28 de julio de 2011

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La moderación judicial de las cláusulas penales. El artículo 1154 del Código Civil

Uno de los aspectos más controvertidos que plantea el incumplimiento de las obligaciones radica en la determinación de la prueba sobre los daños y perjuicios a la hora de cuantificar la indemnización. En la práctica mercantil suele ser muy habitual que los contratantes establezcan una cláusula de liberación de la prueba de los daños sufridos.

A este tipo de cláusulas se refiere el Código Civil en los artículos 1152 y siguientes, bajo el epígrafe de “obligaciones con cláusula penal”. Atendiendo a este régimen normativo y a la interpretación jurisprudencial, la denominada cláusula penal puede desempeñar diversas funciones. En primer lugar una función liquidadora, sustitutiva de la indemnización de daños y perjuicios prevista en el artículo 1152.1 – pena sustitutiva o compensatoria. En segundo lugar, una función liberatoria prevista en el artículo 1153 – multa penitencialis. Y, en último lugar, una función verdaderamente penal prevista en el párrafo segundo de este último artículo – pena cumulativa.

En líneas generales, la previsión convencional de la cláusula penal está referida al incumplimiento de la obligación principal. Esto es así, porque resulta prácticamente imposible prever todos los supuestos de incumplimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, plantea un grave problema cuando el incumplimiento no ha sido total, sino sólo parcial o defectuoso. Para atender a la resolución de este problema se encuentra contenido en el Código Civil el artículo 1154. Planteada en estos términos la cuestión, examinemos, a continuación, este precepto.

El artículo 1154 del Código Civil establece lo siguiente: «El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor».

De una atenta lectura de este precepto, se deduce que la moderación judicial de las cláusulas penales únicamente se aplicará cuando las partes no hayan pactado convencionalmente el supuesto de incumplimiento parcial, defectuoso o extemporáneo que pudiera haber tenido lugar, llegado el momento del cumplimiento. Por supuesto, la facultad de moderación judicial queda totalmente excluida de pleno derecho en los casos de incumplimiento total. En este sentido, la jurisprudencia es constante en afirmar la inaplicabilidad del artículo 1154 del CC cuando el deudor no logre acreditar que, al menos, ha cumplido parcial o irregularmente.

Para una mayor comprensión del contenido de este precepto, resulta indispensable traer a colación la reciente STS de fecha 6 de julio de 2011, siendo ponente Román García Varela, en cuyo Fundamento Jurídico Tercero explícita magistralmente la doctrina jurisprudencial relativa al contenido del artículo 1154 del Código Civil.

“(…) En torno a este precepto se ha desarrollado una jurisprudencia por esta Sala que, en esencia, rechaza la posibilidad de que la facultad moderadora, a la hora de fijar la indemnización convencionalmente estipulada en una cláusula penal, entre en juego cuando se ha declarado que el incumplimiento contractual es total.

Así, se ha declarado reiteradamente que la decisión sobre si procede o no hacer uso de tal moderación en aplicación de una cláusula penal, es una facultad que no puede ni debe ser alterada en vía casacional cuando se basa en una valoración lógica y racional asentada en bases fácticas incontrovertibles ( SSTS de 1 de octubre de 2010 y 10 de marzo de 2009 ); no cabe confundir esta imposibilidad de alteración por la vía del vía recurso de casación, con la revisión de los hechos probados que resulta plenamente factible a través del recurso de apelación; tal circunstancia es obviada por la recurrente, quIen apoya sus argumentos en los razonamientos ofrecidos por el juez de primera instancia que califica como inalterables, y olvida que la Audiencia es el órgano al que corresponde, en exclusiva, fijar los hechos probados con carácter incontrovertible, por gozar de un conocimiento pleno o plena jurisdicción, el cual, con los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio «tantum devolutum quantum apellatum» [sólo se transfiere al superior lo que se apela], le permiten resolver en apelación todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto de debate en la primera instancia (…)”.

Bibliografía consultada

1. Isabel Arana de la Fuente. Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid. Algunas precisiones sobre la reforma de la cláusula penal en la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos. Revista Indret. 2010.

