29 de junio de 2011

// // 4 comments

La compensación como causa de extinción de las obligaciones. Una breve referencia al artículo 58 de la Ley Concursal

SatelliteEl término compensación suele ser utilizado, en el lenguaje coloquial, como equivalente a igualar el efecto de una cosa con el efecto opuesto. De forma análoga, se utiliza en el lenguaje jurídico, en un sentido amplio, como equivalente al resarcimiento de un daño producido. No obstante, en Derecho Privado este término tiene un significado propio y bien definido, entendible como causa de extinción de las obligaciones: la total o parcial extinción de dos deudas homogéneas cuando sus titulares sean mutua y recíprocamente acreedor y deudor.

La doctrina y la jurisprudencia han descrito de forma reiterada la compensación como un pago abreviado, con la finalidad de exponer la teoría de la evitación del doble pago – aunque de hecho no exista propiamente pago, sino únicamente exclusión del pago una vez que se producen los presupuestos necesarios de la compensación. En este sentido, la STS de 31 de mayo de 1.995 declaró que:

" (…) la compensación es de apreciación exclusiva del juzgador de instancia, y el pago abreviado que supone, procede cuando existe una relación económica entre dos personas, recíprocamente deudoras y acreedoras, y las cantidades que la integran consisten en dinero, estén vencidas y sean líquidas y exigibles, bastando en consecuencia su alegación, aunque sin formalidad reconvencional, siempre que sea reconocida judicialmente para darse las exigencia que le dan vida" (vid. también las sentencias del T.S. de 7 de octubre de 1.966 y 7 de marzo de 1.988) (…)”.

Por otra parte, la figura de la compensación desempeña también una cierta función de garantía, para los titulares de créditos y deudas recíprocas, pues excluye que uno de los sujetos lleve a efecto la prestación debida y, posteriormente, resulte que el otro desatienda el derecho de crédito del primero.

La regulación jurídica de la compensación como fuente de extinción de las obligaciones viene establecida en el artículo 1156 del Código Civil. Así, de conformidad con el artículo 1195, tendrá lugar la compensación “cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra”, y tiene como efecto – según el artículo 1202-, “extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores”.

Los requisitos de la compensación se encuentran perfectamente anunciados en el artículo 1196 del CC que pasamos a analizar brevemente:

1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro.

Este presupuesto implica la necesaria reciprocidad entre una y otra persona en las condiciones de acreedor y deudor. El artículo 1195 del CC exige que ambas posiciones se asuman “por derecho propio” o “principalmente”, según el artículo 1196. Con estas previsiones pretende el texto legal excluir la posibilidad de compensación en casos de deudores subsidiarios – cfr. art. 1197-, o en supuestos de representación.

2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.

La exigencia de homogeneidad de las prestaciones resulta obvia. Hay que tener en cuenta que la compensación – entendida como liquidación de dos deudas contrarias -, no deja de ser una mera operación aritmética que exige la asimilación de los factores a considerar.

3. Que las dos deudas estén vencidas.

4. Que sean líquidas y exigibles.

5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor.

Estos últimos tres presupuestos requieren la exigibilidad y liquidez de las obligaciones, de forma técnicamente criticable, sobre todo en el n.º 3, ya que una deuda no es exigible mientras no esté vencida.

Para desarrollar este breve introducción, podemos acudir a la jurisprudencia menor, a través de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid, de fecha 28/07/2009 que explicita la regulación normativa de esta figura jurídica, del modo siguiente:

“(…) La compensación se configura como un causa de extinción de las obligaciones (art 1.156 del CC), y aparece regulada en los arts 1195 y ss. Esta institución opera cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra (artículo 1.195), produciendo el efecto de extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente (artículo 1.202).

