31 de enero de 2014

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Abogados y Colegios Profesionales deberán utilizar el IBAN desde el 1 de febrero para realizar cobros y pagos

A partir del próximo 1 de febrero, el IBAN será el único identificador válido para realizar cobros y pagos nacionales y transfronterizos en el área europea SEPA en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos en euros, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones.

Por tanto, Los Colegios de Abogados y Consejos que están usando el sistema de gestión SIGA se verán beneficiados porque se dispondrá de las cuentas de sus colegiados automáticamente convertidas al nuevo formato, evitando de esta manera la carga administrativa que supondría la modificación manual de las cuentas bancarias para la generación de las remesas de las cuotas colegiales.

A partir del pasado día 22 de enero, ya se encuentran disponibles todos los cambios en la interfaz de la aplicación que ha supuesto la adaptación de la normativa SEPA, en inglés Single Euro Payments Area, que es la Zona de Pagos Únicos en Euros compuesta por los 28 países miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza.

Gracias a la SEPA, los cobros y pagos quedarán sujetos a las mismas reglas, por lo que serán procesados con la misma facilidad, rapidez, seguridad y eficiencia, ya sean pagos nacionales o transfronterizos. Cada cuenta bancaria ya no estará identificada por el código cuenta cliente (ccc) sino por el IBAN.

Fuente: CGAE
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30 de enero de 2014

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El Emprendedor de Responsabilidad Limitada

En el BOE de 28 de septiembre se publicó la vigente Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El objetivo de esta disposición es apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización. 

Como decimos el objetivo básico de esta norma es fomentar el espíritu emprendedor de aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional. Para la consecución de este fin el legislador echa mano de la creación de nuevas figuras jurídicas. Este artículo lo vamos a dedicar a exponer brevemente la regulación jurídica de una de estas figuras: el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, un híbrido entre el autónomo y la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

La ley dedica el título I, Capítulo II, artículos 7 a 11 a la regulación de esta novedosa figura. La condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada puede ser acogida por cualquier persona física que tenga la condición de emprendedor. Adquirida la condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada la ley le otorga determinados beneficios en orden a la limitación de la responsabilidad por deudas que tengan origen en su actividad profesional o empresarial. Obviamente, no podrá beneficiarse de esta limitación el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en concurso declarado culpable.

Por tanto, esta limitación de la responsabilidad no alcanza a aquellas deudas no empresariales o profesionales o tratándose de deudas empresariales o profesionales que hubiesen sido contraídas con anterioridad a la inscripción de limitación de responsabilidad o de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Por ello, la responsabilidad universal del deudor por las deudas contraídas con anterioridad a su inmatriculación en el Registro Mercantil como ERL queda subsistente, salvo acuerdo expreso en contrario de los acreedores.

Podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad de su vivienda habitual siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de viviendas situadas en población de más de 1.000.000 de habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo anterior. Sin embargo, para garantizar su eficacia frente a a terceros, la no sujeción de la vivienda habitual a las resultas del tráfico empresarial o profesional deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Ahora bien, la condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada y el beneficio de la limitación de responsabilidad por deudas derivadas de su actividad empresarial o profesional está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos:
  1. Inscripción en el Registro Mercantil, conteniendo una indicación del activo no afectado por la responsabilidad por deudas. Será título para inmatricular al emprendedor de responsabilidad limitada el acta notarial que se presentará obligatoriamente por el notario de manera telemática en el mismo día o siguiente hábil al de su autorización en el Registro Mercantil o la instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente a dicho Registro.
  2. Hacer constar en toda la documentación, con expresión de los datos registrales, su condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal de las siglas “ERL”.
  3. El emprendedor de responsabilidad limitada deberá formular y someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, salvo que tributen por un régimen de estimación objetiva en el que podrán dar cumplimiento de las obligaciones contables y de depósito de cuentas en la forma prevista en su régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estandarizado.
  4. El emprendedor de responsabilidad limitada deberá depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.
  5. Transcurridos siete meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hayan depositado las cuentas anuales en el Registro Mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad en relación con las deudas contraídas con posterioridad al fin de ese plazo. Recuperará el beneficio en el momento de la presentación.
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Clare's law