2. Ignacio Marín García. Facultad de Derecho. Universitat Pompeu Fabra. Cláusula penal: la facultad moderadora del juez - Comentario a la STS, 1ª, 17.10.2007 (RJ 7307; MP: Encarnación Roca Trías). Revista Indret. 2008.

Nota.- La publicación de este artículo supone el inicio de un corto período de descanso, con motivo de esta época estival. Finalizado el mes de agosto regresaremos con las fuerzas renovadas, esperando que todos vosotros tengáis un agradable período estival.

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22 de julio de 2011

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El Tribunal Supremo fija el pago de indemnizaciones máximas si los seguros son "oscuros"

El Tribunal Supremo ha condenado a la aseguradora Aegon (hoy Unión Aseguradora) a pagar a un cliente la indemnización máxima de su póliza de accidentes por considerar que las condiciones del contrato eran "oscuras" y, por ello, se deben interpretar de la forma más favorable para el particular.

En una sentencia publicada hoy, los magistrados de la Sala de lo Civil establecen que el cliente -al que la Seguridad Social le reconoció una incapacidad total a raíz de un infarto- deberá cobrar 175.044,38 euros, en vez del 20 % de esa cantidad que le asignó la Audiencia Provincial de Vizcaya.

El Tribunal Supremo recuerda que las condiciones particulares del seguro de accidentes de Aegon "son oscuras" porque "introducen una duda sobre la incapacidad permanente total al distinguir sólo la incapacidad permanente absoluta y parcial".

"Esa oscuridad ha de perjudicar a la parte que ha redactado el contrato y por tanto, la interpretación que ha de hacerse es que producido el siniestro de declaración de invalidez permanente total, ésta ha de indemnizarse conforme a lo establecido en las condiciones particulares para la invalidez permanente absoluta", afirma la sentencia, que recuerda que en ese caso le correspondería al cliente la compensación máxima de 175.044,38 euros.

El Alto Tribunal insiste en que siempre debe entenderse un contrato oscuro a la luz del artículo 10.2 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, que establece que "en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor".

El cliente tuvo que demandar a Aegon en 2005 después de que la compañía de seguros se negara a abonarle indemnización alguna al sostener que un infarto no podía considerarse como accidente, ya que se derivaba de una situación previa.

El asegurado, que pertenecía al gremio de albañiles escayolistas y encofradores, sufrió un infarto de miocardio en julio de 2002 tras una discusión familiar y casi dos años después consiguió que el INSS declarara su incapacidad permanente en grado de total para desempeñar su profesión.

Fuente: El Norte de Castilla

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Los rumanos que quieran trabajar en España necesitarán un permiso laboral

Los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España requerirán un permiso laboral, según ha acordado el Gobierno, que ha insistido en que esta medida tendrá carácter temporal y no repercutirá sobre los extranjeros que ya están trabajando en España.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que reactiva el periodo transitorio que se estableció en 2008 para los ciudadanos rumanos que quisieran trabajar en España. De esta forma, según el Ejecutivo, los ciudadanos de este país que quieran trabajar en España por cuenta ajena tendrán que tramitar una autorización previa, que se basará en la existencia de un contrato de trabajo.

El Gobierno ha insistido en que se trata de una decisión "estrictamente técnica" que se basa en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y que se enmarca en la política migratoria general, que pretende "ajustar los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo". La medida tendrá carácter temporal y será evaluada de forma continua.

El Gobierno rumano ha comunicado que entiende que esta decisión es "estrictamente técnica" y que no tiene "ninguna connotación política", y a través de su Embajada en Madrid ha subrayado que cuenta con el compromiso de España de que la medida será "temporal" y su aplicación estará sujeta a la evolución del mercado de trabajo.

