11 de mayo de 2011

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Un somero apunte sobre la sucesión hereditaria del Estado

El Código Civil – desde su redacción originaria -, siempre ha tenido a bien reconocer la herencia abintestato en favor del Estado, para aquellos supuestos de inexistencia de parientes y cónyuges. Sin embargo, pudiera pensarse que esta previsión normativa nació por obra y gracia del legislador o redactor de este texto legal. Esto no fue así. La posibilidad normativa de sucesión hereditaria a favor del Estado, tiene sólidos precedentes en nuestro derecho histórico – v.gr. las Partidas ya preveían que, en caso de inexistencia de parientes del causante, heredaría todos sus bienes la Cámara del Rey.

El precedente legislativo inmediato se encuentra en la Ley de 16 de mayo de 1835 – denominada Ley de Mostrencos o de adquisiciones a nombre del Estado -, que derogó (unificando la materia en todo el territorio nacional) las normas de los derechos forales relativas a la sucesión intestada.

Ahora bien, la condición de heredero abintestato a favor del Estado ha venido caracterizada por un amplio debate doctrinal sobre su fundamento jurídico-legal. En una apretada síntesis vamos a exponer a continuación las dos posiciones mayoritarias: la primera ha defendido que el Estado adquiere la herencia iure imperii (acto del Estado como autoridad) y en atención a la vacancia en que quedarían los bienes hereditarios por falta de parientes. La segunda línea de pensamiento defiende la verdadera condición de heredero del Estado, que entraría en la sucesión ciertamente por disponerlo así la ley, a título de heredero.

Siendo realistas, la supremacía de una u otra línea argumental depende en gran medida del momento histórico en que hayan de considerarse – por tanto, del propio derecho positivo aplicable. Al parecer, durante la etapa del derecho común, las ideas dominantes excluían la posibilidad de atribuir un título hereditario a alguien que no pertenecía al círculo de parientes del difunto. Por lo tanto, la atribución de los bienes a la estructura política de cada momento histórico respondía más a la idea de soberanía que a la atribución de derecho hereditario alguno.

En cualquier caso, desde la publicación del vigente Código Civil, este texto legal se pronuncia, con suma claridad, a favor de atribuir la condición de heredero al Estado, sin que pueda prevalecer la conservación de un derecho de soberanía a su favor.

La redacción actual del artículo 956 del CC – procedente del RDL de 13 de enero de 1928 -, establece que: “A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredará el Estado, quien asignará una tercera parte de la herencia a Instituciones municipales del domicilio del difunto, de Beneficencia, Instrucción, Acción Social o profesionales, sean de carácter público o privado; y otra tercera parte, a Institutos provinciales de los mismos caracteres, de la provincia del finado, prefiriendo, tanto entre unas como entre otras, aquellas a las que el causante haya pertenecido por su profesión y haya consagrado su máxima actividad, aunque sean de carácter general. La otra tercera parte se destinará a la Caja de Amortización de la Deuda Pública, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación.”

Posteriormente, tras la publicación de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964, los aspectos jurídicos-administrativos de la cuestión que estamos tratando, fueron reformados por el Decreto 2091/1971, de 13 de agosto; aunque ratificadoras de que el Estado ha de ser considerado verdaderamente heredero.

En cambio, siguiendo la línea argumental de la segunda teoría, es más discutible si el Estado adquiere la herencia ex lege y de forma automática, sin posibilidad alguna de repudiar la herencia. En todo caso, de conformidad con el artículo 957 del CC“(…) se entenderá siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaración alguna sobre ello, a los efectos que enumera el artículo 1023.”

Para finalizar, señalar que la cuestión de la eventual posesión civilísima de los bienes hereditarios a favor del Estado resulta un tanto sui generis (pese a la pretendida igualdad de derechos con otros herederos) pues el artículo 958 del CC dispone que: “Para que el Estado pueda apoderarse de los bienes hereditarios habrá de preceder declaración judicial de heredero, adjudicándole los bienes por falta de herederos legítimos.” De esta formulación legal parece deducirse de que el Estado carece de la posesión civilísima.

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