera inscrita la comunidad.

Las reglas impuestas por este precepto son las siguientes:

1. Los libros deberán diligenciarse necesariamente antes de su utilización. No podrá diligenciarse un nuevo libro mientras no se acredite la íntegra utilización del anterior. En caso de pérdida o extravío del libro anterior, podrá diligenciarse un nuevo libro siempre que el Presidente o el Secretario de la comunidad firme, bajo su responsabilidad, en acta notarial o ante el Registrador, que ha sido comunicada la desaparición o destrucción a los dueños que integran la comunidad o que ha sido denunciada la substracción.

2. Será competente para la diligencia el Registrador de la Propiedad en cuyo distrito radique el inmueble sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal.

3. La solicitud de la diligencia se efectuará mediante instancia en la que se expresarán:

a. Las menciones de identidad del solicitante y la afirmación de que actúa por encargo del Presidente de la comunidad.

b. Las menciones que identifiquen a la respectiva comunidad de propietarios y, en su caso, los datos de su identificación registral.

c. Las fechas de la apertura y cierre del último libro de actas. No serán necesarias estas circunstancias si el solicitante afirma, bajo su responsabilidad, que no ha sido antes diligenciado ningún otro libro.

d. Todas las hojas del libro que se presente para diligenciar habrán de estar numeradas con caracteres indelebles. El libro podrá ser de hojas móviles.

4. Presentada la instancia y el libro, se practicará en el Diario en el correspondiente asiento. En el asiento se harán constar la fecha de la presentación y la identificación del solicitante y de la comunidad de propietarios.
5. La diligencia será extendida en la primera hoja con expresión de la fecha, datos de identificación de la comunidad -incluyendo, en su caso, los datos registrales-, número que cronológicamente corresponda al libro dentro de los diligenciados por el Registrador en favor de la comunidad, número de hojas de que se componga y que todas ellas tiene el sello del Registrador, indicándose el sistema de sellado. La diligencia será firmada por el Registrador. En el caso de que haya sido diligenciado un nuevo libro sin haberse presentado el libro anterior por alegarse que se ha extraviado o perdido, en la diligencia se expresará esta circunstancia y que en el anterior, aunque aparezca, no podrán extenderse nuevas actas.

El sello del Registrador se pondrá mediante impresión o estampillado, perforación mecánica o por cualquier otro procedimiento que garantice la autenticidad de la diligencia. Si los libros se componen de hojas móviles habrá de hacerse constar con caracteres indelebles en todas ellas, además del sello, la fecha, a no ser que se emplee un procedimiento de sellado que garantice que cada una de las hojas pertenece al libro diligenciado.

6. El Registrador practicará la diligencia dentro de los cinco días siguientes a la solicitud realizada en debida forma, o de los quince días si existiere justa causa. Contra la denegación cabe recurso directamente durante quince días hábiles ante la Dirección General.

7. Practicada la diligencia, se pondrá en el folio abierto en el Libro de inscripciones al edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, nota marginal expresiva del número de orden del libro diligenciado, hojas de que se compone y, en su caso, que se expide en sustitución de uno anterior desaparecido. De no estar inscrita la comunidad, se consignarán estos datos en un libro-fichero, que podrá llevarse por medios informáticos.
Practicada o denegada la diligencia, se extenderán seguidamente las oportunas notas de despacho al pie de la instancia y al margen del asiento de presentación.
Transcurridos seis meses desde la presentación del libro sin que fuera retirado, el Registrador procederá a su destrucción, haciéndolo constar así en el folio del edificio o conjunto o, en su defecto, en el libro-fichero y, además, al pie de la instancia y del asiento de presentación.

Por otra parte, el acuerdo debe constar en un acta debidamente firmada por el presidente y quien actúe de secretario, que puede ser el propio administrador o el mismo presidente, tal como dispone el artículo 19.3 de la LPH: “El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán ejecutivos, salvo que la Ley previene lo contrario.” Por tanto, no hay ninguna necesidad de que firmen los propietarios, por no venir exigido en el citado precepto.

Este aspecto formal en la adopción de los acuerdos es verdaderamente relevante, pues los mismos no pueden ser adoptados de palabra y deben constar por necesidad en la oportuna acta, En caso contrario, los acuerdos no serían válidos, por la imposibilidad de probarlos en el caso de la existencia de una controversia entre los distintos propietarios.

Los acuerdos adoptados sin los requisitos legales podrían ser impugnados por ser contrarios a la Ley – cfr. arts. 18.a) y art. 19 de la LPH, salvo que se tratase de defectos subsanables. En este último supuesto dispone el art. 19.3 in fine que: “Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese inequívocamente la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación que respectivamente suponga y se encuentre firmada por el presidente y el secretario. Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la siguiente reunión de la Junta de propietarios, que deberá ratificar la subsanación.”

De conformidad con el apartado 2 del art. 19, el acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al menos, las siguientes circunstancias:

a) La fecha y el lugar de celebración.

b) El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.

c) Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o segunda convocatoria.

d) Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los propietarios representados, con indicación, en todo caso, de sus cuotas de participación.

e) El orden del día de la reunión.

f) Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la validez del acuerdo de los nombres de los propietarios que hubieren votado a favor y en contra de los mismos, así como de las cuotas de participación que respectivamente representen.

Una copia del acta deberá ser remitida a cada propietario. El envío de esta acta debe hacerse tal como manda el artículo 9 letra h) de la LPH: “ Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.

Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente. La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales”.

Por último, indicar que de conformidad con el apartado 4 del art. 19 de la LPH, el secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.

· Ver una solicitud de diligenciamiento de un libro de actas en el Registro de la Propiedad.

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El órgano de gobierno de los jueces pide sensibilidad en las ejecuciones hipotecarias

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ha solicitado hoy a los jueces que en un momento de crisis económica como el actual apliquen la ley en materia hipotecaria "con cierta sensibilidad", atendiendo a los problemas que envuelvan a los afectados.

De Rosa, que ha inaugurado las jornadas jurídicas "Resolución de la compra-venta en tiempos de crisis", ha lamentado el aumento las ejecuciones hipotecarias en los últimos años y ha destacado los "incidentes" que se han registrado en algunos desahucios y los "profundos problemas sociales" que subyacen.

En ese sentido, ha defendido "por encima de todo" la aplicación de la ley, porque "no puede ser de otra manera", pero ha reclamado a los jueces que actúen con "cierta sensibilidad" y "atendiendo a los problemas que puedan tener determinadas personas".

Ha pedido además a los responsables de los juzgados españoles que traten de "buscar alternativas" para resolver los "casos dramáticos". En julio, el Gobierno subió al 60% el valor mínimo de adjudicación de las casas embargadas, una medida que busca aminorar la deuda que arrastre un embargado con una entidad financiera una vez se haya quedado sin la vivienda.  Valencia: más embargos que en el resto

Preguntado por si considera que la Comunitat Valenciana necesita más jueces, el vicepresidente ha afirmado que en esta comunidad los jueces trabajan "por encima de la media" y con "un esfuerzo importantísimo".
"En los juzgados de la Comunitat está entrando un número de asuntos por encima de la media española. Hay que evitar el binomio que se está dando aquí de más asuntos y menos jueces, para lo que son necesarios más jueces", ha señalado.

A las jornadas jurídicas, organizadas por el CGPJ y desarrolladas en la Ciudad de la Justicia, han acudido también la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart.

( Fuente:El Mundo)

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12 de septiembre de 2011

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La interpretación jurisprudencial del derecho de los cónyuges a obtener la compensación por haber contribuido a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico

trabajo_domesticoDentro del régimen económico matrimonial, la separación de bienes se caracteriza por regular las relaciones patrimoniales entre los cónyuges partiendo del principio de la no existencia entre ellos de una masa patrimonial – cfr. art. 1437.1 del CC. En principio, cada uno de los cónyuges conserva la titularidad, la administración y la capacidad de disposición de sus propios y privativos bienes – como si no se hubiese producido el matrimonio. Por supuesto, ambos progenitores han de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio y, dada la inexistencia de una masa patrimonial común, habrán de afrontar tal obligación con cargo a sus propios bienes.

Conforme a la vigente redacción del artículo 1435 del CC existirá el régimen económico de separación de bienes:

1. Cuando así lo hubiesen convenido.

2. Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin expresar las reglas por que hayan de regirse sus bienes.

3. Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto.

Evidentemente, por muy acusada que sea la disgregación patrimonial subyacente en el régimen de separación de bienes, la convivencia matrimonial requiere hacer frente a los gastos y a las obligaciones que genera la existencia de cualquier familia. Conforme a lo establecido en el art. 1138.1 del CC rige en cualquiera de los regímenes económicos la regla de que: “los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio.” Regla suficientemente expresiva de que los cónyuges quedan obligados a atender las cargas del matrimonio y, por tanto, sus bienes sujetos a la referida obligación.

Asimismo, el art. 1438 del CC afirma que: “los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio”. De la expresión “cargas del matrimonio” ha de entenderse el conjunto de los gastos generados por el sostenimiento de la familia, en particular, la educación e instrucción de los hijos, la asistencia sanitaria, así como cualesquiera otras obligaciones que se deriven de la atención del hogar familiar. Por tanto, este precepto viene a ser una mera concreción, en relación con el régimen de separación de bienes, de la regla general establecida en el artículo precedente.

Por supuesto, esta obligación de los cónyuges presenta características propias en el régimen de separación de bienes, frente al sistema de gananciales o de cualquier otro régimen del matrimonio que se asiente en la existencia de un patrimonio común – al que se le imputará en primer lugar las cargas del matrimonio.

En este sentido, el segundo inciso del artículo 1438 del CC señala que: “a falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos”. De esta forma, la determinación de la contribución al sostenimiento familiar puede llevarse a efecto según lo establecido por los mismos cónyuges en el correspondiente convenio o acuerdo o, en su defecto, de forma proporcional a sus respectivos recursos económicos.

La última parte del citado precepto, se introdujo con la reforma del Código Civil operada por la ley 11/1981, de 13 mayo. Hasta entonces, nuestro texto legal no había dedicado una sola palabra a la posible valoración de la dedicación, por parte de uno o ambos cónyuges – de forma desigual, obviamente -, a las tareas y labores domésticas. Afirma el precepto que: “el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación.”

En realidad, el artículo 1438 del Código Civil contiene tres reglas coordinadas y que hay que tener en cuenta de forma conjunta para interpretar correctamente la valoración del trabajo doméstico:

1ª Regla: la obligación de ambos cónyuges de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio. La separación de bienes no exime a ninguno de los cónyuges del deber de contribuir.