La Comisión Europea, por el contrario, ha asegurado hoy que España no puede introducir nuevas restricciones a la entrada en el país de trabajadores rumanos. El portavoz del Gobierno español, José Blanco, ha recordado por su parte que el propio Tratado de Adhesión de Rumanía a la UE preveía un periodo transitorio, hasta el año 2014, para la plena integración de los trabajadores de este país.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco ha observado que España optó hace varios años por "flexibilizar" las condiciones de entrada de los rumanos que querían trabajar en España, pero que la situación actual del mercado laboral recomienda reactivar aquella moratoria. El portavoz del Ejecutivo español ha recordado que esta medida está vigente en otros países europeos, y ha incidido en que existen "razones objetivas" para activarla también en España. Según los datos facilitados por el ministro, en España residen unos 800.00 rumanos de los cuales el 30% están en situación de desempleo.

Fuente: Diario Vasco

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Modificación parcial de la Ley de Sociedades de Capital

empresasLa Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, ha quedado aprobada con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas incorporadas por el Senado, que quedaron incorporadas por unanimidad al texto definitivo.

Esta Ley, que entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como la supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada.

En segundo lugar, la presente Ley pretende la trasposición a la legislación interna de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Desde la primera perspectiva puede calificarse de ley de reforma parcial, mientras que desde la segunda pertenece a la categoría de las leyes de incorporación.

Los cambios aprobados por el Senado y ratificados hoy por el Congreso modifican el apartado 1 del artículo 11 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de incrementar las garantías jurídicas y despejar dudas interpretativas al establecerse que el correspondiente acuerdo deba ser inscrito en el Registro Mercantil o notificado a todos los socios, además de hacerlo constar en la página web suprimida o trasladada.

En el artículo 212 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se suprime el anterior apartado 2 y se modifica el antes apartado 3 y ahora 2, que pasa a exigir que se inscriba en el Registro Mercantil la designación a que se refiere.

El nuevo artículo 524 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que pasa a constar de cuatro apartados, en lugar de los cinco anteriores, ha sido objeto de una nueva redacción en aras de una mayor claridad, que afecta fundamentalmente al ejercicio del voto en sentido divergente y al derecho de las sociedades emisoras de recibir información sobre el ejercicio de derechos de voto por parte de intermediarios financieros en nombre de sus clientes.

Se ha modificado también el que pasa a ser artículo 526 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, relativo al ejercicio de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación, para salvar el ejercicio del derecho a voto del administrador, en caso de conflicto de intereses, cuando haya recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de los puntos en los que se encuentre en situación de conflicto.

Fuente: Difusión Jurídica

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18 de julio de 2011

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El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Registro Civil

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley del Registro Civil después de ratificar todas las enmiendas introducidas por el Senado, excepto la referida a la disposición final quinta bis, que ha sido rechazada por 159 votos a favor, 176 en contra y seis abstenciones. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió ante el Pleno esta iniciativa, que culmina así su tramitación parlamentaria.

La recién aprobada norma explica en su preámbulo que, aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha dado muestras de su calidad técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años, es innegable las transformaciones del país exigen un cambio normativo en profundidad que recoja los aspectos más valiosos de la institución registral y la acomode plenamente a la España de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de entonces.

La nueva ley prioriza el historial de cada individuo y lo libera de cargas administrativas, lo que equilibra la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil. En este sentido, suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones ¿nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales¿ y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.

La modernización del Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, la aplicación al Registro Civil de técnicas organizativas y de gestión de naturaleza administrativa permitirá una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes.

Un cambio importante se centra en el nombre y apellidos de los ciudadanos. Con el fin de avanzar en la igualdad de género se prescinde de la histórica prevalencia del apellido paterno frente al materno, permitiendo que ambos progenitores sean los que decidan el orden de los apellidos. Igualmente se sistematiza y agiliza el procedimiento de cambio de nombres y apellidos y se somete, como regla general, a la competencia del Encargado del Registro Civil. En cuanto a la filiación, se elimina toda referencia a la no matrimonial, con plena equiparación a la matrimonial.

La norma también supone novedades en lo referido a la tramitación de los procedimientos registrales. Esta se ajustará a las reglas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en los términos que reglamentariamente se dispongan. Así, el silencio administrativo en los procedimientos registrales será negativo.

