31 de marzo de 2011

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La delimitación de la masa activa concursal: las operaciones de reducción y de reintegración

La masa activa del concurso viene definida en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), concretamente en el artículo 76.1 como aquel conjunto de bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento.

Por otra parte, la delimitación de la masa activa del concurso requiere de la realización de una serie de operaciones que podemos resumir en dos: operaciones de reducción y operación de reintegración. La primera supone la separación del patrimonio del deudor de aquellos bienes y derechos que al tiempo de la declaración de concurso se hallan en posesión del deudor – concursado. Las segundas pretenden la incorporación al patrimonio del deudor de bienes y derechos que, no encontrándose bajo la posesión del deudor, son propiedad del concursado y deben formar parte de la masa activa concursal.

En primer lugar, abordemos las operaciones de reducción. Éstas, a su vez, se pueden dividir en dos tipos: las acciones de reivindicación y las acciones que comportan el derecho de separación.

En cuanto a las acciones de reivindicación, también son conocidas como acciones de separación del dominio o separatio ex iure dominio, por tratarse de bienes o derechos cuya propiedad o titularidad no pertenece realmente al patrimonio concursal y venían reguladas en los derogados artículos 908 a 910 del Código de Comercio. Estos preceptos consideraban como de dominio ajeno aquellos bienes o mercaderías o efectos que, existentes en la masa de la quiebra, sin embargo su propiedad no se hubiese transferido al quebrado por un título legal e irrevocable, reconociendo el derecho de sus legítimos dueños a su puesta a disposición, previo reconocimiento de su derecho en junta de acreedores o en sentencia judicial firme y, sin perjuicio, del derecho de retención por parte de la masa de los derechos que sobre tales bienes pudieran corresponder al quebrado.

En referencia a las acciones que comportan el derecho de separación o separatio ex iure creditii, éstas no afectan a la propiedad del bien en cuestión y sí a un mejor derecho que se ostenta sobre el mismo (de uso, goce o gravamen). Este derecho de separación puede ser de separación absoluta (fuera del procedimiento concursal o de ejecución universal) o relativa (que motiva la preferencia y prelación crediticia).

En segundo lugar, en lo atinente a las operaciones de reintegración, a través de las cuales se posibilita que bienes que no están en el patrimonio del deudor al tiempo de la declaración concursal, debiendo estarlo, se incorporen al mismo.

Atendiendo a la legislación precedente, era usual distinguir entre aquellas operaciones que suponían una nulidad radical – denominadas de reintegración absoluta y plasmadas en el derogado artículo 878 del Código de Comercio –, de aquellas otras que afectaban a los llamados actos impugnables – denominadas de reintegración relativa. Estos últimos eran actos y negocios jurídicos que por haberse realizado en un período próximo a la declaración concursal, se presumían realizados en fraude, en ocasiones con presunción iuris et de iure (sin admisión de prueba en contrario) de fraude, establecidas en los derogados artículos 881 y 882 del Código de Comercio.

El vigente artículo 71 de la LC establece una serie de requisitos para la prosperabilidad de la acción, teniendo en cuenta que resulta intrascendente, a estos efectos, la existencia o no de intencionalidad fraudulenta en el acto – extremo que podría tener incidencia en sede de calificación.

  1. Que el acto objeto de impugnación se haya realizado por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso.
  2. Que el acto objeto de impugnación sea perjudicial para la masa activa.
  3. Que no sea un acto ordinario de la actividad profesional o empresarial del deudor, realizado en condiciones normales.
  4. Que no sea uno de los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.

Respecto del perjuicio a que hacíamos referencia en el punto 2 se establecen tres baremos para su determinación. En primer lugar el precepto señalado exige que exista perjuicio para la masa, sin necesidad de admitir prueba en contrario en todos aquellos actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades al uso o que impliquen pago o extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración del concurso.

En segundo lugar, la ley presume que existe perjuicio patrimonial, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, serán rescindibles, salvo que se acredite por el demandado la inexistencia de perjuicio los actos siguientes:

1. Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.

2. La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas.

En último lugar, cualquier otro que pretenda rescindirse, que no esté comprendido en los dos grupos anteriores exigirá que quién interponga la demanda acredite el perjuicio patrimonial como condictio sine qua non.

De todas formas, la determinación de si el acto que pretende impugnarse es o no realmente perjudicial para la masa, viene siendo entendido por la doctrina científica afirmando que pueden ser impugnados todos aquellos actos del deudor que impliquen una disminución de su patrimonio. Por tanto, el presupuesto básico de la acción de reintegración es la existencia de un perjuicio para la masa activa, sin que sea estrictamente necesaria la existencia de una relación de causalidad entre el acto del deudor y la situación de insolvencia. En cualquier caso, para poder apreciar la existencia o no de perjuicio, se debería atender al sacrificio patrimonial que deben soportar los acreedores concursales como consecuencia directa de la insolvencia del deudor. En este sentido, se deberá entender que ha existido perjuicio cuando se produzca una disminución real de la masa activa o el acto impida o dificulte la satisfacción colectiva de los acreedores concursales, beneficiando a determinados acreedores en perjuicio de los restantes, vulnerando el principio de la “par conditio creditorum”

Ahora bien, el aludido principio de universalidad consagrado en el artículo 76.1 de la LC y expuesto en el primer párrafo de este post, cuenta con determinadas excepciones que vienen recogidas en los apartados 2 y 3 del citado precepto. Analicemos sucintamente estos supuestos antes de finalizar este trabajo.

En primer término, los bienes o derechos deben ser de naturaleza patrimonial. Dicho de otro modo, susceptibles de realización en metálico y, por tanto, quedan excluidos los bienes y derechos personalísimos.

También quedan excluidos aquellos bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 605 y ss. de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Los bienes que hayan sido declarados inalienables. Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia. Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley: es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional).

Asimismo, la ley contempla determinados supuestos caracterizados por una cierta especialización en la determinación de la masa activa.

  • Los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar estos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, de las acciones que tengan reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del concursado, se integrará en la masa activa.
  • Concurso de persona casada en régimen de gananciales o de comunidad de bienes.- En este caso, la masa activa comprenderá los bienes y derechos privativos del concursado y los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado.
  • Concurso de persona casada en régimen de separación de bienes.- En este caso, la ley concursal contempla una serie de presunciones en beneficio de la masa. En este sentido, dispone el artículo 78 que: “se presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que donó a su cónyuge la contraprestación satisfecha por éste para la adquisición de bienes a título oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio del concursado. De no poderse probar la procedencia de la contraprestación se presumirá, salvo prueba en contrario, que la mitad de ella fue donada por el concursado a su cónyuge, siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración de concurso.”
  • Comunidad ordinaria de bienes y cuentas indistintas.- La norma general mediante la cual los bienes y derechos que pertenezcan a varios en comunidad o proindiviso, integrarán la masa activa en la cuota correspondiente a su mitad, salvo prueba en contrario, encuentra en el artículo 79 de la LC una excepción: saldos acreedores de cuentas indistintas. En estos supuestos, de aparición del concursado como cotitular, la totalidad de los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se integrarán en la masa activa y no la mitad o cuota correspondiente como sucedería de aplicar la regla general, salvo prueba en contrario apreciada como suficiente por la administración concursal.
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