2ª Regla: puede contribuirse con el trabajo doméstico. No es necesario, por tanto, que ambos cónyuges aporten dinero u otros bienes para sufragar las cargas del matrimonio, sino que el trabajo para la casa es considerado como una forma de aportación a los gastos comunes, cuando uno de los cónyuges solo tiene posibilidades de contribuir de esta manera y ello para que pueda cumplirse la principio de igualdad del art. 32 CE .

3ª Regla. El trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen.

En referencia a la interpretación de esta compensación y cuantificación del trabajo doméstico resulta indispensable hacernos eco de la STS de 14 de julio de 2011 (Roj: STS 4874/2011) que fija como doctrina jurisprudencial la siguiente:

“El derecho a obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Se excluye, por tanto, que sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge.”

A continuación transcribimos literalmente los Fundamentos Jurídicos quinto y sexto de esta sentencia, dónde se interpreta el contenido de la compensación y se razona sobre su cuantificación.

“Las diferentes normas examinadas no hacen ninguna referencia a la necesidad de enriquecimiento por parte del cónyuge que debe pagar la compensación por trabajo doméstico, que si bien apareció en el Proyecto de reforma del Código civil en 1981 , desapareció en el texto definitivo y que se encontraba también el Código de Familia catalán hasta la ley 10/2010 , que aprobó el Libro segundo del Código civil catalán. De aquí que hay que partir de lo que se expone a continuación en relación con los criterios para la interpretación del último inciso del art. 1438 CC .

Para que uno de los cónyuges tenga derecho a obtener la compensación establecida en el art. 1438 CC será necesario: 1º que los cónyuges hayan pactado un régimen de separación de bienes; 2º que se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Deben excluirse, por tanto, criterios basados en el enriquecimiento o el incremento patrimonial del otro cónyuge que no pueden tenerse en consideración cuando uno de ellos ha cumplido su obligación legal de contribuir con trabajo doméstico.

A continuación debe examinarse cuál es la forma de determinar la cuantía de esta compensación. El art. 1438 CC se remite al convenio, o sea que los cónyuges, al pactar este régimen, pueden determinar los parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad debida y la forma de pagarla. Sin embargo, en este caso no se utilizó esta opción y entonces será el juez quien deba fijarla, para lo cual el Código no contiene ningún tipo de orientación.

La sentencia recaída en primera instancia en este procedimiento señaló una cantidad a la que había llegado después de aplicar los criterios que se reproducen ahora: "en función del sueldo que cobraría por realizar el trabajo una tercera persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorra por la falta de necesidad de contratar servicio doméstico ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar". Esta es una de las opciones posibles y nada obsta a que el juez la utilice para fijar finalmente la cuantía de la compensación, por lo que se admite en esta sentencia”.

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6 de septiembre de 2011

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Convocatoria de oposiciones 2011 en la Adm. de Justicia

 

OposicionesEn el BOE de hoy se han publicado las órdenes por la que se convocan los procesos selectivos para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de los cuerpos de Gestión, Tramitación y  Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

La presentación de instancias se puede hacer dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación (desde el día 6 al 25 de septiembre, ambos incluidos).

Las instancias pueden presentarse tanto en formato papel como por vía telemática. Para hacerlo por vía telemática debéis acceder a la siguiente página y seguir las instrucciones correspondientes: PRESENTACIÓN TELEMÁTICA, apartado de empleo público (en el momento de publicar la noticia no está habilitado aún el proceso)

Orden JUS/2369/2011, Orden JUS/2370/2011 y Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio

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2 de septiembre de 2011

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El TS dictamina que la resolución de un contrato de compraventa de inmueble no podrá realizarse mediante burofax

 

La resolución de un contrato de compraventa de un inmueble no podrá llevarse a cabo a través de burofax, ya que el notificado no cuenta, en estos casos, con "la singular garantía que le otorga la supervisión de la autoridad judicial o de un fedatario público notarial" que exige el Código Civil. Así se ha pronunciado el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de julio de 2011, en la que se fija doctrina jurisprudencial en el sentido de descartar el uso del burofax en el ámbito de aplicación del artículo 1.504 del Código Civil, dedicado a la resolución de contratos de compraventa de inmuebles.

La Sala reconoce en esta sentencia que existe doctrina contradictoria dictada por el propio Tribunal Supremo. En este sentido, existen dos criterios: uno tradicional, que considera necesario atender al tenor literal del artículo 1.504 -en el que se habla de requerimiento judicial o acta notarial-; y otro más actual, que, en una interpretación extensiva del precepto, ha permitido admitir el uso del burofax o del telegrama para dar por resuelto el contrato.

Este segundo criterio se ha seguido, entre otras, en sentencia de 17 de julio de 2009, en la que se apela a una interpretación "más conforme a la realidad social". En el mismo sentido se han pronunciado también parte de las audiencias provinciales, entendiendo que el burofax "permite tener la certeza de su recepción y contenido". Otras, sin embargo, han seguido el criterio clásico, contrario a la admisión de formas distintas de las expresamente previstas.

Para acotar la cuestión, el Supremo establece en este fallo que "razones ligadas con la especial protección que otorga el Código Civil a las transmisiones de bienes inmuebles, que se traducen, por ejemplo, en la subsistencia de especiales solemnidades, unidas a la conveniencia de entender el precepto en sus estrictos términos (...), aconsejan a esta Sala mantener el criterio tradicional".

