14 de julio de 2011

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La retirada de los muebles del ejecutado dimanante de una ejecución de condena a entregar bienes inmuebles

La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la ejecución de condena a entregar bienes inmuebles de forma unitaria en los artículos 703 y 704, con independencia del proceso en el que se haya dictado el título ejecutivo que imponga el deber de entregar la posesión de un bien inmueble. Aunque en la práctica judicial destacan la ejecución de sentencias dimanantes de juicios de desahucio por resolución contractual o por precario y las ejecuciones hipotecarias.

En este sentido, cabe señalar que, a tenor de la estadística publicada por el CGPJ, durante el primer trimestre de este año 2011, los Juzgados de Primera Instancia dictaron 15.491 órdenes de desalojo al amparo de un juicio de desahucio. Desde 2007 a diciembre de 2010, la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas: 25.943 en 2007, el primer año de la crisis, 58.686 en 2008 y 93.319 en 2009 y 93.622 en 2010 a las que se suman las del año pasado.

Atendiendo al régimen jurídico-procesal dispuesto en la LEC, para la efectividad de las condenas a entregar la posesión de un inmueble, entre otras medidas, el Tribunal ordenará de inmediato lo que proceda y que se retiren las cosas que no sean objeto de título, considerándose abandonadas si no las retirará el ejecutado.

De esta forma, la ley procesal contempla un tratamiento específico para el supuesto de existencia de muebles encontrados durante una diligencia de lanzamiento o entrega de la posesión de un bien inmueble, enmarcado en los artículos 703 y 704 arriba citados.

El artículo 703.1.2 de la LEC dispone que: “Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos”.

La SAP de Burgos, de fecha 17 de mayo de 2010, en su F.J. Primero, regla 2.ª, describe la naturaleza jurídica del contenido de este precepto, cuando señala que:

“El art. 703-1-2 LECv contiene un sanción legal y un efecto legal imperativo para el caso de que no se retiren los enseres existentes en el casa arrendada después del lanzamiento y este efecto no es otro sino la consideración "a todos los efectos" de bienes abandonados. Es decir, el Legislador ("mens legis"), quiere si el arrendatario se desentiende de los enseres que tiene en la casa arrendada la consecuencia legal sea su declaración de bienes abandonados con los consiguientes efectos propios del art. 610 LECv . No se precisa ni una resolución judicial de expresa declaración de abandono, ni un incidente de ejecución de Sentencia para que se declaren abandonados, sino que basta con que no se retiren después del lanzamiento en un plazo por el inquilino. Se trata de un "efecto legal" que tiene por objeto evitar que el lanzamiento sea un acto sin consecuencias efectivas sobre la posesión del inmueble y para evitar que la desidia del arrendatario al no retirar sus efectos de la vivienda frustre la finalidad del desahucio y los propietarios no puedan volver a usar y/o arrendar la vivienda cuya posesión han recuperado.”

Este precepto plantea directamente y a contrario sensu determinadas situaciones con consecuencias diversas, que pasamos a analizar brevemente.

1. Que los bienes pertenezcan al ejecutado.

El referido precepto parte de la presunción de que los bienes muebles pertenecen al ejecutado. En este sentido, es oportuno confrontar el contenido del artículo 449 del Código Civil que dispone: “La posesión de una cosa raíz supone la de los muebles y objetos que se hallen dentro de ella, mientras no conste o se acredite que deben ser excluidos”. En cualquier caso, la referida presunción igualmente viene a significar que los bienes muebles no pertenecen al ejecutante, al no ser objeto de título.

En vista de ello, la consecuencia inmediata es que el ejecutado tiene la obligación de retirar los bienes muebles de su propiedad, requiriéndole el Juez para tal fin.

