31 de marzo de 2014

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La acción directa de responsabilidad civil contra la compañía aseguradora de una Administración pública

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Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los entes administrativos y dotarlos de cierta racionalidad económica, el proceso de aseguramiento privado de las Administraciones Públicas viene a suponer una privatización del riesgo asegurado, permitiendo sustituir la previsión económica de las consecuencias de un riesgo incierto por el abono cierto a la aseguradora privada de la cantidad que resulta de la prima. 


En este sentido, la cobertura de riesgos inherentes a los medios personales y materiales de la actividad administrativa se ha ido extendiendo a los daños acontecidos con ocasión de las relaciones jurídico-privadas y a los derivados del ejercicio de las potestades administrativas.

En efecto, la legislación administrativa vigente prevé la posibilidad de que las Administraciones Públicas concierten seguros privados cuyas pólizas cubran la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, aunque, desde luego, no sin la creación de ciertos problemas de compatibilidad legislativa entre ambos sistemas – cfr. Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Arts. 20 y 21 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público – en idéntico sentidos los artículos 5, 9 y 206 del derogado Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Por tanto, resulta ser un fenómeno habitual de la Administración pública la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra las eventuales responsabilidades a las que habrá de hacer frente. En ese caso, sucedido el accidente, la víctima del accidente puede demandar a la Administración y a su aseguradora y elevar así las probabilidades de que una u otra le pague la indemnización por el daño sufrido. 

En relación a la asignación y distribución competencial de este tipo de demandas, una de las principales novedades que, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, introdujo la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica 6/1998, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, fue la atribución a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la competencia para conocer de cualesquiera pretensiones deducidas en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, incluidos los supuestos en que a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados.

El objetivo de esta reforma era acabar con la vis atractiva de los órganos jurisdiccionales civiles en los asuntos de responsabilidad concurrente de la Administración pública y de sujetos privados, no habituada a aplicar los parámetros propios de la responsabilidad patrimonial de la Administración y con la falta de unidad jurisdiccional que generaba el riesgo de resoluciones contradictorias en aquellos casos en que la responsabilidad patrimonial de la Administración pública se ventilaba ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al mismo tiempo que la responsabilidad de los sujetos privados concurrentes en la causación del mismo hecho dañoso era conocida por los órganos de la Jurisdicción Civil.

En efecto, hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, la imputación de la legitimación pasiva conjunta de la Administración Pública y de la compañía aseguradora en el ejercicio de la acción judicial de responsabilidad civil había venido planteado serios problemas de atribución de competencia de jurisdicción en este tipo de reclamaciones judiciales y de peregrinajes jurisdiccionales.

Esta reforma del año 2003 modificó los artículos 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 21.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, blindado la competencia de este último orden jurisdiccional para enjuiciar todas las demandas de reparación de daños contra una Administración pública, acabando en esta materia con los conflictos de competencia entre los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo.

Sin embargo, en la reforma operada en el año 2003 el legislador no contempló o no quiso contemplar expresamente la atribución de la competencia a la jurisdicción contencioso- administrativa de aquellos supuestos en que la víctima del daño decidiera ejercitar la acción directa de responsabilidad contra la compañía aseguradora de la Administración pública, demandado única y exclusivamente a aquélla, fundamentada en el artículo 76 de la LCS – cfr. artículo 145.1 LRJyPAC. En este sentido, el referido art. 9.4 párrafo segundo LOPJ dispone que:

“(..) Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.”

El artículo 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa atribuye de modo decidido a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:

“El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con [...]: e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social [...]”.

En idéntico sentido, el artículo 21.1 letra c) LJCA considera que ostentan legitimación pasiva en un recurso contencioso administrativo “Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.”

El vigente artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro vino a dotar de carácter normativo a la acción directa, instaurándola con carácter general para todo seguro de responsabilidad civil. El fundamento de la acción directa es, por una parte, garantizar la protección de la víctima del daño o perjuicio ante la posibilidad de que el responsable del mismo no lo indemnice o no pueda hacerlo por hallarse en situación de insolvencia. Por otra, evitar las dificultades que puede comportar el ejercicio de la acción contra el causante del daño, dada la mayor facilidad de demandar a la aseguradora. El tenor literal del precepto es el siguiente:

“El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido.” 

En conclusión, que a la vista de la normativa expuesta no existe impedimento legal alguno a la acción directa contra la compañía aseguradora de la Administración pública, aunque el ejercicio de la acción directa planteé ciertos problemas prácticos. 

En efecto, el artículo 76 LCS declara que: “La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido”. 

En consecuencia, el asegurador se ve obligado a responder ante el tercero, a menos que tenga alguna excepción directamente relacionada con él u otras excepciones objetivas basadas en el mismo contrato, tales como la ausencia del contrato o la falta de cobertura del riesgo en cuestión.

Por tanto, será juez competente para resolver la controversia el del orden jurisdiccional civil, que habrá de decidir sobre la obligación de pago de la compañía aseguradora de la Administración, al margen de un procedimiento administrativo previo que declare si efectivamente hubo responsabilidad patrimonial. No cabe otra solución en los casos en que la víctima ejercite exclusivamente la acción directa contra la compañía aseguradora de la Administración pública – cfr. STS de 30 de mayo de 2007.

En efecto, la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo planteó la cuestión de la judicialidad preferente del orden jurisdiccional civil cuando se ejercita la acción directa de responsabilidad civil únicamente contra la compañía aseguradora de la Administración Pública, manifestando que de ejercerse la acción directa ante la vía contenciosa-administrativa, sin codemandar a la Administración el pronunciamiento judicial habría de ser necesariamente la inadmisión del recurso por defecto de jurisdicción. 

El alto tribunal resolvió por medio del Auto de fecha 18 de octubre de 2004 ratificado, entre otros muchos, por el Auto de 18 de octubre de 2010, que utiliza el razonamiento siguiente: 

“PRIMERO.- El conflicto que se suscita en este caso presenta los mismos perfiles que los tres resueltos recientemente por esta Sala a favor de la jurisdicción civil en sendos autos de 22 de marzo de 2010 (conflictos 23/09, 25/09 y 27/09). En dichas resoluciones hemos indicado (FF.JJ. 2º) que:

(…)

TERCERO.- «[…] las reflexiones expuestas obligan a considerar que en este caso la competencia corresponde a los tribunales del orden civil, cuya vis atractiva, por lo demás, sigue proclamando nuestro ordenamiento (artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Los inconvenientes del orden práctico que puedan derivarse de la pervivencia de la duplicidad jurisdiccional en este concreto punto no pueden sobreponerse a un derecho sustantivo otorgado a los perjudicados por una norma del ordenamiento jurídico vigente, que, además constituye un pilar de nuestro sistema en relación con el contrato de seguro, emparentado con la tutela judicial efectiva y con la voluntad del legislador de proteger a los perjudicados (así se expresó la citada sentencia de la Sala Primera de 30 de mayo de 2007 FJ 3ºC).
El hecho de que para determinar la responsabilidad del asegurador haya que analizar, con los parámetros propios del derecho administrativo, la conducta de la Administración asegurada no resulta en ningún modo extravagante. El artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil (BOE de 8 de enero) prevé tal escenario con toda naturalidad, admitiendo un examen prejudicial que sólo producirá efectos en el proceso de que se trate. La eventualidad de que en uno y otro caso se lleguen a conclusiones fácticas distintas se encuentra resuelta en nuestro ordenamiento desde hace tiempo, en el que la jurisprudencia de nuestros tribunales, interpretando el artículo 24.1 de la Constitución y, en el caso de afectar al ejercicio del "ius puniendi" del Estado, el 25.1 ha sentado que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para diferentes órganos o instituciones públicas, de modo que fijados por el juez de un orden jurisdiccional, la realidad declarada probada vincula a los demás, salvo que estos últimos dispongan de elementos de juicio que no estuvieron a disposición del primero. En fin, la máxima que aconseja no dividir la continencia de la causa opera siempre y cuando no suponga la restricción de los derechos sustantivos y procesales de los contendientes.
En definitiva, cuando los perjudicados, al amparo del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, se dirigen directa y exclusivamente contra la compañía aseguradora de una Administración pública, el conocimiento de la acción corresponde a los tribunales de orden civil….».

En idéntico sentido, la Sentencia T.S. 616/2013 (Sala 1) de 15 de octubre - F.J. Segundo:

“ (…) Se trata de un problema que ha sido resuelto reiteradamente por esta Sala atribuyendo competencia a la jurisdicción civil cuando la demanda se dirige en el ejercicio de la acción directa del artículo 76 LCS, contra el asegurador de la Administración (SSTS 30 de mayo 2007; 21 de mayo 2008 y 11 de febrero 2011), antes y después de la reforma del artículo 9 de la LOPJ y que ha sido también corroborado por numerosos autos de la Sala de Conflictos de este Tribunal (Autos de fecha 22/03/2010 -Conflicto Competencia 23/2009, 25/2009 y 27/2009 -, 18/10/2010 - CC. 21/2010 -, 17/10/2011 - CC. 27/2011 -, 3/10/2011 - CC. 28/2011 -, 5/12/2011 - CC. 46/2011 -, 24/09/2012 - CC. 22/2012 - y CC 4/2013).

