22 de febrero de 2011

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El deber de conservación de las edificaciones. La Inspección Técnica del Edificio (I.T.E)

ITE El artículo 33 de la Constitución Española de 1978, establece la función social de la propiedad privada. Esto significa que los propietarios están sometidos a un conjunto de leyes y normas de distinto rango, que incardinan la propiedad privada en la sociedad. Como corolario de esta función social de la propiedad todos los propietarios de edificaciones, urbanizaciones y demás bienes inmuebles tienen la obligación de conservarlos en el estado debido de seguridad y salubridad. Esta obligación viene definida en el artículo 16.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE) en estos términos:

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.”

Asimismo el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo dispone que “El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general”.

Este deber de conservación aparece ya en la primera Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. Incluso en el propio Código Civil existe una referencia en su artículo 389, donde se preceptúa que en cuanto amenazase ruina un edificio o construcción, el propietario está obligado a su demolición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída.

El medio con que cuenta la Administración para verificar que todos los propietarios cumplan con la obligación de que sus edificios se encuentren en un correcto estado de mantenimiento y en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público es la Inspección Técnica del Edificio (en adelante ITE), concebida como una obligación legal impuesta per se a los propietarios de los edificios y como un instrumento de fomento de la conservación de los edificios, a cargo al presupuesto de los propietarios para sufragar los gastos ocasionados por la inspección – no es un impuesto municipal y únicamente hay que abonar los honorarios profesionales del técnico competente. Además, en caso de ser necesario, igualmente habrán de hacerse cargo de las obras de reparación para solucionar las deficiencias detectadas. Algunos Colegios Profesionales han elaborado unos honorarios de referencia que pueden servir de orientación a los profesionales y a todos los ciudadanos.

El incumplimiento de la ITE supone el incumplimiento del deber de conservación y por tanto conllevará la imposición de sanciones y, en su caso, su ejecución por el Ayuntamiento que repercutirá el coste en los propietarios del edificio.

Aunque a priori pudiera sostenerse la creencia que el cumplimiento de este deber de conservación supondrá el advenimiento de un gasto superfluo o un incremento de las derramas en las comunidades de propietarios, a mi juicio el mantenimiento de la buena salud de los edificios garantiza la estabilidad del éstos y, por tanto, su durabilidad y seguridad. Asimismo se evitan reclamaciones de terceros ante hipotéticos daños derivados del mal estado de nuestro edificio y se mantienen o se alcanzan las condiciones de confort y se reducen los consumos energéticos. Y, finalmente, se evita la depreciación de los edificios manteniendo o aumentando su valor de mercado y mejorando las expectativas de alquiler o venta, ya que una ITE favorable constituye una garantía para vendedores y compradores o arrendatarios del buen estado del inmueble.

En la actualidad y, a salvo de la previsión contenida más adelante, de conformidad con la importantísima STC de 20 de marzo de 1997 – que interpretó el marco legal aplicable al urbanismo -, la regulación jurídica de la ITE viene definida por normas autonómicas y locales. En este sentido, la ITE es una inspección que han de pasar los edificios en los ayuntamientos y comunidades que así lo hayan aprobado, según su catalogación y antigüedad, para acreditar su buen estado en cuanto a seguridad, independientemente del uso al que estén destinados. Están obligados a realizar la inspección todos los propietarios, sean personas físicas o jurídicas. En caso de estar integrados en Comunidades de Propietarios, el deber de inspección corresponde a la propia Comunidad.

La ITE se lleva a cabo por los técnicos competentes (arquitectos/ arquitectos técnicos) o por las entidades de inspección técnica homologadas a instancias de los propietarios. Éstos contratan libremente al técnico que efectúa la inspección. Los técnicos deben acceder y reconocer el inmueble objeto del expediente y dictaminar sobre las condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación. En particular, y en líneas generales, estas condiciones, son las siguientes:

  • Seguridad, estabilidad y consolidación estructurales, de tal forma que no se produzcan en el edificio o partes del mismo daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
  • Seguridad y estabilidad en sus elementos constructivos cuyo deficiente estado suponga un riesgo para la seguridad de las personas, en particular si pueden caer en la vía pública o que conlleven una merma de las condiciones de aislamiento y de protección contra incendios del propio edificio o de alguna de sus partes.
  • Estanqueidad frente al agua, evitando filtraciones a través de la fachada, de la cubierta o del terreno.
  • Estanqueidad y buen funcionamiento de las redes generales de fontanería y saneamiento.

Como regla general, los criterios para determinar si un edificio está en condiciones de ITE favorable o desfavorable son siempre propios del técnico que realiza la Inspección se debe considerar como síntomas patológicos causantes de ITE desfavorable aquellos que pongan en peligro la seguridad del propio inmueble y de sus habitantes (daños estructurales), la seguridad de los viandantes (desprendimientos de los elementos de fachada o de sus revestimientos), o la habitabilidad del edificio (filtraciones de agua por cubierta o fachadas al interior del edificio, rotura de tuberías o canalones, etc...). La suciedad en fachada solo será motivo de ITE desfavorable si está provocada por causas que pueden llegar a provocar daños como los anteriores.

La Documentación mínima que debe presentarse puede ser la siguiente:

  • Acta e Informe en impreso oficial debidamente cumplimentado, firmado por el técnico y por la propiedad o representante, visada por el correspondiente colegio profesional en todas sus hojas.
  • Plano parcelario
  • Fotografías en color en tamaño adecuado:
    • En caso de ITE favorable: como mínimo, fachadas y algún elemento común (cubierta, escaleras, portal, ...)
    • En caso de ITE desfavorable, además de las anteriores, fotografías de los desperfectos detectados.
  • En caso de no encontrarse constituida la Comunidad de Propietarios, relación de todos los propietarios del inmueble (Nombre, apellidos, DNI y domicilio a efectos de notificación).
  • Toda la documentación técnica aportada (Acta, Informes, Planos y Fotografías) debe estar firmada por el técnico redactor y visada.