Aunque no es una materia estrictamente de Derecho Civil, el maltrato en el ámbito doméstico y el Derecho de Familia guardan una estrecha relación. En el ordenamiento jurídico español, el artículo 1.1. la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género como aquella “… manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” 

Esta norma legal consagra y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género una serie de derechos, con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida. Estos derechos son universales, en el sentido de que todas las mujeres que hayan sufrido algún acto de violencia de género tienen garantizados los mismos, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Tras la aprobación de esta ley integral se puso en marcha un sistema de detección, sensibilización, protección y asistencia a las víctimas de la violencia de género, aprobándose determinadas medidas para luchar contra la misma, entre ellas la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la creación de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y las fiscalías especiales. 

Entre estas medidas, cabe destacar la creada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica que instauró en el ámbito penal la orden de protección como un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica y/o de género frente a todo tipo de agresiones. Para ello, la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y de naturaleza civil, y activa al mismo tiempo los mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de la víctima por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Esto es, la orden de protección unifica los distintos instrumentos de protección a la víctima previstos por el ordenamiento jurídico y le confiere un estatuto integral de protección.

En el Derecho comparado, resulta destacable dar a conocer la iniciativa legislativa que se ha adoptado en materia de violencia doméstica en el Reino Unido, denominada Clare's law, que se espera entre en vigor en el mes de marzo de este año. El Gobierno británico decidió implementar esta ley que permite a las mujeres de Inglaterra y Gales investigar si su pareja posee un historial violento. Esta iniciativa procede de una prueba piloto que se empezó a aplicar en algunas zonas del país en el mes de septiembre de 2012. Concretamente Manchester, Wiltshire, Nottinghamshire y en el condado galés de Gwent. 

Este plan de lucha contra la violencia doméstica fue introducido tras el caso de Clare Wood, una madre de 36 años asesinada por su exnovio George Appleton en su casa de Manchester en 2009, del que ella desconocía que tenía antecedentes de violencia doméstica. La información deberá de solicitarse a una comisión de policías y otras agencias —como el servicio que supervisa la libertad condicional de los reos— que comprobará al detalle cada petición para asegurar que es necesario proveer información a la solicitante y, en caso necesario, brindar también apoyo a las víctimas. Asimismo, esta medida posibilita que la policía revele acusaciones de abuso contra una persona, aunque estas nunca fueran probadas ni mediara ningún tipo de cargo.
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La UE aprueba definitivamente la norma para mejorar protección de consumidores frente a hipotecas

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han aprobado la nueva Directiva sobre hipotecas. El objetivo inmediato es evitar la concesión irresponsable de préstamos como los que han provocado la burbuja inmobiliaria en España. Cada uno de los Estados tiene ahora dos años de plazo para trasponer esta directiva a su legislación nacional, marcándose unos criterios mínimos a cumplir por aquéllos para reforzar la protección y los derechos tanto de los acreedores como a los deudores. En términos generales, la nueva norma eleva los requerimientos de información y transparencia y contempla expresamente la opción de la dación en pago.

Este es otro nuevo caso de una norma legal vacía de contenido que da muestras de una enorme irresponsabilidad de nuestros políticos, de forma análoga a las últimas reformas aprobadas en este país en el último año dirigidas a proteger a los deudores de créditos hipotecarios sobre vivienda habitual en casos de especial vulnerabilidad: Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios; Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios; y Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