La reforma de la LOPJ llevada a cabo por la LO 19/2003, reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administración, junto a la Administración respectiva". Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administración y el asegurador, pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 y 28 de junio de 2004 (teniendo en cuenta la inclusión del último inciso, que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que, según expresión del primero de los citados autos, "la reforma introducida por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, en el art. 9.4 LOPJ, en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administración, se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella "junto a la Administración respectiva", lo que excluye el supuesto de haberse demandado únicamente a la Compañía de Seguros".
Como dice el auto de la Sala de Conflictos de 12 de marzo de 2013, "el legislador quiere que no quede resquicio alguno en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que permita el conocimiento del asunto a otro orden jurisdiccional, razón por la que atribuye a la contencioso-administrativa tanto el conocimiento de las acciones directas (dirigidas contra la Administración y su aseguradora), como las entabladas contra cualquier otra entidad, pública o privada, aunque las mismas, solo de una forma indirecta, sean responsables, junto a la Administración, de los daños y perjuicios causados, para reconocer una única excepción a este sistema en aquellos supuestos en que los perjudicados, al amparo del artículo. 76 de la Ley del Contrato de Seguro, se dirijan directa y exclusivamente contra la compañía aseguradora de una Administración pública, de forma que en estos casos el conocimiento de la acción corresponde a los tribunales del orden civil y ello por cuanto "en esta tesitura la competencia ha de corresponder necesariamente a la jurisdicción civil, pues no cabe acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo sin actuación u omisión administrativa previa que revisar ni Administración demandada que condenar".

En definitiva, de todo lo expuesto, se deduce que, en el momento vigente, tanto en los casos anteriores a la Ley Orgánica 19/03 de 23 de diciembre, como posteriores a la misma, si se ejercita la acción directa del art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro, exclusivamente contra la aseguradora de la Administración, la única jurisdicción competente será la civil.


Fuentes Consultadas 


1. El Ejercicio de la Acción Directa frente al Asegurador de la Responsabilidad Civil de los Entes Públicos y Asimilados. D. Juan Antonio Xiol Ríos. Magistrado del Tribunal Supremo. Letrado del Tribunal Constitucional.

2. Problemas de jurisdicción competente y de derecho aplicable en pleitos de responsabilidad civil extracontractual. Carlos Gómez Ligüerre. Facultad de Derecho. Universitat Pompeu Fabra. Revista Indret. 2009.

3. En torno a la responsabilidad patrimonial concurrente de las administraciones públicas y de sujetos privados. Javier García Sanz. Abogado. Actualidad Jurídica Uría & Menéndez 9/2004.

4. Acción directa contra la aseguradora de la Administración. José Antonio Seijas Quintana. Revista Dialnet.

5. La acción directa contra la aseguradora de la Administración. Javier López y García de la Serrana. Abogado. Secretario General de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Ed. Hispacolex.




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30 de marzo de 2014

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La Doctrina Jurisprudencial de las condenas cruzadas: La responsabilidad civil derivada de accidente de circulación en supuestos de daños personales causados por la colisión recíproca de vehículos

En el primero de estos artículos relacionado con el Derecho de Daños, vamos a analizar la reciente doctrina establecida y mantenida por el Tribunal Supremo en materia de responsabilidad civil derivada de accidente de circulación en supuestos de daños personales causados por la colisión recíproca de vehículos. 

Apuntar que no tenemos intención de extendernos en demasía en desarrollar esta materia, pues la información contenida en la red sobre este tema es muy abundante y, en la generalidad de los casos, procedentes de análisis jurídicos elaborados con mucho más rigor, seriedad y profesionalidad que la predicada en esta humilde bitácora. 



En esencia, esta importante doctrina denominada de las condenas cruzadas viene a significar que sí no queda probado judicialmente que uno de los conductores involucrados en un accidente de tráfico es el único responsable de todo el daño físico causado o no queda acreditada la proporción del daño causado por cada uno de los conductores causantes de dicho accidente, ambos conductores deberán responder del total de los daños personales causados a la víctima del accidente de tránsito.



Veámoslo con un sencillo ejemplo práctico. Imaginemos un accidente de tráfico donde un vehículo circulando por una vía recibe una colisión por alcance de otro vehículo y encontrándose el conductor aún dentro del vehículo recibe nuevamente un nuevo impacto de otro vehículo. A causa del siniestro el conductor del turismo siniestrado sufre lesiones, provocadas por ambas colisiones sin posibilidad de determinar que conductor de los vehículos siniestrados ha tenido mayor incidencia en la producción de lesiones en la víctima del accidente de tráfico.



En una apretada síntesis dicha tesis doctrinal sostiene que el resarcimiento proporcional solo es aplicable cuando pueda acreditarse un porcentaje concreto o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados. En caso contrario, ambos conductores responden del total de los daños causados al otro vehículo.

Con anterioridad a esta doctrina de las condenas cruzadas, en los supuestos de accidente de circulación por colisión recíproca el Tribunal Supremo había venido sosteniendo la tesis de que en estos casos no era aplicable el principio de la inversión de la carga de la prueba ni el principio de la responsabilidad objetiva o por riesgo – cfr. Sentencias del TS de 15 de abril de 1992 y de 5 de octubre de 1993, entre otras. 

La aplicación de este criterio había sido adoptado por distintas Audiencias Provinciales, tanto en supuestos de daños materiales como corporales derivados de accidentes de circulación cuando de colisiones recíprocas se trataba, entendiendo que la intervención de dos creadores de riesgo neutralizaba la presunción de culpa y recobraba plena vigencia el régimen general de la carga de la prueba que obligaba a cada uno de ellos a acreditar los hechos constitutivos de la responsabilidad imputada a la otra parte.

Sin embargo, esta doctrina basada en lo dispuesto en el art. 1902 CC había ido modificándose a medida que se consolidaba un régimen de responsabilidad por riesgo hasta culminar en la Sentencia del TS de 16 de diciembre de 2008, que cita como precedente la del Pleno de 10 de septiembre de 2012.

La publicación de esta importantísima STS de 10 de septiembre de 2012, siendo Ponente D. Juan Antonio Xíol Ríos, ha supuesto la fijación de la doctrina del alto Tribunal en materia de responsabilidad civil derivada de accidente de circulación en supuestos de daños personales causados por la colisión recíproca de vehículos que, en la actualidad, permanece invariable. 

La quaestio iuris gira en torno a la interpretación que debe hacerse del artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a Vehículos a Motor en los supuestos de recíproca colisión entre dos vehículos de motor sin prueba de la contribución causal de cada uno de ellos. 

La citada sentencia resolvió estimar el recurso de casación interpuesto por el conductor demandante, que reclamó por sus lesiones frente a la aseguradora del contrario, y revocar el pronunciamiento absolutorio de la instancia, con reposición de actuaciones para que se dicte sentencia condenatoria en la que se concrete y cuantifique la indemnización pertinente con arreglo al criterio de que, a falta de prueba de la participación causal de cada uno, cada conductor debe responder íntegramente (al 100%) del daño ocasionado al contrario.

La controversia objeto de casación presentaba una doble dimensión. De una parte, se suscitaba la cuestión de si, en supuestos de colisión mutua (en este caso, choque frontal, sin que resultase posible conocer qué vehículo fue el que invadió el carril contrario) cabe entender que los comportamientos de ambos conductores se anulan o compensan, de manera que ninguno tenga derecho a indemnización, o si, por el contrario, habida cuenta del régimen de responsabilidad objetiva que rige en esta materia, fundada, no en criterios subjetivos de culpa, sino en el riesgo creado por la conducción, la solución nunca puede ser la que adoptó la Audiencia Provincial de Vizcaya de no indemnizar a ninguno por sus daños, sino la de entender que cada conductor (en este caso, el demandado), debe responder frente al otro por el riesgo por él causado.

Esta cuestión se resuelve por la Sala de lo Civil conforme a esta última alternativa, pues, según señala la sentencia, una recíproca colisión de vehículos no supone excepción alguna a la aplicación del principio de responsabilidad objetiva por el riesgo de la circulación. 

Por ello, en este régimen de responsabilidad civil fundado en el riesgo creado por la circulación, una vez constatado que el accidente tuvo lugar en la circulación y, por consiguiente, que es imputable al riesgo creado por uno y otro conductor que intervinieron en él, el mero hecho de que no haya podido constatarse en autos que solo una de las conductas generadoras del riesgo ha sido la única relevante, desde el punto de vista causal, para la producción del resultado, excluyendo así la del otro conductor, o de que no haya sido posible probar la proporción en que cada una de ellas ha contribuido a causar el accidente, no es razón que permita soslayar la aplicación de los referidos criterios objetivos de imputación a ambos conductores.

Resuelto lo anterior, y declarada la responsabilidad de cada conductor frente al contrario, la segunda dimensión de la controversia tenía que ver con la cuantificación de esa responsabilidad. Unas Audiencias Provinciales eran partidarias, a falta de acreditación del concreto porcentaje de incidencia causal en el accidente, de atribuir la responsabilidad a ambos conductores por mitad (tesis del resarcimiento proporcional y no íntegro de los daños corporales recíprocos sin culpas probadas, por el efecto compensatorio de la inversión de la carga de la prueba). Otras Audiencias entendían, como si se tratara de dos accidentes distintos, que cada conductor debía responder íntegramente de los daños ocasionados al contrario (método de las condenas cruzadas).

Esta segunda polémica la resuelve la Sala con arreglo a un novedoso criterio, enunciado con valor de doctrina jurisprudencial, según el cual la solución del resarcimiento proporcional debe limitarse a los casos en que pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados de tal manera que, en caso de no ser así, ambos conductores han de responder del total de los daños causados al otro vehículo. 

Esta solución se adopta por la sentencia no solo por tener amplio respaldo en la doctrina de las Audiencias Provinciales y por ser seguida en el Derecho de otros países, sino también porque es una solución próxima a la que inspira la jurisprudencia de la Sala Primera tendente a proclamar la solidaridad impropia entre los agentes que concurren en la causación del daño cuando no puede establecerse la proporción en que cada uno de ellos ha contribuido a su producción. También, concluye la Sala, porque resulta acorde con la tendencia que se registra en el Derecho de otros países de atribuir responsabilidad plena a los causantes simultáneamente de un daño por una pluralidad de actividades.