Recuerda la Sala, además, que "el legislador ha tenido oportunidad de mitigar el rigor del precepto, y no lo ha hecho". Por lo tanto, no cabe entender extensivamente un presupuesto que, de darse, "va a impedir que el comprador haga uso de la facultad de pagar después de expirado el plazo", algo que se reconoce expresamente en la norma y "constituye la razón fundamental de su especialidad".

En concreto, el artículo 1.504 establece que, en la venta de bienes inmuebles, "aun cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el comprador podrá pagar, aun después de expirado el término, mientras no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial". El fallo recuerda también que en estos casos, relacionados con "impagos prolongados, duraderos, injustificados o que frustren el fin económico-jurídico que implica la compraventa", se ha negado también, en distintas sentencias del Supremo, la procedencia del valor de requerimiento previo del efectuado mediante la presentación de una demanda.

(Fuente: Revista Inmueble)

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Nueva doctrina del Tribunal Supremo: la custodia compartida como regla general

A la hora de decidir sobre la custodia de los hijos durante un proceso de divorcio, optar por la guardia y custodia compartida de los menores no debe considerarse "una medida excepcional", ya que el artículo 92 del Código Civil no establece tal exigencia. Al contrario, esta medida "debería considerarse la más normal".

Así lo recoge una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 7 de julio de 2011, en la que se interpreta la redacción del nuevo artículo 92 del Código Civil, cuyo texto se modificó a raíz de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

Al tratarse de una norma con menos de cinco años de vigencia, la Sala estima procedente aceptar el recurso de casación interpuesto por el exmarido, que se basó tanto en el interés casacional por la existencia de jurisprudencia contradictoria en distintas audiencias provinciales, como en la corta vigencia de la norma, inferior a los cinco años.

El fallo recuerda que el punto de partida a la hora de decidir sobre el futuro de los menores tras la ruptura del vínculo matrimonial está en velar por sus intereses. Sin embargo, no queda claro cuáles son los criterios en los que debe basarse el juez a la hora de decidir.

La sentencia afirma que "esta Sala ha venido ya recogiendo una serie de criterios relativos a la interpretación de lo que significa el interés del menor, que deben tenerse en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida". Entre ellos, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor, sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores...

Pero lo que debe aclararse es que la redacción del artículo 92 "no permite concluir" que la custodia compartida "se trate de una medida excepcional", sino que, "al contrario, debería considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible". Se revoca, por tanto, el fallo anterior, estimándose la pretensión del padre.

(Fuente: Difusión Jurídica)

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28 de julio de 2011

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La moderación judicial de las cláusulas penales. El artículo 1154 del Código Civil

Uno de los aspectos más controvertidos que plantea el incumplimiento de las obligaciones radica en la determinación de la prueba sobre los daños y perjuicios a la hora de cuantificar la indemnización. En la práctica mercantil suele ser muy habitual que los contratantes establezcan una cláusula de liberación de la prueba de los daños sufridos.

A este tipo de cláusulas se refiere el Código Civil en los artículos 1152 y siguientes, bajo el epígrafe de “obligaciones con cláusula penal”. Atendiendo a este régimen normativo y a la interpretación jurisprudencial, la denominada cláusula penal puede desempeñar diversas funciones. En primer lugar una función liquidadora, sustitutiva de la indemnización de daños y perjuicios prevista en el artículo 1152.1 – pena sustitutiva o compensatoria. En segundo lugar, una función liberatoria prevista en el artículo 1153 – multa penitencialis. Y, en último lugar, una función verdaderamente penal prevista en el párrafo segundo de este último artículo – pena cumulativa.

En líneas generales, la previsión convencional de la cláusula penal está referida al incumplimiento de la obligación principal. Esto es así, porque resulta prácticamente imposible prever todos los supuestos de incumplimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, plantea un grave problema cuando el incumplimiento no ha sido total, sino sólo parcial o defectuoso. Para atender a la resolución de este problema se encuentra contenido en el Código Civil el artículo 1154. Planteada en estos términos la cuestión, examinemos, a continuación, este precepto.

El artículo 1154 del Código Civil establece lo siguiente: «El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor».

De una atenta lectura de este precepto, se deduce que la moderación judicial de las cláusulas penales únicamente se aplicará cuando las partes no hayan pactado convencionalmente el supuesto de incumplimiento parcial, defectuoso o extemporáneo que pudiera haber tenido lugar, llegado el momento del cumplimiento. Por supuesto, la facultad de moderación judicial queda totalmente excluida de pleno derecho en los casos de incumplimiento total. En este sentido, la jurisprudencia es constante en afirmar la inaplicabilidad del artículo 1154 del CC cuando el deudor no logre acreditar que, al menos, ha cumplido parcial o irregularmente.

Para una mayor comprensión del contenido de este precepto, resulta indispensable traer a colación la reciente STS de fecha 6 de julio de 2011, siendo ponente Román García Varela, en cuyo Fundamento Jurídico Tercero explícita magistralmente la doctrina jurisprudencial relativa al contenido del artículo 1154 del Código Civil.

“(…) En torno a este precepto se ha desarrollado una jurisprudencia por esta Sala que, en esencia, rechaza la posibilidad de que la facultad moderadora, a la hora de fijar la indemnización convencionalmente estipulada en una cláusula penal, entre en juego cuando se ha declarado que el incumplimiento contractual es total.