Como indica la STS de 25 de septiembre de 2008 se exige la existencia de dos deudas recíprocas (STS de 28 de noviembre de 1986), toda vez que no cabe que se extinga lo que no ha nacido o carece de vigencia (STS de 6 de marzo de 1968). Se ha entendido que su fundamento se encuentra en la conveniencia de simplificar las operaciones de cumplimiento, sustituyendo dos o más pagos por uno sólo mediante una simple operación aritmética.

Dice la STS de 30 de abril de 2008 que "...toda compensación puede ser definida, de acuerdo con la regulación contenida en los artículos 1195 y siguientes del Código Civil , como un modo de extinguir las obligaciones, en la cantidad concurrente, respecto de aquellas personas que, por derecho propio, sean recíprocamente acreedores y deudoras la una de la otra. Además de la compensación legal, que es la propiamente regulada en los artículos. 1195 y siguientes del Código Civil, y que opera "ipso iure" cuando concurran los requisitos previstos en el art. 1196 del mismo cuerpo legal, la doctrina y jurisprudencia ha venido a distinguir la existencia de compensación judicial, que acaece en aquellos supuestos en que los créditos no reúnen todos los requisitos exigidos -siendo misión del Juez completar la ausencia de los mismos-, y voluntaria, que tendrá lugar cuando las partes acuerden de modo convencional dicho pago recíproco, regulándose ésta por los pactos que libremente hubieran convenido(…)"

La STS de fecha 7/12/2007, recalca la exigencia del cumplimiento de los presupuestos exigidos en el artículo 1196 del CC, cuando declara que:

“(...) La propia Sala de instancia ha destacado que, en efecto, cabe oponer la compensación por vía de excepción, lo que constituye doctrina jurisprudencial consolidada. Pero la cuestión no radica en este punto, sino en determinar si la deuda cuya existencia se opone ha de reunir las condiciones que señala el artículo 1196 del Código civil en el momento de iniciarse el litigio y, en consecuencia, en apreciar si en tal momento el crédito que opone el demandado se encuentra vencido, es exigible y tiene cuantía determinada, es decir, es líquido. Si, por hipótesis, estuviéramos ante un crédito que reuniera tales condiciones, la mera oposición de ese crédito por vía de excepción sería bastante, sin necesidad de formular reconvención explícita. Pero la Sala, con acierto, entiende que el crédito carece de una cuantía determinada, pues la mera formulación de la minuta por el Abogado demandado no es bastante para fijarla, en un supuesto en el que, además, los servicios que se minutan sólo han sido reconocidos en parte; y, aunque hubiera podido ser fijada la cuantía en este mismo procedimiento, ello requiere la formulación de un pedimento que el demandado no ha verificado. Tal es la razón de que no se acepte la compensación que se opone, y la razón de que no tenga viabilidad este motivo (…)”

Pues bien, cumpliéndose estos requisitos legales la compensación operará respecto de cualesquiera tipo de obligaciones; aunque en la práctica la compensación es un campo abonado para las obligaciones pecuniarias – sobre todo en el sector bancario - y relativamente inadecuada para las restantes obligaciones.

Por otra parte, cabe también la compensación, por expresa disposición del Código Civil, en el caso del artículo 1199: “Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago”.

De forma excepcional, nuestro Código Civil, prohíbe la compensación en dos supuestos concretos, que vienen recogidos en el artículo 1200:

  • Cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las obligaciones del depositario o comodatario.
  • Obligaciones de alimentos debidos por título gratuito.

El efecto de la compensación es sencillamente la extinción o liquidación de las deudas recíprocamente homogéneas. De conformidad con el artículo 1202 dicho efecto tiene lugar “en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores”. Esta cantidad concurrente es el montante mínimo de cosas fungibles homogéneas o de cifra dineraria de las deudas. En este sentido, puede haber compensación total – supuestos muy raros -, en que las cantidades coincidan exactamente o parcial en aquellos casos en que resulten desiguales y sólo se extinga el crédito menor hasta donde ambos concurran y subsista el mayor por la diferencia resultante.