Todo lo explicado hasta ahora en este post, puede resumirse acogiendo la explicitación jurídica que realiza la STS de 4 de febrero de 2013 – F.J. Segundo -, sobre la doctrina de las condenas cruzadas:

“En supuestos de colisión recíproca de vehículos constituye jurisprudencia de esta Sala, a partir de la STS de 16 de diciembre de 2008, RC núm. 615/2002, que el artículo 1.1 I y II LRCSVM 1995 establece un criterio de imputación de la responsabilidad derivada de daños a las personas causados con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción. Este principio solamente excluye la imputación (artículo 1.1 II) cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la negligencia del perjudicado (si los daños se deben únicamente a ella) o una fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo, salvo, en el primer caso, que concurra también negligencia del conductor, pues entonces procede la equitativa moderación de la responsabilidad y el reparto de la cuantía de la indemnización (artículo 1.1 IV LRCSVM 1995).
El riesgo específico de la circulación aparece así contemplado expresamente en la ley como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de imputación es la negligencia del agente causante del resultado dañoso. Esto es así tanto en el supuesto de daños personales como de daños materiales, pues en relación con ambos se construye expresamente el régimen de responsabilidad civil por riesgo derivada de la conducción de un vehículo de motor («daños causados a las personas o en los bienes»: artículo 1.1 I LRCSCVM). Respecto de los daños materiales, sin embargo, la exigencia, que también establece la LRCSCVM, de que se cumplan los requisitos del artículo 1902 CC (artículo 1.1 III LRCSCVM) comporta que la responsabilidad civil por riesgo queda sujeta al principio, clásico en la jurisprudencia anterior a la LRCSCVM sobre daños en accidentes de circulación, de inversión de la carga de la prueba, la cual recae sobre el conductor causante del daño y exige de ese, para ser exonerado, que demuestre que actuó con plena diligencia en la conducción.”

La SAP de Salamanca (Sección 1a) nº 326/2013 de 2 de octubre de 2013 – F.J. Segundo - acoge, reconoce y aplica la doctrina de las condenas cruzadas con el siguiente razonamiento:

“(…) Por consiguiente, al no poderse determinar cuál de los conductores fue el responsable del accidente objeto de juicio, ni tampoco la proporción en que cada uno de ellos contribuyó a la producción del resultado dañoso- pues el conductor asegurado en la compañía demandante-reconvenida tan sólo reconoció que iba un poco por encima de la velocidad máxima permitida pues llevaba a cabo un adelantamiento, lo cual desde luego no permite considerar justificado que sólo él produjese el accidente, ni tampoco permite concluir que su contribución causal fue la principal, ni en qué cuantía contribuyó al incremento de los daños producidos-; y teniendo en cuenta que las indemnizaciones, tanto las que reclama la Compañía Mapfre en la demanda, como las que reclama la demandada en la reconvención, proceden y se refieren a indemnizaciones satisfechas a los ocupantes del vehículo asegurado en la compañía demandada-reconveniente, de acuerdo con la doctrina de las condenas cruzadas antes transcrita la conclusión debe ser que todas esas indemnizaciones deben correr a cargo de la compañía aseguradora del otro vehículo, Mercedes, es decir, la Compañía Mapfre. Por lo que procede estimar el presente recurso de apelación y, revocando la sentencia recurrida, por las razones antes indicadas basadas en la llamada doctrina jurisprudencial de las condenas cruzadas antes transcrita desestimar la demanda y estimar íntegramente la reconvención, condenando a la entidad demandante- reconvenida a indemnizar a la entidad demandada-reconveniente en la cantidad de 141 1432,36 #.” – cfr. SAP de Córdoba 87/2013, de 25 de abril.

PD: Este mes de abril lo vamos a dedicar íntegramente al estudio de una de las ramas del Derecho Civil en que la contribución de la jurisprudencia resulta más decisiva: la Responsabilidad Civil, también denominada Derecho de Daños o, más propiamente Derecho de Responsabilidad Civil.
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29 de marzo de 2014

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La presunta incoherencia del artículo 396 LEC. El pronunciamiento sobre las costas en los supuestos de desistimiento del juicio



En virtud del principio dispositivo o de justicia rogada que rige el proceso civil las partes procesales son libres para disponer de sus intereses privados, acudiendo o no a la vía jurisdiccional, condicionando que el inicio de la actividad jurisdiccional y el objeto del proceso dependan de su exclusiva iniciativa - cfr. Exposición de Motivos de la LEC de 2000.



Si las partes procesales pueden disponer del inicio y del objeto del proceso, también pueden ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia. A estas formas anormales de terminación del proceso civil, o crisis procesales – en terminología procesalista -, dedica la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil los arts. 19 a 22.

En efecto, en el artículo 20 apartados dos y tres de la ley procesal, junto con los otros modos de finalización anormal del procedimiento – satisfacción extraprocesal, allanamiento, renuncia -, se regula la figura procesal del desistimiento: 

“2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía. 3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días. Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, por el Secretario judicial se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto. Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno. ”

El desistimiento es un acto de voluntad a través del cual la parte demandante manifiesta su intención de abandonar el proceso ya iniciado, sin hacer dejación de la pretensión ni del derecho que la fundamenta. Por tal motivo, el desistimiento conlleva que la pretensión quede sin juzgar, dictándose auto de sobreseimiento que permite al actor interponer de nuevo la misma pretensión – cfr- SAP Baleares 3 de mayo de 2005, SAP Valencia 12 de abril de 2005 y SAP de Madrid 18 de marzo de 2005.

En cuanto a la conceptualización de la figura del desistimiento, la doctrina constitucional plasmada en la STC 187/1990, de 26 de noviembre, explicita que:

“El desistimiento es una forma legítima de finalización de los procesos, que responde al principio dispositivo que rige nuestro ordenamiento civil», pudiendo ser definido como unilateral aquel «acto procesal del demandante en virtud del cual abandona o hace dejación del proceso iniciado a su instancia, provocando su terminación sin pronunciamiento sobre la pretensión procesal que, al quedar imprejuzgada, puede ser admisiblemente interpuesta como objeto en un proceso posterior”.

De una atenta lectura del precepto indicado, se puede apreciar que la Ley de Enjuiciamiento Civil distingue entre dos tipos o clases de desistimiento – unilateral y bilateral -, cuya diferente regulación no proviene de los distintos efectos que producen sino de los requisitos exigidos en cada caso dependiendo del momento procesal en que tienen lugar: 

  1. Desistimiento Unilateral.- En art. 20.2 LEC, el legislador recoge un desistimiento unilateral que puede realizar el demandante cuando el demandado no ha sido emplazado para contestar en el juicio ordinario, o citado para la vista en el juicio verbal y que también puede llevarse a cabo en cualquier momento del proceso si el demandado ha sido declarado rebelde. 
  2. Desistimiento Bilateral.- En el art. 20.3 LEC se regula un desistimiento para el que se requiere la conformidad del demandado, debiendo resolver el juez lo que estime oportuno en caso de que ésta no se produzca. 

La normativa procesal civil regula el contenido y alcance de la condena en costas en estos casos de desistimiento en el artículo 396 LEC: “1. Si el proceso terminara por desistimiento del actor, que no haya de ser consentido por el demandado, aquél será condenado a todas las costas. 2. Si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demandado o demandados, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes”.

El fundamento de este precepto tiene su razón lógica en que el desistimiento - a diferencia de la renuncia de la acción, que es por naturaleza unilateral del demandante y equivalente a una sentencia absolutoria, con eficacia de cosa juzgada (cfr. artículo 20.1 LEC) -, no impide formular de nuevo la pretensión mediante la interposición de otra demanda sobre el mismo objeto, al quedar el derecho controvertido imprejuzgado – cfr. SAP de A Coruña de 16 de noviembre de 2006.

El legislador para evitar abusos en el acceso a la actividad jurisdiccional con la hipotética finalidad de discutir idéntica pretensión jurídica, impone que, en aquellos casos en los que el demandante desiste unilateralmente de su demanda, antes de la citación o emplazamiento del demandado, haya de ser condenado en costas, aunque en realidad el demandado ni tan siquiera ha sido emplazado o citado a juicio.

Sin embargo, cuando el desistimiento se produce posteriormente a la traba de la relación jurídico-procesal – una vez practicada la citación o emplazamiento -, la cuestión se torna bilateral y en la terminación de esta forma anormal del proceso no existe la condena en costas, pese a que el demandado ha precisado de la contratación de los servicios profesionales de abogado y procurador. En efecto, el tenor literal del precepto no deja lugar a dudas, pues de forma imperativa señala que es el demandado quien debe afrontar el pago de las costas causadas en su propia defensa y, ello, a pesar de que quien le ha llevado al proceso ha sido un demandante que, finalmente, por las razones que fuere, se echa para atrás en el pleito que él mismo inició, obligándole a poner en marcha su línea de defensa, como es lógico, a través de un profesional que le asista en la tesitura procesal. 

En conclusión, que en el supuesto de desistimiento bilateral, el demandado viene obligado a actuar en defensa de sus intereses – con el consiguiente gastos emanado de la contratación de los servicios prestados por sendos profesionales del derecho -, convirtiéndose en un problema que ha de resolverse con la intervención de ambas partes, y en su caso, del juez, pues el demandado debe, o bien exteriorizar inequívocamente su interés en que el procedimiento continúe, oponiéndose al desistimiento, en cuyo caso el juez decidirá lo oportuno, o bien, consentirlo, quedando el asunto sobreseído.

