29 de junio de 2011

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La compensación como causa de extinción de las obligaciones. Una breve referencia al artículo 58 de la Ley Concursal

SatelliteEl término compensación suele ser utilizado, en el lenguaje coloquial, como equivalente a igualar el efecto de una cosa con el efecto opuesto. De forma análoga, se utiliza en el lenguaje jurídico, en un sentido amplio, como equivalente al resarcimiento de un daño producido. No obstante, en Derecho Privado este término tiene un significado propio y bien definido, entendible como causa de extinción de las obligaciones: la total o parcial extinción de dos deudas homogéneas cuando sus titulares sean mutua y recíprocamente acreedor y deudor.

La doctrina y la jurisprudencia han descrito de forma reiterada la compensación como un pago abreviado, con la finalidad de exponer la teoría de la evitación del doble pago – aunque de hecho no exista propiamente pago, sino únicamente exclusión del pago una vez que se producen los presupuestos necesarios de la compensación. En este sentido, la STS de 31 de mayo de 1.995 declaró que:

" (…) la compensación es de apreciación exclusiva del juzgador de instancia, y el pago abreviado que supone, procede cuando existe una relación económica entre dos personas, recíprocamente deudoras y acreedoras, y las cantidades que la integran consisten en dinero, estén vencidas y sean líquidas y exigibles, bastando en consecuencia su alegación, aunque sin formalidad reconvencional, siempre que sea reconocida judicialmente para darse las exigencia que le dan vida" (vid. también las sentencias del T.S. de 7 de octubre de 1.966 y 7 de marzo de 1.988) (…)”.

Por otra parte, la figura de la compensación desempeña también una cierta función de garantía, para los titulares de créditos y deudas recíprocas, pues excluye que uno de los sujetos lleve a efecto la prestación debida y, posteriormente, resulte que el otro desatienda el derecho de crédito del primero.

La regulación jurídica de la compensación como fuente de extinción de las obligaciones viene establecida en el artículo 1156 del Código Civil. Así, de conformidad con el artículo 1195, tendrá lugar la compensación “cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra”, y tiene como efecto – según el artículo 1202-, “extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores”.

Los requisitos de la compensación se encuentran perfectamente anunciados en el artículo 1196 del CC que pasamos a analizar brevemente:

1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro.

Este presupuesto implica la necesaria reciprocidad entre una y otra persona en las condiciones de acreedor y deudor. El artículo 1195 del CC exige que ambas posiciones se asuman “por derecho propio” o “principalmente”, según el artículo 1196. Con estas previsiones pretende el texto legal excluir la posibilidad de compensación en casos de deudores subsidiarios – cfr. art. 1197-, o en supuestos de representación.

2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.

La exigencia de homogeneidad de las prestaciones resulta obvia. Hay que tener en cuenta que la compensación – entendida como liquidación de dos deudas contrarias -, no deja de ser una mera operación aritmética que exige la asimilación de los factores a considerar.

3. Que las dos deudas estén vencidas.

4. Que sean líquidas y exigibles.

5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor.

Estos últimos tres presupuestos requieren la exigibilidad y liquidez de las obligaciones, de forma técnicamente criticable, sobre todo en el n.º 3, ya que una deuda no es exigible mientras no esté vencida.

Para desarrollar este breve introducción, podemos acudir a la jurisprudencia menor, a través de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid, de fecha 28/07/2009 que explicita la regulación normativa de esta figura jurídica, del modo siguiente:

“(…) La compensación se configura como un causa de extinción de las obligaciones (art 1.156 del CC), y aparece regulada en los arts 1195 y ss. Esta institución opera cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra (artículo 1.195), produciendo el efecto de extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente (artículo 1.202).

Como indica la STS de 25 de septiembre de 2008 se exige la existencia de dos deudas recíprocas (STS de 28 de noviembre de 1986), toda vez que no cabe que se extinga lo que no ha nacido o carece de vigencia (STS de 6 de marzo de 1968). Se ha entendido que su fundamento se encuentra en la conveniencia de simplificar las operaciones de cumplimiento, sustituyendo dos o más pagos por uno sólo mediante una simple operación aritmética.

Dice la STS de 30 de abril de 2008 que "...toda compensación puede ser definida, de acuerdo con la regulación contenida en los artículos 1195 y siguientes del Código Civil , como un modo de extinguir las obligaciones, en la cantidad concurrente, respecto de aquellas personas que, por derecho propio, sean recíprocamente acreedores y deudoras la una de la otra. Además de la compensación legal, que es la propiamente regulada en los artículos. 1195 y siguientes del Código Civil, y que opera "ipso iure" cuando concurran los requisitos previstos en el art. 1196 del mismo cuerpo legal, la doctrina y jurisprudencia ha venido a distinguir la existencia de compensación judicial, que acaece en aquellos supuestos en que los créditos no reúnen todos los requisitos exigidos -siendo misión del Juez completar la ausencia de los mismos-, y voluntaria, que tendrá lugar cuando las partes acuerden de modo convencional dicho pago recíproco, regulándose ésta por los pactos que libremente hubieran convenido(…)"

La STS de fecha 7/12/2007, recalca la exigencia del cumplimiento de los presupuestos exigidos en el artículo 1196 del CC, cuando declara que:

“(...) La propia Sala de instancia ha destacado que, en efecto, cabe oponer la compensación por vía de excepción, lo que constituye doctrina jurisprudencial consolidada. Pero la cuestión no radica en este punto, sino en determinar si la deuda cuya existencia se opone ha de reunir las condiciones que señala el artículo 1196 del Código civil en el momento de iniciarse el litigio y, en consecuencia, en apreciar si en tal momento el crédito que opone el demandado se encuentra vencido, es exigible y tiene cuantía determinada, es decir, es líquido. Si, por hipótesis, estuviéramos ante un crédito que reuniera tales condiciones, la mera oposición de ese crédito por vía de excepción sería bastante, sin necesidad de formular reconvención explícita. Pero la Sala, con acierto, entiende que el crédito carece de una cuantía determinada, pues la mera formulación de la minuta por el Abogado demandado no es bastante para fijarla, en un supuesto en el que, además, los servicios que se minutan sólo han sido reconocidos en parte; y, aunque hubiera podido ser fijada la cuantía en este mismo procedimiento, ello requiere la formulación de un pedimento que el demandado no ha verificado. Tal es la razón de que no se acepte la compensación que se opone, y la razón de que no tenga viabilidad este motivo (…)”

Pues bien, cumpliéndose estos requisitos legales la compensación operará respecto de cualesquiera tipo de obligaciones; aunque en la práctica la compensación es un campo abonado para las obligaciones pecuniarias – sobre todo en el sector bancario - y relativamente inadecuada para las restantes obligaciones.

Por otra parte, cabe también la compensación, por expresa disposición del Código Civil, en el caso del artículo 1199: “Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago”.

De forma excepcional, nuestro Código Civil, prohíbe la compensación en dos supuestos concretos, que vienen recogidos en el artículo 1200:

  • Cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las obligaciones del depositario o comodatario.
  • Obligaciones de alimentos debidos por título gratuito.

El efecto de la compensación es sencillamente la extinción o liquidación de las deudas recíprocamente homogéneas. De conformidad con el artículo 1202 dicho efecto tiene lugar “en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores”. Esta cantidad concurrente es el montante mínimo de cosas fungibles homogéneas o de cifra dineraria de las deudas. En este sentido, puede haber compensación total – supuestos muy raros -, en que las cantidades coincidan exactamente o parcial en aquellos casos en que resulten desiguales y sólo se extinga el crédito menor hasta donde ambos concurran y subsista el mayor por la diferencia resultante.

Ante la eventual posibilidad de que exista ignorancia de los sujetos de la obligación respecto del acaecimiento del efecto extintivo de la compensación, deduce la generalidad de la doctrina y jurisprudencia, en base al inciso final del artículo 1202 del CC, el carácter automático de esta figura. Es decir, que cumpliéndose los presupuestos exigidos en la ley para que opere la compensación, la extinción total o parcial de las obligaciones tiene lugar ipso iure o por ministerio de la ley, con independencia de la voluntad de los sujetos.

La extinción automática de las obligaciones recíprocamente homogéneas ha de entenderse producida en el momento en que se dan, si más, los requisitos previstos en el referido art. 1196 del CC, aunque uno de los acreedores o deudores piense que su crédito sigue vigente. En este sentido, puede afirmarse que la compensación tiene eficacia retroactiva y que, antes o después, ha de considerarse el momento temporal en que se producen los requisitos exigidos en el art. 1196 del CC y la extinción ope legis de las obligaciones contrarias (entre otras, STS de 19/09/1987).

Llegados a este punto, conviene precisar que la regulación jurídica comentada viene referida a la denominada compensación legal. No obstante, resulta preciso que hagamos algún comentario a la denominada compensación voluntaria o convencional y a la judicial.