No obstante, hay que tener en cuenta que el ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado estos días que el Gobierno va a aprobar en las próximas semanas el Proyecto de Ley de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano. Esta norma introduce la obligatoriedad de realizar la inspección técnica de edificios en las localidades de más de 25.000 habitantes, como mínimo, a todos los edificios de uso residencial que tengan más de 40 años (contados a partir de su construcción o rehabilitación completa). Proyecto que ya fue anunciado por Rubalcaba en el mes de noviembre de 2010, en el marco de la Ley de Economía Sostenible.

Este proyecto de Ley ofrece nuevos instrumentos que facilitan la gestión y la cooperación entre administraciones para actuaciones de rehabilitación e introduce facilidades para la financiación de las mismas. También establece la regulación básica en relación con la calidad en las edificaciones.

Esta ley es importante porqué creará una regulación básica estatal para la inspección técnica de edificios que fijará también que la inspección tendrá una periodicidad mínima no superior a quince años. Además, se habilitará que se incluya la certificación de la eficiencia energética de las viviendas, tal y como exigirá la ley de Economía Sostenible, para las edificaciones nuevas que se pongan en venta o alquiler.

Por otra parte, en la CCAA de Catalunya se ha aprobado recientemente el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (DOGC 26.11.2010), que establece que habrán de pasar una revisión obligatoria todos los edificios de viviendas plurifamiliares que tengan más de 45 años y los que vayan asumiendo esa antigüedad. Este Decreto entrará en vigor el próximo día 26 de febrero de 2011.

La Inspección Técnica del Edificio se compone de tres procedimientos sucesivos que, atendiendo a este marco normativo, pueden desarrollarse de la siguiente forma:

  1. La inspección visual de los elementos comunes del edificio que el arquitecto encargado. Si durante esta inspección se detectan deficiencias que comporten riesgo inminente para las personas, el arquitecto lo comunicará inmediatamente tanto a la propiedad como al ayuntamiento para que se adopten las medidas urgentes.
  1. La redacción del informe de la inspección técnica y calificación del estado del edificio por parte del mismo arquitecto. Según las deficiencias detectadas puede ser necesario la realización de obras de reparación y el consiguiente certificado de final de obras.

El informe de la inspección técnica que emite el arquitecto encargado de la inspección se elabora siguiendo un modelo normalizado e incluirá: Identificación, descripción, croquis y fotografías del edificio. Descripción de la envolvente: fachadas, medianeras, patios y cubiertas. Descripción de la estructura vertical y horizontal y de la escala. Descripción de las instalaciones comunitarias: saneamiento, agua, electricidad, gas u otros fondos energéticas y ascensor. Deficiencias detectadas, su calificación (graves o leves) y el plazo para su subsanación y calificación del estado general del edificio: muy grave, con deficiencias graves, con deficiencias leves o sin deficiencias.

A partir de las deficiencias detectadas y detalladas en el informe, el arquitecto califica el estado general del edificio de la siguiente manera:

    • Muy grave: existencia generalizada de deficiencias que por su importancia afectan gravemente la estabilidad del edificio y representan un peligro para la seguridad de las personas. Que exige adoptar con carácter inmediato las medidas de seguridad correspondientes.
    • Con deficiencias graves: existencia de deficiencias que por su importancia. Que obliga a subsanar en los plazos indicados. Si las deficiencias conllevan riesgo para las personas hay que adoptar medidas urgentes de seguridad, previas a la ejecución de las obras.
    • Con deficiencias leves: existencia de deficiencias producidas por falta de conservación. En este caso, hay que efectuar los trabajos de mantenimiento adecuadas para evitar el deterioro del edificio.
    • Sin deficiencias: no se aprecian deficiencias en la inspección visual. Se continuará con las tareas de mantenimiento habituales.
  1. El certificado de aptitud emitido por la Administración.

A partir del Informe Técnico, la Administración emitirá el Certificado de Aptitud, calificando el edificio de apto o no apto. Será Apto: cuando el estado general del edificio se califique "sin deficiencias" o "con deficiencias leves" o cuando ante la existencia de deficiencias calificadas como graves se presente Certificado emitido por técnico competente que acredite que las deficiencias han sido correctamente subsanadas. Será No Apto: cuando el estado general del edificio sea calificado como "muy grave" El certificado de aptitud tiene una vigencia de 10 años transcurridos los cuales deberá renovarlo siguiendo el mismo procedimiento y dentro del año siguiente al de su caducidad. La vigencia del certificado con calificación de apto queda subordinada a mantener los requisitos exigidos para su concesión.

La inspección técnica es obligatoria en los siguientes casos:

· Para edificios plurifamiliares de viviendas de más de 45 años de antigüedad

· Si el edificio o las viviendas del edificio se quieren acoger a programas públicos de fomento de la rehabilitación.

· Si lo determinan los programas o las ordenanzas locales, que podrán contener previsiones más amplias y exigentes, como por ejemplo, extender la obligación de la inspección técnica a los edificios unifamiliares. Se entiende por edificio plurifamiliar aquel que contenga más de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener otros usos.

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21 de febrero de 2011

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Aprobada la reforma de la jurisdicción social que centraliza los asuntos laborales en un sólo Juzgado

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por la que los tribunales de este orden jurisdiccional asumirán todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación.

De esta manera, se evitará el peregrinaje jurisdiccional en casos que ahora concluyen en procesos paralelos en los Juzgados de lo Social, Civil o en el Contencioso-administrativo. Además, al clarificar el orden judicial competente, se mejora la tutela judicial efectiva, lo que representa mayor seguridad para el mercado laboral, más transparencia y menor gasto para empresas y trabajadores. Quedan al margen los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones derivadas de los procesos concursales.

El Proyecto de Ley, que se enmarca en el plan general de modernización y reforma del sistema español de Justicia, constituye una auténtica jurisdicción social, especializada y con competencia plena en los asuntos relativos a los derechos de los trabajadores. Aprobado por el Gobierno, en primera lectura, el pasado mes de septiembre, el Proyecto de Ley será remitido ahora a las Cortes para su debate.