Ante la eventual posibilidad de que exista ignorancia de los sujetos de la obligación respecto del acaecimiento del efecto extintivo de la compensación, deduce la generalidad de la doctrina y jurisprudencia, en base al inciso final del artículo 1202 del CC, el carácter automático de esta figura. Es decir, que cumpliéndose los presupuestos exigidos en la ley para que opere la compensación, la extinción total o parcial de las obligaciones tiene lugar ipso iure o por ministerio de la ley, con independencia de la voluntad de los sujetos.

La extinción automática de las obligaciones recíprocamente homogéneas ha de entenderse producida en el momento en que se dan, si más, los requisitos previstos en el referido art. 1196 del CC, aunque uno de los acreedores o deudores piense que su crédito sigue vigente. En este sentido, puede afirmarse que la compensación tiene eficacia retroactiva y que, antes o después, ha de considerarse el momento temporal en que se producen los requisitos exigidos en el art. 1196 del CC y la extinción ope legis de las obligaciones contrarias (entre otras, STS de 19/09/1987).

Llegados a este punto, conviene precisar que la regulación jurídica comentada viene referida a la denominada compensación legal. No obstante, resulta preciso que hagamos algún comentario a la denominada compensación voluntaria o convencional y a la judicial.

Se habla de compensación convencional cuando tiene lugar la extinción de dos obligaciones recíprocas a consecuencia del acuerdo de las partes, a pesar de que no se cumplan los requisitos que hemos visto ut supra. Con un excesivo rigor y de forma general, la mayor parte de estos supuestos no constituyen propiamente una compensación, sino verdaderos contratos que tienen por objeto el no exigirse las respectivas prestaciones. A pesar de lo cual, cabe concluir que la autonomía privada garantiza y legitima tales pactos (cfr. STS de 19/04/1997).

La compensación judicial es la decretada por el juez en razón de que, por efecto de la sentencia, han quedado convertidas en líquidas y exigibles ambas obligaciones. Este tipo de compensación es reconocida por la doctrina jurisprudencial. Así, lo reconoce la SAP de Tarragona, de fecha 13/09/1999:

“ (…) ahora bien junto a la compensación legal la doctrina científica y la jurisprudencia admite la compensación judicial, en la que "no se exigen todos los requisitos que la normativa del Código Civil fija para que proceda la compensación legal, entre ellos que las dos deudas compensables sean líquidas y exigibles en el momento de plantearse el litigio ya que este extremo puede referirse a la concreción de la deuda compensable a la decisión judicial que establezcan en el correspondiente pronunciamiento de condena, los conceptos claros de los que la demandada adeuda a la actora, aunque la determinación de su importe cuantitativo quede para la ejecución de sentencia" (Sta.. del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1.985; y vid. también la sentencia de 2 de febrero de 1.989 del mismo Tribunal) (…)”.

Asimismo, la SAP de Barcelona, de fecha 22/03/2004, establece perfectamente la diferenciación entre cada una de ellas, al declara que:

“(…) La compensación puede ser legal, judicial o convencional. La compensación legal para que pueda operar exige, de acuerdo con lo previsto en los arts. 1195 y 1196: la reciprocidad de los créditos; la homogeneidad de las prestaciones; la exigibilidad de las deudas; y, la liquidez de las mismas, así como la ausencia de retención o contienda judicial respecto de las deudas compensables. (…) La compensación legal puede alegarse tanto por vía de excepción, cuando lo único que se pretenda es la desestimación de la demandada con base en la estimación de su contracrédito compensable, como por vía de reconvención, si siendo su crédito superior al del actor, además de solicitar la desestimación de la demanda, pretende que se condene a la otra parte al pago del exceso de su contracrédito. Así lo ha entendido la jurisprudencia de manera reiterada, llegando incluso a señalar en alguna resolución relativa a la compensación legal, que ni siquiera es preciso alegarla como excepción expresa, bastando con que se aleguen hechos obstativos de la demanda del actor (STS 7 marzo 1988) (…).