No pongo en duda la bondad del legislador o sí,  pero desde luego esta directiva no va a acabar solucionando ni remediando nada. Viene tarde, muy tarde y encima estipulan dos años para trasponer la directiva. La dación en pago sigue siendo voluntaria, no imponiendo ninguna obligación a las entidades financieras y sí una serie de recomendaciones que caerán en saco roto, entre otras consideraciones. 
El contenido de la norma es el siguiente:
  • Información pre-contractual: Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto estandarizado de información sobre la hipoteca en la que tiene que aparecer la tasa de interés de los préstamos. Esto permitirá a los consumidroes, según Bruselas, comparar ofertas e identificar la más barata y que más se ajusta a sus necesidades. El folleto deberá avisar de los riesgos asociados con la oferta, por ejemplo si es de tipo variable o está contratada en una divisa extranjera. La nueva normativa sienta también los los principios de transparencia en la publicidad y el marketing.
  • Periodo de reflexión: Los consumidores se beneficiarán de un plazo de tiempo garantizado de siete días antes de quedar vinculados por el contrato de hipoteca, mediante un periodo de reflexión, un derecho de desistimiento o ambos.
  • Pruebas de solvencia: La directiva obliga al prestamista a evaluar la solvencia del consumidor antes de conceder la hipoteca, introduciendo por primera vez estándares a nivel europeo, así como divulgar las obligaciones que asume el acreedor. Si el resultado de la evaluación de solvencia es negativo, la entidad deberá denegar la hipoteca.
  • Derecho a reembolso de la hipoteca: La directiva reconoce el derecho de los consumidores a reembolsar la hipoteca antes de su vencimiento. Y deja a los Estados miembros libertad para imponer el pago de una "compensación justa" al banco.
  • Dación en pago: La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y se agoten todas la vías posibles antes de iniciar un procedimiento de desahucio. Cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, la norma exige que la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los consumidores estén sobreendeudados durante largos periodos. Así, se prevén mínimos inembargables en salarios y pensiones.
  • Sin productos vinculados: Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia porque se prohíbe ligar la concesión de la hipoteca a la adquisición de otro producto financiero de un proveedor específico. No obstante, este vínculo se permitirá en algunos casos, como cuando se trata de seguros o de productos de ahorro.
  • Mercado único hipotecario: Se apuesta por un mercado único hipotecario más eficaz y competitivo. Por ello, se crea un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.
Fuente: Europress
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29 de enero de 2014

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Las Comunidades de Propietarios tienen la obligación de declarar operaciones con terceros que superen los 3000 euros

El Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, establece que desde el 1 de enero del 2014, existe obligación para las Comunidades de Propietarios de presentar una Declaración Anual (modelo 347) en la que consten todas aquellas operaciones realizadas con terceras personas cuyo importe supere los 3.005, o6 euros (IVA incluido).
En el apartado de pago a proveedores se han de incluir todos los que superen dicha cantidad, excepto los que se refieren a pagos de energía eléctrica , suministro de combustibles, agua o pago de primas de seguro.
En relación a los ingresos deberán declararse los que correspondan a alquileres de espacios comunitarios sujetos a IVA que superen en conjunto la cantidad expresado, las subvenciones cobradas de alguna AAPP y la relación de copropietarios que durante un mismo ejercicio hayan abonado, recibos por gastos comunitarios de cualquier índole por un importe superior conjunto de más de 6000 euros.
Fuente: Informativojuriddico.com
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28 de enero de 2014

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El abono de la pensión de alimentos a los hijos en caso de divorcio se reconocerá desde el momento de presentación de la demanda

La STS de fecha 4 de diciembre de 2013 ha unificado la doctrina relativa al momento a tener en cuenta para el abono de la pensión de alimentos fijada en un proceso de divorcio a favor de las hijas comunes del matrimonio, confirmando el criterio de reconocerlos desde el momento de presentación de la demanda de conformidad con el artículo 148.1 del Código Civil.

La sentencia de primera instancia no determinó el día de inicio del devengo de la pensión. Por su parte, la sentencia dictada en el recurso de apelación declaró dicho devengo desde la fecha de la sentencia, sin eficacia retroactiva al momento de presentación de la demanda. El Ministerio Fiscal recurrió esta sentencia en casación con el fin de que se reconociera el derecho desde la demanda y la Sala Primera ha estimado dicho recurso.

La sentencia de la que es ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, reitera la doctrina dictada en la reciente sentencia de 27 de noviembre de 2013, que también resuelve la cuestión por la vía del interés casacional, con ocasión de una pensión de alimentos fijada en un proceso de declaración de filiación no matrimonial, en la que se abordaron en toda su extensión los fundamentos de aplicabilidad del artículo 148, párrafo primero, del Código Civil, señalando la razón de compatibilidad, como norma general, que resulta de la obligación de alimentos entre parientes. Puntualiza que dicha razón de compatibilidad, derivada de la caracterización de estas acciones, ya resultaba destacada en la sentencia de la Sala Primera de 14 de junio de 2011, en relación con la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada, todo ello concordante con la argumentación sostenida por el Ministerio Fiscal.