Otra innovación de la norma hace referencia a la adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura. La ley permite reclamar la nacionalidad española a los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 julio 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir éstos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente disposición.

También se modifica el momento de adquisición de la personalidad, que con esta reforma se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, y no a las 24 horas de vida, como establecía hasta ahora el Código Civil.

La presente Ley entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado excepto las disposiciones adicionales séptima y octava, relativas a la puesta a disposición de los datos de identificación personal de nacionales y extranjeros y a la inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura; y las disposiciones finales tercera, por la que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida y enteramente desprendido del seno materno, y quinta ter, relativa a adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Fuente: Economist & Jurist

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14 de julio de 2011

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La retirada de los muebles del ejecutado dimanante de una ejecución de condena a entregar bienes inmuebles

La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la ejecución de condena a entregar bienes inmuebles de forma unitaria en los artículos 703 y 704, con independencia del proceso en el que se haya dictado el título ejecutivo que imponga el deber de entregar la posesión de un bien inmueble. Aunque en la práctica judicial destacan la ejecución de sentencias dimanantes de juicios de desahucio por resolución contractual o por precario y las ejecuciones hipotecarias.

En este sentido, cabe señalar que, a tenor de la estadística publicada por el CGPJ, durante el primer trimestre de este año 2011, los Juzgados de Primera Instancia dictaron 15.491 órdenes de desalojo al amparo de un juicio de desahucio. Desde 2007 a diciembre de 2010, la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas: 25.943 en 2007, el primer año de la crisis, 58.686 en 2008 y 93.319 en 2009 y 93.622 en 2010 a las que se suman las del año pasado.

Atendiendo al régimen jurídico-procesal dispuesto en la LEC, para la efectividad de las condenas a entregar la posesión de un inmueble, entre otras medidas, el Tribunal ordenará de inmediato lo que proceda y que se retiren las cosas que no sean objeto de título, considerándose abandonadas si no las retirará el ejecutado.

De esta forma, la ley procesal contempla un tratamiento específico para el supuesto de existencia de muebles encontrados durante una diligencia de lanzamiento o entrega de la posesión de un bien inmueble, enmarcado en los artículos 703 y 704 arriba citados.

El artículo 703.1.2 de la LEC dispone que: “Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos”.

La SAP de Burgos, de fecha 17 de mayo de 2010, en su F.J. Primero, regla 2.ª, describe la naturaleza jurídica del contenido de este precepto, cuando señala que:

“El art. 703-1-2 LECv contiene un sanción legal y un efecto legal imperativo para el caso de que no se retiren los enseres existentes en el casa arrendada después del lanzamiento y este efecto no es otro sino la consideración "a todos los efectos" de bienes abandonados. Es decir, el Legislador ("mens legis"), quiere si el arrendatario se desentiende de los enseres que tiene en la casa arrendada la consecuencia legal sea su declaración de bienes abandonados con los consiguientes efectos propios del art. 610 LECv . No se precisa ni una resolución judicial de expresa declaración de abandono, ni un incidente de ejecución de Sentencia para que se declaren abandonados, sino que basta con que no se retiren después del lanzamiento en un plazo por el inquilino. Se trata de un "efecto legal" que tiene por objeto evitar que el lanzamiento sea un acto sin consecuencias efectivas sobre la posesión del inmueble y para evitar que la desidia del arrendatario al no retirar sus efectos de la vivienda frustre la finalidad del desahucio y los propietarios no puedan volver a usar y/o arrendar la vivienda cuya posesión han recuperado.”

Este precepto plantea directamente y a contrario sensu determinadas situaciones con consecuencias diversas, que pasamos a analizar brevemente.

1. Que los bienes pertenezcan al ejecutado.

El referido precepto parte de la presunción de que los bienes muebles pertenecen al ejecutado. En este sentido, es oportuno confrontar el contenido del artículo 449 del Código Civil que dispone: “La posesión de una cosa raíz supone la de los muebles y objetos que se hallen dentro de ella, mientras no conste o se acredite que deben ser excluidos”. En cualquier caso, la referida presunción igualmente viene a significar que los bienes muebles no pertenecen al ejecutante, al no ser objeto de título.

