22 de diciembre de 2013

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Las nueva Ley del Aborto: una vuelta al pasado

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La sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculadas a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad y forman parte de los derechos fundamentales, particularmente de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. Por ello, la decisión de tener descendencia y cuándo tenerla es un asunto íntimo y personal, que integra el ámbito de la autodeterminación individual. El respeto a estas decisiones está protegido por nuestras leyes, que obligan a los poderes públicos a establecer las condiciones para que se pueda decidir de forma libre y responsable, poniendo al alcance de las personas que lo precisen, servicios de atención sanitaria, asesoramiento e información.

Ciertamente la temática del aborto resulta ser siempre muy delicada y controvertida pues afecta a la esfera más íntima del ser humano. Aunque tengo mi opinión personal sobre este tema, prefiero no mostrarla pues seguramente estaría de acuerdo con quien defiende a ultranza el derecho a la vida y quien hace apología del aborto como derecho esencial de la mujer.

El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto. La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. El anteproyecto debe ser sometido ahora a diversos informes y después al debate parlamentario, por lo que no entrará en vigor hasta dentro de aproximadamente un año. En cualquier caso, ni los grupos provida ni los grupos a favor del aborto se encuentran conformes con el anteproyecto para la reforma de la ley presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: unos por considerarla insuficiente y otros por parecerles restrictiva y arbitraria.

Brevemente, cabe recordar el iter legal de esta materia:

  • Sistema de Supuestos: Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal.  Felipe González despenaliza el aborto en España en tres supuestos, en teoría muy estrictos pero que se convirtieron en un coladero.

El artículo 417 bis del Código Penal quedó redactado de la siguiente manera:

«1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.»

  • Sistema de plazos: Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, del 3 de marzo de 2010.

En esta ley se concreta la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. No habrá intervención de terceros en la decisión. Asimismo se señala que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22 en casos de «graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto». A partir de la vigésima segunda semana, solo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos: que «se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida» o que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.

  • Sistema de Supuestos: El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Esta norma garantiza que las menores tengan que contar con sus padres durante el proceso y que por primera vez despenaliza a la mujer que decide interrumpir la gestación, y además de regular la objeción de conciencia del personal sanitario.

Con esta iniciativa legal del Ministro de Justicia no cabe negar lo evidente y es que el aborto en España deja de ser un derecho de la mujer.  A las mujeres se las considera pues como simples portadoras, perdiendo la autonomía sobre su cuerpo, y pasando a ser, como afirmó el ministro, víctimas. De esta forma, este texto legal contempla únicamente dos únicos supuestos legales para abortar: la violación o el grave peligro para la salud física o psíquica de la madre; queda eliminado el supuesto de malformación fetal). La decisión la certificarán los médicos ya que la de la mujer a solas no contará. Es más, la nueva legislación modificará los protocolos para actuar de tal manera que la decisión de interrumpir el embarazo se convertirá en un laberinto en un momento en el que el tiempo es clave. Y las menores de 16 y 17 años necesitarán el permiso familiar.

 

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