Descargar la sentencia


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27 de enero de 2014

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Fijación de doctrina jurisprudencial sobre la expresión "salvar el voto" ex art. 18.2 LPH



El artículo 18.1 de la Ley 49/60 de Propiedad Horizontal (redacción dada por la Ley 8/99 de 6 de 4 de 1999) concede la facultad a los propietarios disconformes de poder impugnar los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios ante la vía judicial ordinaria, si considera que son contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios o resultan gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios o suponen un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

El apartado segundo del referido precepto determina qué propietarios se encuentran legitimados para poder impugnar judicialmente aquéllos acuerdos, siempre que reúnan los requisitos de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas.

1. Los ausentes por cualquier causa
2. Los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.
3. Los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta.

Con anterioridad a la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, se legitimaba al propietario disidente para el ejercicio de la acción de impugnación. De tal forma, que la normativa otorgaba la legitimación a todo propietario que no estuviese conforme con la propuesta. Las reforma de la LPH operada por la ley 8/99 viene a introducir un nuevo requisito de procesabilidad para determinar la legitimación activa en las acciones de impugnación, adicionando al desacuerdo del propietario la exigencia de salvar su voto. 

La exigencia de salvar el voto es una novedad que no tenía antecedentes en el ámbito de la propiedad horizontal, aunque sí en el de las sociedades, artículo 117.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y 56 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Siendo cierto que esta limitación legal no parece ser excesivamente rigurosa, si pudiera darse el caso que un propietario puede no haber salvado su voto por creer inicialmente que el acuerdo aprobado es justo y darse cuenta de su error en un momento posterior, cuando ha recibido el oportuno asesoramiento legal. 

El problema se suscita con la interpretación que deba darse a la expresión “salvar el voto” y que ha levantado un cierto debate doctrinal, en el sentido de otorgar legitimación o no para el ejercicio de la acción de impugnación. La jurisprudencia menor se dividen en dos claras posturas. 

La primera que entienden que existe una diferencia conceptual entre votar y salvar el voto, y consideran que esto último constituye no solo un requisito previo de legitimación o procedibilidad para el ejercicio del derecho de impugnación, sino que, además, da certeza, a las relaciones surgidas en el régimen de propiedad horizontal.

La segunda que consideran que se trata de una norma restrictiva que debe ser interpretada en el sentido de que salvar el voto equivale o es lo mismo que votar en contra, sin que exista diferencia alguna entre ambos conceptos, ya que lo contrario supondría que la no asistencia a las juntas de propietarios resulte más ventajoso que acudir a ellas, cuando no existe razón alguna por la que ambas opciones no deban tener el mismo tratamiento a la hora de evidenciar la expresa voluntad contraria al acuerdo.

Asimismo, existen otras sentencias de las Audiencias que han reducido la aplicación del requisito consistentes en salvar el voto a aquellos propietarios que se abstienen en la votación, no a quienes votan en contra, comportamiento éste que lleva consigo la legitimación para impugnar el acuerdo, sin ninguna otra exigencia.

La STS de 10 de mayo de 2013 fija la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de la expresión “salvado su voto” en el sentido de que no obliga al comunero que hubiera votado en contra del acuerdo, sino únicamente al que se abstiene, de tal forma que otorga legitimación activa para el ejercicio de la acción de impugnación al propietario disidente, eximiéndole del requisito previsto en el art. 18.2 de la LPH, con el siguiente razonamiento:

“… El artículo 18.2 de la LPH no habla de emisión del voto contrario a la adopción del acuerdo. Se limita a conceder legitimación para impugnarlo a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. La sentencia de 16 de diciembre de 2008 , declara, entre otras cosas, que "no se modifica el artículo 18 LPH , en el cual se mantiene como requisito para poder impugnar el acuerdo, únicamente respecto de los copropietarios presentes en la junta, que hayan salvado su voto o votado en contra del acuerdo". Salvar el voto y votaren contra no suponen por tanto lo mismo. El hecho de votar en contra significa que, sin más expresión de voluntad que la del propio voto disidente, el propietario tiene legitimación para impugnar los acuerdos en la forma que previene la LPH.