(.. .) La compensación judicial se produce en aquellos supuestos en que los créditos no reúnen todos los requisitos necesarios para que opere la compensación legal. Entonces corresponder al Juez, por medio del proceso, subsanar la falta de alguno de ellos, que normalmente ser el de la liquidez. Éste será el supuesto de autos, en que la entidad apelante opone por vía de excepción la compensación de un crédito que derivaría de la aplicación de una cláusula penal pendiente de liquidación, si no fuera por lo que se razonará más adelante.

(…) la compensación judicial, deberá formularse siempre por vía reconvencional, ya que requiere una actuación y pronunciamiento expreso del Juez, independientemente de la cuantía inferior o superior de su crédito en relación con el del actor. En este sentido, resulta muy ilustrativa la STS 24 abril 1999 cuando señala "el crédito en que el demandado funda su excepción de compensación es superior al reclamado por el actor, sin que a esta solución desestimatoria se oponga el hecho de que el demandado-recurrente no haya reclamado el exceso y se limite a pedir la desestimación de la demanda. En todo caso, para declarar procedente la compensación, el Juzgador habrá de examinar si concurren los requisitos delimitadores de esa excepción y cualquiera que sea el pronunciamiento judicial, en el caso de que no se hubiera reclamado el exceso del crédito opuesto, como ocurre en el presente, una posterior exigencia por vía judicial de ese exceso vendría condicionada por la anterior resolución, vinculante en el segundo proceso por el efecto positivo de la cosa juzgada, con lo que, en definitiva, en el proceso en que se hubiese alegado la compensación se resolvería sobre la procedencia o no del crédito del demandado, aunque no se haya formulado reconvención reclamando ese exceso. Con esta solución, carecía de sentido la declaración jurisprudencial de que el exceso sólo puede hacerse valer por vía reconvencional". (cfr. STS de 14/03/2004).

En cuanto al ámbito concursal, en términos generales, el artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, prohíbe la eficacia de la compensación de créditos, en estos términos: “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración”.

La finalidad de esta prohibición radica en evitar que, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.196, 4º y 5º del Código Civil – analizados más arriba-, un acreedor viera satisfecha su deuda antes que el resto de acreedores. A pesar de lo cual, cuando los requisitos para la compensación entre el deudor y el acreedor ya existieran con anterioridad a la declaración del concurso, aquélla producirá sus efectos.

Así lo corrobora la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, de fecha 1/03/2010, al considera que la compensación solicitada por el acreedor produciría un perjuicio al resto de los acreedores de este procedimiento concursal, porque no actúa como instrumento de garantía sino como una forma efectiva de pago extintiva de las obligaciones. De esta forma, se generaría una situación de privilegio y de mejor condición por la disponibilidad que ello implica de uno de los elementos del activo y a aquellos acreedores que no les corresponde seguir el mandato de la Ley.

La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid, de fecha 28/07/2009 explicita el contenido de este precepto de esta forma:

“Este precepto señala que, sin perjuicio de lo previsto en el art. 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración. En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente concursal.

Bajo la vigencia de la normativa concursal anterior, la jurisprudencia (STS 25 de Octubre de 2007con cita de las resoluciones de 19 de diciembre de 1.991, 20 de mayo de 1.993 y 11 de julio de 2.005) ante el silencio normativo sobre su admisibilidad, se opuso a la operatividad de esta forma de neutralización de obligaciones reciprocas en situaciones concursales en defensa de una "par conditio" que puede resultar injustificadamente rota en beneficio del acreedor "in bonis". Doctrina que se ha mantenido salvo en supuestos específicos, en los que la igualdad de trato no estaba en peligro, ya porque la relación de obligación se hubiera expresado contablemente en forma de cuenta corriente y los requisitos de la compensación concurrido antes de la declaración de quiebra(STS de 17 de marzo de 1.977) o porque se tratara de una compensación que no producía daño alguno a los demás acreedores de una suspensión de pagos en la que se había logrado convenio(STS de 11 de octubre de 1.988) o porque más que de una compensación se entendió producida una ejecución separada de prenda, cuyo objeto no había entrado en la masa de la quiebra(STS sentencia de 7 de octubre de 1.997).