Esta Ley, que agilizará y reducirá costes contribuyendo así al proceso de recuperación económica, ofrece al trabajador y a los beneficiarios de las prestaciones sociales una respuesta judicial más homogénea y eficaz.

Hasta ahora

  • Un mismo hecho puede ocasionar varios procedimientos en órdenes jurisdiccionales distintos: social, civil, contencioso-administrativo y penal.
  • Como consecuencia de lo anterior se producen demoras en la obtención de una respuesta judicial completa.
  • El afectado no sabe a qué juez acudir y puede tener que ir a dos, incluso a tres, que pueden estar en diferentes ciudades.
  • No existe un tratamiento unitario de los problemas, lo que puede ocasionar discrepancias en el tratamiento de casos similares, pues cada orden jurisdiccional resuelve conforme a sus criterios y procedimientos.
  • Se pueden producir disfunciones, porque las decisiones de un juzgado condicionan o influyen en las de otro.

Con la nueva Ley

  • Un solo procedimiento, como regla, sirve para resolver las disputas originadas en el ámbito laboral y de protección social.
  • Respuesta judicial integral. Todas las cuestiones en materia laboral las decide un mismo juez.
  • Respuesta especializada. El Juez de lo Social es el más capacitado para resolver litigios sobre los derechos de los trabajadores y las prestaciones sociales porque es su ámbito natural de conocimiento.
  • Agilidad y eficiencia. Evitar duplicidades, gastos y complejidades innecesarias
  • Seguridad jurídica. Se evitan contradicciones y disfunciones.

Con todo ello, se unifican en el orden social todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación (con exclusión de los casos penales). De esta manera se consigue:

  • Respuesta judicial integral. Todas las cuestiones relacionadas con un mismo hecho o conflicto las decide un mismo juez. Se evita el "peregrinaje jurisdiccional".
  • Respuesta judicial especializada. El Juez de lo Social, por su especialización, es el más capacitado para resolver litigios en estas cuestiones.
  • Respuesta judicial más ágil. El orden social tiene menores tiempos de respuesta y procedimientos más adecuados para estas cuestiones.

Fuente: Consejo de Ministros

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16 de febrero de 2011

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El contrato de agencia. Algunas consideraciones sobre su régimen normativo. Doctrina jurisprudencial reciente

contrato-agencia En una apretada síntesis, por medio del contrato de agencia, un comerciante asume de forma independiente y de manera estable el cargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo o actividad o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. En este sentido, cabe definir al contrato de agencia como aquel en virtud del que una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos y operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.

Su regulación jurídica viene establecida en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (en adelante LCA), impulsada por la directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. A efectos de esta Directiva, se entenderá por agente comercial a toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo sucesivo el «empresario», la venta o la compra de mercancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario.

Por otra parte, el artículo 1 de la LCA nos ofrece esta definición:Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.

La doctrina jurisprudencial destaca que en el contrato de agencia las actividades comerciales se desarrollan por cuenta ajena y se trata de una actuación intermediaria independiente. Para que pueda sostenerse que una determinada relación pueda ser calificada de contrato de agencia se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Actividad de promoción y, en su caso, conclusión de actos y operaciones de comercio.

b) Actuación por cuenta ajena.- El agente comercial actúa por cuenta y en nombre del empresario, entendiéndose que podrá actuar para varios empresarios siempre que no se incluya el pacto de exclusiva.

c) Independencia.- El agente es un intermediario independiente, sin que tengan esta consideración los representantes y viajantes de comercio dependientes ni, en general, las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral con el empresario.

d) Estabilidad de la relación. – Se trata de una relación de colaboración estable o duradera, pudiendo establecerse el contrato por tiempo determinado o indefinido.

e) Retribución.- Es siempre un contrato remunerado, a tenor de los artículos 11 y ss. De la LCA.

Asimismo por acuerdo de las partes, cabe establecer por escrito en el contrato una cláusula de prohibición de competencia con una duración inferior a dos años computados desde la extinción del contrato que se extenderá bien a una zona geográfica o bien a ésta y al grupo de personas confiadas al agente, que sólo podrá afectar a la clase de bienes o servicios objeto de los actos u operaciones promovidos por éste (cfr. artículos 20 y 21 de la LCA).

En cuanto a las obligaciones de las partes, el agente, en el ejercicio de su actividad profesional, viene obligado a actuar legalmente y de buena fe, velando por los intereses del empresario por cuya cuenta actúe. Y, además tiene los deberes siguientes establecidos en el artículo 9:

a) Ocuparse de la promoción y de la conclusión de los actos u operaciones que le hubieren encargado.

b) Comunicar al empresario toda la información que posea relativa a la gestión de los actos u operaciones que promueva o concluya, así como de la solvencia de los terceros con los que existan operaciones pendientes de conclusión o ejecución.

c) Desarrollar su actividad atendiendo las posibles instrucciones que reciba del empresario.

d) Recibir en nombre del empresario cualquier clase de reclamación sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos y de los servicios prestados.

e) Llevar una contabilidad independiente en relación a cada empresario por cuya cuenta actúe.

Asimismo el empresario tiene como obligación, en sus relaciones con el agente, el actuar lealmente y de buena fe. En particular, el empresario deberá:

a. Poner a disposición del agente, con antelación suficiente y en cantidad apropiada, los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional.

b. Procurar al agente todas las informaciones necesarias para la ejecución del contrato de agencia y, en particular, advertirle, desde que tenga noticia de ello, cuando prevea que el volumen de los actos u operaciones va a ser sensiblemente inferior al que el agente hubiera podido esperar.

c. Satisfacer la remuneración pactada.

d. Dentro del plazo de quince días, el empresario deberá comunicar al agente la aceptación o el rechazo de la operación comunicada. Asimismo deberá comunicar al agente, dentro del plazo más breve posible, habida cuenta de la naturaleza de la operación, la ejecución, ejecución parcial o falta de ejecución de ésta.

e. A satisfacer al agente la remuneración pactada, conforme el sistema elegido, que podrá consistir en una cantidad fija, una comisión o la combinación de ambas, conforme establece el artículo 11. En defecto de pacto, la retribución se fijará de acuerdo con los usos de comercio del lugar donde el agente ejerza su actividad. Si éstos no existieran, percibirá el agente la retribución que fuera razonable teniendo en cuenta las circunstancias que hayan concurrido en la operación.