No es posible obviar que el legislador modificó la Ley para introducir, entre otras cosas, una expresión tan controvertida como la de "salvar el voto", que no tenía antecedentes en el ámbito de la propiedad horizontal, y que mediante esta reforma que ha de operar en una realidad social determinada por una reunión de vecinos no debidamente ilustrada en estas cosas, puede entenderse suficiente el hecho de votar en contra para impugnar un acuerdo comunitario con el que no se está conforme, significado que, por cierto, nada tiene que ver con el que tendría en una sociedad capitalista, ni por las expresiones que en ella se utilizan ("asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo"), ni por la mayor exigencia de formalidades para éstas. La necesidad de salvar el voto únicamente tiene sentido en aquellos casos en los que los propietarios asisten a la Junta sin una información o conocimiento suficiente sobre el contenido y alcance de los acuerdos que se van a deliberar, y deciden no comprometer su voto, favorable o en contra, sino abstenerse de la votación a la espera de obtenerla y decidir en su vista. A ellos únicamente habrá de exigírseles dicho requisito de salvar el voto, pues en otro caso sí que se desconocería su postura ante dicho acuerdo.

Con ello se evitaría, además, que el silencio o la abstención puedan ser interpretados como asentimiento al posicionamiento de la voluntad mayoritaria que se expresa en uno o en otro sentido…”




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25 de enero de 2014

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Ley de Cookies

Ya os habréis dado cuenta que al visualizar el blog sale un mensaje avisando de la política de cookies. Sé que es molesto pero hay que acatar la ley. Esta obligación legal surge del apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

"Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario."

Este artículo ha sido redactado por el apartado tres del artículo 4 del R.D.-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 abril 2012

El problema viene en que cualquier sitio web o blog que use Google Analytics y/oGoogle Adsense está haciendo uso de cookies. Las cookies permiten, en el primero de los casos, obtener datos para generar las estadísticas que tanto necesitamos. En el segundo caso, es gracias a las cookies lo que hace posible conocer preferencias del usuario y por lo tanto mostrar publicidad ajustada a cada perfil. Sin cookies no hay problemas con la ley pero te quedas sin estadísticas y/o publicidad. Con cookies tendrás lo que necesitas, podrás mejorar la experiencia de usuario y generar ingresos pero será necesario que obtengas el consentimiento para el uso de las cookies por parte de quien te visita.

Por tanto, no queda más remedio que si queremos cumplir la Ley y otras directivas europeas, asumir que debemos informar al visitante del uso de las cookies y que incluso, ha de aceptarlas para continuar.
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24 de enero de 2014

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Recursos gratuitos en la Biblioteca Digital Hispánica



Buscando recursos legales gratuitos en la red, vino a mi memoria que en el año 2008 el Estado creó la web de la Biblioteca Digital Hispánica, organismo cuyo fin primordial es el depósito y conservación del Patrimonio bibliográfico y documental de España, custodiando en sus muros más de 28 millones de publicaciones que son difundidas a través de su catálogo. Esta colección pretende difundir el patrimonio cultural español a la vez que se salvaguarda la herencia cultural. Igualmente pretende convertirse en una herramienta que fomente la investigación sobre la cultura española, además de aportar contenido a la futura Biblioteca Digital Europea.

Fue inicialmente cofinanciada por RED.ES, entidad pública empresarial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Posteriormente, el convenio firmado con la empresa Telefónica sería el impulso y apoyo financiero definitivo para el lanzamiento del gran proyecto de digitalización masiva y sistemática de la BNE.

En el momento de su presentación, en enero de 2008, contó con unas 10.000 obras, seleccionadas por expertos en distintas materias como representativas del patrimonio bibliográfico y documental custodiado por la BNE. Hoy en día ya incorpora casi 100.000 títulos, de todas las temáticas y tipos documentales, disponibles para todos, y desde cualquier lugar.

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23 de enero de 2014

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La justicia europea ve legal que Vueling cobre un recargo por la facturación de equipajes

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Yves Bot, ha dictaminado este jueves que el cobro por parte de Vueling de un recargo por la facturación de equipajes no vulnera las normas de la UE. No obstante, el fallo avisa que las aerolíneas deben comunicar a los clientes las tarifas de este servicio de manera clara, transparente y sin ambigüedades al comienzo del proceso de reserva, mediante una opción explícita de aceptación.