Así, se ha declarado reiteradamente que la decisión sobre si procede o no hacer uso de tal moderación en aplicación de una cláusula penal, es una facultad que no puede ni debe ser alterada en vía casacional cuando se basa en una valoración lógica y racional asentada en bases fácticas incontrovertibles ( SSTS de 1 de octubre de 2010 y 10 de marzo de 2009 ); no cabe confundir esta imposibilidad de alteración por la vía del vía recurso de casación, con la revisión de los hechos probados que resulta plenamente factible a través del recurso de apelación; tal circunstancia es obviada por la recurrente, quIen apoya sus argumentos en los razonamientos ofrecidos por el juez de primera instancia que califica como inalterables, y olvida que la Audiencia es el órgano al que corresponde, en exclusiva, fijar los hechos probados con carácter incontrovertible, por gozar de un conocimiento pleno o plena jurisdicción, el cual, con los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio «tantum devolutum quantum apellatum» [sólo se transfiere al superior lo que se apela], le permiten resolver en apelación todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto de debate en la primera instancia (…)”.

Bibliografía consultada

1. Isabel Arana de la Fuente. Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid. Algunas precisiones sobre la reforma de la cláusula penal en la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos. Revista Indret. 2010.

2. Ignacio Marín García. Facultad de Derecho. Universitat Pompeu Fabra. Cláusula penal: la facultad moderadora del juez - Comentario a la STS, 1ª, 17.10.2007 (RJ 7307; MP: Encarnación Roca Trías). Revista Indret. 2008.

Nota.- La publicación de este artículo supone el inicio de un corto período de descanso, con motivo de esta época estival. Finalizado el mes de agosto regresaremos con las fuerzas renovadas, esperando que todos vosotros tengáis un agradable período estival.

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22 de julio de 2011

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El Tribunal Supremo fija el pago de indemnizaciones máximas si los seguros son "oscuros"

El Tribunal Supremo ha condenado a la aseguradora Aegon (hoy Unión Aseguradora) a pagar a un cliente la indemnización máxima de su póliza de accidentes por considerar que las condiciones del contrato eran "oscuras" y, por ello, se deben interpretar de la forma más favorable para el particular.

En una sentencia publicada hoy, los magistrados de la Sala de lo Civil establecen que el cliente -al que la Seguridad Social le reconoció una incapacidad total a raíz de un infarto- deberá cobrar 175.044,38 euros, en vez del 20 % de esa cantidad que le asignó la Audiencia Provincial de Vizcaya.

El Tribunal Supremo recuerda que las condiciones particulares del seguro de accidentes de Aegon "son oscuras" porque "introducen una duda sobre la incapacidad permanente total al distinguir sólo la incapacidad permanente absoluta y parcial".

"Esa oscuridad ha de perjudicar a la parte que ha redactado el contrato y por tanto, la interpretación que ha de hacerse es que producido el siniestro de declaración de invalidez permanente total, ésta ha de indemnizarse conforme a lo establecido en las condiciones particulares para la invalidez permanente absoluta", afirma la sentencia, que recuerda que en ese caso le correspondería al cliente la compensación máxima de 175.044,38 euros.

El Alto Tribunal insiste en que siempre debe entenderse un contrato oscuro a la luz del artículo 10.2 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, que establece que "en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor".

El cliente tuvo que demandar a Aegon en 2005 después de que la compañía de seguros se negara a abonarle indemnización alguna al sostener que un infarto no podía considerarse como accidente, ya que se derivaba de una situación previa.

El asegurado, que pertenecía al gremio de albañiles escayolistas y encofradores, sufrió un infarto de miocardio en julio de 2002 tras una discusión familiar y casi dos años después consiguió que el INSS declarara su incapacidad permanente en grado de total para desempeñar su profesión.

Fuente: El Norte de Castilla

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Los rumanos que quieran trabajar en España necesitarán un permiso laboral

Los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España requerirán un permiso laboral, según ha acordado el Gobierno, que ha insistido en que esta medida tendrá carácter temporal y no repercutirá sobre los extranjeros que ya están trabajando en España.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que reactiva el periodo transitorio que se estableció en 2008 para los ciudadanos rumanos que quisieran trabajar en España. De esta forma, según el Ejecutivo, los ciudadanos de este país que quieran trabajar en España por cuenta ajena tendrán que tramitar una autorización previa, que se basará en la existencia de un contrato de trabajo.

El Gobierno ha insistido en que se trata de una decisión "estrictamente técnica" que se basa en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y que se enmarca en la política migratoria general, que pretende "ajustar los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo". La medida tendrá carácter temporal y será evaluada de forma continua.

El Gobierno rumano ha comunicado que entiende que esta decisión es "estrictamente técnica" y que no tiene "ninguna connotación política", y a través de su Embajada en Madrid ha subrayado que cuenta con el compromiso de España de que la medida será "temporal" y su aplicación estará sujeta a la evolución del mercado de trabajo.

La Comisión Europea, por el contrario, ha asegurado hoy que España no puede introducir nuevas restricciones a la entrada en el país de trabajadores rumanos. El portavoz del Gobierno español, José Blanco, ha recordado por su parte que el propio Tratado de Adhesión de Rumanía a la UE preveía un periodo transitorio, hasta el año 2014, para la plena integración de los trabajadores de este país.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco ha observado que España optó hace varios años por "flexibilizar" las condiciones de entrada de los rumanos que querían trabajar en España, pero que la situación actual del mercado laboral recomienda reactivar aquella moratoria. El portavoz del Ejecutivo español ha recordado que esta medida está vigente en otros países europeos, y ha incidido en que existen "razones objetivas" para activarla también en España. Según los datos facilitados por el ministro, en España residen unos 800.00 rumanos de los cuales el 30% están en situación de desempleo.