A pesar de la falta de previsión legal, en la práctica forense suele ser muy habitual que el abogado del demandado preste el consentimiento al desistimiento y planteé una oposición parcial manifestando su conformidad con el sobreseimiento en cuanto al fondo del asunto, pero solicitando la condena en costas del demandante al objeto resarcir los gastos y perjuicios ocasionados a su cliente, equiparando la solicitud de condena en costas a una auténtica oposición al desistimiento. 

La doctrina jurisprudencial menor se encuentra dividida en torno a esta cuestión. Una primera corriente doctrinal entiende que no cabe la imposición de costas cuando se acepta la terminación del proceso, interpretando que la oposición al desistimiento ha de ser al desistimiento en cuanto a tal, porque exista un interés del demandado en obtener una sentencia sobre el fondo del asunto. 

La oposición simplemente en cuanto a la condena en costas sería un supuesto de aceptación del desistimiento a los efectos del artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues la condena en costas no constituye el objeto del procedimiento, sino simplemente su posible consecuencia. Apoyarían esta interpretación los artículos 414 y 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según los cuales la oposición deberá residir en la existencia de "interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo" – cfr. Auto de 24 de septiembre de 2012 AP de A Coruña. Auto de 21 de octubre de 2011 AP Albacete. SAP de Asturias de 18 de marzo de 2013. SAP de 21 de enero de 2013, entre otras muchas. En idéntico sentido los Acuerdos para la unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de septiembre de 2006 y su actualización de 2011.

Una segunda corriente doctrinal emanada de las Audiencias Provinciales concluye que el demandado sí puede aceptar el desistimiento y obtener no obstante una condena en costas a su favor. Se subraya que la Ley no ha regulado expresamente el "supuesto hibrido" de que el demandado acepte poner fin al proceso y a la vez solicite la condena en costas. Ante el vacío legal, se interpreta que existe oposición del demandado al desistimiento, ya que el consentimiento no es puro ni totalmente concorde con la petición de la parte actora, sino simplemente parcial, aunque sea sólo a los efectos de la condena en costas. Hay que estar, pues, a lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los supuestos de oposición, que establece que "el Juez resolverá lo que estime oportuno". 

Así, el juez podrá imponer las costas al actor en función de las circunstancias del caso, atendiendo al carácter justificado o no del desistimiento. Así, se suele condenar en costas al actor que desiste porque advierte que erró al interponer la demanda, mientras que no suelen imponerse las costas cuando el desistimiento trae causa de circunstancias sobrevenidas que el actor no tenía la carga de prever cuando interpuso la demanda - cfr. Auto de 9 de mayo de 2011 AP de Álava. Auto de 27 de noviembre de 2012 AP Almería. Auto de 4 de diciembre de 2012 AP Barcelona. Auto de 7 de marzo de 2012 AP de Cádiz. SAP de Ciudad Real de 9 de mayo de 2013. SAP de Girona, de 11 de febrero de 2013, entre otras muchas.

Auto, AP Madrid, Sección 13ª, de 29 de abril de 2011. El demandado que está conforme con la terminación anormal y anticipada del proceso debe quedar indemne por lo gastos por lo que proceden las costas.

“(…)
TERCERO.- Como "ya dijimos en nuestro auto de 24 de mayo de 2006 (Recurso 559/2005 ), el artículo 20.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al actor desistir del procedimiento, que no del eventual y ulterior ejercicio de la misma acción en otro, con el consiguiente traslado al demandado que ya se ha personado e intervenido en el primero, cual es el caso que aquí se da, a fin de que preste su conformidad al desistimiento, no se oponga dentro del plazo de diez días o se oponga expresamente. Actitud procesal que tiene su trascendencia en cuanto a las costas causadas por el litigio hasta ese momento, como se infiere de lo dispuesto en el artículo 396 , pues si el demandado no consiente el desistimiento del actor, este debe ser condenado a todas las costas, mientras que si fuere consentido no se condenará en costas ninguno de los litigantes.
Si ponemos en relación ambos preceptos, observamos que el demandado puede adoptar tres posturas procesales: a) Prestar su conformidad o consentir expresamente, que es lo mismo, el desistimiento. b) No efectuar manifestación alguna o no oponerse dentro del plazo concedido. c) Oponerse formalmente al desistimiento.
Pues bien, solo en el caso de que el demandado consienta el desistimiento (a), no se hará condena en costas, mas no en los otros dos supuestos (b y c) en los que no hay consentimiento. No es lo mismo no oponerse que consentir. El consentimiento produce el consenso o acuerdo, de dos voluntades, la del demandante y el demandado, en torno a un determinado acto procesal, cuya aprobación se somete a la decisión del órgano judicial. El desistimiento deja de ser una declaración unilateral de voluntad para constituir otra bilateral. Sin embargo, el no oponerse de forma expresa o el no efectuar ninguna manifestación en plazo (no oposición presunta), no comporta un concurso coincidente de voluntades sobre el acto de desistir, únicamente supone una indiferencia del demandado sobre la voluntad declarada del acto de apartarse del proceso, siempre que queden indemnes sus intereses, y entre ellos el de no soportar los gastos y las costas causadas por la interposición de la demanda y su tramitación.
A las tres actitudes procesales examinadas cabe añadir una cuarta, cual es la que se produce cuando el demandado está conforme o no se opone a que se tenga por desistida unilateralmente (no con su voluntad absolutamente concorde y por tanto bilateralmente) a la parte demandante, pero al propio tiempo solicita expresamente que le sean impuestas las costas del procedimiento al haberle obligado a defenderse en el procedimiento y a realizar gastos, que es la situación que aquí se da.
Aunque exista acuerdo o no oposición a que el procedimiento termine de forma anticipada, no concurre el supuesto de desistimiento bilateral, ya que le consentimiento no es puro ni totalmente concorde con la petición de la parte actora, sino parcial (se acepta la terminación del proceso sin la emisión de una sentencia sobre el fondo), ya que se rechaza que los gastos causados al demandado deba soportarlos este y, en defensa de su propio y legítimo interés, dicho demandado expresamente solicita que las costas que se le han causado sean impuestas al demandante que se precipitó en el ejercicio de la pretensión. En definitiva, no se da el supuesto de hecho que se contempla en el artículo 396-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y si el del primer apartado en lo que se refiere al concreto particular de las costas hasta ese momento causadas que, en aras de la indemnidad invocada por el demandado, deben ser impuestas al actor, que es quien con su conducta ha provocado la intervención del demandado y ha generado el devengo de aquellas, ya que sería abusivo, como se razona por la Audiencia Provincial de Zamora en el auto de 12 de febrero de 2003 , exigir al demandado su oposición al desistimiento con el propósito de obtener exclusivamente un pronunciamiento favorable sobre costas cuando sus intereses, salvo los relativos a los gastos procesales que se le han ocasionado injustificadamente, quedan satisfechos con el desistimiento del actor.
En definitiva, el demandado que está conforme con la terminación anormal y anticipada del proceso debe quedar indemne por los gastos que le ha ocasionado por su innecesaria e inútil llamada procesal. En sentido coincidente los Autos dictados por las Audiencias Provinciales de Badajoz, Sección 3º, el 26 de julio de 2006 , Las Palmas, Sección 4°, el 13 de septiembre de 2007 , Barcelona, Sección 16ª, el 18 de octubre de 2007 y Málaga, Sección 6ª, el 25 de octubre de 2007 . Sin que, finalmente, por loable que resulte su finalidad, los acuerdos adoptados por los Magistrados de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid en Juntas de Unificación sean vinculantes en el ejercicio de la jurisdicción.”

En conclusión, la doctrina jurisprudencial menor se encuentra dividida en torno a la cuestión de la imposición de costas al demandante en el caso de que presente solicitud de desistimiento del juicio y el demandado muestre su conformidad, cuando la ley expresamente excluye esta posibilidad. 

Sin embargo, aunque es un tema abierto a la polémica, en el que existen posturas bien definidas y fundamentadas a favor o en contra, lo que no se puede negar, es la loable intencionalidad del legislador con la aprobación del artículo 396 en relación con el artículo 20. 2 y 3 LEC que se focaliza, por una parte, en tratar de evitar la multiplicación de juicios, favoreciendo la finalización de los que se inician y, por otra, en garantizar los derechos del justiciable y proteger y velar por sus intereses en el proceso. 

Ahora bien, a mi juicio y en mi modesta opinión, siguiendo el criterio del Auto de 29 de abril de 2011 de la AP de Madrid, atendiendo exclusivamente a razones de ponderación, equidad y de justicia procedimental, parece ser que sería justo y correcto que el legislador incluyera expresamente una previsión legal de condena en costas del actor en aquellos casos de conformidad del demandado en supuesto de desistimiento bilateral, modificando la normativa procesal vigente, sobre todo por la posibilidad legal que tiene el actor de volver a formular su pretensión jurídica en otro proceso. 

¡… Evidentemente, salvo mejor parecer …


Fuentes Consultadas


1. Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil Arts. 19 a 22. Autores: Mª. Lourdes Noya Ferreiro y Bernardino J. Varela Gómez. Universidad de Santiago de Compostela. Indret. Revista Para El Análisis Del Derecho. 2005. 

2. Controversia En Materia De Costas En Los Casos De Desistimiento Del Demandante (Análisis Del Artículo 396 LECIV). Autor: D. José Javier Díez Núñez. Magistrado. Aranzadi. 2008.

3. ¿Puede el demandado en un proceso civil aceptar el desistimiento y obtener a la vez una condena en costas? Autor: Sra. Lucía Carrión Real. Abogada de Uria Menéndez. Oficina de Madrid. Legal Today. Septiembre 2013.