El dictamen del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia de la UE, aunque éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Ahora los jueces empiezan a deliberar y la sentencia definitiva se conocerá en los próximos meses.

El fallo responde a una denuncia de una ciudadana española contra Vueling por haberle aplicado en 2010 un recargo de 40 euros al precio de sus billetes de avión por la facturación en línea de dos maletas.

La afectada alegó que el contrato de transporte aéreo con Vueling estaba viciado por una cláusula abusiva. Posteriormente, el Instituto de Consumo de Galicia impuso a Vueling una sanción administrativa de 3.000 euros. El caso acabó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, que planteó una cuestión prejudicial al TJUE.

En sus conclusiones de este jueves, el abogado general afirma que el derecho de la UE «reconoce a las compañías aéreas una libertad de fijación de precios que abarca el conjunto de los servicios comerciales ligados a la ejecución del contrato de transporte aéreo, incluidos los servicios como la facturación de las maletas».

«Por lo tanto, en cuanto a la fijación de precios por los equipajes facturados, las compañías aéreas pueden optar por incluir el coste de este servicio en el precio base del billete de avión o por ofrecer el servicio con un suplemento opcional del precio», apunta el fallo. Esta interpretación, prosigue, no es aplicable al equipaje de mano, ya que la compañía aérea debe transportarlo gratuitamente.

COMPROBACIÓN

No obstante, el abogado general precisa que corresponde a las autoridades nacionales competentes verificar que, al cobrar por la facturación de los equipajes, las compañías aéreas cumplen sus deberes en lo que se refiere a la protección de los derechos del consumidor.

En este sentido, los transportistas aéreos deben comunicar de manera clara, transparente y sin ambigüedades, desde el comienzo del proceso de reserva iniciado por el cliente, las modalidades de fijación de precios ligadas a la facturación de equipajes, permitiendo al cliente aceptar o rechazar esta prestación mediante una opción explícita de aceptación.  Por lo tanto, en el presente asunto corresponderá al órgano jurisdiccional nacional comprobar si Vueling ha respetado estas exigencias respecto a la ciudadana denunciante.-


Fuente: Diario La Ley
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Oposición de Jueces y Funcionarios a que los abogados ejerzan de Procuradores


El 70 por ciento de los jueces y magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia considera que la Ley de Servicios y Colegios Profesionales tendrá un impacto «perjudicial» para el servicio público, que perderá agilidad y acarreará un mayor coste para el ciudadano. Y el 53 por ciento se opone que a los abogados puedan compatibilizar su cargo con el de procurador como propugna el anteproyecto.

Así lo refleja la encuesta de Sigma Dos que ha sido presentada este miércoles por el presidente del Consejo General de Porcuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, y que arroja como conclusión que la reforma impulsada por el Ministerio de Economía «no satisface a nadie dentro del sector judicial».

Más de dos tercios de los profesionales coinciden en que el procurador es una «pieza clave» para una Justicia ágil y eficaz y la gran mayoría valora su trabajo positiva o muy positivamente, frente a un 23 por ciento que piensa que no ayudan a agilizar los procedimientos.

El 53 por ciento se opone a que el trabajo de los procuradores pueda ser realizado indistintamente por un procurador o un abogado, mientras que el 26,7 por ciento de los encuestados es favorable a la compatibilidad. Estévez advierte de que esta propuesta «supondría la desaparición paulatina de la profesión».

«Somos 10.000 procuradores y nos irían enguyendo progresivamente sin abaratar los costes porque su función sigue existiendo», señala Estévez, que califica de «nefasta» y «preocupante» la idea del anteproyecto y expone que los honorarios que cobran los abogados cuando la ley les permite hacer labores de representación son «cinco veces mayores» que las de los procuradores.

UN SERVICIO MENOS ÁGIL Y MÁS CARO

Pero además la reforma conllevará una pérdida de calidad y un mayor gasto para la Administración y para los ciudadanos. «Como siempre, los paganinis de un error legislativo serán los ciudadanos, que son la clientela de la Administración de Justicia», señala el presidente de la Procura.

Esta opinión es compartida por una amplia mayoría de funcionarios y fedatarios públicos, que cree que si los colegios de procuradores dejan de asumir los gastos íntegros de notificación, la Administración tendrá que hacerse cargo y aumentará el coste para el contribuyente.