Un aspecto muy destacado de este contrato – que ya desarrollamos en este artículo - es el reconocimiento al agente de un derecho a indemnización por clientela o por daños y perjuicios y fija en un año el plazo de prescripción de la acción para reclamar cualquiera de las citadas indemnizaciones (cfr. artículos 28 y ss.).

A pesar de lo cual, la reciente doctrina jurisprudencial plasmada en la STS de 10 de enero de 2011 (Id Cendoj: 28079110012011100005) señala que: “En el caso del contrato de agencia, sin perjuicio que son empresarios quienes definen su duración, exclusiva, territorio, etc., en función de las características del producto o servicio promovido y del tiempo necesario para que fructifiquen las gestiones del agente, sin desconocer otras modalidades de retribución, al clásico pacto de comisión por contrato celebrado por la mediación del agente durante la vigencia del mismo, la norma reconoce al agente el derecho a comisión en relación con determinados contratos celebrados con intervención del agente pero concluidos con posterioridad a su finalización y el que denomina "indemnización" por clientela.

Pues bien, como afirma la sentencia 731/2007, de 26 de junio , para que proceda "indemnización por clientela", a tenor de lo que dispone el artículo 28.1 de la Ley de Contrato de Agencia -Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran -, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:

1) La extinción del contrato.

2) La captación por el agente de nuevos clientes o el incremento sensible de las operaciones con la clientela preexistente.

3) La posibilidad razonable de que la actividad del agente puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario.

4) La equidad de reconocer derecho a retribución por clientela.”

Este derecho a una indemnización por clientela viene impuesto en el artículo 28 de la LCA de forma imperativa, limitando la libertad de pactos, aunque nada se hubiere pactado. No obstante, el apartado 3 del referido precepto establece una limitación a la cuantía de la indemnización: no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el periodo de duración del contrato, si éste fuese inferior.

Obviamente, en base al principio de equidad, dicha cuantía puede ser objeto de modificación. Como señala la STS citada: “Impone un límite máximo que puede ser modificado en beneficio del agente por voluntad de las partes, pero que, en defecto de pacto dados los contundentes términos de la norma -"no podrá exceder (del límite fijado).” Que cabe interpretar la virtualidad de una indemnización suplementaria, siempre que las partes lo hubieren expresamente pactados, la cual no puede ser deducida ni por vía de interpretación del contrato mediante autointegración de lo estipulado, ni por medio de la heterointegración al amparo de lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil.”

En idéntico sentido, la STS de 15 de noviembre de 2010: “Declaramos en la sentencia de 29 de mayo de 2.009 que el derecho a la indemnización por clientela que el artículo 28 de la Ley 12/1.992 reconoce al agente presupone, además de la extinción de la relación contractual que le une al empresario, que con su actividad profesional aquel hubiera aportado nuevos clientes a éste o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente; que se considere razonablemente posible que la actividad desarrollada por él continúe produciendo en el futuro sustanciales ventajas al empresario; y que sea equitativo el abono de la indemnización a la vista de las circunstancias”.

Asimismo, la doctrina jurisprudencial sostiene la tesis de negar validez a determinadas cláusulas pactadas. Por ejemplo, la STS de 8 de octubre de 2010 (Id Cendoj: 28079110012010100607) sostiene la nulidad de una cláusula de un contrato de agencia determinando el importe de la indemnización correspondiente al agente por cualquier concepto, para cuando se extinguiera la relación contractual, por ir en perjuicio de los derechos legalmente reconocidos al Agente. En definitiva, cabe concluir que la citada cláusula es contraria al carácter imperativo de las normas de la propia Ley, establecido en el art. 3.1, si éste se interpreta de conformidad con la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986 , relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, cuyo art. 19 dispone que "Las partes no podrán pactar, antes del vencimiento del contrato, condiciones distintas de las establecidas en los artículos 17 y 18 en perjuicio del agente comercial", artículos estos últimos que regulan la indemnización por clientela y por perjuicio. Así esta cláusula litigiosa debe considerarse nula, en aplicación del art. 6.3 CC.

Como indica la sentencia citada: “la prohibición alcanza, por tanto, a cualquier pacto anticipado que limite el derecho del agente a obtener, una vez terminado el contrato y en caso de conflicto con su empresario, una indemnización que alcance la cuantía prevista en el art. 28 LCA o, dicho de otra forma, que excluya por adelantado el juicio de procedencia equitativa previsto en dicho artículo”.

Ahora bien, este derecho a una indemnización por clientela también se encuentra limitado en su reconocimiento. Cómo señala la STS de 12 de noviembre de 2010 (Id Cendoj: 28079110012010100664) “el agente no tiene derecho a indemnización por clientela o de daños y perjuicios cuando hubiese denunciado el contrato salvo que la denuncia tuviera por causa circunstancias imputables al empresario y tampoco en cualquier caso de ruptura del vínculo contractual debido a incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente.”

En ocasiones, no resulta sencillo diferenciar el contrato de agencia con otras figuras afines. Las STS de 7 de julio y 2 de diciembre de 2010, Sala de lo Social, (Id Cendoj: 28079140012010201836 y 28079140012010203248, respectivamente) declaran esta dificultad en su diferenciación con una relación laboral, sustentándola en la nota de dependencia:

“Ciertamente, no se desconoce la dificultad que existe a la hora de discernir cuando nos hallamos en presencia de un contrato de agencia y cuando ante una relación laboral al tratarse de figuras jurídicas con intensas analogías, siendo esencialmente la nota de la dependencia la que diferencia una relación laboral especial u ordinaria de quien asume el papel de agente como consecuencia de la válida celebración de un contrato de agencia, entendiendo que concurre si quien realiza estas funciones de mediación no puede organizar su actividad profesional, y el tiempo dedicado a la misma conforme a sus criterios y tiene que seguir instrucciones de la empresa y es precisamente la distinta intensidad con que la nota de la dependencia aparece en los supuestos relatados la que impide entender que nos hallemos en presencia de pronunciamientos contradictorios en los términos en que dicho presupuesto ha sido configurado por la doctrina de la Sala y que impide, en consecuencia, apreciar la divergencia doctrinal denunciada.”