Se habla de compensación convencional cuando tiene lugar la extinción de dos obligaciones recíprocas a consecuencia del acuerdo de las partes, a pesar de que no se cumplan los requisitos que hemos visto ut supra. Con un excesivo rigor y de forma general, la mayor parte de estos supuestos no constituyen propiamente una compensación, sino verdaderos contratos que tienen por objeto el no exigirse las respectivas prestaciones. A pesar de lo cual, cabe concluir que la autonomía privada garantiza y legitima tales pactos (cfr. STS de 19/04/1997).

La compensación judicial es la decretada por el juez en razón de que, por efecto de la sentencia, han quedado convertidas en líquidas y exigibles ambas obligaciones. Este tipo de compensación es reconocida por la doctrina jurisprudencial. Así, lo reconoce la SAP de Tarragona, de fecha 13/09/1999:

“ (…) ahora bien junto a la compensación legal la doctrina científica y la jurisprudencia admite la compensación judicial, en la que "no se exigen todos los requisitos que la normativa del Código Civil fija para que proceda la compensación legal, entre ellos que las dos deudas compensables sean líquidas y exigibles en el momento de plantearse el litigio ya que este extremo puede referirse a la concreción de la deuda compensable a la decisión judicial que establezcan en el correspondiente pronunciamiento de condena, los conceptos claros de los que la demandada adeuda a la actora, aunque la determinación de su importe cuantitativo quede para la ejecución de sentencia" (Sta.. del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1.985; y vid. también la sentencia de 2 de febrero de 1.989 del mismo Tribunal) (…)”.

Asimismo, la SAP de Barcelona, de fecha 22/03/2004, establece perfectamente la diferenciación entre cada una de ellas, al declara que:

“(…) La compensación puede ser legal, judicial o convencional. La compensación legal para que pueda operar exige, de acuerdo con lo previsto en los arts. 1195 y 1196: la reciprocidad de los créditos; la homogeneidad de las prestaciones; la exigibilidad de las deudas; y, la liquidez de las mismas, así como la ausencia de retención o contienda judicial respecto de las deudas compensables. (…) La compensación legal puede alegarse tanto por vía de excepción, cuando lo único que se pretenda es la desestimación de la demandada con base en la estimación de su contracrédito compensable, como por vía de reconvención, si siendo su crédito superior al del actor, además de solicitar la desestimación de la demanda, pretende que se condene a la otra parte al pago del exceso de su contracrédito. Así lo ha entendido la jurisprudencia de manera reiterada, llegando incluso a señalar en alguna resolución relativa a la compensación legal, que ni siquiera es preciso alegarla como excepción expresa, bastando con que se aleguen hechos obstativos de la demanda del actor (STS 7 marzo 1988) (…).

(.. .) La compensación judicial se produce en aquellos supuestos en que los créditos no reúnen todos los requisitos necesarios para que opere la compensación legal. Entonces corresponder al Juez, por medio del proceso, subsanar la falta de alguno de ellos, que normalmente ser el de la liquidez. Éste será el supuesto de autos, en que la entidad apelante opone por vía de excepción la compensación de un crédito que derivaría de la aplicación de una cláusula penal pendiente de liquidación, si no fuera por lo que se razonará más adelante.

(…) la compensación judicial, deberá formularse siempre por vía reconvencional, ya que requiere una actuación y pronunciamiento expreso del Juez, independientemente de la cuantía inferior o superior de su crédito en relación con el del actor. En este sentido, resulta muy ilustrativa la STS 24 abril 1999 cuando señala "el crédito en que el demandado funda su excepción de compensación es superior al reclamado por el actor, sin que a esta solución desestimatoria se oponga el hecho de que el demandado-recurrente no haya reclamado el exceso y se limite a pedir la desestimación de la demanda. En todo caso, para declarar procedente la compensación, el Juzgador habrá de examinar si concurren los requisitos delimitadores de esa excepción y cualquiera que sea el pronunciamiento judicial, en el caso de que no se hubiera reclamado el exceso del crédito opuesto, como ocurre en el presente, una posterior exigencia por vía judicial de ese exceso vendría condicionada por la anterior resolución, vinculante en el segundo proceso por el efecto positivo de la cosa juzgada, con lo que, en definitiva, en el proceso en que se hubiese alegado la compensación se resolvería sobre la procedencia o no del crédito del demandado, aunque no se haya formulado reconvención reclamando ese exceso. Con esta solución, carecía de sentido la declaración jurisprudencial de que el exceso sólo puede hacerse valer por vía reconvencional". (cfr. STS de 14/03/2004).

En cuanto al ámbito concursal, en términos generales, el artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, prohíbe la eficacia de la compensación de créditos, en estos términos: “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración”.

La finalidad de esta prohibición radica en evitar que, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.196, 4º y 5º del Código Civil – analizados más arriba-, un acreedor viera satisfecha su deuda antes que el resto de acreedores. A pesar de lo cual, cuando los requisitos para la compensación entre el deudor y el acreedor ya existieran con anterioridad a la declaración del concurso, aquélla producirá sus efectos.

Así lo corrobora la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, de fecha 1/03/2010, al considera que la compensación solicitada por el acreedor produciría un perjuicio al resto de los acreedores de este procedimiento concursal, porque no actúa como instrumento de garantía sino como una forma efectiva de pago extintiva de las obligaciones. De esta forma, se generaría una situación de privilegio y de mejor condición por la disponibilidad que ello implica de uno de los elementos del activo y a aquellos acreedores que no les corresponde seguir el mandato de la Ley.

La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid, de fecha 28/07/2009 explicita el contenido de este precepto de esta forma:

“Este precepto señala que, sin perjuicio de lo previsto en el art. 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración. En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente concursal.

Bajo la vigencia de la normativa concursal anterior, la jurisprudencia (STS 25 de Octubre de 2007con cita de las resoluciones de 19 de diciembre de 1.991, 20 de mayo de 1.993 y 11 de julio de 2.005) ante el silencio normativo sobre su admisibilidad, se opuso a la operatividad de esta forma de neutralización de obligaciones reciprocas en situaciones concursales en defensa de una "par conditio" que puede resultar injustificadamente rota en beneficio del acreedor "in bonis". Doctrina que se ha mantenido salvo en supuestos específicos, en los que la igualdad de trato no estaba en peligro, ya porque la relación de obligación se hubiera expresado contablemente en forma de cuenta corriente y los requisitos de la compensación concurrido antes de la declaración de quiebra(STS de 17 de marzo de 1.977) o porque se tratara de una compensación que no producía daño alguno a los demás acreedores de una suspensión de pagos en la que se había logrado convenio(STS de 11 de octubre de 1.988) o porque más que de una compensación se entendió producida una ejecución separada de prenda, cuyo objeto no había entrado en la masa de la quiebra(STS sentencia de 7 de octubre de 1.997).

Sin embargo como ya hemos visto, el art 58 ha cambiado el panorama. En este sentido la SAP de Madrid, sección 21ª, de 28 de octubre de 2008 señala que en una situación de concurso, el mecanismo de la compensación no sólo afecta al concursado y al acreedor que, a su vez, es deudor del concursado, sino que, además, repercute en los demás acreedores del concursado que no son también sus deudores. Y ello porque, en principio, todos los acreedores del concursado quedan sometidos a la ley del dividendo y a cualquier quita o aplazamiento que surja de un posible convenio. Pero, de ello, quedaría excluido el acreedor- deudor del concursado, quien, por el mecanismo de la compensación, cobraría su crédito hasta la cuantía de la que fuere deudor del concursado, en su integridad, quedando excluido, ese crédito compensado, de la ley del dividendo y de cualquier quita o aplazamiento que pudiera surgir de un convenio.

La compensación daría lugar a un trato privilegiado a favor de los acreedores- deudores del concursado frente a los demás acreedores que no son sus deudores, lo cual sería contrario a la "par conditio creditorum". Los requisitos de la compensación aparecen recogidos en el artículo 1.196 del Código Civil. La fecha determinante es la de la declaración del concurso. De tal manera que, si los requisitos de la compensación ya concurrían con anterioridad a la declaración del concurso, el acreedor del concursado que no la hubiere hecho valer antes de la declaración del concurso, puede, después de haberse declarado el concurso, exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él. Por el contrario, si los requisitos de la compensación no concurrían con anterioridad a la declaración del concurso, el acreedor del concursado ya no puede exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él (queda prohibida la compensación).

El tercero de los requisitos recogidos en el artículo 1.196 del Código Civil, para que se produzca la compensación, consiste en "que las dos deudas estén vencidas". De tal manera que, para que el acreedor del concursado pueda después de la declaración del concurso exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él, es imprescindible que, a la fecha de la declaración del concurso, estuvieran vencidas tanto la deuda del concursado como la de su acreedor."