En este sentido, se pronuncia la SAP de Castellón de la Plana, de fecha 6 de octubre de 2010, cuyo F.J. Segundo señala que:

“(…) Y así desde la resolución del contrato en 13 de noviembre de 2007, hasta la fecha de lanzamiento, ha trascurrido un tiempo más que suficiente para la retirada del punto de venta, del mostrador y los dos frigoríficos, máxime cuando se reconoce que son bienes separables, siendo evidente que la recurrente no hizo lo necesario para su retirada, a pesar de haber sido advertida por el juzgado en el sentido de que se considerarían abandonados (Auto 24/9/2008), siendo palmario, que toda las actuaciones realizadas se efectuaron conforme a la legalidad vigente, y sin que dado el tiempo trascurrido la recurrente se preocupara de retirar los muebles ubicados en el punto de venta arrendado, conociendo la fecha señalada para el lanzamiento, ni aprovecho los plazos extraordinarios concedido para la retirada de los precitados muebles (folios 52, 71, 91 y 120), y sin que resulte justificable que la retirada de los mismos era imposible por sus dimensiones, lo que era conocido por la recurrente desde su instalación, consecuentemente, no resulta admisible que a estas alturas se pretenda se habiliten días para llevar a trmino el desmontaje o en caso contrario se proceda a una indemnización, cuestión esta que se plantea en el recurso, como expresamente se reconoce por la recurrente en su alegato, por lo que no cabe entrar en su consideración, ni las alegaciones formulada en el recurso pueden desvirtuar la presunción de abandono establecida en el art. 703 LEC , pues no puede perderse de vista el tiempo del que ha dispuesto la recurrente para vaciar el punto de venta arrendado y su conducta obstativa (…)”.

La SAP de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 22 de julio de 2010 señala, en su F.J. Tercero, que:

“El segundo motivo del recuso expone que se ha vulnerado el contenido del artículo 703,1 de la LEC por no haber podido tener plazo la ejecutada para retirar los muebles del local, alegando que el auto se notificó después de la diligencia de lanzamiento. Sin embargo, tal y como citamos con anterioridad, por un lado, hemos de considerar que la ejecutada conocía la existencia del procedimiento de desahucio en la primera instancia. La misma no tomó las medidas preventivas necesarias, y pudiendo personarse en el proceso, ser parte de él y conocerlo, no lo hizo, y dados estos datos, no se puede escudar en puntuales puestas en duda de los actos de comunicación, como que el auto notificado fue el de admisión de la demanda, o como que la empleada a la que se le notificó la sentencia pudiese no identificarse, toda vez que todas estas actuaciones, que son de la propia ejecutada, y que dificultan los actos de comunicación y de ejecución, no pueden ser alegadas por ésta como vulneradoras de ningún derecho (…)”.

La SAP de Burgos, de fecha 17 de mayo de 2010, en su F.J. Primero, in fine, señala, en referencia a la consideración de los bienes cómo abandonados, que:

“En definitiva, podría el demandado no saber la fecha exacta del lanzamiento, pero sabía que ocupaba una vivienda sin pagar renta alguna, sabía que estaba en marcha un proceso para su desahucio y pese a ello ni se comunica con los propietarios, ni retira los enseres dejados en la vivienda, con lo que con fundamento los actores podían considerar, dados los efectos legales del art. 703-1 LECv , que los había abandonado; máxime, cuando ni vivía en la casa, ni judicialmente se le encontraba en la casa, por lo que no se aprecia responsabilidad culpable en la parte demandada y no procede estimar la demanda, ni cifrar cuantía indemnizatoria alguna.”

2. Que los bienes son sean objeto de título.

En este supuesto, el precepto parte de la presunción de que los bienes muebles no son objeto de título, porque en caso contrario, han de ser entregados al ejecutante.

Vamos a profundizar un poco más en este supuesto. En efecto, si los bienes muebles encontrados pertenecen al ejecutante, por tratarse por ejemplo de un contrato de arrendamiento de vivienda amueblada, serán objeto del título ejecutivo, de modo que la ejecución tendrá como objeto la entrega tanto del inmueble como de los correspondientes muebles.

De igual modo, podía ocurrir que se hallaren bienes propiedad del ejecutante que, por no haberse incorporado el correspondiente inventario, no fueran objeto de título. En este caso, creo que no habría ningún inconveniente para que el ejecutante pudiera formular cualquier solicitud de declaración de pertenencia, con la finalidad de que le sean reintegrados. Ahora bien, la falta de entrega al ejecutante de los bienes objeto de título generará responsabilidades civiles y penales – delito o falta de apropiación indebida en función del valor de los bienes, tipificado en los artículos 252 y 623.4 del Código Penal.