En vista de ello, la consecuencia inmediata es que el ejecutado tiene la obligación de retirar los bienes muebles de su propiedad, requiriéndole el Juez para tal fin.

En este sentido, se pronuncia la SAP de Castellón de la Plana, de fecha 6 de octubre de 2010, cuyo F.J. Segundo señala que:

“(…) Y así desde la resolución del contrato en 13 de noviembre de 2007, hasta la fecha de lanzamiento, ha trascurrido un tiempo más que suficiente para la retirada del punto de venta, del mostrador y los dos frigoríficos, máxime cuando se reconoce que son bienes separables, siendo evidente que la recurrente no hizo lo necesario para su retirada, a pesar de haber sido advertida por el juzgado en el sentido de que se considerarían abandonados (Auto 24/9/2008), siendo palmario, que toda las actuaciones realizadas se efectuaron conforme a la legalidad vigente, y sin que dado el tiempo trascurrido la recurrente se preocupara de retirar los muebles ubicados en el punto de venta arrendado, conociendo la fecha señalada para el lanzamiento, ni aprovecho los plazos extraordinarios concedido para la retirada de los precitados muebles (folios 52, 71, 91 y 120), y sin que resulte justificable que la retirada de los mismos era imposible por sus dimensiones, lo que era conocido por la recurrente desde su instalación, consecuentemente, no resulta admisible que a estas alturas se pretenda se habiliten días para llevar a trmino el desmontaje o en caso contrario se proceda a una indemnización, cuestión esta que se plantea en el recurso, como expresamente se reconoce por la recurrente en su alegato, por lo que no cabe entrar en su consideración, ni las alegaciones formulada en el recurso pueden desvirtuar la presunción de abandono establecida en el art. 703 LEC , pues no puede perderse de vista el tiempo del que ha dispuesto la recurrente para vaciar el punto de venta arrendado y su conducta obstativa (…)”.

La SAP de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 22 de julio de 2010 señala, en su F.J. Tercero, que:

“El segundo motivo del recuso expone que se ha vulnerado el contenido del artículo 703,1 de la LEC por no haber podido tener plazo la ejecutada para retirar los muebles del local, alegando que el auto se notificó después de la diligencia de lanzamiento. Sin embargo, tal y como citamos con anterioridad, por un lado, hemos de considerar que la ejecutada conocía la existencia del procedimiento de desahucio en la primera instancia. La misma no tomó las medidas preventivas necesarias, y pudiendo personarse en el proceso, ser parte de él y conocerlo, no lo hizo, y dados estos datos, no se puede escudar en puntuales puestas en duda de los actos de comunicación, como que el auto notificado fue el de admisión de la demanda, o como que la empleada a la que se le notificó la sentencia pudiese no identificarse, toda vez que todas estas actuaciones, que son de la propia ejecutada, y que dificultan los actos de comunicación y de ejecución, no pueden ser alegadas por ésta como vulneradoras de ningún derecho (…)”.

La SAP de Burgos, de fecha 17 de mayo de 2010, en su F.J. Primero, in fine, señala, en referencia a la consideración de los bienes cómo abandonados, que:

“En definitiva, podría el demandado no saber la fecha exacta del lanzamiento, pero sabía que ocupaba una vivienda sin pagar renta alguna, sabía que estaba en marcha un proceso para su desahucio y pese a ello ni se comunica con los propietarios, ni retira los enseres dejados en la vivienda, con lo que con fundamento los actores podían considerar, dados los efectos legales del art. 703-1 LECv , que los había abandonado; máxime, cuando ni vivía en la casa, ni judicialmente se le encontraba en la casa, por lo que no se aprecia responsabilidad culpable en la parte demandada y no procede estimar la demanda, ni cifrar cuantía indemnizatoria alguna.”