Para un 73,7 por ciento de los entrevistados, la eliminación del sistema de aranceles y la liberalización de los precios provocará un encarecimiento de los procesos; mientras que para un 65,2 por ciento, la liberalización dificultará el control ético dela profesión y facilitará el intrusismo y la competencia desleal.

Más de la mitad de los encuestados entiende que la reforma supondrá mayores dilaciones en los procedimientos e incrementará «exponencialmente» la presencia de abogados en las oficinas judiciales. Los funcionarios tendrán que atenderles mermando su tiempo para tramitar las causas.

Fuente: Diario La Ley
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Amparo del Tribunal Constitucional en un Procedimiento hipotecario

El Tribunal Constitucional ha dado el amparo a una ciudadana cuyo derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada, fue vulnerado por el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid en el procedimiento de ejecución hipotecaria que pesaba sobre la vivienda en la que residían la demandante y sus hijos.

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22 de enero de 2014

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La Tasa Judicial – Actualización

Este es un artículo de actualización de aquél que publicamos hace tiempo titulado “La Tasa Judicial” y no tiene otra pretensión que mantener una cierta coherencia en el desarrollo del blog.
La tasa judicial es un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos los usuarios, ya sean personas físicas o jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La posibilidad de exigir el pago de estas tasas entró en vigor el 1 de abril de 2003, regulándose actualmente por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Las tasas tienen ámbito estatal y se aplican a los órdenes jurisdiccionales: civil, contencioso – administrativo y social. No se aplican al orden jurisdiccional penal. El pago de esta tasa queda afecto a los actos procesales siguientes:

  • ·    Interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • ·         Solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
  • ·         La interposición del recurso contencioso – administrativo.
  • ·         La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
  • ·         La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso – administrativo.
  • ·         La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
  • ·         La oposición a la ejecución de títulos judiciales.


El sujeto obligado al pago de estas tasas son las personas físicas o jurídicas que acudan a un juzgado o tribunal para ejercitar los actos procesales establecidos en el apartado anterior. Sin embargo, no tienen que pagar la tasa judicial:
  • ·         Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello.
  • ·         El Ministerio Fiscal.
  • ·       La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
  • ·         Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
  • ·      En el orden social, los trabajadores y las trabajadoras, por cuenta ajena, autónomos o autónomas, tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de recursos de suplicación y casación.
  • ·        En el orden contencioso – administrativo, los funcionarios y las funcionarias tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación, cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios.


Como excepción, no están sujetos al pago de la tasa judicial los siguientes actos procesales:
  • ·     La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores que se regulen en el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el Capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre éstos.
  • ·    La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
  • ·         La solicitud del concurso voluntario por el deudor.
  • ·         La interposición de recurso contencioso – administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
  • ·    La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros.
  • ·     La interposición de recursos contencioso – administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
  • ·      La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
  • ·         Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.


El devengo u obligación al pago de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:
1.- En el orden jurisdiccional civil

  • ·         Con la interposición del escrito de demanda.
  • ·         Con la formulación del escrito de reconvención.
  • ·         Con la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • ·         Con la presentación de la solicitud de declaración del concurso por la persona acreedora y demás personas legitimadas.
  • ·         Con la presentación de demanda incidental en procesos concursales.
  • ·         Con la interposición del recurso de apelación.
  • ·         Con la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
  • ·         Con la interposición del recurso de casación.
  • ·         Con la interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

·          
2.- En el orden contencioso – administrativo

  • ·         Con la interposición del recurso contencioso – administrativo, acompañada o no de la formulación de la demanda.
  • ·         Con la interposición del recurso de apelación.
  • ·         Con la interposición del recurso de casación.


3.- En el orden social

  • ·         Con la interposición del recurso de suplicación o de casación.

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Cuota fija

En cuanto a las cantidades a pagar en concepto de tasas judiciales son las siguientes (cuota fija):

- CIVIL



   Cuando después de la oposición de la persona deudora en un monitorio se siga un proceso M ordinario o verbal se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.
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- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO


Cuando el recurso contencioso – administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa incluida, incluida la cantidad variable, no podrá exceder del 50 % del importe de la sanción económica impuesta.

