19 de mayo de 2011

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El contrato de hipoteca naval. Aspectos generales de su marco jurídico.

hipoteca-naval Hace cierto tiempo definíamos en este artículo el préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo como aquel contrato celebrado, bajo cualquier condición, en el que, tanto el reembolso de la suma prestada como el pago de los intereses convenidos, dependen del feliz arribo a puerto de los efectos sobre que esté hecho, o del valor que obtengan en caso de siniestro.

Pues bien, una forma, no excesivamente aprovechada en el tráfico marítimo actual, para suplir las deficiencias y los inconvenientes que ofrece el préstamo a la gruesa como forma tradicional de obtención de crédito marítimo, lo ofrece el denominado contrato de hipoteca naval por arbitrar un sistema de crédito real sobre el buque. Varias razones apuntan a reconocer que la hipoteca naval no ha sido debidamente aprovechada en el tráfico marítimo. La primera ha sido el apoyo del Estado a la construcción de buques. La segunda que las grandes empresas de la navegación hayan utilizado otros instrumentos de captación de recursos económicos (emisión de obligaciones o el aumento de capital).

El marco jurídico de este contrato se encuentra en la Ley de 21 de agosto de 1893, de Hipoteca Naval (en adelante LHN). A pesar del tiempo de vigencia de esta norma, únicamente se han derogado los artículos 41 y 42 por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y el artículo 51 por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, dando redacción a los artículo 31 y 32 de la Ley.

La LHN inspirada en los principios informadores de nuestro Derecho Hipotecario, vino a llenar la laguna del Código de Comercio, contemplando esta institución en su doble vertiente: como contrato como derecho real.

En el contrato de hipoteca naval intervienen el acreedor y el deudor hipotecario. La capacidad para concertar el contrato se rige por las normas generales, esto es, “sólo podrán constituir hipoteca los que tengan la libre disposición de sus bienes, o en caso de no tenerla, se hallen autorizados para ello con arreglo a la Ley. Los que con arreglo al párrafo anterior tienen la facultad de constituir hipoteca voluntaria, podrán hacerlo por sí o por medio de apoderado con poder especial para contraer este género de obligaciones, otorgado ante Notario público o Agente mediador del comercio colegiado” (cfr. artículo 4 de la LHN).

En el supuesto de copropiedad del buque, en el entendido que la hipoteca del mismo excede de los límites ordinarios del acto de administración resulta necesario que se proceda al acuerdo de todos los partícipes o de la mayoría de ellos, computada ésta conforme a la regla establecida en el artículo 589 del Código de Comercio – por mayoría-, tal como dispone el artículo 5 de la LHN.

El ámbito material de la ley lo constituye los buques como únicos bienes susceptibles de hipoteca naval, habida cuenta de la redacción dada por el artículo 1 de la LHN: “Pueden ser objeto de hipoteca los buques mercantes con arreglo a las disposiciones de esta Ley. Para este solo efecto se considerarán tales buques como bienes inmuebles (…)”. La particularidad estriba en que la hipoteca se puede constituir, no sólo sobre buques, sino también sobre buques en construcción (cfr. arts. 5 y 16 de la LHN).

Exige este último precepto que cuando la hipoteca se constituya sobre buques en construcción “es indispensable que esté invertida en ella la tercera parte de la cantidad en que se haya presupuestado el valor total del casco. Antes de constituirse la hipoteca, será condición indispensable que en el Registro de naves de la provincia en que el buque se construya se haga la inscripción de la propiedad de la que va a ser objeto de la hipoteca. A este efecto, el dueño o armador presentará en el Registro una solicitud, acompañada de certificación expedida por un constructor naval, en que conste el estado de construcción del buque, longitud de su quilla y demás dimensiones de la nave, tonelaje y desplazamientos probables, calidad del buque, si ha de ser de vela o de vapor, lugar de su construcción y expresión de los materiales que en él hayan de emplearse, coste de casco y plano del mismo buque. Cuando la construcción se verifique por contrato, deberá inscribirse éste, presentando una copia del mismo, firmada por el dueño o naviero (…)”

Por otra parte, la hipoteca naval es un contrato formal que requiere la forma escrita para su validez, pudiendo consistir en escritura pública, póliza o en un simple documento privado (cfr. artículo 3). De forma puramente excepcional se requiere escritura pública la hipoteca naval en garantía de cuenta corriente y la que garantice títulos al portador.