2. Que los bienes son sean objeto de título.

En este supuesto, el precepto parte de la presunción de que los bienes muebles no son objeto de título, porque en caso contrario, han de ser entregados al ejecutante.

Vamos a profundizar un poco más en este supuesto. En efecto, si los bienes muebles encontrados pertenecen al ejecutante, por tratarse por ejemplo de un contrato de arrendamiento de vivienda amueblada, serán objeto del título ejecutivo, de modo que la ejecución tendrá como objeto la entrega tanto del inmueble como de los correspondientes muebles.

De igual modo, podía ocurrir que se hallaren bienes propiedad del ejecutante que, por no haberse incorporado el correspondiente inventario, no fueran objeto de título. En este caso, creo que no habría ningún inconveniente para que el ejecutante pudiera formular cualquier solicitud de declaración de pertenencia, con la finalidad de que le sean reintegrados. Ahora bien, la falta de entrega al ejecutante de los bienes objeto de título generará responsabilidades civiles y penales – delito o falta de apropiación indebida en función del valor de los bienes, tipificado en los artículos 252 y 623.4 del Código Penal.

Así la forma de comisión del delito de apropiación indebida se define en Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal dirigiéndola a las personas que en perjuicio de otro “se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros…”. Y, el artículo 623.4 del CP castiga a: “Los que cometan estafa, apropiación indebida, o defraudación de electricidad, gas, agua u otro elemento, energía o fluido, o en equipos terminales de telecomunicación, en cuantía no superior a 400 euros.”

3. Que los bienes sean separables.

En caso de que los bienes no sean separables de la finca, resultará de aplicación el artículo 703.2 de la LEC que señala que: “Cuando en el acto del lanzamiento se reivindique por el que desaloje la finca la titularidad de cosas no separables, de consistir en plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización ordinaria del inmueble, se resolverá en la ejecución sobre la obligación de abono de su valor, de instarlo los interesados en el plazo de cinco días a partir del desalojo”. En este sentido, puede confrontarse los artículos 358 a 384 y 453 a 455 del Código Civil, que regulan el régimen material o sustantivo de la accesión y mejoras.

4. Que los bienes no hayan sido objeto de traba o de medida cautelar de depósito judicial.

La conminación para que se retire estos muebles se integrará en el requerimiento que realizará el Juez para el cumplimiento del título de ejecución, de modo que los plazos habrían de ser en principio coincidentes. No obstante, en aquellos casos en que el lanzamiento sea inmediato, dadas las circunstancias, el Juez podrá señalar un plazo para la retirada de los bienes muebles. En este sentido, si los plazos para el desalojo y para retirar los bienes resultan coincidentes, el plazo para el lanzamiento previsto en el artículo 703.1 de la LEC se ampliaría al necesario para retirar los muebles. Si no resultan coincidentes, de modo que el ejecutante pueda recuperar inmediatamente la posesión del inmueble, cabe la posibilidad de habilitar plazos específicos para la retirada de los muebles.

La consecuencia inmediata del incumplimiento es la consideración de abandono de los bienes muebles, conforme dispone el artículo 703.2: “Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos”.

Esta consideración de bienes abandonados implica necesariamente aplica el régimen previsto en el Código Civil para la ocupación. Así, de conformidad con el artículo 610 del CC dichos muebles podrán ser posteriormente adquiridos mediante ocupación. Así señala dicho precepto que: “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”.

Ahora bien, resulta conveniente matizar que esta adquisición de la propiedad no habrá quedado establecida dentro del marco de las actuaciones ejecutivas, pues la misma puede ser objeto del proceso declarativo que corresponda, sin perjuicio de que en su resolución influya la falta de respuesta al requerimiento efectuado al ejecutado.

