22 de julio de 2011

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El Tribunal Supremo fija el pago de indemnizaciones máximas si los seguros son "oscuros"

El Tribunal Supremo ha condenado a la aseguradora Aegon (hoy Unión Aseguradora) a pagar a un cliente la indemnización máxima de su póliza de accidentes por considerar que las condiciones del contrato eran "oscuras" y, por ello, se deben interpretar de la forma más favorable para el particular.

En una sentencia publicada hoy, los magistrados de la Sala de lo Civil establecen que el cliente -al que la Seguridad Social le reconoció una incapacidad total a raíz de un infarto- deberá cobrar 175.044,38 euros, en vez del 20 % de esa cantidad que le asignó la Audiencia Provincial de Vizcaya.

El Tribunal Supremo recuerda que las condiciones particulares del seguro de accidentes de Aegon "son oscuras" porque "introducen una duda sobre la incapacidad permanente total al distinguir sólo la incapacidad permanente absoluta y parcial".

"Esa oscuridad ha de perjudicar a la parte que ha redactado el contrato y por tanto, la interpretación que ha de hacerse es que producido el siniestro de declaración de invalidez permanente total, ésta ha de indemnizarse conforme a lo establecido en las condiciones particulares para la invalidez permanente absoluta", afirma la sentencia, que recuerda que en ese caso le correspondería al cliente la compensación máxima de 175.044,38 euros.

El Alto Tribunal insiste en que siempre debe entenderse un contrato oscuro a la luz del artículo 10.2 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, que establece que "en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor".

El cliente tuvo que demandar a Aegon en 2005 después de que la compañía de seguros se negara a abonarle indemnización alguna al sostener que un infarto no podía considerarse como accidente, ya que se derivaba de una situación previa.

El asegurado, que pertenecía al gremio de albañiles escayolistas y encofradores, sufrió un infarto de miocardio en julio de 2002 tras una discusión familiar y casi dos años después consiguió que el INSS declarara su incapacidad permanente en grado de total para desempeñar su profesión.

Fuente: El Norte de Castilla

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Los rumanos que quieran trabajar en España necesitarán un permiso laboral

Los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España requerirán un permiso laboral, según ha acordado el Gobierno, que ha insistido en que esta medida tendrá carácter temporal y no repercutirá sobre los extranjeros que ya están trabajando en España.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que reactiva el periodo transitorio que se estableció en 2008 para los ciudadanos rumanos que quisieran trabajar en España. De esta forma, según el Ejecutivo, los ciudadanos de este país que quieran trabajar en España por cuenta ajena tendrán que tramitar una autorización previa, que se basará en la existencia de un contrato de trabajo.

El Gobierno ha insistido en que se trata de una decisión "estrictamente técnica" que se basa en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y que se enmarca en la política migratoria general, que pretende "ajustar los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo". La medida tendrá carácter temporal y será evaluada de forma continua.

El Gobierno rumano ha comunicado que entiende que esta decisión es "estrictamente técnica" y que no tiene "ninguna connotación política", y a través de su Embajada en Madrid ha subrayado que cuenta con el compromiso de España de que la medida será "temporal" y su aplicación estará sujeta a la evolución del mercado de trabajo.

La Comisión Europea, por el contrario, ha asegurado hoy que España no puede introducir nuevas restricciones a la entrada en el país de trabajadores rumanos. El portavoz del Gobierno español, José Blanco, ha recordado por su parte que el propio Tratado de Adhesión de Rumanía a la UE preveía un periodo transitorio, hasta el año 2014, para la plena integración de los trabajadores de este país.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco ha observado que España optó hace varios años por "flexibilizar" las condiciones de entrada de los rumanos que querían trabajar en España, pero que la situación actual del mercado laboral recomienda reactivar aquella moratoria. El portavoz del Ejecutivo español ha recordado que esta medida está vigente en otros países europeos, y ha incidido en que existen "razones objetivas" para activarla también en España. Según los datos facilitados por el ministro, en España residen unos 800.00 rumanos de los cuales el 30% están en situación de desempleo.

Fuente: Diario Vasco

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Modificación parcial de la Ley de Sociedades de Capital

empresasLa Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, ha quedado aprobada con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas incorporadas por el Senado, que quedaron incorporadas por unanimidad al texto definitivo.

Esta Ley, que entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como la supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada.

En segundo lugar, la presente Ley pretende la trasposición a la legislación interna de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Desde la primera perspectiva puede calificarse de ley de reforma parcial, mientras que desde la segunda pertenece a la categoría de las leyes de incorporación.

Los cambios aprobados por el Senado y ratificados hoy por el Congreso modifican el apartado 1 del artículo 11 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de incrementar las garantías jurídicas y despejar dudas interpretativas al establecerse que el correspondiente acuerdo deba ser inscrito en el Registro Mercantil o notificado a todos los socios, además de hacerlo constar en la página web suprimida o trasladada.

En el artículo 212 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se suprime el anterior apartado 2 y se modifica el antes apartado 3 y ahora 2, que pasa a exigir que se inscriba en el Registro Mercantil la designación a que se refiere.

El nuevo artículo 524 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que pasa a constar de cuatro apartados, en lugar de los cinco anteriores, ha sido objeto de una nueva redacción en aras de una mayor claridad, que afecta fundamentalmente al ejercicio del voto en sentido divergente y al derecho de las sociedades emisoras de recibir información sobre el ejercicio de derechos de voto por parte de intermediarios financieros en nombre de sus clientes.

Se ha modificado también el que pasa a ser artículo 526 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, relativo al ejercicio de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación, para salvar el ejercicio del derecho a voto del administrador, en caso de conflicto de intereses, cuando haya recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de los puntos en los que se encuentre en situación de conflicto.

Fuente: Difusión Jurídica

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