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27 de marzo de 2014

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Breve análisis de la doctrina jurisprudencial sobre el alcance y los efectos de la Sentencia de incapacidad civil

Las personas afectadas por una discapacidad de carácter psíquico o físico pueden encontrarse necesitadas del auxilio de otras personas a efectos de salvaguardar sus propios intereses. Para que estas terceras personas puedan asumir esta responsabilidad con plenos efectos legales, debe procederse previamente a la declaración judicial de incapacidad legal – cfr. art. 199 Código Civil -, y consiguiente nombramiento de un tutor legal, que asumirá en tal condición todas las facultades necesarias para administrar y velar por los intereses del paciente.

En este sentido, el art. 200 CC dispone que: “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.” La doctrina jurisprudencial, desde la reforma operada por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, ha interpretado este precepto afirmando el carácter abierto de estas causas y declarando que la operatividad de la legitimidad de las causas de incapacidad se encuentra en el presupuesto fáctico del autogobierno de la persona afectada.

En este sentido, La STS de 11 de octubre de 2012 dispone que:

“Las causas de incapacidad, dice la sentencia de 29 de abril de 2009, están concebidas en nuestro derecho, a partir de la reforma de 1983, como abiertas, de modo que, a diferencia con lo que ocurría en la antigua redacción del Código civil, no existe una lista, sino que el art. 200 CC establece que "son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma". Es evidente que el art. 322 CC establece una presunción de capacidad que se aplica a toda persona mayor de edad, que sólo desaparece cuando se prueba la concurrencia de una enfermedad de carácter persistente que permita concluir que aquella persona no se halla en situación de regir su persona, administrar sus bienes y cumplir con las restantes funciones de una persona media. Así se ha venido considerando por la jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 19 mayo 1998 , 26 julio 1999 , 20 noviembre 2002 , 14 julio 2004 ; como afirma la sentencia de 28 julio 1998 ,"(...) para que se incapacite a una persona no es sólo suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico (...) lo que verdaderamente sobresale es la concurrencia del segundo requisito, o sea, que el trastorno tanto sea permanente como que oscile en intensidad, impida gobernarse a la afectada por sí misma".

La STS 31 de diciembre de 1991: 

“En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes.”

En conclusión, e la enfermedad o la deficiencia de carácter físico o psíquico no es, en sí misma, criterio de valoración para determinar que una persona deba ser incapacitada judicialmente. Atendiendo a criterios jurisprudenciales, para que se dé causa legal de incapacitación, lo imprescindible es que concurran dos circunstancias determinantes: la incapacidad de gobernarse por sí mismo - cfr. entre otras muchas, STS 28 de julio de 1998 y de 14 de julio de 2004 y la persistencia de las causas que determinan tal imposibilidad – cfr. STS 10 febrero de 1986 y de 26 de julio de 1999.

La declaración de incapacitación civil intenta velar por los intereses de los incapaces y potenciar al máximo las funciones de protección que el Derecho ofrece a todas aquellas personas afectadas por una incapacidad y al mismo tiempo dotar de las máximas garantías a éste y su familia para poder defender y ejercitar sus derechos. En este sentido, se expresa la STS de 11 de octubre de 2012:

“La STS 29 de septiembre de 2009 (Rec núm. 1259/2006 ), de Pleno, en materia de incapacidad y en la interpretación de las normas vigentes a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, relativa a si, como consecuencia de la entrada en vigor de esta Convención, debe considerarse contraria a la misma la normativa relativa a la incapacitación como medida de protección de las personas incapaces, señala lo siguiente: " la incapacitación, al igual que la minoría de edad, no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio. De aquí, que deba evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado... Una medida de protección como la incapacitación, independientemente del nombre con el que finalmente el legislador acuerde identificarla, solamente tiene justificación con relación a la protección de la persona". 

El sistema de protección establecido en el Código Civil sigue por tanto vigente, aunque con la lectura que se propone: «1.° Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. 2.° La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada.”

Por tanto, la incapacitación es la privación de la capacidad de obrar a una persona física, en principio capaz, por sentencia y por las causas fijadas por la Ley. La declaración de incapacidad queda reservada a un pronunciamiento judicial por sentencia tras un procedimiento en el que haya existido cumplida demostración de la deficiencia y su alcance - cfr. STS. 28 de junio de 1990 -, mediante pruebas concluyentes y rotundas. La STS 19 de mayo de 1998 razona que: 

“La jurisprudencia, tanto la sentencia de 31 de diciembre de 1991 que se cita en el motivo segundo, como otras, como las de 20 de mayo de 1994, 31 de octubre de 1994 y 19 de febrero de 1996, desarrollan aquel precepto; esta última dice literalmente: La capacidad de las personas físicas, es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, en supuestos como el que se estudia, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, pues los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la transcendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva y patrimonial.”

El procedimiento judicial de incapacitación viene regulado en los artículos 748 y siguientes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. La competencia le corresponde al Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona en la que la declaración se solicite – cfr. art. 756 LEC y STSJ Burgos 29 de diciembre de 2000.

La legitimación para promover este tipo de procesos la ostenta el cónyuge o quienes se encuentren en una situación de hecho asimilable, es decir, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz y el Ministerio Fiscal – cfr. art. 757.1 LEC. En cuanto a los trámites procedimentales - que no son objeto de este artículo -, podéis consultar el enlace indicado. 

En cuanto a la sentencia de incapacitación y sus efectos, el art. 760.1 LEC dispone que: “La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763. 2. En el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, si el tribunal accede a la solicitud, la sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él.”.

En relación con este precepto hay que señalar que la extensión y los límites de la incapacitación serán proporcionales al grado de discernimiento – cfrs. STS 31 de octubre de 1994 y 22 de julio de 1998. Así, cuando este grado de discernimiento sea mínimo, el Juez someterá al incapacitado a la tutela, señalando los actos que él pueda realizar por sí solo, sin necesidad de su representante legal. Por el contrario, cuando el grado de discernimiento sea mayor, el Juez someterá al incapacitado a la curatela, señalando los actos que el incapacitado puede realizar por sí solo y aquellos para los que necesita la asistencia de su curador.

En este sentido, la STS 30 de junio de 2004 señala que: 

“(…) debe existir una adecuación de la restricción y control, en su extensión y límites, al grado de inidoneidad (pues no debe extenderse más de lo necesario: S. 26 de julio de 1999), en armonía con el principio básico que debe inspirar la materia de protección del presunto incapaz; y la aplicación de un criterio restringido (S. 16 de septiembre de 1999) en la determinación del ámbito de la restricción.”

Por su parte, la RDGRN de 30 de junio de 2005: 

“Ahora bien, la sentencia que declare la incapacitación ha de determinar la “extensión y límites de ésta” (cfr. art. 210 C.c.), lo que supone que la incapacitación no se configura legalmente como uniforme, sino que del mismo modo que se gradúa legalmente la capacidad de las personas (en función de la escala de edad), también se modula la incapacidad de las mismas en razón del concreto grado de discernimiento de la persona afectada que en el proceso seguido haya apreciado discrecionalmente el juez (así para la curatela vide art. 287 C.c.).”

La sentencia dictada en este procedimiento judicial de incapacitación constituye al sujeto pasivo en estado civil de incapacitado y, por este motivo, viene a ser tratada como una sentencia constitutiva con efectos ex nunc. De esta forma, la declaración legal de incapacidad se produce a partir de la fecha de la firmeza de esta sentencia, sin que quepa ningún efecto retroactivo, conforme señala abundante y reiterada jurisprudencial. En este sentido, la STS 27 de enero de 1998 expone que:

“La sentencia de incapacitación, dictada en proceso declarativo de menor cuantía (tal como estableció la disposición adicional de la Ley 13/1.983, de 24 de Octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela, que recoge actualmente el número 2º del artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), es sentencia constitutiva que, cuando en el demandado concurre una de las causas que prevé el artículo 200 del Código Civil, le constituye en el estado civil de incapacitado”. 

En idéntico sentido, la SAP Palma de Mallorca 12 de noviembre de 1992: 

“Dentro de cierta clasificación de las sentencias que las divide en sentencias de condena, puramente declarativas y constitutivas, es obvio y evidente que la que declara la incapacidad de una persona para regir sus bienes corresponde a estas últimas, es decir a aquellas en que la jurisdicción no se limita a declarar un efecto jurídico como ya producido (con trascendencia ejecutiva o no), sino que produce el cambio que sin ella no podría verificarse; sin embargo ello no significa imperativamente que la eficacia de la resolución constitutiva firme sea siempre y necesariamente ex nunc, o desde la sentencia misma, sino que en ocasiones puede ser ex tunc y -por tanto- retrotraída, bien al momento de la demanda o a otro anterior”

Por consiguiente, se puede predicar que los caracteres de la sentencia que declara la incapacidad de una persona son los siguientes:
  1. La sentencia que declare la incapacidad es una sentencia constitutiva ya que constituye al demandado en el estado civil de incapacitado.
  2. La sentencia carece de efectos retroactivos por lo que los actos del incapacitado anteriores a la declaración de incapacidad serán válidos a menos que se demuestre que éste carecía de inteligencia y voluntad en el momento de realizarlos en cuyo caso podrían ser anulados. No obstante, ello se entiende sin perjuicio de la invalidez de los actos realizados por el presunto incapaz una vez interpuesta la demanda si el Juez hubiera adoptado medidas cautelares como la anotación preventiva de la demanda de incapacidad del art. 42.5º de la Ley Hipotecaria. 
  3. La sentencia será eficaz desde que sea firme pero no desplegará eficacia frente a terceros hasta su inscripción o anotación en el Registro Civil. Por otro lado, también es posible su inscripción en el Registro de la Propiedad respecto de aquellos bienes inmuebles que constaren inscritos o anotados a nombre del incapacitado o bien en el Registro Mercantil, si éste fuera comerciante.
Por otra parte, el alcance de los efectos determinados en el fallo de la resolución judicial se encuentra subordinado al grado de incapacidad probado. En este sentido, el Juez la sentencia puede declarar una incapacidad total - en aquellos casos en los que, tras las pruebas practicadas se aprecie que el demandado no es capaz ni de cuidar de su persona ni de administrar sus bienes o una incapacidad parcial – si se aprecia que el demandado sí puede realizar ciertos actos sin la asistencia de otra persona, pero para otros necesita esa asistencia, debiéndose especificar qué actos puede el incapaz realizar por sí mismo y para que actos necesita la asistencia de otra persona. 