Por otra parte, aunque la Ley rituaria habilite el embargo de dichos bienes muebles en garantía del pago de los daños y perjuicios que puedan haberse causado en el inmueble, no parece oportuno excluir al propio ejecutante de los sujetos que puedan adquirir dichos bienes por medio de ocupación. En cualquier caso, en referencia a la posibilidad del embargo de los bienes muebles encontrados, dispone el artículo 703.3 de la LEC que: ““De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado o los ocupantes, se podrá acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable, para responder de los daños y perjuicios causados, que se liquidarán, en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad con lo previsto en los artículos 712 y siguientes.”

De todas formas, suele ser una práctica muy habitual que, habida cuenta del deficiente estado de conservación de los bienes muebles hallados, interese al ejecutante que el inmueble quede libre, vacuo y expedito, con la finalidad de volverlo a enajenar o arrendar. En estos casos, en que el ejecutante retira por su cuenta y riesgo dichos bienes muebles y cargue los correspondientes gastos (operarios, tasa municipal…), parece lógico pensar la aplicación del artículo 549.2 de la LEC e incluir dichos gastos en la correspondiente liquidación de costas.

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11 de julio de 2011

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El Tribunal Supremo rechaza indemnizar a un magistrado por vulneración de su derecho al honor

responsabilidad-civilSegún una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la libertad de expresión del abogado en juicio en defensa de su cliente prevalece sobre el derecho al honor del juez. La sentencia en cuestión rechaza indemnizar a un magistrado por vulneración de su derecho al honor en el marco de un procedimiento en el que el letrado utilizó ciertas expresiones en las que atribuía arbitrariedad y desviación en el ejercicio de la función jurisdiccional.

El magistrado presentó una demanda contra un letrado y su cliente por las expresiones utilizadas en el curso de un procedimiento abierto en el que se reclamaba la posible responsabilidad civil del juez. Por ejemplo, que el juez había "actuado de forma negligente por no acceder a la nulidad de unas subastas celebradas". En esta línea, en la demanda contra el magistrado "se sugería que el juez había cometido un delito de prevaricación doloso, tildándole de contumaz, arbitrario y desviado, o acusándole de obstinarse o empecinarse en mantener ilegal y reiteradamente la idoneidad de las subastas".

En otras palabras, como explica el propio magistrado ponente de la sentencia, Xiol Ríos, especialista reconocido en procedimientos relacionados con el Derecho al Honor, "en la demanda se imputa al magistrado dictar resoluciones judiciales contrarias al ordenamiento jurídico, se critica su insistencia y perseverancia en mantener sus decisiones, y se le atribuye haber actuado como mínimo de manera culposa, antijurídica, arbitraria y desviada".

Más interesante y práctica es la interpretación del magistrado. Y lo es porque puede englobar en un futuro un amplio espectro de expresiones lanzadas desde la defensa que estarían amparadas por la libertad de expresión. Precisamente, por tratarse de un caso.

Según la sentencia, " tales imputaciones si bien aisladamente y descontextualizadas pudieran resultar atentatorias contra el honor y el prestigio profesional del juez, lo cierto es que al enmarcarse dentro de una demanda judicial el grado de crítica admisible es mayor, no solo por estar en juego el derecho de defensa, sino también por el hecho de que en definitiva la certeza de las imputaciones va a ser enjuiciada por un tribunal y, por ende, sometida a un test de fundamentación y racionalidad".

"En caso contrario", matiza Xiol, "el derecho al honor constituiría o podría constituir, un obstáculo para que a través de procesos judiciales seguidos con todas las garantías -como el que nos ocupa- se pudieran enjuiciar las actividades profesionales a las que se impute haber incurrido en ilicitud dañosa".

(Fuente: Expansión)

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6 de julio de 2011

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Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios y aprobación de la Ley 18/2011, de 5 de julio

deudores-hipotecariosEn este caluroso mes de julio se han aprobado determinadas normas legales, que merecen una atención especial. La más relevante, es la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley que contiene un amplio conjunto de actuaciones para fomentar de forma inmediata la protección social de los ciudadanos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el apoyo a los emprendedores, tal como avanzó el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación celebrado la pasada semana.