Fuente: Diario Vasco

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Modificación parcial de la Ley de Sociedades de Capital

empresasLa Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, ha quedado aprobada con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas incorporadas por el Senado, que quedaron incorporadas por unanimidad al texto definitivo.

Esta Ley, que entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como la supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada.

En segundo lugar, la presente Ley pretende la trasposición a la legislación interna de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Desde la primera perspectiva puede calificarse de ley de reforma parcial, mientras que desde la segunda pertenece a la categoría de las leyes de incorporación.

Los cambios aprobados por el Senado y ratificados hoy por el Congreso modifican el apartado 1 del artículo 11 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de incrementar las garantías jurídicas y despejar dudas interpretativas al establecerse que el correspondiente acuerdo deba ser inscrito en el Registro Mercantil o notificado a todos los socios, además de hacerlo constar en la página web suprimida o trasladada.

En el artículo 212 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se suprime el anterior apartado 2 y se modifica el antes apartado 3 y ahora 2, que pasa a exigir que se inscriba en el Registro Mercantil la designación a que se refiere.

El nuevo artículo 524 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que pasa a constar de cuatro apartados, en lugar de los cinco anteriores, ha sido objeto de una nueva redacción en aras de una mayor claridad, que afecta fundamentalmente al ejercicio del voto en sentido divergente y al derecho de las sociedades emisoras de recibir información sobre el ejercicio de derechos de voto por parte de intermediarios financieros en nombre de sus clientes.

Se ha modificado también el que pasa a ser artículo 526 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, relativo al ejercicio de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación, para salvar el ejercicio del derecho a voto del administrador, en caso de conflicto de intereses, cuando haya recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de los puntos en los que se encuentre en situación de conflicto.

Fuente: Difusión Jurídica

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18 de julio de 2011

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El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Registro Civil

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley del Registro Civil después de ratificar todas las enmiendas introducidas por el Senado, excepto la referida a la disposición final quinta bis, que ha sido rechazada por 159 votos a favor, 176 en contra y seis abstenciones. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió ante el Pleno esta iniciativa, que culmina así su tramitación parlamentaria.

La recién aprobada norma explica en su preámbulo que, aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha dado muestras de su calidad técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años, es innegable las transformaciones del país exigen un cambio normativo en profundidad que recoja los aspectos más valiosos de la institución registral y la acomode plenamente a la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de entonces.

La nueva ley prioriza el historial de cada individuo y lo libera de cargas administrativas, lo que equilibra la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil. En este sentido, suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones ¿nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales¿ y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.

La modernización del Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, la aplicación al Registro Civil de técnicas organizativas y de gestión de naturaleza administrativa permitirá una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes.

Un cambio importante se centra en el nombre y apellidos de los ciudadanos. Con el fin de avanzar en la igualdad de género se prescinde de la histórica prevalencia del apellido paterno frente al materno, permitiendo que ambos progenitores sean los que decidan el orden de los apellidos. Igualmente se sistematiza y agiliza el procedimiento de cambio de nombres y apellidos y se somete, como regla general, a la competencia del Encargado del Registro Civil. En cuanto a la filiación, se elimina toda referencia a la no matrimonial, con plena equiparación a la matrimonial.

La norma también supone novedades en lo referido a la tramitación de los procedimientos registrales. Esta se ajustará a las reglas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en los términos que reglamentariamente se dispongan. Así, el silencio administrativo en los procedimientos registrales será negativo.

Otra innovación de la norma hace referencia a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura. La ley permite reclamar la nacionalidad española a los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 julio 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición.

También se modifica el momento de adquisición de la personalidad, que con esta reforma se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, y no a las 24 horas de vida, como establecía hasta ahora el Código Civil.

La presente Ley entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado excepto las disposiciones adicionales séptima y octava, relativas a la puesta a disposición de los datos de identificación personal de nacionales y extranjeros y a la inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura; y las disposiciones finales tercera, por la que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida y enteramente desprendido del seno materno, y quinta ter, relativa a adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Fuente: Economist & Jurist

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14 de julio de 2011

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La retirada de los muebles del ejecutado dimanante de una ejecución de condena a entregar bienes inmuebles

La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la ejecución de condena a entregar bienes inmuebles de forma unitaria en los artículos 703 y 704, con independencia del proceso en el que se haya dictado el título ejecutivo que imponga el deber de entregar la posesión de un bien inmueble. Aunque en la práctica judicial destacan la ejecución de sentencias dimanantes de juicios de desahucio por resolución contractual o por precario y las ejecuciones hipotecarias.

En este sentido, cabe señalar que, a tenor de la estadística publicada por el CGPJ, durante el primer trimestre de este año 2011, los Juzgados de Primera Instancia dictaron 15.491 órdenes de desalojo al amparo de un juicio de desahucio. Desde 2007 a diciembre de 2010, la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas: 25.943 en 2007, el primer año de la crisis, 58.686 en 2008 y 93.319 en 2009 y 93.622 en 2010 a las que se suman las del año pasado.

Atendiendo al régimen jurídico-procesal dispuesto en la LEC, para la efectividad de las condenas a entregar la posesión de un inmueble, entre otras medidas, el Tribunal ordenará de inmediato lo que proceda y que se retiren las cosas que no sean objeto de título, considerándose abandonadas si no las retirará el ejecutado.