Para finalizar, cabe consultar la STS de 10 de enero de 2011, siendo ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos (Id Cendoj: 28079110012011100004) para apreciar la diferenciación de este contrato, con el de agencia inmobiliaria. En síntesis el pronunciamiento del alto Tribunal se puede resumir en la declaración siguiente:

“El contrato de mediación o corretaje identificado según clásica definición como aquel por el que una persona se obliga a pagar una remuneración a otra para que esta realice una actividad encaminada a ponerla en relación con un tercero, a fin de concertar un contrato determinado, en el que el mediador no tendrá participación alguna, integrado al igual que el contrato de agencia en los contratos de gestión, y caracterizado por tratarse, como afirma la sentencia 174/2010, de 18 de marzo , de un contrato: "atípico, consensual, bilateral y aleatorio, puesto que su resultado es incierto, y se rige por las estipulaciones de las partes que no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público y, en lo no previsto, por los preceptos correspondientes a figuras afines, como el mandato, el arrendamiento de servicios o la comisión mercantil ( STS de 6 de octubre de 1990 , entre otras muchas)", se diferencia del contrato de agencia, en lo que aquí interesa, en la falta de estabilidad de la relación.

Pues bien, no puede confundirse la "estabilidad" de una determinada relación con la duración de la actividad desarrollada a fin de ejecutar los pactado, singularmente cuando a pesar de efectuarse un encargo aislado su ejecución requiere una actividad dotada de cierta continuidad debido a la existencia de plurales actos de mediación o ejecución del contrato único, que es lo acontecido en este caso en el que la sentencia recurrida confunde el encargo de mediar en la colocación de dos promociones inmobiliarias, con una inexistente estabilidad de la relación, ya que la relación entre el "empresario" y el "agente" estaba abocada estructuralmente desde el mismo momento de su inicio a finalizar una vez concluida la venta de los distintos apartamentos que componían los complejos inmobiliarios.” (F.J. Segundo).

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11 de febrero de 2011

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La cesión de una copia del Padrón municipal de habitantes a un Juzgado de Paz incumple la normativa sobre protección de datos

Supongo que muchos lectores habrán tenido noticia de la investigación abierta por la Agencia Española de Protección de Datos, a instancias de Nintendo, sobre el acceso por parte de un tercero a cuatro mil datos de personas inscritas en una campaña de promoción de la compañía que consistía en celebrar eventos en distintas ciudades españolas para probar la Nintendo 3DS: campaña Prueba y verás de 8media. Este hecho ha causado un cierto revuelo en la red, por existir informaciones contradictorias sobre la actuación de Nintendo y del tercero. Sin entrar a valorar quién tiene razón, lo único cierto es que vuelve a producirse un caso de violación de la normativa sobre protección de datos que además afecta a menores de edad.

Dentro de este ámbito de la protección jurídica de los datos de carácter personal, vamos a dedicar este post a analizar un informe jurídico de la AEPD, (Informe 0399/2010). El supuesto de hecho se centra en conocer si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la cesión de una copia del Padrón municipal de habitantes al Juzgado de Paz que la solicita, a efectos de de llevar a cabo las citaciones que desde el Juzgado se realizan.

Comienza el informe destacando que la cesión de una copia del Padrón Municipal es un acto de comunicación que constituye una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo 11 de la misma Ley, que exige el previo consentimiento de los afectados y la debida prestación de la información sobre la finalidad de los datos que se comunican. Las excepciones a la obligación de la prestación del consentimiento previo, vienen definidas en el apartado segundo del citado artículo 11.

El presente supuesto de hecho se presenta por una solicitud de un Juzgado de Paz al Ayuntamiento respectivo en la que solicita una copia del padrón municipal de habitantes con el objeto de practicar las citaciones judiciales que dicho Juzgado debe de practicar.

Evidentemente, resulta obvio que no procede la entrega de una copia del Padrón municipal al Juzgado de Paz, por resultar contraria al principio de proporcionalidad previsto en la Ley Orgánica 15/1999, sin perjuicio de que deba comunicarse a aquél, cuando así lo requiera en el curso de un proceso, con la finalidad de comunicarse con alguna persona que sea parte o deba intervenir en el mismo, el dato relativo a su domicilio. Obligación ésta a la que también da cobertura lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según el cual “Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la Ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las Leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la Ley.”

Brevemente el régimen normativo de los actos de comunicación se contempla en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Concretamente pueden consultarse los artículos 155, 159. 160 y 161. Respecto a este caso, resulta indispensable conocer el contenido del artículo 156. Dice este precepto que:

“En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el Secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155. Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad (…). ” (el subrayado es mío.)

En cuanto a las disposiciones reguladoras del Padrón, el artículo 16.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, establece que “los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia”.

En conclusión, parece claro que ni la LEC ni la la LBRL autorizan una cesión masiva de datos personales contenidos en los ficheros de los organismos públicos, como lo sería la cesión a que nos estamos refiriendo. Pues la cesión del dato del domicilio de los vecinos con la finalidad de comunicarse con ellos, solamente resulta ajustada al mismo en los supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento civil, en los términos vistos, esto es, en el marco de un determinado proceso cuando se trate de vecinos que sean parte en el mismo o terceros que deban intervenir en él, de forma que la entrega de los datos del domicilio de la generalidad de los vecinos de un municipio o de datos contenidos en el Padrón distintos del domicilio, incumple los criterios de adecuación, pertinencia y ponderación en relación con la finalidad pretendida.

