26 de septiembre de 2011

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El Congreso aprueba la Ley Concursal, que facilita renegociar deudas fuera del juzgado

 

Los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por un informe favorable

La reforma de la Ley Concursal establece que los acuerdos de renegociación pactados por una sociedad con la mayoría de sus acreedores podrán imponerse al resto, siempre que hayan recibido el apoyo del 60 % de las deudas y vengan respaldados por el informe favorable de un experto independiente.

De esta manera, se evitan las minorías de bloqueo que han llevado a que muchas sociedades no puedan refinanciar sus deudas y tengan que acogerse al concurso de acreedores, un proceso judicial similar a la antigua suspensión de pagos que termina en el 95 % de los casos en la liquidación de la empresa.

La nueva Ley Concursal también favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades con el objetivo de frenar esos procesos de insolvencia.

Para paliar la decisión del Ministerio de Justicia de no mejorar los concursos de particulares, los grupos parlamentarios han introducido una disposición adicional en la Ley Concursal por la que el Ejecutivo tendrá un período de seis meses para presentar un informe con medidas que completen "la protección económica y social de consumidores y familias".

Así, se deberán proponer soluciones extrajudiciales que favorezcan, a través de mediadores o de pactos notariales, la renegociación de deudas de las familias, que casi nunca consiguen acordar un plan de pagos con sus acreedores cuando entran en concurso.

La reforma de la Ley Concursal no incorpora finalmente la mayoría de cambios que pactaron en el Senado PP y CiU, entre los que destacaba la creación inmediata de un proceso para que los particulares pudieran liquidar su patrimonio y pagar a los acreedores bajo supervisión de un notario.

El diputado del PSOE Jesús Quijano defendió que los problemas de las familias para atender sus deudas "exigen una ley especial que ojalá aborde el próximo Gobierno en la próxima legislatura porque hay un mandato parlamentario para que así se haga", en referencia a la disposición adicional aprobada en el Congreso.

El PSOE aceptó hoy no obstante las enmiendas del PP y CiU para que se siga obligando a los administradores concursales (los que gestionan los concursos de acreedores) a contar con formación en esa materia y a tener al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión.

No obstante, los concursos serán gestionados por un único administrador nombrado judicialmente (por ejemplo, una sociedad profesional), en vez de los tres actuales.

La composición de la administración concursal ha sido uno de los aspectos más polémicos en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley Concursal, ya que el PP considera que la regulación dada favorece a las grandes sociedades de auditoría, mientras que el PSOE defiende que es la mejor manera de abaratar los costes del proceso.

El diputado socialista Jesús Quijano destacó que la reforma de la Ley Concursal, la segunda que se aplica a esta norma de 2003, "completa bastante bien el marco legal de los concursos de acreedores", ya que "no excluye opciones de futuro pero desde luego soluciona problemas ahora".

En cambio, el diputado del PP Federico Trillo criticó que la nueva Ley Concursal no alcanzará las metas que persigue porque resulta "tardía en su aplicación, precipitada en su tramitación, confusa en su redacción, contradictoria entre la exposición de motivos y el texto y no cuenta con dotación adicional de medios, lo que la hace ineficaz".

Según el INE, un total de 5.750 empresas y particulares se acogieron en 2010 al concurso de acreedores, una cifra que se podría superar en 2011, ya que en la primera mitad del ejercicio se han registrado 3.574 procesos. (http://www.difusionjuridica.es)

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El Congreso confirma la elevación a 600.000 euros de la cuantía para interponer un pleito económico

 

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, ERC, PNV y CiU han expresado este miércoles su apoyo al proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal que finalmente elevará de 150.000 a 600.000 euros el límite mínimo para interponer un pleito económico ante el Tribunal Supremo.

La norma saldrá así adelante sin la modificación que introdujo la semana pasada el Senado en contra de la subida de esta cuantía en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo y pese a la "abstención crítica" que ha anunciado el PP para la votación de las enmiendas que tendrá lugar mañana en el Pleno del Congreso.

Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, ha adelantado que su grupo defenderá el incremento a 600.000 euros para la interposición del recurso de casación y aceptará las enmiendas votadas por los senadores socialistas durante su tramitación parlamentaria, entre ellas la que propone ampliar "la protección del deudor sobre la vivienda" en el caso de subastas de bienes inmuebles diferentes del domicilio habitual del deudor.

Los socialistas también apoyarán denominar a este texto "Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal", en vez de "Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social" como adoptó en un principio la Cámara Baja.

Cuesta ha elogiado la "brillante y productiva" gestión a favor de la Justicia durante la última legislatura que tiene como broche final esta Ley que ayudará a suprimir trámites "innecesarios", como los de preparación del recurso de queja, apelación o casación, reducir el número de procedimientos y potenciar el proceso monitorio, ampliándolo a cualquier reclamación de cantidad con independencia de su cuantía y extendiéndolo a los juicios de desahucio por falta de pago.

EL PP CARGA CONTRA UNA LEY "MALDITA" E "INJUSTA"

Por su parte, el PP ha anunciado una "abstención crítica" contra esta Ley, que ha calificado como "maldita" y "profunda y deliberadamente injusta". El diputado Vicente Ferrer también ha cargado contra la "improvisación" del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha abordado de manera "precipitada" numerosas reformas en el último tramo de la legislatura.

El "popular" ha avanzado igualmente que su partido revisará si llega al Gobierno la segunda instancia con el fin de combatir el colapso en la Justicia pero sin perjudicar a las clases medias. "Son ustedes los que quieren afrontar una campaña electoral presentándose como los adalides de los pobres frente a los ricos, pues no será hoy señorías", ha afeado a los socialistas.

Tras tildar de "disparatada" la reforma, Ferrer ha preguntado al resto de parlamentarios: "¿Cuántos conocen ustedes con viviendas valoradas en más de 600.000 euros, cuántas pymes y autónomos que facturen más de 600.000 euros anuales conocen?". "¿En qué ambiente se mueven, qué amistades frecuentan", ha cuestionado.

ERC se ha inclinado por apoyar la enmienda introducida por la Cámara Alta que rechaza aumentar la cantidad para recurrir al alto tribunal, aunque ha anunciado que respaldará el conjunto del proyecto de Ley. A juicio del diputado Joan Ridao, la norma sustituye "un paso positivo" aunque, eso sí, "modesto" para la modernización de la Justicia.

Según ha dicho, la actual legislatura se presentó como el ejercicio de "la Justicia" y sin embargo ha sido "la legislatura de la crisis". "Queda mucho camino por recorrer para que los ciudadanos obtengan una respuesta rápida a los problemas que plantean", ha advertido.

Desde el PNV, Emilio Olabarría también ha avanzado que los nacionalistas vascos darán un espaldarazo a la Ley por considerarla "correcta". "El sentido de nuestro voto será prácticamente en su totalidad favorable a las enmiendas aprobadas por el Senado", ha añadido.

De todos modos, Olabarría ha estimado la ley insuficiente para acabar con el actual colapso que impera en la Administración de Justicia y que requiere de "un gran pacto de Estado" para poner fin a esta situación.

Finalmente, el diputado de CiU Jordi Jané ha expuesto que su grupo rechazará la iniciativa del Senado para mantener intacta la actual cuantía exigida para recurrir ante el Supremo y ha recordado que los nacionalistas abogan por fortalecer "en la medida de lo posible" la "función casacional" que deben llevar a cabo los Tribunales Superiores de Justicia.

Jané ha recordado que este proyecto de ley no está exento de "tensiones" tras la polémica que se generó después de que miembros del Poder Judicial intentaran aprovechar el trámite parlamentario para "mejorar la Administración de Justicia".

Durante su tramitación, el Senado también aprobó la propuesta que rechaza elevar de 18.000 a 30.000 euros el límite para que las sentencias de los juzgados de lo Contencioso que puedan ser susceptibles de recurso de apelación. (http://www.economistjurist.es)

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