La iniciativa aprobada hoy, día 6 de julio de 2011, busca obtener una mayor protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis, en línea con la propuesta de resolución aprobada ayer por el Congreso de los Diputados. A mi juicio, esta iniciativa debe considerarse como un paso intermedio en la resolución del problema, que no hace frente seriamente a la cuestión de fondo. En cualquier caso, en lo que nos interesa, destacamos las siguientes medidas:

Inembargabilidad de rentas de deudores que han perdido su vivienda habitual en una ejecución hipotecaria

Mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha elevado el umbral de inembargabilidad en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Los elementos principales de la medida son:

  • Incremento del límite a la inembargabilidad desde el actual 110 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 150 por 100 (961 euros efectivos).
  • Incremento del porcentaje adicional de inembargabilidad hasta el 30 por 100 por persona dependiente del núcleo familiar y no perceptora de ingresos.
  • Extensión del porcentaje adicional de inembargabilidad del 30 por 100, no sólo a los miembros del núcleo familiar que no dispongan de ingresos, sino también a aquellos cuyos ingresos anuales no alcancen el cómputo anual del Salario Mínimo (por ejemplo, pensiones no contributivas o personas con otros ingresos reducidos).

Adjudicación en subasta de bienes hipotecados

Se eleva del 50 por 100 al 60 por 100 del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del bien en los casos en los que el acreedor solicite adjudicarlo por importe inferior a su valor en aplicación de su facultad discrecional. En los supuestos de subastas sin postor, se impide a partir de ahora cualquier adjudicación inferior al 60 por 100 del valor de tasación, independientemente de la cuantía de la deuda total.

Depósito en subasta

Dentro del proceso de ejecución hipotecaria de una vivienda, tiene una especial relevancia para la protección de los intereses, tanto del acreedor como del deudor, la correcta ejecución de la subasta del bien inmueble sobre el que recae la garantía de los préstamos hipotecarios.

La Ley de Enjuiciamiento Civil hasta ahora exigía, para tomar parte en la subasta, que los postores efectuaran un depósito por importe del 30 por 100 del valor del bien ejecutado. Este porcentaje, en un contexto económico del mercado de la vivienda como el actual, puede estar configurando una barrera de entrada excesiva, que llega a impedir la intervención de quienes pudieran poseer verdadera voluntad de adjudicarse el bien subastado. Por ello, al objeto de mejorar la eficacia de las subastas, se reduce hasta el 20 por 100 dicho porcentaje exigido a los postores para participar en una subasta. De este modo, se facilita la presencia de postores y la mejor adjudicación de los bienes hipotecados.

II. La segunda norma es la publicación de la Ley 18/2011, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2011) reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

Los principales objetivos de esta norma, son: primero, actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones; segundo, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia; tercero, definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales.

Cabe destacar el artículo 4 que regula los derechos de los ciudadanos.

1. Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración de Justicia utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en los Capítulos I y VII del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la forma y con las limitaciones que en los mismos se establecen.

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad judicial, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia.

b) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de Justicia.

c) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte procesal legítima, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

d) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de parte o acrediten interés legítimo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

e) A la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa vigente en materia de archivos judiciales.

f) A utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica del documento nacional de identidad o cualquier otro reconocido para cualquier trámite electrónico con la Administración de Justicia en los términos establecidos por las leyes procesales.

g) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

h) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.

i) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Administración de Justicia siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos y, en todo caso, siempre que sean compatibles con los que dispongan los juzgados y tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

Y el artículo 6 relativo a los derechos y deberes de los profesionales de la administración de justicia.

1. Los profesionales de la justicia tienen el derecho a relacionarse con la misma a través de medios electrónicos.

2. Además, los profesionales tienen, en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad judicial y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

a) A acceder y conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

b) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada o acrediten interés legítimo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

c) A la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente según la normativa vigente en materia de archivos judiciales.

d) A utilizar los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro reconocido, siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la Administración en los términos establecidos por las leyes procesales.

A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre los Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos profesionales, tales como número de colegiado, domicilio profesional, número de teléfono y de fax y dirección de correo electrónico.

e) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

3. Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente Ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

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