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9 de febrero de 2011

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El Gobierno presenta el borrador del Reglamento de Extranjería

ley_de_extranjeria_410x270 El pasado martes, día 8 de febrero de 2011, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración presentó el proyecto de nuevo Reglamento de extranjería, de desarrollo de la nueva Ley de Extranjería de 2009.

En palabras de la Secretaria de Estado el futuro reglamento permite dar respuesta a los nuevos retos planteados por el cambio de ciclo migratorio. La vinculación entre inmigración y mercado de trabajo explica que, en estos dos últimos años, haya habido un importante descenso de los flujos de entrada de inmigrantes. El Reglamento perfecciona los mecanismos de gestión previstos y pone el mayor énfasis en la integración y el fortalecimiento de la cohesión social, destacando que la reforma reglamentaria fortalece los mecanismos de colaboración con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, al tiempo que proporciona rigor, transparencia y objetividad a los procedimientos vinculados a la extranjería.

El texto del nuevo Reglamento inicia hoy el trámite de audiencia pública. Antes de su aprobación, será objeto de trabajo en la Mesa de Diálogo Social, y será analizado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Conferencia Sectorial de Inmigración y la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración entre otros. Posteriormente, seguirá los trámites preceptivos de consulta e informe hasta su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.
Como decimos este nuevo reglamento desarrolla la Ley Orgánica sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, impulsada por el Gobierno, cuya reforma incorporó instrumentos más eficaces en la lucha contra la inmigración clandestina y en la persecución del fraude de ley y, al tiempo, reconoció y reguló el ejercicio de los derechos fundamentales para los extranjeros. La nueva ley orgánica incluyó, por vez primera, instrumentos esenciales para el desarrollo de la política de integración y supuso la adaptación de nuestro marco jurídico en materia de extranjería a la nueva realidad social y migratoria.

Los principios que guían la reforma del reglamento, según ha explicado la secretaria de Estado, son la consolidación de un modelo basado en la regularidad y la vinculación al mercado de trabajo; la integración y la igualdad de derechos y deberes; y el fortalecimiento de la colaboración con las administraciones locales y autonómicas, proporcionando mayor rigor, transparencia y objetividad en los procedimientos con el objetivo de fortalecer la cohesión social.

Este nuevo texto legal consta de consta de 264 artículos, establece que las víctimas extranjeras de violencia de género y de trata o explotación sexual podrán obtener un permiso de trabajo y residencia por cinco años, además de suspenderse el procedimiento de expulsión si se hubiera abierto por su irregularidad.

El texto también fija los requisitos para conseguir la regularización por "arraigo laboral" y "arraigo social", que se podrá conceder a extranjeros que acrediten su permanencia y trabajo durante más de dos años, o quienes hayan vivido en España al menos tres años. En ambos casos, deberán contar con un contrato de trabajo.

En cuanto al "arraigo familiar" -la situación de padres extranjeros de un niño español- se puede dar cuando el país de origen de los progenitores no concede automáticamente la nacionalidad al recién nacido, con lo que el bebé se considera apátrida y automáticamente recibe la nacionalidad española. Esta situación puede ocurrir en el caso de los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Cuba, entre otros, que decidan no inscribir a sus hijos en el consulado correspondiente como nacionales de esos países.

ACCEDER AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE EXTRANJERIA

Fuente: MTIN

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¡Señores! La Banca gana

Hace poco días aparecía una novedosa resolución de la Sección segunda de la Audiencia de Navarra que consideraba que la adjudicación en subasta por el  banco del piso hipotecado bastaba para saldar la deuda, aunque la finca  se hubiera devaluado.

Pues bien, a Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra ha fallado en un auto que con la devolución de un piso no se salda la deuda hipotecaria contraída con una entidad financiera, en contraposición al  auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra en la que se consideraba lo contrario, que con la simple entrega de la vivienda se saldaba la deuda, aunque el inmueble hubiese perdido valor por la crisis, como se señala más arriba.

A mi juicio, resulta evidente que el poder económico y político ha influenciado la decisión de la judicatura, por el revuelo que causo la decisión precedente. A pesar de ello, considero que el debate debe de seguir abierto, pues el mantenimiento de la responsabilidad patrimonial universal en la esfera hipotecaria resulta, con la actual crisis, materialmente injusta y deshonesta. Y, todo ello, a sabiendas que este gobierno no va a impulsar ninguna reforma legislativa que vaya a ir en contra de la banca.

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4 de febrero de 2011

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Novedades legislativas: Proyecto de Ley del Juego y Tribunales de Instancia

novedades legislativas Sirva el presente post para informar de un proyectos de ley que han sido aprobado por el Consejo de Ministros y de un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia que el Ministro de Justicia ha presentado al Consejo de Ministros. PRIMERO.- PROYETO DE LEY DEL JUEGO . SEGUNDO.- TRIBUNALES DE INSTANCIA.

I.- Proyecto de Ley del Juego

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Regulación del Juego, que regulará por primera vez las modalidades de juego de ámbito estatal desarrolladas a través juego-onlinede Internet y de otros medios electrónicos. La norma regula la actividad de organización, explotación y desarrollo de los juegos de azar de ámbito estatal realizada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. Su objetivo es dar seguridad jurídica a los operadores del mercado del juego y aumentar la protección de los usuarios.

La norma define las distintas modalidades y establece los requisitos que deberán cumplir cada una de ellas. Además, fija un régimen de autorización previa para los operadores que quieran explotar alguna actividad relacionada con el juego.

El Proyecto de Ley prevé la creación de un órgano regulador en la Administración del Estado, la Comisión del Juego, que se encargará de supervisar el cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones, y de garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego.

El único caso al que no se aplicará este esquema es al de la lotería. El texto establece la reserva en exclusiva de la actividad de juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.

El aspecto mas controvertido es el de la fiscalidad. La norma crea un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad del juego de las loterías y cuyos ingresos irán  destinados a las CCAA.