De esta forma, la ley procesal contempla un tratamiento específico para el supuesto de existencia de muebles encontrados durante una diligencia de lanzamiento o entrega de la posesión de un bien inmueble, enmarcado en los artículos 703 y 704 arriba citados.

El artículo 703.1.2 de la LEC dispone que: “Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos”.

La SAP de Burgos, de fecha 17 de mayo de 2010, en su F.J. Primero, regla 2.ª, describe la naturaleza jurídica del contenido de este precepto, cuando señala que:

“El art. 703-1-2 LECv contiene un sanción legal y un efecto legal imperativo para el caso de que no se retiren los enseres existentes en el casa arrendada después del lanzamiento y este efecto no es otro sino la consideración "a todos los efectos" de bienes abandonados. Es decir, el Legislador ("mens legis"), quiere si el arrendatario se desentiende de los enseres que tiene en la casa arrendada la consecuencia legal sea su declaración de bienes abandonados con los consiguientes efectos propios del art. 610 LECv . No se precisa ni una resolución judicial de expresa declaración de abandono, ni un incidente de ejecución de Sentencia para que se declaren abandonados, sino que basta con que no se retiren después del lanzamiento en un plazo por el inquilino. Se trata de un "efecto legal" que tiene por objeto evitar que el lanzamiento sea un acto sin consecuencias efectivas sobre la posesión del inmueble y para evitar que la desidia del arrendatario al no retirar sus efectos de la vivienda frustre la finalidad del desahucio y los propietarios no puedan volver a usar y/o arrendar la vivienda cuya posesión han recuperado.”

Este precepto plantea directamente y a contrario sensu determinadas situaciones con consecuencias diversas, que pasamos a analizar brevemente.

1. Que los bienes pertenezcan al ejecutado.

El referido precepto parte de la presunción de que los bienes muebles pertenecen al ejecutado. En este sentido, es oportuno confrontar el contenido del artículo 449 del Código Civil que dispone: “La posesión de una cosa raíz supone la de los muebles y objetos que se hallen dentro de ella, mientras no conste o se acredite que deben ser excluidos”. En cualquier caso, la referida presunción igualmente viene a significar que los bienes muebles no pertenecen al ejecutante, al no ser objeto de título.

En vista de ello, la consecuencia inmediata es que el ejecutado tiene la obligación de retirar los bienes muebles de su propiedad, requiriéndole el Juez para tal fin.

En este sentido, se pronuncia la SAP de Castellón de la Plana, de fecha 6 de octubre de 2010, cuyo F.J. Segundo señala que:

“(…) Y así desde la resolución del contrato en 13 de noviembre de 2007, hasta la fecha de lanzamiento, ha trascurrido un tiempo más que suficiente para la retirada del punto de venta, del mostrador y los dos frigoríficos, máxime cuando se reconoce que son bienes separables, siendo evidente que la recurrente no hizo lo necesario para su retirada, a pesar de haber sido advertida por el juzgado en el sentido de que se considerarían abandonados (Auto 24/9/2008), siendo palmario, que toda las actuaciones realizadas se efectuaron conforme a la legalidad vigente, y sin que dado el tiempo trascurrido la recurrente se preocupara de retirar los muebles ubicados en el punto de venta arrendado, conociendo la fecha señalada para el lanzamiento, ni aprovecho los plazos extraordinarios concedido para la retirada de los precitados muebles (folios 52, 71, 91 y 120), y sin que resulte justificable que la retirada de los mismos era imposible por sus dimensiones, lo que era conocido por la recurrente desde su instalación, consecuentemente, no resulta admisible que a estas alturas se pretenda se habiliten días para llevar a trmino el desmontaje o en caso contrario se proceda a una indemnización, cuestión esta que se plantea en el recurso, como expresamente se reconoce por la recurrente en su alegato, por lo que no cabe entrar en su consideración, ni las alegaciones formulada en el recurso pueden desvirtuar la presunción de abandono establecida en el art. 703 LEC , pues no puede perderse de vista el tiempo del que ha dispuesto la recurrente para vaciar el punto de venta arrendado y su conducta obstativa (…)”.

La SAP de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 22 de julio de 2010 señala, en su F.J. Tercero, que:

“El segundo motivo del recuso expone que se ha vulnerado el contenido del artículo 703,1 de la LEC por no haber podido tener plazo la ejecutada para retirar los muebles del local, alegando que el auto se notificó después de la diligencia de lanzamiento. Sin embargo, tal y como citamos con anterioridad, por un lado, hemos de considerar que la ejecutada conocía la existencia del procedimiento de desahucio en la primera instancia. La misma no tomó las medidas preventivas necesarias, y pudiendo personarse en el proceso, ser parte de él y conocerlo, no lo hizo, y dados estos datos, no se puede escudar en puntuales puestas en duda de los actos de comunicación, como que el auto notificado fue el de admisión de la demanda, o como que la empleada a la que se le notificó la sentencia pudiese no identificarse, toda vez que todas estas actuaciones, que son de la propia ejecutada, y que dificultan los actos de comunicación y de ejecución, no pueden ser alegadas por ésta como vulneradoras de ningún derecho (…)”.