Así la forma de comisión del delito de apropiación indebida se define en Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal dirigiéndola a las personas que en perjuicio de otro “se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros…”. Y, el artículo 623.4 del CP castiga a: “Los que cometan estafa, apropiación indebida, o defraudación de electricidad, gas, agua u otro elemento, energía o fluido, o en equipos terminales de telecomunicación, en cuantía no superior a 400 euros.”

3. Que los bienes sean separables.

En caso de que los bienes no sean separables de la finca, resultará de aplicación el artículo 703.2 de la LEC que señala que: “Cuando en el acto del lanzamiento se reivindique por el que desaloje la finca la titularidad de cosas no separables, de consistir en plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización ordinaria del inmueble, se resolverá en la ejecución sobre la obligación de abono de su valor, de instarlo los interesados en el plazo de cinco días a partir del desalojo”. En este sentido, puede confrontarse los artículos 358 a 384 y 453 a 455 del Código Civil, que regulan el régimen material o sustantivo de la accesión y mejoras.

4. Que los bienes no hayan sido objeto de traba o de medida cautelar de depósito judicial.

La conminación para que se retire estos muebles se integrará en el requerimiento que realizará el Juez para el cumplimiento del título de ejecución, de modo que los plazos habrían de ser en principio coincidentes. No obstante, en aquellos casos en que el lanzamiento sea inmediato, dadas las circunstancias, el Juez podrá señalar un plazo para la retirada de los bienes muebles. En este sentido, si los plazos para el desalojo y para retirar los bienes resultan coincidentes, el plazo para el lanzamiento previsto en el artículo 703.1 de la LEC se ampliaría al necesario para retirar los muebles. Si no resultan coincidentes, de modo que el ejecutante pueda recuperar inmediatamente la posesión del inmueble, cabe la posibilidad de habilitar plazos específicos para la retirada de los muebles.

La consecuencia inmediata del incumplimiento es la consideración de abandono de los bienes muebles, conforme dispone el artículo 703.2: “Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el Secretario judicial requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos”.

Esta consideración de bienes abandonados implica necesariamente aplica el régimen previsto en el Código Civil para la ocupación. Así, de conformidad con el artículo 610 del CC dichos muebles podrán ser posteriormente adquiridos mediante ocupación. Así señala dicho precepto que: “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”.

Ahora bien, resulta conveniente matizar que esta adquisición de la propiedad no habrá quedado establecida dentro del marco de las actuaciones ejecutivas, pues la misma puede ser objeto del proceso declarativo que corresponda, sin perjuicio de que en su resolución influya la falta de respuesta al requerimiento efectuado al ejecutado.

Por otra parte, aunque la Ley rituaria habilite el embargo de dichos bienes muebles en garantía del pago de los daños y perjuicios que puedan haberse causado en el inmueble, no parece oportuno excluir al propio ejecutante de los sujetos que puedan adquirir dichos bienes por medio de ocupación. En cualquier caso, en referencia a la posibilidad del embargo de los bienes muebles encontrados, dispone el artículo 703.3 de la LEC que: ““De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado o los ocupantes, se podrá acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable, para responder de los daños y perjuicios causados, que se liquidarán, en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad con lo previsto en los artículos 712 y siguientes.”

De todas formas, suele ser una práctica muy habitual que, habida cuenta del deficiente estado de conservación de los bienes muebles hallados, interese al ejecutante que el inmueble quede libre, vacuo y expedito, con la finalidad de volverlo a enajenar o arrendar. En estos casos, en que el ejecutante retira por su cuenta y riesgo dichos bienes muebles y cargue los correspondientes gastos (operarios, tasa municipal…), parece lógico pensar la aplicación del artículo 549.2 de la LEC e incluir dichos gastos en la correspondiente liquidación de costas.

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