La operatividad de la compensación recae solo sobre créditos concursales que han de ser vencidos, sean líquidos y exigibles (SAP de Barcelona, sección 15ª, de 10 de marzo de 2008). Como dice la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 23 de septiembre de 2008"...la regla del artículo 58 LC se proyecta sólo sobre los créditos concursales en atención a que se trata de un efecto de la declaración de concurso sobre los créditos afectados por el mismo, tal y como se desprende de su ubicación sistemática del precepto. El artículo 58 LC se encuadra dentro del Título III y en particular en el Capítulo II que lleva por rúbrica De los efectos sobre los acreedores. Este Capítulo II comienza con el artículo 49, que integra dentro de la masa pasiva a los acreedores concursales (art. 49. Integración de la masa pasiva.- Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes"). Y sobre estos acreedores se aplican los efectos sobre los créditos en particular previstos en la sección 3ª del capítulo II, siendo el primero de ellos la prohibición de compensación.

El vigente artículo 58 de la LC permite la compensación de créditos y deudas tan sólo en los casos en los que concurren los requisitos de compensación de créditos ex artículo 1196 del Código Civil con anterioridad a la declaración del concurso, siendo, por ello, necesario que el crédito concursal sea exigible antes de la declaración de concurso. La cláusula de compensación, contenida en la póliza de descuento de autos, autoriza al BSCH para compensar el crédito impagado con otros saldos que el descontante pueda tener en dicha entidad descontataria. Pero ello no excluye que para la validez de la compensación deban cumplirse los requisitos legales ex art. 1196 CC, entre los que se encuentra la exigibilidad del crédito que se pretende compensar. De ahí que sea menester considerar si, conforme al art. 58 LC, ese crédito era concursal por haber nacido antes de la declaración de concurso y, además, si era o no exigible antes de declararse el concurso. La consideración de crédito concursal es determinante para la aplicación del artículo 58 LC que prohíbe la compensación salvo que se hubieran cumplido los presupuestos legales con anterioridad a la declaración de concurso, por lo que debemos examinar si era exigible o no antes de dicha declaración.

Además debe tenerse en cuenta la conexión de la operatividad de la compensación con las reglas del pago de los créditos. En este sentido dice la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 10 de marzo de 2008 que "la prohibición de compensación del art. 58 LC debe integrarse con las reglas de pago dentro de la liquidación. La razón que impide la compensación de los créditos y las deudas del concursado es evitar el pago -la compensación es una forma de satisfacción del crédito-, alterando las reglas de la par condicio creditorum. Si la compensación se realiza durante la liquidación, y únicamente respecto de los créditos que conforme a las reglas de los arts. 154 y ss. LC en cada caso puedan ser satisfechos con lo obtenido de la realización de los bienes y derechos del concursado, entonces no se altera la par condicio creditorum, ya que el acreedor del concursado consigue la satisfacción de su crédito, mediante compensación con deudas frente al concursado, sólo en la medida en que procedería su satisfacción aplicando las referidas reglas de pago.”

La SAP de Zaragoza, de fecha 8/02/2008, declara que este precepto debe tenerse por infringido con la actuación de la parte demandada que compensa unilateralmente los créditos que tiene con la demandante cuando todavía no se encuentran vencidos, según el modo de pago que se venía realizando entre las partes, pues éste pende de su confirmación bancaria en el plazo posterior de noventa días, en cuanto que el llamado "confirming" no consiste en otra cosa que en la entrega a una entidad financiera por parte de una sociedad de remesas de pagos a proveedores procediendo aquél sólo a su vencimiento a cargar en la cuenta bancaria los pagos y transferir estos importes a los proveedores. Conforme a lo expuesto, se ha incumplido, dice la Sala, lo que al respecto se dispone en los números 3º y 4º del articulo 1.196 del Código Civil sobre la compensación, por cuanto que exige que la respectivas deudas estén vencidas, líquidas y exigibles, sin que en consecuencia pueda alegarse, ni admitirse, que se trata de una compensación de origen convencional, que es aquella que se pacta por las partes cuando entre ambas se llega al acuerdo de la compensación en todo o en parte de las concurrentes, cuando el texto legal antes invocado se esta refiriendo incuestionablemente a la existencia de los requisitos propios de la que se ha venido en denominar legal, todo ello con relación a la fecha de la resolución de la declaración del concurso que se regula en el artículo 21 de la Ley Concursal.

La SAP de Barcelona, de fecha 26/01/2011, viene a distinguir en lo que es propiamente la compensación (según hemos tenido ocasión de analizar en este post), y lo que es la liquidación de una relación contractual, donde las partes deben determinar qué parte del contrato se ha cumplido para determinar el saldo a abonar. Es decir, computar y liquidar dicha relación contractual no es compensar créditos entre las partes, y por tanto no entra dentro de la prohibición del mencionado artículo 58 de la LC.

"(..) Aún así, debemos precisar que no se trata realmente de una compensación sino, más bien, de una liquidación de una misma relación contractual que unía a ambas partes. Y en dicha liquidación debe computarse (No "compensarse", pues se trata de alcanzar el importe de una única deuda mediante tal computación o liquidación) el importe que corresponde a la demandada con el que corresponde a la parte actora; de ahí que la cantidad a la que debe ser condenada A sea la que resulta de restar al importe de 348.000 euros 181.383,28 euros, lo que reporta la suma de 166.616,72 euros. Ello lleva a la revocación en parte de la sentencia de primera instancia y a la condena a A a que abone a la parte actora la citada suma concurrente, por lo que se estima en parte el recurso de la actora, B (…)".

Bibliografía consultada

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21 de junio de 2011

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Requisitos de acceso para el ejercicio de la profesión de Abogado y Procurador de los Tribunales

AbogadosEl pasado día 16 de junio de 2011, se publicó en el BOE el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de los abogados y procuradores, en cuanto colaboradores relevantes de la administración de justicia, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Para alcanzar el objetivo de una capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación en la excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un periodo de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Final Tercera, este reglamento entrará en vigor el mismo día que la Ley 34/2006, de 30 de octubre. Esta Ley en su Disposición Final Tercera dispone que entrará en vigor a los cinco años de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", es decir, el 31 de octubre de 2011.

A grandes rasgos, la obtención del título profesional de abogado o de procurador de los tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento.

b) Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento.

c) Desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones.

d) Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional.

En primer término, se establece un requisito previo para el acceso. Para la realización del curso se deberá estar en posesión de un título universitario que acredite las competencias jurídicas que expresamente se determinan y que se consideran adquiridas por los licenciados o graduados en Derecho.

Los planes de estudio de los cursos formativos deberán comprender 60 créditos ECTS dirigidos a proporcionar las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la abogacía y de la procura, conforme a unos estándares de calidad homologables con los países de la Unión Europea. Los cursos podrán ser impartidos:

  • Por universidades públicas o privadas, en el marco de las enseñanzas para la obtención de un título oficial de máster universitario, incluso combinando créditos pertenecientes a distintos planes de estudios de títulos oficiales de postgrado, lo que facilita la especialización.
  • Por escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía.
  • Conjuntamente por las universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica homologadas por el Consejo General de la Abogacía.

Las prácticas supondrán 30 créditos ECTS adicionales a los de los cursos formativos. Serán tuteladas por abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión, al menos durante 5 años, y se desarrollarán, total o parcialmente, en juzgados o tribunales, fiscalías, despachos profesionales, instituciones oficiales o empresas. Además, siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía o de la procura, podrán también desarrollarse en establecimientos policiales, centros penitenciarios o entidades que desarrollan actividades de interés general.

Las evaluaciones para el acceso a la abogacía y para el acceso a la procura serán únicas e idénticas para cada profesión en todo el territorio español e irán dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio profesional. Serán convocadas por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual. En cada comunidad autónoma existirá una comisión evaluadora cuyos integrantes serán designados por los Ministerios de Justicia y de Educación.

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16 de junio de 2011

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Excepciones en la aplicación del principio del tracto sucesivo

imagesEl tracto sucesivo viene a ser considerado – por la doctrina y jurisprudencia-, como uno de los principios más relevante del sistema registral de publicidad. La finalidad principal del mismo es contribuir a una mejor formación del contenido registral con una doble exigencia: demandar la identidad personal y real en la correlación entre el título inscribible y el Registro y ordenar sucesivamente los asientos de cada folio sobre la base de un nexo causal entre la titularidad registral del transferente y la del adquirente que inscribe.

De forma descriptiva, podemos definir el principio de tracto sucesivo como aquella técnica operativa del sistema de folio real, cuya finalidad es establecer un orden entre los asientos, como complemento del orden entre las fincas, mediante el encadenamiento sucesivo de los títulos inscribibles, sobre la base de la previa inscripción del título del transferente en el momento de la inscripción del título del adquirente, aunque el acto dispositivo sea anterior, como presupuesto estructural para la producción de los efectos esenciales del sistema.

El sistema registral en el ordenamiento jurídico español tiene carácter no constitutivo y voluntario. Es decir, que las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad no hacen nacer los derechos y gozan de una presunción ad probationem. El principal escollo que plantea la no obligatoriedad de la inscripción es que, con relativa frecuencia, algún derecho no se inscriba, originando con ello una discordancia entre el Registro y la realidad jurídica extra-registral que supone una quiebra del principio del tracto sucesivo. A esta ruptura se la conoce como interrupción del tracto sucesivo, que se convierte en un obstáculo para la inscripción de actos posteriores por falta de inscripción del derecho del otorgante. Para uno conocimiento efectivo de los procedimientos de reanudación del tracto sucesivo existente en nuestra legislación puede consultarse este artículo.