Para que la hipoteca naval quede debidamente constituida y surta los efectos que la ley le atribuye, es esencial que el contrato se inscriba en el Registro Mercantil dónde estuviere domiciliado el buque. Dice el artículo 14 que: “Para que surta la hipoteca naval los efectos que esta Ley le atribuye, ha de estar inscrita en el Registro Mercantil de la provincia en que esté matriculada el buque objeto de ella, o en el correspondiente al lugar de la construcción, cuando se trate de buques no matriculados. También ha de constar anotada por el registrador en la certificación del Registro que acredite la propiedad del buque, y que el capitán de él ha de tener a bordo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 612 del Código de Comercio, siendo motivo suficiente para denegar la inscripción la falta de presentación de este documento. Solamente en el caso de manifestar el dueño del buque hallarse éste en viaje, podrá omitirse la anotación indicada, que deberá hacerse inmediatamente que la nave regrese del viaje para que estaba destinada. En la inscripción que en el Registro Mercantil se verifique de la hipoteca, se hará constar expresamente si la anotación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo se hizo, o si, por el contrario, se omitió, y por qué causa.”

Constituido mediante la inscripción en el Registro Mercantil, el derecho real de hipoteca naval atribuye a su titular los derechos de preferencia y persecución propios de cualquier hipoteca. Ahora bien, la preferencia del acreedor hipotecario naval es relativa. Por una parte, existen ciertos créditos que, incluso sin inscripción registral, gozan de preferencia sobre la hipoteca naval. Estos créditos vienen expuestos en el artículo 31 de la LHN:

1. Los impuestos o contribuciones a favor del Estado, de la provincia o del municipio que haya devengado el buque en su último viaje o durante el año inmediatamente anterior.

2. Los derechos de pilotaje, tonelaje y los demás y otros de puertos, y los sueldos debidos al capitán y tripulación, devengados aquellos derechos y estos sueldos en el último viaje del buque.

3. El importe de los premios de seguro de la nave de los dos últimos años, y si el seguro fuese mutuo por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.

4. Los créditos a que se refieren los números 7 y 10 del artículo 580 del Código de Comercio.

Y, por otra parte, también tienen preferencia sobre la hipoteca naval algunos otros créditos, siempre que se han inscrito en el Registro y se den las condiciones especiales que señala el artículo 36 de la LHN. Estos créditos vienen expuestos en el artículo 32: Las cantidades tomadas a préstamo a la gruesa por el capitán del buque durante el último viaje. El importe de la avería gruesa que corresponda satisfacer al buque en el último viaje. Los créditos refaccionarios contraídos por el capitán también durante el último viaje. Los derechos o créditos litigiosos que antes de la inscripción hipotecaria hubiesen sido anotados preventivamente en el Registro, en virtud de mandamiento judicial cuando queden reconocidos en sentencia ejecutoria, o en transacción otorgada o aprobada por todos los interesados. (Cfr. los artículos 33, 34 y 35 de la ley).

En cuanto al derecho de persecución aparece reconocido en el artículo 28 de la ley diciendo que la hipoteca naval “sujeta directa e inmediatamente las naves sobre que se impone al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se constituye, cualquiera que sea su poseedor. “

Este derecho de persecución se puede ejercitar por el acreedor hipotecario en los supuestos previstos en el artículo 39 de la ley:

1. Al vencimiento del plazo estipulado para la devolución del capital.

2. Al vencimiento del plazo estipulado para el pago de los intereses.

3. Cuando el deudor fuese declarado en quiebra o concurso.

4. Cuando cualquiera de los buques hipotecados sufriese deterioro que le inutilice para navegar.

5. Cuando el buque se enajenase a un extranjero.

6. Cuando se cumplan las condiciones pactadas como resolutorias del contrato de préstamo y todas las que produzcan el efecto de hacer exigible el capital o los intereses.

7. Cuando ocurriese la pérdida de cualesquiera de los buques hipotecados, salvo pacto en contrario.

El embargo y la venta judicial del buque o buques hipotecados, se regirá por los trámites establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil para la vía de apremio respecto a bienes inmuebles. Para finalizar señalar que de conformidad con el artículo 49 de la LHN “la acción hipotecaría naval prescribe a los diez años, contados desde que pueda ejercitarse, conforme a las disposiciones de esta Ley”.

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