La SAP de Burgos, de fecha 17 de mayo de 2010, en su F.J. Primero, in fine, señala, en referencia a la consideración de los bienes cómo abandonados, que:

“En definitiva, podría el demandado no saber la fecha exacta del lanzamiento, pero sabía que ocupaba una vivienda sin pagar renta alguna, sabía que estaba en marcha un proceso para su desahucio y pese a ello ni se comunica con los propietarios, ni retira los enseres dejados en la vivienda, con lo que con fundamento los actores podían considerar, dados los efectos legales del art. 703-1 LECv , que los había abandonado; máxime, cuando ni vivía en la casa, ni judicialmente se le encontraba en la casa, por lo que no se aprecia responsabilidad culpable en la parte demandada y no procede estimar la demanda, ni cifrar cuantía indemnizatoria alguna.”

2. Que los bienes son sean objeto de título.

En este supuesto, el precepto parte de la presunción de que los bienes muebles no son objeto de título, porque en caso contrario, han de ser entregados al ejecutante.

Vamos a profundizar un poco más en este supuesto. En efecto, si los bienes muebles encontrados pertenecen al ejecutante, por tratarse por ejemplo de un contrato de arrendamiento de vivienda amueblada, serán objeto del título ejecutivo, de modo que la ejecución tendrá como objeto la entrega tanto del inmueble como de los correspondientes muebles.

De igual modo, podía ocurrir que se hallaren bienes propiedad del ejecutante que, por no haberse incorporado el correspondiente inventario, no fueran objeto de título. En este caso, creo que no habría ningún inconveniente para que el ejecutante pudiera formular cualquier solicitud de declaración de pertenencia, con la finalidad de que le sean reintegrados. Ahora bien, la falta de entrega al ejecutante de los bienes objeto de título generará responsabilidades civiles y penales – delito o falta de apropiación indebida en función del valor de los bienes, tipificado en los artículos 252 y 623.4 del Código Penal.

Así la forma de comisión del delito de apropiación indebida se define en Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal dirigiéndola a las personas que en perjuicio de otro “se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros…”. Y, el artículo 623.4 del CP castiga a: “Los que cometan estafa, apropiación indebida, o defraudación de electricidad, gas, agua u otro elemento, energía o fluido, o en equipos terminales de telecomunicación, en cuantía no superior a 400 euros.”

3. Que los bienes sean separables.

En caso de que los bienes no sean separables de la finca, resultará de aplicación el artículo 703.2 de la LEC que señala que: “Cuando en el acto del lanzamiento se reivindique por el que desaloje la finca la titularidad de cosas no separables, de consistir en plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización ordinaria del inmueble, se resolverá en la ejecución sobre la obligación de abono de su valor, de instarlo los interesados en el plazo de cinco días a partir del desalojo”. En este sentido, puede confrontarse los artículos 358 a 384 y 453 a 455 del Código Civil, que regulan el régimen material o sustantivo de la accesión y mejoras.

4. Que los bienes no hayan sido objeto de traba o de medida cautelar de depósito judicial.

La conminación para que se retire estos muebles se integrará en el requerimiento que realizará el Juez para el cumplimiento del título de ejecución, de modo que los plazos habrían de ser en principio coincidentes. No obstante, en aquellos casos en que el lanzamiento sea inmediato, dadas las circunstancias, el Juez podrá señalar un plazo para la retirada de los bienes muebles. En este sentido, si los plazos para el desalojo y para retirar los bienes resultan coincidentes, el plazo para el lanzamiento previsto en el artículo 703.1 de la LEC se ampliaría al necesario para retirar los muebles. Si no resultan coincidentes, de modo que el ejecutante pueda recuperar inmediatamente la posesión del inmueble, cabe la posibilidad de habilitar plazos específicos para la retirada de los muebles.

La consecuencia inmediata del incumplimiento es la consideración de abandono de los bienes muebles, conforme dispone el artículo 703.2: “Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos”.

Esta consideración de bienes abandonados implica necesariamente aplica el régimen previsto en el Código Civil para la ocupación. Así, de conformidad con el artículo 610 del CC dichos muebles podrán ser posteriormente adquiridos mediante ocupación. Así señala dicho precepto que: “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”.

Ahora bien, resulta conveniente matizar que esta adquisición de la propiedad no habrá quedado establecida dentro del marco de las actuaciones ejecutivas, pues la misma puede ser objeto del proceso declarativo que corresponda, sin perjuicio de que en su resolución influya la falta de respuesta al requerimiento efectuado al ejecutado.

Por otra parte, aunque la Ley rituaria habilite el embargo de dichos bienes muebles en garantía del pago de los daños y perjuicios que puedan haberse causado en el inmueble, no parece oportuno excluir al propio ejecutante de los sujetos que puedan adquirir dichos bienes por medio de ocupación. En cualquier caso, en referencia a la posibilidad del embargo de los bienes muebles encontrados, dispone el artículo 703.3 de la LEC que: ““De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado o los ocupantes, se podrá acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable, para responder de los daños y perjuicios causados, que se liquidarán, en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad con lo previsto en los artículos 712 y siguientes.”

De todas formas, suele ser una práctica muy habitual que, habida cuenta del deficiente estado de conservación de los bienes muebles hallados, interese al ejecutante que el inmueble quede libre, vacuo y expedito, con la finalidad de volverlo a enajenar o arrendar. En estos casos, en que el ejecutante retira por su cuenta y riesgo dichos bienes muebles y cargue los correspondientes gastos (operarios, tasa municipal…), parece lógico pensar la aplicación del artículo 549.2 de la LEC e incluir dichos gastos en la correspondiente liquidación de costas.

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