Retomando el tema que nos ocupa, cabe señalar que la regla general del tracto sucesivo registral requiere colmar la necesidad de la previa inscripción del título del transferente. En este sentido, señala el párrafo primero del artículo 20 de la Ley Hipotecaria que:” para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos”.

Del contenido de este precepto podemos destacar, como aspecto más llamativo, el requisito de la previa inscripción. La previa inscripción del título del causante o transferente se constituye como un requisito formal a la hora de inscribir cualquier título, mas no se exige que, para el ejercicio de la facultad dispositiva por parte del dueño, sea necesaria su previa inscripción. La previa inscripción deviene necesaria para inscribir, pero no para transferir civilmente.

Por otra parte, este requisito se extiende a toda clases de títulos, es decir, comprende todos los actos por los que se “transmitan, graven modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles” y ha de serlo a favor del otorgante y no de su representante, como señala el precepto arriba referido: “de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos”. No obstante, la intervención por medio de apoderado ha de recogerse expresamente en el asiento, de conformidad con lo dispuesto en la regla 9.ª c) del artículo 51 del Reglamento Hipotecario: “Se expresarán también, en su caso, las circunstancias de la representación legal o voluntaria, las personales que identifiquen al representante, el poder o nombramiento que confieran la representación y, cuando proceda, su inscripción en el Registro correspondiente”.

Por otra parte, la exclusión de la representación en la regla del tracto sucesivo viene confirmada por el párrafo 4.º del citado artículo 20 de la LH: “No será necesaria la previa inscripción o anotación a favor de los mandatarios, representantes, liquidadores, albaceas y demás personas que con carácter temporal actúen como órganos de representación y dispongan de intereses ajenos en la forma permitida por las leyes”.

Por consiguiente, en el momento en que se pretenda la inscripción de un título y en relación con el cumplimiento de este requisito por el transferente, pueden ocurrir tres situaciones distintas: que el requisito de la previa inscripción se ha ya cumplido, que el derecho esté inscrito a favor de persona distinta del otorgante o que el derecho inscrito no se encuentre inscrito. Analicemos cada una de estas posibilidades.

1. Que el requisito de la previa inscripción se encuentre cumplido

Cuando el dominio o derecho real objeto del acto inscribible está inscrito o anotado a favor del disponente o perjudicado, la finca de que se dispone en el título es la misma que figura registrada y no existen obstáculos registrales derivados del título presentado y, por tanto, se practicará el asiento correspondiente (cfr. RDGRN de 8 de noviembre de 1991).

2. Que el derecho se encuentre inscripto a favor de persona distinta del otorgante

El párrafo 2.º del artículo 20 de la LH dispone que: “En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada”. Esta calificación denegatoria tiene una aplicación concreta en el artículo 140.1 del Reglamento Hipotecario, en relación con las anotaciones preventivas de embargo. Dispone este precepto que: “Si la propiedad de la finca embargada apareciese inscrita a favor de una persona que no sea aquella contra quien se hubiese decretado el embargo, se denegará o suspenderá la anotación, según los casos (…)”.

Ahora bien, la Disposición Final 3.ª de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código Penal, introduce una confirmación y una excepción a esta regla. Por una parte, confirma, al dispone que: “No podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento”.

Y, por otra parte, - fundamentalmente por razones de seguridad y garantía de las consecuencias del juicio penal ante la ocultación o distracción de sus bienes por el imputado -, excepciona, al señala que: “En los procedimientos criminales podrá tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento”

3. Que el derecho no se encuentre inscrito

La falta de previa inscripción del derecho del causante impide la inscripción a favor del adquirente, sencillamente por razones de tracto y puede obedecer a dos motivos que analizamos a continuación:

· Que la finca no esté inmatriculada.- En este caso, el párrafo 3 del artículo 20 de la LH establece que: “Cuando no resultare inscrito a favor de persona alguna el expresado derecho y no se acredite fuere inscribible con arreglo al artículo 205, los Registradores harán anotación preventiva a solicitud del interesado, la cual subsistirá durante el plazo que señala el artículo 96 de esta Ley

· Que se trate de un título rezagado.- Esta situación viene producida cuando, encontrándose la finca inmatriculada, se interrumpe la cadena de titulares por alguno de los subadquirentes con título inscribible. A este caso, se refiere el artículo 105 del Reglamento Hipotecario – regla que también viene recogida en el artículo 140.1 del RH : “No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley, los Registradores podrán suspender la inscripción de los documentos en los que se declare, transfiera, grave, modifique o extinga el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles en el caso de que la persona que otorgue el acto o contrato alegase en el documento presentado ser causahabiente del titular inscrito o resultare tal circunstancia del Registro y del referido documento, y a solicitud del presentante extenderá anotación preventiva por defecto subsanable.”

Pues bien, tras esta breve introducción y siguiendo la exposición de este tema, ahora toca el turno de analizar aquellas excepciones legales al principio del tracto sucesivo. En este sentido, el artículo 20 de la LH recoge cuatro supuestos de inscripción de bienes procedentes de herencia, en los que no es necesario un previo asiento especial de inscripción a favor de los herederos – aunque se conozca el eslabón correspondiente que deberá reflejarse en la inscripción de forma abreviada. Estos supuestos son los siguientes:

· Ratificación por los herederos de documentos otorgados por el causante – cfr. Art. 20.5.1 de la LH.- No será necesaria la previa inscripción a favor de los herederos, para inscribir los documentos que otorguen cuando rarifiquen “contratos privados realizados por su causante, siempre que consten por escrito y firmados por éste.” En el caso de que los herederos se negarán a otorgar la escritura de ratificación, ésta habría de ser otorgada por el Juez (cfr. Art. 1279 del CC).

· Ventas o cesiones a un coheredero – cfr. Art. 20.2.2 de la LH.- Tampoco es necesaria la previa inscripción a favor de los herederos cuando “vendieren o cedieren a un coheredero fincas adjudicadas proindiviso a los vendedores o cedentes, pero en la inscripción que se haga habrá de expresarse dicha previa adjudicación proindiviso con referencia al título en que así constare”.

· Adjudicaciones o ventas en ejecución de sentencia – cfr. Art. 20.5.3 de la LH.- Tampoco es necesaria la previa inscripción a favor de los herederos cuando “se trate de testimonios de decretos de adjudicación o escritura de venta verificada en nombre de los herederos del ejecutado en virtud de ejecución de sentencia, con tal que el inmueble o derecho real se halle inscrito a favor del causante.”

· Muerte de un heredero antes de formalizarse la sucesión del causante – cfr. Art. 20, penúltimo párrafo.- “Cuando en una partición de herencia, verificada después del fallecimiento de algún heredero, se adjudiquen a los que lo fuesen de éste los bienes que a aquél correspondían, deberá practicarse la inscripción a favor de los adjudicatarios, pero haciéndose constar en ella las transmisiones realizadas.”

Asimismo, en distintas disposiciones del Reglamento Hipotecario, aparecen recogidas otras modalidades en la aplicación del tracto sucesivo. Veámoslas:

· Anotaciones de embargo en procedimientos seguidos contra herederos del causante por deudas de éste – cfr. Art. 166.1.º del RH.

Si el procedimiento se sigue contra la herencia yacente, es suficiente expresar la fecha del fallecimiento. Si se sigue contra herederos determinados, además se deberá hacer constar las circunstancias personales de aquéllos – cfr. Art. 166.1 del RH.

· Anotaciones de embargo en procedimientos seguidos contra herederos o legatarios del causante, por deudas de aquéllos – cfr. Art. 166.1.2.º del RH.

En este supuesto, se hará constar las circunstancias del testamento o declaración de herederos y de los certificados del Registro General de Actos de Última Voluntad y de defunción del causante. Si bien hay que observar que: “La anotación se practicará sobre los inmuebles o derechos que especifique el mandamiento judicial en la parte que corresponda el derecho hereditario del deudor.”

· Anotaciones de embargo de bienes de la sociedad conyugal.

En el supuesto de que se trate de bienes gananciales, constante la sociedad, dependerá de que el embargo se decrete por deudas gananciales o privativas y de que los bienes estén inscritos a nombre de uno o de ambos cónyuges – cfr. el artículo 144.1 de la LH. Si la sociedad se halla disuelta y no liquidada, el embargo habrá de decretarse contra ambos cónyuges o contra el sobreviviente y los herederos del premuerto o, bien, solo contra los herederos de ambos, si los dos cónyuges han fallecido. En cualquier caso, los herederos deben legitimarse con el correspondiente título sucesorio y su derecho se registrará en tracto abreviado.

· Anotaciones de embargo de bienes privativos por confesión y de la vivienda habitual de la familia.