En efecto, cuando la Sentencia declare una incapacidad total de una persona, vivan los padres del incapacitado y convivan con él, en este caso la Sentencia decretará la rehabilitación o prórroga de la patria potestad de los padres sobre su hijo, de tal manera que no se nombrará Tutor hasta que no fallezcan los padres. Cuando la Sentencia declare una incapacidad total y no vivan los padres del incapaz o una incapacidad parcial, establecerá el régimen de guarda o tutela que deberá quedar sometido el incapacitado. 

Si en el escrito inicial de solicitud de la incapacidad se solicita igualmente el nombramiento de Tutor, la Sentencia que declare la incapacidad nombrará al Tutor o curador, de tal forma que no habría que iniciar un expediente de nombramiento de Tutor o Curador posterior como ocurría anteriormente a la promulgación de la Ley procesal.

Cuando no existan ascendientes, descendientes, hermanos, o cónyuge del presunto incapaz, cualquier persona podrá poner en conocimiento del Fiscal una situación de posible incapacidad de una persona para que sea aquél quien inicie los trámites pertinentes para la declaración de incapacidad. En este caso se nombrará a una persona física (cualquiera que el Fiscal estime oportuno) o a una persona jurídica (asociación, fundación, etc.) para que asuma la Defensa Judicial del presunto incapaz, es decir, para que le defienda, con Abogado y Procurador, en el procedimiento de incapacidad. 

Por tanto, a mayor abundamiento, cabe indicar que necesariamente esta sentencia constitutiva de la incapacidad civil de una persona debe contener, al menos, estas declaraciones: 
  1. Determinar los límites y extensión de la incapacidad. Según la doctrina jurisprudencial la extensión de la incapacidad ha de ser proporcional al grado de discernimiento por imperativo legal.
  2. Determinar la necesidad o no de internamiento. Puede acordarlo ex novo o bien pronunciarse sobre la continuidad del que con anterioridad se hubiere decretado.
  3. También debe determinar el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. En el caso de menor de edad la patria potestad se prorrogará al llegar a la mayoría de edad, por ministerio de la Ley. En el caso de mayor de edad que convive con sus padres, se rehabilita la patria potestad sobre el incapacitado. La tutela procede cuando la incapacidad es de grado máximo (pues el tutor representa al incapaz en todos los actos y negocios jurídicos) y curatela cuando es de grado mínimo (en cuyo caso el incapacitado tan solo necesitará la asistencia del curador –no su representación- en los actos y negocios concretos que de modo expreso señale la sentencia.)
  4. Nombramiento de tutores, curadores o personas que asumen la guarda.
  5. Si se hubiera solicitado, la sentencia puede autorizar la esterilización del incapacitado por grave deficiencia psíquica, cumpliendo siempre todos los requisitos del art. 156 CP (que excluye la punibilidad de tal actuación si se cumplen sus previsiones).
  6. En la práctica, rara vez existe un pronunciamiento sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio, que requiere una declaración especial (LO 5/1985, de 19 de junio, art. 3.1.b.) En caso de silencio, el incapacitado continuara gozando de tal derecho, tanto activo como pasivo.
En cuanto a la reintegración de la capacidad, el art. 761.1 LEC dispone que la sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse judicialmente una nueva declaración que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. En este sentido, la modificación podrá afectar a la extensión y límites de la incapacidad declarada en la anterior sentencia o al régimen de tutela o guarda a que hubiera quedado sometido el incapaz. Por otra parte, el mismo precepto dispone que la modificación podrá ser solicitada por cualquiera de las personas legitimadas para iniciar el procedimiento de la declaración de incapacidad así como las personas que ejerzan cargo tutelar o tuvieran bajo su custodia al incapacitado, el Ministerio Fiscal y el propio incapacitado.


Fuente Consultada: 

  • La Incapacitación. Jaime Sanz Diez de Ulzurrun Escoriaza. UNED. 2011.
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25 de marzo de 2014

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El plazo de caducidad de la acción ejecutiva

La prescripción extintiva y la caducidad son dos instituciones jurídicas afines que tienen como denominador común el transcurso del tiempo como causa extintiva de derechos. Esta afinidad se explica porque ambas presentan dos elementos comunes: el relativo al transcurso del tiempo, y la inacción del titular del derecho; sin embargo, sus rasgos diferenciales se muestran con bastante efusividad tanto en lo atinente a su fundamento como a sus efectos. 


El término caducidad deriva del latín “caducus” y significa perecedero o que ha terminado o acabado. Esta figura tiene su antecedente en Roma a través de lo que se ha denominado “Leyes Caducarias” - que fueron votadas bajo el gobierno de Augusto. En el Derecho Romano, en materia sucesoria, la caducidad se producía cuando se operaba en forma válida la transmisión hereditaria, pero el heredero a posteriori, no podía adquirirlos, por causas concernientes a él mismo, por ejemplo porque éste muriera o renunciara a la herencia. La caducidad de la instancia significa que cuando un expediente no se moviliza, o sea que las partes no han realizado actualizaciones por el tiempo prefijado por la ley se pierde la posibilidad de reclamo del derecho en ese juicio, y hay que intentar otro, cobrándose las costas a la parte demandante.

La noción técnica del concepto de caducidad fue elaborada por la doctrina alemana a finales del siglo XIX, y se considera a A. Grawein como el padre del concepto jurídico de caducidad ya que fue el primero en hacer una distinción doctrinal entre las figuras de caducidad y prescripción. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), caducidad significa: “Extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas”; de la instancia:” Terminación de un proceso por falta de actividad de la instancia”

En una primera aproximación, la caducidad es una institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador limita en el tiempo el ejercicio de una acción o derecho y su fundamento deriva de la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica. Doctrinalmente, la caducidad viene configurada como una sanción por la falta de ejercicio del oportuno derecho sustantivo o procesal.

Desde la óptica de la esfera procesal, la caducidad es un modo de extinción de una acción por no ejercitarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico. En este sentido, se constituye como un presupuesto objetivo de procedibilidad que impide el ejercicio de la respectiva acción e impone al juzgador la obligación de decretarla ipso iure, cuando se percate de su ocurrencia y no puede ser objeto de suspensión, interrupción o renuncia. 

Bajo el régimen de aplicación de la LEC 1881 y hasta la aprobación de la vigente ley procesal la jurisprudencia de la época venía entendiendo que la acción ejecutiva dirigida a obtener la ejecución de una sentencia o de otras resoluciones judiciales estaba sometida al plazo general de caducidad de las acciones personales de quince años previsto en el artículo 1964 CC. 

La vigente Ley 1/2000, de Enjuiciamiento civil, de 7 de enero, introdujo el polémico artículo 518 – redacción actual dada por el apartado dieciséis de la disposición final tercera de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. En este precepto el legislador fija el plazo de caducidad de la acción para ejecutar sentencias judiciales, resoluciones del tribunal o del secretario judicial que aprueben una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, resoluciones arbitrales o acuerdos de mediación. 

Este plazo de caducidad es de cinco años y se computan desde la firmeza de la sentencia o resolución. Por consiguiente la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral caducará si el demandante no interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia – cfr. art. 239 LEC. 

Por tanto, en aquellos supuestos en que la resolución ejecutiva haya sido recurrida, el plazo de caducidad previsto en el artículo 518 LEC se computará desde la firmeza de la sentencia dictada en segunda instancia. En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo considera que el Díes a quo debe comenzar desde la notificación a las partes de la providencia declarando la firmeza de la resolución. 

Al ser un plazo de caducidad, a diferencia de la prescripción, no admite interrupción, y debe ser apreciada de oficio, por lo que será inexcusable que dentro de los cinco años siguientes a la firmeza se solicite la ejecución de la sentencia. En este sentido se expresa la jurisprudencia de forma tajante y concluyente, entre otras, a través de la STS de 18 febrero de 2011: 

“(…) que ningún plazo de caducidad admite interrupción (SSTS de 31-07-00, 22-11-02, 30-05-03, 14-10-03, 14-06-04 y 5-7-04). Es decir, la caducidad no admite, en ningún caso la interrupción del tiempo, cuyo siempre transcurso la origina. Sin olvidar que como dice la STS de 10 de noviembre de 2004 "la caducidad (sentencia 2 marzo 1992), es apreciable de oficio y no susceptible de interrupción (sentencias 25 de septiembre de 1950, 22 mayo 1965, 27 de junio 1966, 22 mayo 1990 y 10 noviembre 1994)." Resultando que el plazo preclusivo que establece el artículo 518 de la LEC, por su propia definición es de caducidad, puesto que lo que dicha ley adjetiva contempla es un plazo dentro del cual- y sólo dentro de él- puede realizarse un acto con eficacia jurídica, que aquí consiste en la presentación de la demanda ejecutiva que se inicia precisamente con la solicitud de tasación de costas.” 