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- SOCIAL


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Cantidad variable

A las cantidades fijas expresadas en los cuadros anteriores, se sumará una cantidad variable para completar la tasa que será del 0,5% (cuando lo que se reclame en juicio esté comprendido entre 0 y 1.000.000) y del 0,25% (para el resto de casos), hasta un máximo de 10.000 euros en concepto de cantidad variable.

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Esquema para realizar el pago de la tasa

Cuota tributaria = cuota fija + cuota variable (cuota variable = aplicar a la base imponible determinada según las normas procesales un tipo de gravamen que se fija según una escala).
La base imponible coincide con la cuantía del procedimiento (fijada a través de las normas procesales). En los casos de cuantía indeterminada, la base será la de 18.000 €. En los procesos regulados en el capítulo IV del título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa, a efectos de la determinación de la base imponible, se considerarán como procedimientos de cuantía indeterminada. En los casos de acumulación de acciones (cuando a través de una misma demanda, reconvención o interposición de recurso se reclamen distintas pretensiones) habrá que realizar la suma de las cuantías al objeto de hallar la base imponible sobre la cual se deberá realizar el pago de la tasa.
La cuota tributaria está compuesta por la suma de una cuota fija que se determina en función de la clase de procedimiento y orden jurisdiccional, más otra cuota variable consistente en la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada según las normas procesales el tipo de gravamen que resulte de aplicación en función de las tablas que a continuación se exponen.
Momento de realización del pago

En qué momento es obligatorio realizar el pago de la tasa. En el orden civil: Es preciso acreditar que se ha producido el pago en el momento de la interposición del escrito de demanda (o, en su caso, de la formulación de reconvención); Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo; Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados; Presentación de demanda incidental en procesos concursales; Interposición del recurso de apelación; Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal; Interposición del recurso de casación; Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales. En el orden contencioso: Es preciso acreditar que se ha producido el pago en el momento de la interposición del recurso contencioso-administrativo (vaya o no acompañado de formulación demanda), así como con la interposición de los recursos de apelación y casación. En el orden social: en el momento de presentación de la interposición del recurso de suplicación o casación.

Forma de presentación de los modelos 695 y 696

- Telemática- En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet.
En los demás supuestos, la presentación telemática será potestativa.
- Mediante impreso- Los modelos 695 y 696 deberán cumplimentarse en papel impreso generado a través de la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en su sede electrónica.

Autoliquidación y pago

Los sujetos pasivos deberán presentar en todo caso el modelo 696 establecido por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, y, en su caso, autoliquidar la deuda tributaria, con carácter previo a la presentación del acto procesal de parte correspondiente. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
Los sujetos pasivos a quienes se les aplique una exención total no deberán presentar la autoliquidación. Cuando de la declaración-liquidación resulte una cantidad a ingresar, la presentación de la misma y la realización del correspondiente ingreso habrán de efectuarse en cualquier entidad colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito). Los secretarios judiciales no darán curso a los escritos que no acompañen el justificante de la autoliquidación, hasta que tal omisión sea subsanada, a cuyo efecto se concederá un plazo de diez días.
Devoluciones

Los sujetos pasivos que hayan liquidado la tasa tendrán derecho a devoluciones: del 60 % del importe abonado, si se produce el allanamiento total de la parte demandada o se alcanza un acuerdo que ponga fin al litigio. En los procesos contencioso-administrativos, esta devolución será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación. Del 20 % del importe cuando se acuerde una acumulación de procesos.
Esta devolución se hará efectiva a través de la presentación del modelo 695 establecido por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, disponible a partir del 1 de junio de 2013. Las devoluciones anteriores al 1 de junio de 2013 no darán lugar en ningún caso al devengo de intereses de demora. A partir de esa fecha, si podrán devengarse intereses de demora transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud sin que Hacienda haya acordado el pago.

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NOTA.- En la actualidad se han presentado y admitido cinco recursos de inconstitucionalidad y una cuestión de inconstitucionalidad (la interpuesta por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional) contra la Ley de Tasas. Entre ellos, el Recurso de inconstitucionalidad n.º 995-2013, contra los artículos 1 al 11 de la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas  en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de  Toxicología y Ciencias Forenses, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de Canarias y por la Diputación General de Aragón contra la citada Ley.

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