En el supuesto de que se trate de bienes privativos por confesión del consorte, la demanda ha de dirigirse contra el cónyuge a cuyo favor aparezcan inscritos los bienes, sea o no el cónyuge deudor – cfr. Arts. 95.4, 144.2 del RH y 1324 del CC. Si se trata de la vivienda habitual, las limitaciones a la facultad dispositiva del titular registral y el cumplimiento del tracto se consiguen mediante la manifestación de que la vivienda no tiene aquel carácter; el consentimiento de ambos cónyuges o la notificación de la demanda al cónyuge no titular registral – cfr. Arts. 1320 del CC y 144.5 del RH.

· Modificación de entidad hipotecaria y acto dispositivo simultáneo.

Señala el artículo 49 del RH que: “Cuando en el título presentado se forme una finca de dos o más se segregue parte de alguna con objeto de enajenarla, se practicará una sola inscripción en la que se comprendan la agrupación o segregación y su enajenación.”

· Enajenación conjunta por todos los herederos.

Este supuesto, incluidos por parte de la doctrina, se encuentra recogido en el artículo 209 del RH: “La cancelación de la anotación preventiva de derecho hereditario tendrá lugar: Cuando se haya practicado la partición de herencia en los términos expresados en el artículo 83 o cuando la finca o derecho real anotado haya sido transmitido conjuntamente por todos los herederos. En ambos casos, si no hubiere en el Registro asiento que lo impida, se cancelará la anotación preventiva en el mismo asiento en que se inscriba la partición o transmisión sin necesidad de solicitud expresa y extendiéndose al margen de la anotación preventiva la oportuna nota de referencia. Cuando haya caducado, por haber transcurrido cuatro años, u ocho en caso de prórroga, desde su fecha, según el artículo 86 de la Ley, bien a instancia del dueño o dueños del inmueble, o bien porque deba expedirse alguna certificación de cargas referente a la finca o derecho real anotado, en cuyo caso se verificará de oficio y por nota marginal de caducidad. En ambos supuestos, se cancelarán las demás anotaciones que de ella traigan causa, cualquiera que sea su origen. No se cancelará por caducidad esta anotación preventiva cuando conste en el Registro el acuerdo de indivisión o la prohibición de división a que se refieren los artículos 400, párrafo segundo, y 1051 del Código Civil en tanto no transcurran los plazos señalados para la indivisión o se justifique por documento público haber cesado la comunidad, o cuando se haya solicitado expresamente por los interesados. ”

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14 de junio de 2011

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El Colegio de Abogados de Baleares, el primero de toda España en implantar la gestión electrónica integral de los expedientes de Justicia gratuita

JusticiaElectronicaEl Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) ha sido el primero de las 83 corporaciones colegiales de la abogacía del país en facilitar el acceso de la administración de Justicia a la aplicación SIGA (Sistema Integral de Gestión de la Abogacía), el programa informático empleado por el Colegio para tramitar de forma electrónica todos los expedientes y asuntos relacionados con el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita. Así, desde la semana pasada, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (CAJG), que depende del Ministerio de Justicia y se encarga de aprobar o de denegar las solicitudes de los ciudadanos para acceder al beneficio de la justicia gratuita, dispone de un acceso seguro y rápido a dichos expedientes electrónicos, lo que permitirá agilizar al máximo la tramitación de estos asuntos.

El acceso de la administración de Justicia a la aplicación tecnológica SIGA se ha materializado apenas unos días después de que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, firmaran el convenio de cooperación en materia tecnológica y Asistencia Jurídica Gratuita para ofrecer un servicio más transparente, ágil y cercano al ciudadano. Un acuerdo que, al mismo tiempo, supone la ampliación del al suscrito en octubre de 2010 entre el CGAE y el Ministerio de Presidencia que permite acortar hasta en 40 días la tramitación de la Justicia Gratuita.

Conviene recordar que la solicitud del derecho a Justicia Gratuita es instada ante los Colegios de abogados por aquellos ciudadanos interesados en disponer de un abogado de oficio para la defensa de sus intereses, dado que son las corporaciones colegiales las competentes para para iniciar la tramitación del expediente y efectuar la designación provisional de abogado de oficio. Con posterioridad, el Colegio de Abogados traslada el expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que ésta dicte resolución reconociendo o denegando el derecho, decisión que después ha de ser notificada por la Gerencia de Justicia a todas las partes interesadas, un procedimiento que, en ocasiones, ha tardado meses en completarse.

Con el acceso de la Gerencia de Justicia al programa SIGA, que dota de la última tecnología y de las herramientas informáticas necesarias para colaborar en la gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita, las administraciones podrán acortar de forma muy considerable, a tan sólo unos días, los plazos de concesión de dicho servicio.

El programa SIGA

El ICAIB fue también uno de los primeros colegios profesionales en completar la instalación del programa SIGA (Sistema Integral de Gestión de la Abogacía), una herramienta desarrollada por RedAbogacía, la sociedad tecnológica del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que digitaliza todos los procesos internos y servicios del Colegio de Abogados, permitiendo a los letrados, a través de su certificado digital, realizar de forma segura y automática numerosos trámites por Internet.

La implantación del e-Colegio permite centralizar todos los trámites administrativos del Colegio y acceder a través de la Red a numerosos servicios colegiales (censo colegial, emisión de certificaciones, obtención de pases a prisión, etcétera).

Fuente: Difusión Jurídica

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Requisitos para la presentación telemática de las certificaciones de nacimiento y matrimonio

certificados-nacimiento-matrimonio-podran-con-L-nMaSh6Se ha publicado la Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se determinan los requisitos y condiciones para la tramitación electrónica y expedición automática de las certificaciones de nacimiento y matrimonio.

En la presente Resolución se regula el procedimiento para la tramitación telemática de certificaciones de nacimiento y matrimonio con sello electrónico cuya expedición es simultánea o automática, cuando el solicitante sea el titular inscrito y siempre que acredite su identidad mediante los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad o los sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por las Administraciones Públicas.

Las certificaciones electrónicas se expedirán a partir de los datos contenidos en las bases de datos informatizadas, con las debidas garantías de seguridad, integridad y autenticación, para facilitar la acreditación de los datos contenidos en los asientos registrales informatizados y digitalizados.

Podrán solicitarse aquellas certificaciones de nacimiento y de matrimonio de asientos registrales practicados en los Registros Civiles desde 1950 y que no se hayan realizado en los Juzgados de paz.

Las certificaciones emitidas llevarán el sello de la Dirección General de los Registros y del Notariado, implantado por Resolución de la Subsecretaría de Justicia de 14 de abril de 2011, de creación de sello electrónico de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Servirán de soporte para la emisión de las certificaciones de nacimiento y matrimonio, el Registro Electrónico del Ministerio de Justicia, creado por Orden JUS/3000/2009, de 29 de octubre y la Sede Electrónica, desde la que se solicitarán y emitirán las certificaciones, creada por Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero.

ACCESO A LA RESOLUCIÓN

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9 de junio de 2011

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Atribución temporal del uso de la vivienda familiar. Unificación de doctrina

Dispone el artículo 96 del Código Civil que: “En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial”.

Ahora bien, la aplicación de este precepto ha mostrado una jurisprudencia dispar y contradictoria entre las Audiencias Provinciales en orden a la procedencia o no de fijar un límite temporal de este derecho. a) la primera que admiten la posibilidad de establecer una limitación temporal en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar al hijo menor, permitiendo que pueda extinguirse este uso siendo menor el hijo y, por tanto, dependiente (v.gr. al momento de liquidarse la sociedad conyugal) y b) una segunda línea que consideran imperativa la aplicación del Art. 96 CC y entienden que no admite una limitación temporal a la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, que pueda suponer la privación de este derecho de uso a los hijos menores.

Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo ( STS de 9 de mayo de 2007, de 22 y 3 de diciembre de 2008) que el art. 96 CC establece que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Esta es una regla taxativa, que no permite interpretaciones temporales limitadoras. Incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el juez para evitar que se pueda producir este perjuicio.

Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el juez. Una interpretación correctora de esta norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento jurídico español (arts. 14 y 39 CE ) y que después han sido desarrollados en la Ley Orgánica de protección del menor.

En este sentido, resulta interesante mencionar la reciente STS de 14 de abril de 2011 – siendo ponente la Magistrada D.ª Encarnación Roca Trías - que unifica esta doctrina, razonando en su F.J. Tercero que:

“Esta doctrina se ha formulado ya en la sentencia de 1 de abril de 2011, que aunque referida a la atribución del uso al hijo de una pareja no casada, es plenamente aplicable a este supuesto. Debe reiterarse, por tanto, la doctrina declarada en dicha sentencia, que es aplicable a los casos de separación/divorcio de parejas casadas. Dicha doctrina, que se repite, establece que la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el Art. 96 CC .”

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8 de junio de 2011

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Diversos aspectos de la vigente regulación del contrato de transporte terrestre de mercancías

earth23La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, se encarga de establecer el marco jurídico del transporte terrestre de mercancías, adoptando un marcado carácter unificador, regulando de forma conjunta el contrato de transporte por carretera y por ferrocarril.