Algún autor, no sin razón, ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de esta norma por una presunta infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva originada por un agravio comparativo “quia nulla apparet ratio”, que se deriva del establecimiento del régimen de caducidad de la acción ejecutiva basada en títulos extrajudiciales y sometida al plazo previsto para las acciones personales ex artículo 1.964 CC de quince años, frente a la fundamentada en sentencias y resoluciones judiciales, penalizada con la fijación de un régimen de caducidad mucho más restringido – cfr. Apuntes de Ejecución Procesal Civil – Manuel Cachón Cadenas. Pág. 20. Editorial. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.2011

Ahora bien, el artículo 518 LEC resulta ser una norma que restringe el derecho fundamental a la ejecución de resoluciones judiciales firmes y, por este motivo, cabe interpretarlo restrictivamente y considerar los supuestos de hecho relacionados como un numerus clausus y considerar que no puede ser aplicado a resoluciones distintas de las expresamente mencionadas. 

En relación al inicio del cómputo del plazo a partir de la firmeza de la resolución, una interpretación literal del precepto podría llevarnos al establecimiento de situaciones ciertamente absurdas. Por esta razón, conviene hacer algunas matizaciones en relación con el plazo de caducidad – que algún sector doctrinal considera que debe ser considerado de prescripción -, previsto en este precepto. 

1.- Autonomía del plazo de caducidad.- El plazo para ejecutar la sentencia operará al margen de cuál sea el plazo de prescripción de la acción ejecutada. Es decir, no será de aplicación el art. 1971 CC en relación con el art. 1964, pues con independencia de que la acción que se ejecute sea personal o real, el plazo para el ejercicio de la acción ejecutiva siempre será de cinco años. Por consiguiente el plazo para reclamar una deuda ordinaria, así como las derivadas de una relación mercantil, comercial o de prestación de servicios es el general de quince años. 

2.- Plazo de caducidad la acción hipotecaria.- Cuando se trate de un derecho real de hipoteca el plazo de prescripción de la acción hipotecaria es de veinte años puesto que el artículo 1964 del CC establece una regla especial para la acción hipotecaria, la que tiene el acreedor hipotecario contra el bien hipotecado para realizar su valor y cobrar de esta manera el importe de la deuda que ella garantizaba. La acción prescribe a los veinte años y el crédito que garantizaba a los quince. Consecuentemente la acción hipotecaria prescribe a los veinte años, a contar desde el vencimiento que inicialmente tiene fijado el préstamo. 

3.- Plazo de caducidad de ejecución de sentencias de condena ilíquidas.- Cuando se trate de sentencias en las que se contenga la condena al pago de una cantidad en dinero pero no determinada en letras o cifras, es decir que se trate de una cantidad ilíquida, para proceder a la ejecución en sí, será preciso acudir antes de nada a su liquidación por el procedimiento correspondiente, por lo que en estos casos el plazo de caducidad se contará desde que quede determinada la cantidad debida. 

4.- Plazo de caducidad de sentencias de condena de tracto sucesivo.- En el caso de impagos de pensiones de alimentos o compensatoria – procesos de familia-, al tratarse de condenas de tracto sucesivo, la jurisprudencia entiende que el plazo de caducidad ha de ser computado desde la fecha en que se genera la obligación de pago y surgen los sucesivos impagos y no desde la fecha de la sentencia que estableció la pensión. Por esta razón dicho plazo se contará desde que dejase de abonar la cantidad y no desde la fecha de la resolución – cfr. SAP de Madrid, de fecha 22 de noviembre de 2.013 

5.- Plazo de caducidad del auto de cuantía máxima.- Al auto de cuantía máxima no le es aplicable el plazo de caducidad de la acción ejecutiva del art. 518 LEC, y que se contempla como causa de oposición en el art. 556.1, párrafo segundo, LEC y sí el plazo de prescripción de un año establecido específicamente en el art. 7.1 RDL 8/2004, siendo la prescripción una de las causas de oposición que el art. 557.1.4.ª LEC establece en ejecuciones de títulos no judiciales a las que se remite el art. 556.3 LEC – cfr. SAP de Madrid, de 26 de marzo de 2007 y 20 de enero de 2011. 

6.- Auto de tasación de costas.- El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2011 en relación al artículo 518 LEC y la tasación de costas señala que: 

“La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que "... una vez tasadas las costas y firme el Auto, la parte dispondrá de un nuevo plazo de cinco años para ejecutar tal tasación, con lo que se mantiene el carácter privilegiado del que goza la condena en costas", nueva doctrina que parte del Acuerdo de Pleno gubernativo de dicha Sala 1ª de 21 de julio de 2009 y "se recogió en varias resoluciones de esta Sala, siendo de citar los Autos de 23 de febrero de 2010, Recurso núm. 3398/1998, y de 1 de junio de 2010, Rec. núm. 2674/2001 " (ATS, Civil sección 1 del 11 de Noviembre del 2011 -ROJ: ATS 11402/2011- Recurso: 1948/1998). 
La fecha en que se solicitó la tasación de costas es independiente del problema que se resuelve. El Tribunal Supremo ha resuelto al respecto que se cuenta igualmente con un plazo de caducidad de cinco años para solicitar la tasación de costas desde la firmeza de la sentencia (resoluciones citadas en el precedente párrafo), iniciándose un nuevo plazo de cinco años de caducidad desde la firmeza del auto que aprueba la tasación de costas. No se plantea aquí la caducidad por el plazo transcurrido hasta que se solicita la tasación, por lo que nada se resuelve al respecto.” 

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23 de marzo de 2014

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La innecesariedad probatoria de los hechos notorios. El art. 281.4 LEC

El análisis jurídico de la prueba es una de las labores que tiene un mayor alcance en el ámbito del estudio e interpretación de las normas procesales. La razón estriba en la gran trascendencia práctica que posee la actividad probatoria ya que condiciona el óptimo resultado de las pretensiones formuladas por las partes procesales que dependen, en gran medida, de la acreditación de los hechos en que se fundan aquéllas. 

La función básica de la actividad probatoria en el proceso civil consiste en acreditar la certeza y exactitud de los hechos controvertidos que las partes procesales sostienen como fundamento de sus pretensiones o, mejor aún, la pretensión de obtención de la formación necesaria para lograr el convencimiento o la certeza subjetiva del Juez acerca de los hechos del proceso. De forma más simplista, la prueba tiene como fin la fijación de los hechos relevantes en el proceso. Desde esta óptica, podemos observar que la vigente Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil señala en el artículo 281. 1 que “La prueba tendrá como objeto los hechos que tengan relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso”. 

En virtud del principio de aportación de parte que rige nuestro orbe procesal civil, sólo las partes procesales se encuentran legitimadas para poder realizar alegaciones. En este sentido, el objeto de la prueba vendrá determinado precisamente por estas mismas alegaciones, aunque no todas deberán ser probadas.

Efectivamente, - como más adelante tendremos ocasión de examinar -, existen determinados hechos que se encuentran sustraídos de la necesidad probatoria motivada por la ausencia de trascendencia jurídica dentro del proceso civil. En efecto, no tienen ni pueden ser probados, los hechos admitidos por las partes o los no controvertidos, puesto que la prueba ha de versar únicamente sobre los hechos controvertidos. Lo mismo sucede con los hechos tácitos (artículos 405.2 y 407.2 LEC) y los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general previstos en el artículo 281.4 LEC que serán objeto de estudio en este artículo.

Por otra parte, están los hechos que gozan de una presunción legal. Probado el indicio se presume existente el hecho presumido, el cual no necesita ser probado directamente. En el caso de las presunciones legales iuris tantum sí cabe prueba en contrario, de lo que se deduce que no existe exención de la prueba, sino una norma especial sobre la carga de la prueba, lo cual es algo distinto. El que se oponga a la presunción puede pretender probar bien la inexistencia del hecho presumido, o la falta de enlace entre el indicio y el hecho presumido-

No obstante, el apartado 2 del citado artículo 281 añade que: “También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.” 

En cuanto a este último supuesto, dada la vigencia del principio iura novit curia, el órgano jurisdiccional, sin apartarse de la causa de pedir, resolverá de acuerdo con las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes (cfr. artículo 218.1. 2º LEC). Pero aunque no es necesaria la prueba del Derecho escrito, interno y general, sí deberá probarse la costumbre (artículos 1.3 C.C. y 281.2 LEC), el Derecho extranjero, si bien el Órgano Jurisdiccional podrá investigarlo de oficio (artículo 281.2 LEC), el Derecho histórico o no vigente y el Derecho estatutario, o normas específicas de las entidades locales. La jurisprudencia ha establecido respecto a este último caso, que deberán ser probadas las normas no publicadas en el BOE. Las publicadas en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas, deberán ser conocidas por los Órganos Jurisdiccionales que radiquen en la Comunidad Autónoma donde se haya publicado la concreta norma. 

En conclusión, desde esta última perspectiva y siguiendo a Guasp, se puede decir que el objeto de la prueba son los datos que han sido alegados por las partes. Y ello porque aunque en la mayoría de los casos la prueba se refiere únicamente a los hechos, en ocasiones constituyen objeto de la prueba las normas jurídicas. 

En cualquier caso, en nuestro ordenamiento procesal civil, la aportación de los hechos y de las pruebas en el proceso civil es una actividad vinculada a la iniciativa de las partes. Según el artículo 216 LEC: "Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales" – precepto que deriva del clásico principio o regla: iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium y que es una manifestación del principio de aportación de parte que inspira, con carácter general, a todo el proceso civil y que arroja la consecuencia de imponer a las partes el deber de soportar la carga de la prueba.

En líneas generales, en el proceso civil la virtualidad de los principios dispositivo y de aportación de parte resta protagonismo a la iniciativa del órgano jurisdiccional. La opción legislativa por la residual concesión de la iniciativa probatoria ex oficio del Juez o Tribunal en el ámbito procesal civil nace con el propósito de no dejar la dirección y el control del proceso a la mera voluntad de las partes. Una de las manifestaciones de esta necesidad de dar protagonismo al órgano jurisdiccional básicamente se plasma en el principio de impulso procedimiental - cfr. Art. 179 LEC -, el cual corresponde, salvo que la Ley disponga otra cosa, tras la reforma de este artículo por la Ley 13/2009, al Secretario Judicial. 