Sin embargo como ya hemos visto, el art 58 ha cambiado el panorama. En este sentido la SAP de Madrid, sección 21ª, de 28 de octubre de 2008 señala que en una situación de concurso, el mecanismo de la compensación no sólo afecta al concursado y al acreedor que, a su vez, es deudor del concursado, sino que, además, repercute en los demás acreedores del concursado que no son también sus deudores. Y ello porque, en principio, todos los acreedores del concursado quedan sometidos a la ley del dividendo y a cualquier quita o aplazamiento que surja de un posible convenio. Pero, de ello, quedaría excluido el acreedor- deudor del concursado, quien, por el mecanismo de la compensación, cobraría su crédito hasta la cuantía de la que fuere deudor del concursado, en su integridad, quedando excluido, ese crédito compensado, de la ley del dividendo y de cualquier quita o aplazamiento que pudiera surgir de un convenio.

La compensación daría lugar a un trato privilegiado a favor de los acreedores- deudores del concursado frente a los demás acreedores que no son sus deudores, lo cual sería contrario a la "par conditio creditorum". Los requisitos de la compensación aparecen recogidos en el artículo 1.196 del Código Civil. La fecha determinante es la de la declaración del concurso. De tal manera que, si los requisitos de la compensación ya concurrían con anterioridad a la declaración del concurso, el acreedor del concursado que no la hubiere hecho valer antes de la declaración del concurso, puede, después de haberse declarado el concurso, exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él. Por el contrario, si los requisitos de la compensación no concurrían con anterioridad a la declaración del concurso, el acreedor del concursado ya no puede exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él (queda prohibida la compensación).

El tercero de los requisitos recogidos en el artículo 1.196 del Código Civil, para que se produzca la compensación, consiste en "que las dos deudas estén vencidas". De tal manera que, para que el acreedor del concursado pueda después de la declaración del concurso exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él, es imprescindible que, a la fecha de la declaración del concurso, estuvieran vencidas tanto la deuda del concursado como la de su acreedor."

La operatividad de la compensación recae solo sobre créditos concursales que han de ser vencidos, sean líquidos y exigibles (SAP de Barcelona, sección 15ª, de 10 de marzo de 2008). Como dice la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 23 de septiembre de 2008"...la regla del artículo 58 LC se proyecta sólo sobre los créditos concursales en atención a que se trata de un efecto de la declaración de concurso sobre los créditos afectados por el mismo, tal y como se desprende de su ubicación sistemática del precepto. El artículo 58 LC se encuadra dentro del Título III y en particular en el Capítulo II que lleva por rúbrica De los efectos sobre los acreedores. Este Capítulo II comienza con el artículo 49, que integra dentro de la masa pasiva a los acreedores concursales (art. 49. Integración de la masa pasiva.- Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes"). Y sobre estos acreedores se aplican los efectos sobre los créditos en particular previstos en la sección 3ª del capítulo II, siendo el primero de ellos la prohibición de compensación.

El vigente artículo 58 de la LC permite la compensación de créditos y deudas tan sólo en los casos en los que concurren los requisitos de compensación de créditos ex artículo 1196 del Código Civil con anterioridad a la declaración del concurso, siendo, por ello, necesario que el crédito concursal sea exigible antes de la declaración de concurso. La cláusula de compensación, contenida en la póliza de descuento de autos, autoriza al BSCH para compensar el crédito impagado con otros saldos que el descontante pueda tener en dicha entidad descontataria. Pero ello no excluye que para la validez de la compensación deban cumplirse los requisitos legales ex art. 1196 CC, entre los que se encuentra la exigibilidad del crédito que se pretende compensar. De ahí que sea menester considerar si, conforme al art. 58 LC, ese crédito era concursal por haber nacido antes de la declaración de concurso y, además, si era o no exigible antes de declararse el concurso. La consideración de crédito concursal es determinante para la aplicación del artículo 58 LC que prohíbe la compensación salvo que se hubieran cumplido los presupuestos legales con anterioridad a la declaración de concurso, por lo que debemos examinar si era exigible o no antes de dicha declaración.