Esta nueva regulación legal del transporte terrestre de mercancías – que armoniza la legislación española con la internacional -, venía siendo insistentemente demandada por todos los agentes intervinientes en este sector de la industria. El objetivo principal del legislador era conseguir la necesaria modernización de una normativa que prácticamente se ha mantenido sin cambios desde la promulgación del Código de Comercio de 1885, tal como se expone al comienzo del Preámbulo: “La presente ley tiene por objeto actualizar el régimen jurídico del contrato de transporte terrestre de mercancías tanto por lo que se refiere al transporte por carretera como por ferrocarril (…).

Asimismo, de conformidad con la Disposición Derogatoria Única, la entrada en vigor de la ley – que, según la D.F. Quinta, se fija en un plazo de tres meses desde su publicación en el BOE -, supuso la derogación de esta normativa precedente (artículos 349 a 379, ambos inclusive y, en cuanto afecten al transporte terrestre de mercancías, los artículos 951 y 952 del Código de Comercio de 1885).

La vetusta y decimonónica normativa anterior – que no satisfacía adecuadamente los intereses de un nuevo mercado, resultando ser de escasa utilidad para ofrecer soluciones a los problemas surgidos en este sector -, se establecía principalmente en el Título VII del Libro II del Código de Comercio de 1885 (artículos 349 a 379). Sin apenas modificaciones, desde el momento de la promulgación del Código, estas reglas terminaban siendo sustituidas en la práctica mercantil por normas administrativas de control u ordenación del sector del transporte y por las condiciones generales de la contratación de los transportes de mercancías por carretera establecida por la Orden del Ministerio de Fomento de 25 de abril de 1997.

Asimismo, se aprovecha la ley 15/2009 (en adelante LCTTM) para establecer un nuevo marco legal contractual en un entorno de apertura a la libre competencia en el sector ferroviario. La nueva Ley se adapta al modelo que suponen los convenios internacionales en la materia, básicamente al Convenio de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) y las Reglas Uniformes CIM/1999, junto a soluciones propias y actualizaciones de las soluciones contenidas en el Derecho anterior.

Como señalamos más arriba, la LCTTM regula de forma unitaria el contrato de transporte terrestre de mercancías en sus dos modalidades: por carretera y por ferrocarril. Frente a la complejidad descriptiva del derogado artículo 349 del CCo, el artículo 2 de la ley define, de forma breve y concisa, el contrato de transporte de mercancías como aquel contrato “por el que el porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato”.

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, cabe incardinarlo en el marco o categoría de los contratos de obra por empresa, por cuanto el empresario se obliga  no únicamente a desarrollar una actividad, sino que también a conseguir un resultado (el traslado de las mercancías de un lugar a otro). Aunque entre contrato de obra y el de transporte existen diferencias que impiden la asimilación, sin más, de ambos  contratos: a.- El porteador asume directamente la custodia de las cosas, deber este que no aparece en el contrato de obra b.- El contrato de transporte conoce además la intervención de un tercero (destinatario, antes consignatario) que sin ser parte en el contrato se integra en él con un régimen propio de derechos y obligaciones.

En lo referente a la tipología contractual, la ley utiliza cinco criterios diferentes: por razón del modo empleado, por razón del objeto, con pluralidad de medios de transporte, con relación continuada entre las partes y el novedoso contrato de mudanza.

  1. En cuanto al primero, el ámbito de aplicación de esta ley se dirige al transporte por carretera, por ferrocarril y fluvial, mientras este último modo no sea objeto de una regulación especial propia (Cfr. Disp. Ad. Primera).
  2. En cuanto al segundo, la norma regula el transporte de mercancías y el de viajeros. Respecto a los transportes postales, la Disposición Adicional Tercera de la Ley establece su carácter supletorio de las normas reguladoras del sector postal: “La contratación de los servicios de recogida, transporte y distribución de envíos postales en el marco del servicio postal universal se regirá por las normas reguladoras del sector postal y, en lo no previsto por éstas, por la presente ley.”
  3. El tercer supuesto se refiere al denominado transporte multimodal regulado en los artículos 67 a 70 de la LCTTM.
  4. Con relación continuada entre las partes, se incorpora a nuestro Derecho el denominado transporte continuado, el cual precisa que se concreten cada uno de los envíos o expediciones que se realicen de forma sucesiva en el tiempo. Concretamente el art. 8 señala que: “Por el contrato de transporte continuado, el porteador se obliga frente a un mismo cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiempo. El número, frecuencia, características y destino de los envíos podrán determinarse en el momento de contratar o antes de su inicio.”
  5. Se incorporan las especialidades del contrato de mudanza regulado en los artículos 71 a 77. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 por el contrato de mudanza “el porteador se obliga a transportar mobiliario, ajuar doméstico, enseres y sus complementos procedentes o con destino a viviendas, locales de negocios o centros de trabajo, además de realizar las operaciones de carga, descarga y traslado de los objetos a transportar desde donde se encuentren hasta situarlos en la vivienda, local o centro de trabajo de destino. El resto de las operaciones, como la preparación, armado o desarmado, embalaje, desembalaje y otras complementarias, quedarán a la voluntad contractual de las partes contratantes”.

La Ley opta por incorporar los elementos personales necesarios en la relación contractual, definiendo qué se entiende por cargador, porteador, destinatario y expedidor en el artículo 4.

  1. Cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo.
  2. Porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros sujetos.
  3. Destinatario es la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el lugar de destino.
  4. Expedidor es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega de las mercancías al transportista en el lugar de recepción de la mercancía.

Asimismo, el texto legal clarificar la posición contractual de intermediarios como transitarios, operadores o agencias de transporte, almacenistas-distribuidores, operadores logísticos, etc., obligándoles a contratar siempre en nombre propio y a asumir la posición del porteador (cfr. el artículo 5).

Por otra parte, la Ley regula la posición de los subcontratistas (porteadores efectivos) del transporte y establece un régimen general de responsabilidad para todos ellos, basado en la regla de la responsabilidad del porteador que contrate con el cargador haciéndole responsable frente a éste de la realización íntegra del transporte conforme a lo previsto en la Ley, aún cuando no la lleve a cabo por sí mismo en todo o en parte. En este sentido, dice el artículo 6 que: “El porteador que contrate con el cargador responderá frente a éste de la realización íntegra del transporte conforme a lo previsto en esta ley, aún cuando no la lleve a cabo por sí mismo en todo o en parte. Cuando el porteador que haya contratado directamente con el cargador contrate, a su vez, la realización efectiva de la totalidad o una parte del transporte con otro porteador, quedará obligado frente a éste como cargador conforme a lo dispuesto en esta ley y en el contrato que con él haya celebrado. ”

Se mantiene el carácter consensual del contrato, inspirado en el principio espiritualista del artículo 1258 del Código Civil. Sin embargo, las partes podrán compelerse para que se extienda una carta de porte, que sigue siendo el documento genuino de este tipo de contrato. En resumidas cuentas, esta carta de porte es un documento, extendido por el remitente, que se acompaña a la mercancía y sirve como documento de prueba sobre la transacción y el contenido de un contrato de transporte y como acuse de recibo cuando las mercancías se recogen del expedidor y se entregan al destinatario.

La Ley dedica el Capítulo II a la documentación del contrato, y en concreto a la carta de porte, en los artículos 10 a 15, donde se detalla su contenido, número de ejemplares, fuerza probatoria y se admite la posibilidad de su emisión electrónicamente.

La Ley atiende a los contratos de transporte continuado, por el que el porteador se obliga frente  a un mismo cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiempo (cfr. art. 8). Con independencia de la formalización escrita del contrato cuando así lo exija cualquiera de las partes, deberá emitirse una carta de porte para cada uno de los envíos, de conformidad con el artículo 16.

El contenido mínimo de la carta de porte viene expuesto en el artículo 10 de la ley, incluye todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios, y es el siguiente:

a) Lugar y fecha de la emisión.

b) Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.

c) Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba las mercancías para su transporte.

d) Lugar y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador.

e) Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino.

f) Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domicilio para recibir notificaciones.

g) Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identificación.

h) Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.

i) Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra manera.

j) Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos.

k) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles relacionados con el transporte.

l) Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el destinatario.

m) En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la entrega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.

n) Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos preceptivos en relación con la mercancía.

En su caso, la carta de porte deberá contener también cualquier otra mención que exija la legislación especial aplicable, por razón de la naturaleza de la mercancía o por otras circunstancias (cfr. art. 10.5). Sin embargo, las partes pueden acordar incluir otras series de estipulaciones o pactos que, a título de ejemplo, vienen ilustradas en el apartado 2 referido precepto.

a) La referencia expresa de prohibición de transbordo.

b) Los gastos que el remitente toma a su cargo.

c) La suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía.

d) El valor declarado de la mercancía y la suma que representa el interés especial en la entrega.

e) Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de las mercancías.

f) El plazo convenido en el que el transporte ha de ser efectuado.

g) La lista de documentos entregados al transportista.