II.- Tribunales de Instancia

OFICINA JUDICIAL Dentro del marco regulador de la nueva oficina judicial se hace necesario modificar la LOPJ y la Ley de Demarcación y Planta, como paso previo para la creación de los Tribunales de Instancia.

En este sentido,  el Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia, que se configurarán como el órgano de organización colegiada que agrupará, en sus respectivas secciones especializadas, a los jueces de los distintos Juzgados existentes en un partido judicial.

Los Tribunales de Instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales, tal y como se conocen hasta ahora, para dar paso a una nueva organización que optimizará los recursos humanos y materiales, racionalizará el trabajo y permitirá la asignación de efectivos en función de necesidades concretas. Asimismo, se facilitará la decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección, lo que supondrá un avance relevante en cuanto a unificación de criterios judiciales y aumento de la seguridad jurídica.

En la nueva organización, que se acomoda al esquema de la Nueva Oficina Judicial, los servicios que originariamente asistían a los distintos juzgados asistirán ahora al conjunto de jueces y magistrados integrados en un Tribunal de Instancia. De este modo, el incremento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios.

Además, se concede un el plazo de tres años, desde la entrada en vigor de la Ley, para proceder a la constitución e implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, lo que deberá producirse de forma escalonada mediante la integración en los mismos de los actuales órganos unipersonales de cada partido judicial.

Los objetivos de esta ley son:

  • Mejorar la respuesta de los órganos jurisdiccionales, garantizando la tutela judicial efectiva.
  • Concentrar medios para hacer frente al incremento de los asuntos ingresados en dichos órganos.
  • Racionalizar el funcionamiento de los órganos de instancia, evitando duplicidades y la circulación innecesaria de papel entre los mismos.
  • Acabar con los problemas que actualmente genera el reparto de los asuntos entre los juzgados unipersonales, mediante la unificación de la interpretación de las normas de reparto, potenciando las figuras del presidente de tribunal y de sección.
  • Potenciar la especialización de los jueces y magistrados, a la vez que promover una efectiva unificación de los criterios de decisión, obteniendo la necesaria previsibilidad exigida por la seguridad jurídica.
  • Mejorar el sistema de selección de jueces y magistrados, así como del personal al servicio de la Administración de Justicia.
  • Regular con detalle los aspectos pendientes del cuerpo de secretarios judiciales, evitando interpretaciones discrepantes que puedan generar inseguridad, tanto en lo relativo a sus categorías, como al régimen disciplinario.

Y los instrumentos para lograrlo:

  • La extensión de la organización colegiada, mediante la agrupación de unidades judiciales en secciones especializadas, a su vez integrantes de un tribunal único por cada partido judicial.
  • La creación de órganos especializados para el conocimiento de los asuntos en la primera instancia, así como la posibilidad del enjuiciamiento colegiado de determinadas materias.
  • La reorganización eficiente de las personas y los medios a disposición de la Administración de Justicia. La flexibilidad que ofrece el diseño de los servicios comunes y de las unidades de apoyo directo puede ser utilizada más racionalmente con los Tribunales de Instancia.
  • Optimizar los avances organizativos y funcionales obtenidos con el despliegue de la Nueva Oficina Judicial, con una implantación gradual en la nueva estructura de los tribunales de instancia.

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3 de febrero de 2011

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Extinción del crédito concursal a un matrimonio de pensionistas insolventes

El Juzgado de lo Mercantil N.º 3 de Barcelona dicta auto aprobando la rendición de cuentas realizada por el administrador concursal del matrimonio aquí concursado, y ordena la conclusión del procedimiento por inexistencia de bienes o derechos realizables de los concursados, pese a recibir ambos pensiones que ascienden a un total de 2371,46 euros, con la consecuencia de que deben tenerse por extinguidas las deudas concursales que no hayan podido ser satisfechas con cargo a la masa activa del concurso. Considera el Juez que no es razonable interpretar los efectos de la concurso de un modo que determine su inmediata reapertura, dado que no se está ante un supuesto de inexistencia de bienes o derechos sino ante la existencia de bienes razonables para cumplir con los fines para la liquidación. Tampoco es razonable, a criterio del juez, dado que el deudor es persona física y la Ley Concursal no permite la extinción de su personalidad, entender que ésta no posibilite habilitar, por medio de inanición o un fin similar -poniéndose así en relación el art. 145.2 de la Ley Concursal, referido a la extinción de la personalidad de alimentos, con el art. 607 LEC, referido a los bienes inembargables-, mecanismos para evitar que quede prorrogada la liquidación de la deuda durante un largo periodo, aquí de casi durante dos años. En consecuencia, concurre, en el caso, causa para entender concluso el concurso por la falta de activos del deudor, señalando que la presente interpretación, conecta con el objetivo de dar una salida razonable a las situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe, concediéndoles así una segunda oportunidad que no les aboque a una situación de exclusión social.

Fuente: Iustel

Nota: En el enlace tenéis a vuestra disposición la resolución judicial completa.

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La irreivindicabilidad de los bienes adquiridos en pública subasta en la LOCM

Establece el artículo 61.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista que “la adquisición de bienes muebles mediante una venta en pública subasta de acuerdo con lo previsto en la presente Ley determinará la irreivindicabilidad de los mismos en la forma establecida en el artículo 85 del Código de Comercio”.

Esa norma constituye una excepción a lo previsto en el artículo 464.2 del Código Civil. Señala este precepto que: “Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.” Conviene precisar que la doctrina asimilar la expresión “venta pública” como referida a venta en pública subasta.

Analicemos someramente el contenido de ambos preceptos. El referido artículo del Código Civil permite la reivindicalidad de la cosa mueble pérdida o sustraída a su legítimo propietario y vendida en pública subasta, previo pago del precio que el actual poseedor hubiera pagado por ella. Sin embargo el análogo precepto previsto en la LOCM impone la irreivindicalidad de los bienes muebles adquiridos en pública subasta, al remitir al artículo 85 del Código de Comercio.

Visto lo cual, veamos el contenido del citado precepto de la legislación mercantil. “La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.”