Además debe tenerse en cuenta la conexión de la operatividad de la compensación con las reglas del pago de los créditos. En este sentido dice la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 10 de marzo de 2008 que "la prohibición de compensación del art. 58 LC debe integrarse con las reglas de pago dentro de la liquidación. La razón que impide la compensación de los créditos y las deudas del concursado es evitar el pago -la compensación es una forma de satisfacción del crédito-, alterando las reglas de la par condicio creditorum. Si la compensación se realiza durante la liquidación, y únicamente respecto de los créditos que conforme a las reglas de los arts. 154 y ss. LC en cada caso puedan ser satisfechos con lo obtenido de la realización de los bienes y derechos del concursado, entonces no se altera la par condicio creditorum, ya que el acreedor del concursado consigue la satisfacción de su crédito, mediante compensación con deudas frente al concursado, sólo en la medida en que procedería su satisfacción aplicando las referidas reglas de pago.”

La SAP de Zaragoza, de fecha 8/02/2008, declara que este precepto debe tenerse por infringido con la actuación de la parte demandada que compensa unilateralmente los créditos que tiene con la demandante cuando todavía no se encuentran vencidos, según el modo de pago que se venía realizando entre las partes, pues éste pende de su confirmación bancaria en el plazo posterior de noventa días, en cuanto que el llamado "confirming" no consiste en otra cosa que en la entrega a una entidad financiera por parte de una sociedad de remesas de pagos a proveedores procediendo aquél sólo a su vencimiento a cargar en la cuenta bancaria los pagos y transferir estos importes a los proveedores. Conforme a lo expuesto, se ha incumplido, dice la Sala, lo que al respecto se dispone en los números 3º y 4º del articulo 1.196 del Código Civil sobre la compensación, por cuanto que exige que la respectivas deudas estén vencidas, líquidas y exigibles, sin que en consecuencia pueda alegarse, ni admitirse, que se trata de una compensación de origen convencional, que es aquella que se pacta por las partes cuando entre ambas se llega al acuerdo de la compensación en todo o en parte de las concurrentes, cuando el texto legal antes invocado se esta refiriendo incuestionablemente a la existencia de los requisitos propios de la que se ha venido en denominar legal, todo ello con relación a la fecha de la resolución de la declaración del concurso que se regula en el artículo 21 de la Ley Concursal.

La SAP de Barcelona, de fecha 26/01/2011, viene a distinguir en lo que es propiamente la compensación (según hemos tenido ocasión de analizar en este post), y lo que es la liquidación de una relación contractual, donde las partes deben determinar qué parte del contrato se ha cumplido para determinar el saldo a abonar. Es decir, computar y liquidar dicha relación contractual no es compensar créditos entre las partes, y por tanto no entra dentro de la prohibición del mencionado artículo 58 de la LC.

"(..) Aún así, debemos precisar que no se trata realmente de una compensación sino, más bien, de una liquidación de una misma relación contractual que unía a ambas partes. Y en dicha liquidación debe computarse (No "compensarse", pues se trata de alcanzar el importe de una única deuda mediante tal computación o liquidación) el importe que corresponde a la demandada con el que corresponde a la parte actora; de ahí que la cantidad a la que debe ser condenada A sea la que resulta de restar al importe de 348.000 euros 181.383,28 euros, lo que reporta la suma de 166.616,72 euros. Ello lleva a la revocación en parte de la sentencia de primera instancia y a la condena a A a que abone a la parte actora la citada suma concurrente, por lo que se estima en parte el recurso de la actora, B (…)".

Bibliografía consultada

Continuar Leyendo