Esta carta de porte se emitirá en tres ejemplares originales (el primero para el cargador, el segundo para el porteador y el tercero viajará con las mercancías), que firmarán el cargador y el porteador, siendo admisible su suscripción mediante sello o procedimientos mecánicos, siempre que quede debidamente acreditada la identidad del firmante (cfr. art.11). En un necesario acercamiento al uso de las nuevas tecnologías, el art. 15 prevé que, si las partes están de acuerdo en ello, pueda emitirse la carta por medios electrónicos.

Cabe señalar, que la carta de porte no es elemento esencial del contrato, como prevé el apartado primero del artículo 13 al indicar que “la ausencia o irregularidad de la carta de porte no producirá la inexistencia o nulidad del contrato”; añadiendo en el apartado segundo que “la omisión de alguna de las menciones previstas en el art. 10.1 no privará de eficacia a la carta de porte en cuanto a las incluidas”.

Por otra parte, no puede negarse que la carta de porte tiene una función eminentemente probatoria, siendo título privilegiado en cuanto a la acreditación de la conclusión y contenido del contrato. Así, dispone el artículo 14, apartado primero, que “la carta de porte firmada por ambas partes hará fe de la conclusión y del contenido del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el porteador, salvo prueba en contrario”. Dispone el apartado 2 que: “en ausencia de anotación en la carta de porte, o en documento separado firmado por el porteador y el cargador o expedidor, de las reservas suficientemente motivadas del porteador, se presumirá que las mercancías y su embalaje están en el estado descrito en la carta de porte y con los signos y señales en ella indicados.”

Por otra parte, de una atenta lectura del derogado artículo 350.3º del CCo podía deducirse la naturaleza de la carta de porte como título representativo de las mercaderías. Con la actual regulación este carácter representativo tiende a diluirse, permitiendo los artículos 29 y 30 la disposición de la mercancía en tránsito, sujetas a las reglas impuestas en dichos preceptos. Dispone el primero de ellos que “el cargador tiene derecho a disponer de la mercancía, en particular ordenando al porteador que detenga el transporte, que devuelva la mercancía a su origen o que la entregue en un lugar o a un destinatario diferente de los indicados en la carta de porte. Sin embargo, ese derecho de disposición corresponderá al destinatario cuando así se hubiese pactado expresamente. Si el destinatario ejercita ese derecho ordenando entregar la mercancía a otra persona, ésta, a su vez, no puede designar un nuevo destinatario”.

El derecho de disposición se ejercerá, según el artículo 30 de la Ley, mediante la remisión al porteador del primer ejemplar de la carta de porte, en el que consten las nuevas instrucciones, que no pueden tener como efecto la división del envío, pudiendo el porteador rechazarlas cuando dificulten o alteren la normal explotación de la empresa o reclamar, si las ejecuta, el resarcimiento de los gastos y daños que le ocasionen. Finaliza el artículo 30 previendo la extinción del derecho de disposición del cargador cuando el segundo ejemplar de la carta de porte se entregue al destinatario o éste reclame la mercancía o haga uso de los derechos que le corresponden en caso de pérdida o retraso en la entrega.

En referencia a las obligaciones del porteador y del consignatario, vamos a realizar un somero repaso a las disposiciones de la ley, comenzando por el primero de las dos. La obligación principal del porteador es la de realizar el transporte, es decir, realizar efectivamente el traslado de las mercancías del lugar de expedición al de destino, poniéndolas en poder o a disposición del destinatario en el estado en que le fueron entregadas, de lo que se deriva la obligación de conservarlas debidamente (vid. art. 28). Deberá el porteador (vid. art. 17) utilizar un vehículo adecuado al tipo y circunstancias del transporte que deba realizar, que pondrá a disposición del cargador en el lugar y tiempo pactados, o en defecto de pacto, con antelación suficiente para que pueda ser cargado el día señalado, estimándose que hay tal antelación en el transporte por carretera si se pone el vehículo a disposición antes de las dieciocho horas del día señalado. Si hay pacto expreso y el porteador no pone el vehículo a disposición del cargador en el día y hora pactados, podrá éste desistir del contrato y, en su caso, reclamar la indemnización que proceda (cfr. art. 18).

La carga y descarga de las mercancías serán de cuenta y riesgo, respectivamente, de cargador y destinatario, salvo que se pacte su asunción por el porteador. Así dispone el artículo 33 que: “El porteador debe entregar la mercancía transportada al destinatario en el lugar y plazo pactados en el contrato. En defecto de plazo pactado, la mercancía deberá ser entregada al destinatario dentro del término que razonablemente emplearía un porteador diligente en realizar el transporte, atendiendo a las circunstancias del caso”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1, la mercancía “deberá ser entregada al destinatario en el mismo estado en que se hallaba al ser recibida por el porteador, sin pérdida ni menoscabo alguno, atendiendo a las condiciones y a la descripción de la misma que resultan de la carta de porte”. Los apartados segundo, tercero y cuarto del mismo artículo se dedican a establecer un sistema para solventar las dudas y contestaciones que pudieran surgir entre porteador y destinatario  en cuanto al estado de las mercancías cuando fueron entregadas o a las causas que hayan motivado los posibles daños. A estos efectos, en defecto de acuerdo entre las partes, podrán disponer que sean reconocidas por un perito designado por ellos mismos o por el órgano judicial o la Junta arbitral de Transporte que corresponda. Si no se conformaren con el dictamen pericial ni transigieran con sus diferencias, quedará a salvo el uso de su derecho como corresponda.

Como obligaciones del consignatario o destinatario pueden indicarse que son la de pagar el precio y recibir la mercancía. En cuanto a la primera, la obligación opera siempre que así se hubiese convenido y, en su caso, hecho constar en la carta de porte. En defecto de pacto expreso en cuanto a este punto, “se entenderá que la obligación de pago del precio del transporte y demás gastos corresponde al cargador. Cuando se haya pactado el pago del precio del transporte y demás gastos por el destinatario, éste asumirá dicha obligación al aceptar las mercaderías. No obstante, el cargador responderá subsidiariamente en caso de que el destinatario no pague” (art. 37).

Ahora bien, me parece sumamente didáctico, para una mejor compresión de la complejidad – por lo menos en algunas ocasiones -, del ejercicio profesional de los juristas, la reflexión que realiza el Abogado D. Jorge Selma en el artículo titulado “Ley contra la morosidad y ley transporte terrestre” (enlace al artículo al final de este post), sobre normas aparentemente contradictorias.

Como señalamos más arriba, el artículo 37 de la LCTTM determina la forma de pago del precio del transporte y de los gastos ocasionados, determinando que deberán ser abonados una vez cumplida la obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario, imponiendo el apartado 1 del artículo 41 que el obligado al pago del transporte incurrirá en mora en el plazo de treinta días. Sin embargo, la reciente Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fija el plazo de pago que debe cumplir el deudor en sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, sin que pueda ser ampliado por acuerdo entre las partes.

Razona el referido autor en su artículo que:

“(…) Así pues parece que existen discrepancias entre ambas leyes, y nos preguntamos ¿Cuál tiene prioridad sobre la otra?. La ley de transporte terrestre recoge el plazo de pago a 30 dias, pero permite pactar otros plazos, con lo que deja la puerta abierta a una mayor dilación en los pagos. Sin embargo la ley contra la morosidad es contundente al decir textualmente que se prohíben los pactos entre las partes, fijándose una obligación de pago a máximo de 60 dias desde la entrega de la mercancía al receptor. Otra disparidad entre la Ley de Transporte Terrestre y la Ley contra la morosidad es que la 1ª menciona que se incurrirá en mora en el plazo de 30 dias desde que el deudor haya recibido la factura, mientas que en la 2ª se fija el plazo de pago en 60 dias desde la entrega de la mercancía.

Consideramos que debe prevalecer la obligación de pago, desde la entrega de la mercancía hasta el máximo de 60 dias desde tal entrega, ya que la alusión que hace la ley de transporte terrestre a los 30 dias desde factura esta en conexión con la Ley 3/04 de lucha contra la morosidad que establecía tales 30 dias y era la ley vigente en el momento. Con la entrada en vigor de la ley 15/10 de lucha contra la morosidad, y puesta en relación con la ley del contrato de transporte, estimamos que el plazo de pago del precio del transporte nace y debe ser hecho efectivo a partir del momento en que la mercancía ha sido puesta a disposición del receptor, y que como mucho se podrá dilatar tal pago en 60 dias desde tal entrega. Si se excede de tal plazo, el deudor incurre en mora y el acreedor tiene derecho al interés que fije el Banco Central Europeo, más 7 puntos porcentuales mas, así como a una indemnización por los gastos que haya soportado para el recobro de lo debido. Tal plazo de pago de 60 dias rige para aquellas empresas que no vinieran pactando plazos de pago más elevados en el pago de los portes. Los que pactasen plazos superiores a tales 60 dias, el plazo de pago que la ley establece es de 85 dias en las operaciones de transporte realizadas hasta el 31/12/2011. De 75 dias a las realizadas desde tal fecha al 31/12/2012. Y a partir del 1/1/2013 todo el que contrate un transporte deberá pagarlo en el plazo máximo de 60 dias si no quiere incurrir en mora.”