De esta forma, la LOCM consagra en el artículo 61.1 una adquisición a non domino, a favor del adquirente de buena fe de un bien mueble en pública subasta, sujeta a la realización de la misma por una empresa que se dedique habitualmente a este tipo de actividades o al comercio al pormenor (vid. art. 56.2 de la LOCM). Esta solución normativa puso punto final a la polémica doctrinal creada antes de la aprobación de esta ley, respecto a la aplicación del Código Civil o del Código de Comercio en lo atinente a las subastas voluntarias.

Las subastas voluntarias son aquéllas que consiste en ofertar, pública e irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, ya se fije éste inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del propio acto, siempre que se realicen por empresas que se dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor (de esta forma quedan excluidas de las LOCM las subastas de títulos, así como las subastas judiciales y administrativas, que se regirán por su normativa específica).

El citado artículo 61.1 de la LOCM parecer ser que viene a establecer una equiparación de estas empresas con las tiendas abiertas al público, referidas en el artículo 85 del CCo. Este último precepto es una norma dirigida a la protección del tráfico comercial – que viene reflejada en la exposición de motivos del CCo.

Ahora bien, cabe preguntarse si esta protección establecida en el referido artículo 85 del CCom exige o no la buena fe del adquirente. En este sentido, la inmensa mayoría de la doctrina mercantilista se muestra partidaria de exigir la concurrencia de la buena fe del adquirente para que el citado precepto despliegue sus efectos. Por tanto, aplicando esta interpretación a las subastas voluntarias, cabe indicar que el artículo 61.1 de la LOCM no será de aplicación a quien pruebe que hubiera debido conocer la procedencia ilegal del bien subastado.

Por otra parte, ¿se encuentra justificada esta norma analizada que tiene por finalidad la protección del tráfico de bienes muebles en pública subasta?. Brevemente, a prima facie, el artículo 61.1 de la LOCM merece una severa crítica, como la realizada por la doctrina, que no voy a reproducir. En este sentido, cabe señalar que hubiese bastado con aplicar unilateralmente el artículo 464.2 del CC que recordemos permite al adquirente retener el bien hasta tanto no se le abone el precio pagado por él.

 

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1 de febrero de 2011

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Entrada en vigor del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales

El pasado día 22 de noviembre de 2010 se publicó el Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales. Este reglamento entró en vigor en pasado día 28 de enero de 2011 y merece que hagamos algún que otro comentario.

El citado Reglamento que se dicta en desarrollo del artículo 107.10 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en consonancia con las disposiciones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público, la cual constituye a su vez transposición de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, no tiene otra finalidad que sentar las bases para el acceso al contenido de estos documentos judiciales.

Esta situación se produce porque hasta ahora esta actividad carecía de una regulación propia y el acceso a dichos documentos se realizaba por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), a través de la página web del CGPJ, que venía ocupándose de la recopilación, sistematización y difusión, por medio de un buscador de acceso libre y gratuito, de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y los demás órganos judiciales colegiados.

Afortunadamente, en aras de contribuir a la divulgación de la ciencia jurídica en la red, se ha excluido de su aplicación – no se considera reutilización - a los blogs y foros jurídicos con esta redacción.

“La divulgación a los medios de comunicación social, o especializados en información jurídica de actualidad, de sentencias u otras resoluciones judiciales puntuales por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados o del Consejo General del Poder Judicial, y la consiguiente publicación de dichas sentencias o resoluciones por los medios de comunicación social o en boletines informativos de actualidad jurídica, incluida la difusión mediante páginas webs u otras aplicaciones de Internet, siempre que predomine en ellas la finalidad de informar sobre la actualidad jurídica.” (art. 2.3 letra f).

Por reutilización se comprende el uso de las sentencias y otras resoluciones judiciales por parte de personas físicas o jurídicas que las empleen, a su vez, para facilitar a terceras personas el acceso a tales sentencias y resoluciones, o a productos con valor añadido elaborados a partir de las mismas, sea o no con fines comerciales.

En fin, que como este tema no es santo de mi devoción y no viene a ser otra cosa que la gestión por el Estado de otra forma de negocio, os remito a la lectura del artículo realizado por Javier Rodríguez Ten. Al hilo de la inminente entrada en vigor del Reglamento sobre reutilización de Sentencias y otras resoluciones judiciales: modificaciones al actual uso de la jurisprudencia, publicado en Noticias Jurídicas, el mes pasado, que contiene información bastante detallada sobre el contenido de este reglamento y referencias a varios artículos interesantes relacionados con este tema.

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La digitalización e informatización de los registros civiles municipales

Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio, y Francisco Caamaño, ministro de Justicia, aprobaron recientemente el convenio que permitirá la digitalización e informatización de los registros civiles municipales delegados en Juzgados de Paz, lo que permitirá una modernización de la actividad registral, que permitirá informatizar más de 21.000 libros manuscritos en los Juzgados de paz de Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León y Baleares.

Hasta ahora, el Registro Civil Central y los 431 registros civiles municipales ya han digitalizado más de 73 millones de páginas gracias al programa Registro Civil en Línea, impulsado en 2006 por el Ministerio de Justicia en colaboración con el de Industria, a través de la entidad 'Red.es', cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Este proyecto de informatización y digitalización está dividido en dos fases y permitirá una gestión registral más ágil, transparente y eficaz, ahorrando trámites y desplazamientos al ciudadano. En una primera fase se informatizarán los juzgados de paz dotándolos de equipamiento tecnológico y se formará al personal del órgano registral capacitándoles para el uso de la aplicación informática (Inforeg) para la realización de inscripciones registrales en formato digital.

La segunda fase contempla la digitalización de los libros manuscritos de los Juzgados de Paz, desde 1950, para su incorporación a la aplicación Inforeg. En total, se prevé la digitalización de más 21.000 libros en alrededor de 900 juzgados de paz.

En este vídeo que se acompaña a continuación se resumen el proceso de informatización y digitalización de los órganos registrales así como las ventajas que supone para los ciudadanos y la empresas.


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