En cuanto a la segunda de las obligaciones, es decir, recibir las mercancías, se entiende sin perjuicio de las reservas o protestas que pueda hacer en cuanto al estado de las mismas conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 60. Este último prevé que las reservas en cuanto a la eventual pérdida o avería de todo o parte de las mercancías deben formularse por escrito por el destinatario en el momento de la entrega, o de los siete días naturales posteriores a ésta si se trata de averías o pérdidas no manifiestas. Si no se efectúan reservas se entenderá, salvo prueba en contrario que las mercancías se entregaron en el estado descrito en la carta de porte.

Si la entrega no pudiese realizarse por no hallarse el destinatario en el domicilio designado en la carta de porte, por no hacerse cargo de la mercancía en las condiciones establecidas en el contrato, por no realizar la descarga correspondiéndole hacerlo o por negarse a firmar el documento de entrega, el porteador lo hará saber al cargador, esperando sus instrucciones al efecto. No obstante si el impedimento cesa antes de la recepción de las instrucciones, podrá realizar la entrega. En todo caso el porteador tiene derecho a ser compensado por el cargador de los gastos y perjuicios que los impedimentos a la entrega le ocasionen (art. 36)

No cabe obviar, la previsión del art. 4 que en los casos en que existan impedimentos justificados a la realización del transporte (art. 31) o a la realización de la entrega  (art. 36) el porteador podrá optar entre descargar por si las mercancías, manteniéndolas en su custodia bajo su responsabilidad, en los términos que luego se verá establecen los artículos 46 y ss, o bien entregar las mercancías en depósito a un tercero, en cuyo caso sólo responderá de la elección del depositario. Asimismo, podrá depositarlas ante el órgano judicial o Junta Arbitral del Transporte que corresponda, surtiendo ese depósito todos los efectos de la entrega.

Antes de finalizar conviene que hagamos un especial hincapié en la regulación legal de la responsabilidad del porteador. La Ley dedica su Capítulo V a la determinación de la responsabilidad del porteador, abarcando los artículos 46 a 63. Según el primero de ellos, estas normas tienen carácter imperativo, siendo ineficaces y teniéndose por no puestas las estipulaciones contractuales que pretendan aminorar o reducir el régimen de responsabilidad del porteador. Asimismo, el artículo 62 de la Ley, dispone que “no se aplicarán las normas del presente capítulo que excluyan o limiten la responsabilidad del porteador o que inviertan la carga de la prueba, cuando el daño o perjuicio haya sido causado por él o por sus auxiliares, dependientes o independientes, con actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de la acción”.

En este sentido, los artículos 28 y 34 imponen al transportista la obligación de conservar las mercancías en el estado que las recibe hasta entregarlas al destinatario. Consecuentemente, el artículo 47 hace al porteador responsable “de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de las averías que sufran, desde el momento de la recepción para su transporte hasta el de su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte conforme a lo previsto en esta Ley”. Teniendo en cuenta que, conforme al apartado tercero del mismo artículo, “el porteador responderá de  de los actos y omisiones de sus auxiliares, dependientes o independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones”.

Por otra parte, el artículo 48 prevé que quedará exonerado el transportista de la citada responsabilidad “si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por una acción negligente del porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir”. “En ningún caso”, continúa el precepto, “podrá alegar como causa de exoneración los defectos de los vehículos empleados para el transporte. Cuando el daño sea debido simultáneamente a una causa que exonera de responsabilidad al porteador y a otra de la que deba responder, sólo responderá en la medida en que ésta última haya contribuido a la producción del daño”.

El artículo 49 establece por su parte una serie de supuestos en los que el porteador quedará exonerado si prueba que verosímilmente tuvo lugar la pérdida o avería tuvo lugar por alguna de las causas  que en el mismo se indican (tales como empleo de vehículos abiertos cuando así se hubiese pactado o corresponda según el uso, cierta naturaleza de las mercancías ,etc.)

La responsabilidad del porteador se concreta en la obligación de indemnizar. De esta forma, conforme al artículo 52, “en caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemnización vendrá determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor que tuvieran en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte”. Y según el artículo 53, “en caso de verías, el porteador estará obligado a indemnizar la pérdida de valor que experimenten las mercancías. La indemnización equivaldrá a la diferencia entre el valor de las mercancías en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte y el valor que esas mismas mercancías habrían tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar. Cuando las averías afecten a la totalidad de las mercancías transportadas la indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total. Cuando las averías ocasionen la depreciación de tan sólo una parte de las mercancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la cantidad que correspondería en caso de pérdida de la parte depreciada”.

En todo caso, la indemnización por pérdida o avería no podrá superar, según el apartado primero del artículo 55, un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/ día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía averiado o perdida. Además de la indemnización, en fin, han de abonarse el precio de transporte y demás gastos devengados con ocasión del mismo, y, en su caso, los gastos de salvamento en que hayan incurrido cargador o destinatario (artículo 58). En caso de extravío (pérdida) de las mercancías, quién fue indemnizado, podrá pedir que, durante el año siguiente se le notifique la eventual aparición de las mismas, que le serán devueltas contra la devolución de la indemnización y sin perjuicio de la que corresponda por el retraso en la ejecución del transporte (artículo 59).

En caso de retraso en la ejecución del transporte, deben indemnizarse los perjuicios que se pruebe ocasionó dicho retraso, sin que en este caso la indemnización pueda superar el precio del transporte. Téngase en cuenta en todo caso que, conforme al apartado segundo del artículo 60, “el retraso tan sólo dará lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas escritas al porteador en el plazo de veintiún días desde el siguiente al de la entrega de las mercancías al destinatario”.

Para acabar esta exposición, en este punto, resulta obligado hacer mención al denominado “deje de cuenta”. Para una mejor comprensión sobre esta materia conviene realizar una somera mención a la pretérita regulación. El derogado artículo 371 del Código de Comercio de 1885 fue catalogado por la doctrina más especializada como una norma válida, pero tremendamente injusta – en términos de equidad -, cuya ratio legis es difícil de precisar.

Este precepto reconocía al consignatario del contrato de transporte de cosas por tierra un derecho cuya naturaleza jurídica es difícil de configurar. Es el denominado por el legislador «deje de cuenta», fórmula de valorar la indemnización por el retraso culpable del porteador en la entrega al consignatario de las mercaderías transportadas. El tenor literal del referido artículo 371 del Código de Comercio decía así: “En los casos de retraso por culpa del porteador a que se refieren los artículos precedentes, el consignatario podrá dejar por cuenta de aquél los efectos transportados, comunicándoselo por escrito antes de la llegada al punto de su destino”

Este derecho o deje de cuenta, que bien pudiera calificarse de privilegio para el consignatario, era, a la vez, una obligación durísima, para el porteador – que carecía de antecedentes en nuestro Derecho histórico y comparado. A juicio, de la doctrina mercantilista tradicional esta obligación era difícil de fundamentar dentro del régimen jurídico del cumplimiento de las obligaciones de nuestro Derecho positivo.

En la LCTTM, el denominado “Deje de cuenta” es un derecho que corresponde al destinatario de las mercancías, en cuya virtud puede rehusar el recibo de las mercaderías y exigir su valor al porteador, en los mismos términos que en los casos de pérdida o avería. Se regula en el artículo 54, como un conjunto de supuestos equiparables a la pérdida total. Así dispone el precepto que “El destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías cuando le sea entregada tan sólo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas sin las no entregadas. Idéntico derecho asistirá al destinatario en los casos de averías, cuando las mismas hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo, atendiendo a la naturaleza y uso corriente de los objetos de que se trate. También podrán considerarse perdidas las mercancías cuando hayan transcurrido veinte días desde la fecha convenida para la entrega sin que ésta se haya efectuado; o, a falta de plazo, cuando hubiesen transcurrido treinta días desde que el porteador se hizo cargo de las mercancías”.

Nota. Para la elaboración del presente estudio se ha utilizado, en algunas partes del mismo, algún contenido extraído de los trabajos consultados.

Biografía consultada

  1. Marisa Aparicio. Profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid y consejera académica de Gómez- Acebo & Pombo. La nueva Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías. Web del Despacho de Abogados Gómez- Acebo & Pombo. Noviembre de 2009
  2. Jorge Selma. Socio fundador del Gabinete Jurídico Selma & Illueca, Abogados. Ley contra la morosidad y ley transporte terrestre. Publicado en Veintepies.com.
  3. Albert Capell Martínez, Notario de Boltaña (Huesca) y José Félix Merino Escartín, Registrador de la Propiedad de La Orotava (Tenerife). Resumen de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. Publicado en Notarios y Registradores.com.
  4. Carlos Llorente Gómez de Segura. Socio, AMYA Abogados y colaborador del Gertrude Ryan Law Observatory. Nuevas reglas para el contrato de transporte terrestre de mercancías. Publicado en Legal Today.

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