En esencia, atendiendo a la literalidad de la ley, los Jueces y Tribunales carecen de facultades para recibir de oficio el pleito a prueba y ordenar los medios específicos de ésta, salvo contadas excepciones. Estas excepciones en materia probatoria vienen recogidas en los artículos 282, 429.1 y 435 LEC. El primero de estos preceptos, tras recoger el principio general de que las pruebas se practicarán a instancia de parte, añade que el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley. 

El artículo 429.1 LEC, en la regulación de la audiencia previa en el juicio ordinario, concede la facultad al tribunal cuando considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos de que lo ponga de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria, y podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente, pudiendo las partes completar o modificar sus proposiciones de prueba a raíz de estas observaciones del tribunal. 

Y el artículo 435.2, aun resaltando su carácter de excepcionalidad, establece que el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos 

La vigente ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero, con sumo acierto, ha procedido a la unificación y mejora sistemática del régimen jurídico de la prueba elaborando una nueva regulación en los artículos 281 a 384, derogando los pretéritos artículos 1.214, 1.215, 1.226 y 1231 a 1253 del Código civil, que estaban referidos a la prueba de las obligaciones, e incorporándola a su espacio normativo natural.

Pues bien, como hemos tenido ocasión de comprobar ut supra, como manifestación del principio dispositivo - que, como hemos señalado, gobierna y dirige el proceso civil -, el apartado tercero y cuarto del art. 281 LEC recoge la regla general de que no precisan ser probados los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, es decir, los hechos no controvertidos, excepción hecha de los procesos sustraídos a este principio ni los hechos notorios, entendiendo por tales los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. 

La idea de notoriedad encierra no poca imprecisión, no siendo fácil fijar sus perfiles definitorios. Esta exclusión de la necesidad de probar los hechos notorios, no se recogía expresamente en la anterior LEC 1881 y sí en la doctrina jurisprudencial. En este sentido, la STC de 19 de mayo de 1986 declaró que la notoriedad “es un concepto relativo e indeterminado, vario y plural”. 

La notoriedad como eximente de prueba no es extraña en nuestra tradición jurídica ni cabe sustraerla a los parámetros de la lógica, en cuanto permite evitar actividades probatorias inútiles. El conocido aforismo jurídico “notoria non egent probatione” significa literalmente que “los hechos notorios no son objeto de prueba”. La razón estriba es que se trata de unos hechos cuya realidad puede conocerse por una actividad distinta a la probatoria procesal, sin que suponga una merma de las garantías que la legislación procesal otorga a las partes procesales. 

Para aquéllos que les gusten usar los aforismos legales en sus escritos, a continuación exponemos algunos de los brocardos empleados tradicionalmente por la doctrina en deferencia a los hechos notorios y su falta de necesidad probatoria. “manifesta probatione non indigent” – Lo manifiesto no necesita prueba. “manifestum non eget probatione” – Con igual sentido que el anterior. “non potest ignoran quod publice nostrum est” – No puede ser ignorado lo que públicamente es notorio.

En una primera aproximación, podemos definir el hecho notorio como aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinado. La doctrina los ha definido como aquellos hechos, también llamados de fama pública, que por pertenecer a la vida social o a la historia son conocidos y tenidos por ciertos por una generalidad de personas – entre otros, cfr. Prieto Castro. 

En cuanto a la jurisprudencia, en la reciente STS de 12 de junio de 2007 en su F.J. Segundo se encuentra una definición del hecho notorio: 

“(…) la apreciación de notoriedad hace innecesaria la prueba, pues los hechos notorios (que según definición clásica son "aquellos hechos tan generalizadamente percibidos o divulgados sin refutación con una generalidad tal, que un hombre razonable y con experiencia de la vida puede declararse tan convencido de ellos como el juez en el proceso mediante la práctica de la prueba") no es preciso probarlos, y así lo vino reconociendo la jurisprudencia (SS., entre otras, 20 sept. 1988, 5 feb. 2001, 30 nov. 2004), y así lo establece la LEC 2000 en el art. 281.4 -"no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general"-.”
La STJ de Navarra – Sala de lo Social -, de fecha 21 de diciembre de 2007 también construye una definición conceptual del hecho notorio: 

“Existen ciertos hechos que provocan la innecesariedad de su prueba- tratándose de esta sede de Suplicación-, mediante documentos o pericias-, de singular eficacia probatoria y con entidad suficiente para acreditar "per se" la existencia o no de un hecho, que demuestra patentemente la equivocación del juzgador. Tradicionalmente se ha considerado como hecho de tal naturaleza, que produce la consecuencia procesal de tenerle por probado sin exigencia de la prueba, el hecho notorio. Hechos notorios son aquellos cuya trascendencia pública o conocimiento general, hace ocioso o inútil su discusión procesal, y, por tanto, superflua la prueba.”

Como vemos, se trata de un fenómeno un tanto ambiguo cuya importancia jurídica-procesal radica en que estos hechos por su grado de notoriedad pueden ser alegado sin necesidad de probarlos, pues se trata de una realidad objetiva que los Jueces y Tribunales deben reconocer y admitir, al menos que sea discutida en el proceso civil – cfr. DRAE que plantea tres acepciones al término “Notorio”: 1. adj. Público y sabido por todos. 2. adj. Claro, evidente. 3. adj. Importante, relevante o famoso. 

En este sentido, el verdadero problema del hecho notorio radica en que calificación corresponde hacerla al órgano judicial en el proceso civil correspondiente, con lo que la incertidumbre de las partes sobre la exención de su prueba se mantiene hasta el final. Aunque una común coincidencia de las partes pudiera servir de serio indicio de su existencia, aunque en tal caso, más bien se trataría de un hecho conforme, que como tal, con algunas matizaciones, estaría exento de prueba – cfr. art. 281.3 LEC. 

A esta innecesariedad de probar los hechos notorios, alude la STS 17 de mayo de 1983 - Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo -, cuando argumenta lo siguiente:

“(…) ya en el anterior «Codex iuris canonici», y tomado de fuentes antiguas, venía recogido el apotegma jurídico «notoria non egent probatione»; así como en la Orde­nanza procesal alemana (parágrafo 291) se establece que los hechos notorios para el Tribunal no necesitan prueba; lo que en nuestro derecho histórico tiene antecedentes con los efectos que se concedían a la «fama pública» en Las Partidas (leyes 8 y 14, título XIV, Partida III); valor de la notoriedad que aunque en algunas leyes procesales modernas se silencie, no puede ello interpretarse como una repulsa del mismo, por tratarse de un principio de lógica jurídica y de buen sentido, imposible de desconocer, como no lo desconoce la jurispru­dencia”.

En cuanto a las razones que motivan al legislador para eximir de prueba a los hechos notorios vinculados con la cuestión litigiosa e introducir en el artículo 281.4 LEC otra excepción a la regla general en materia probatoria – como sabemos, que los hechos afirmados por las partes durante el proceso han de ser objeto de prueba -, una de ellas obedece a la adopción de criterios puramente de economía procesal. 

Desde este punto de vista, parece lógico pensar que, en aras de evitar esfuerzos en la práctica de diligencias de prueba inútiles, legalmente la prueba de estos hechos notorios, aunque no su alegación, sea tan innecesaria que haya de rechazarse tanto por lo previsto en el art. 281.4 LEC, que la considera innecesaria, como, sobre todo, en el art. 283.2 de mismo texto legal. Por supuesto, esta ausencia de necesidad probatoria de los hechos notorios beneficia a las partes procesales a quienes favorece el acceso al proceso de esa clase de hechos. 

No obstante, el otro motivo fundamental del reconocimiento legal de esta ausencia de prueba es, sin duda, el grado de certeza que rodea a estos hechos y que los hace merecedores de un tratamiento procesal distinto del resto de los hechos alegados. 

Ahora bien, el referido artículo 281.4 LEC ha sido el foco de determinadas críticas realizadas por la doctrina más avezada. Estas críticas parten de la base de que la redacción del art. 284.4 LEC adolece de una cierta ambigüedad o relatividad en su redacción, plasmada sobre todo en la incorporación al texto de la norma del término “notoriedad”. En este sentido, Moreno Catena sostiene que hubiera sido más correcto seguir el ejemplo de la ZPO alemana, en la que la no ne­cesidad de prueba viene referida a los hechos que los tribunales consideren notorios, prescindiendo de las referencias ambiguas de notoriedad “absoluta y general.” 

Por su parte, Montero Aroca, critica este precepto afirmando que el legislador ha incurrido en un “error notorio”, dado que, salvo casos muy excepcionales, nunca se dará el supuesto de hecho de esta norma jurídica, es decir, que el hecho sea conocido en todo el mundo y por todas las personas del planeta (absoluto y general). 

De esta forma, parece ser que la interpretación de este precepto debe hacerse de una forma mucho más restrictiva, entendiendo que la verdadera intención del legislador es que el hecho notorio no tenga que ser conocido por todas y cada una de las personas que forma parte de un determinado ámbito geográfico, lo que, además de improbable en sí mismo, desde luego sería imposible de comprobar. En este sentido, debería ser suficiente con que el hecho sea o pueda ser conocido por aquellos que tengan una cultura media – siguiendo la actual línea jurisprudencial. 

Por último, tampoco será necesario que la notoriedad resulte inmutable o duradera ad eternum, puesto que un hecho, sobre todo si la notoriedad se entiende en su acepción más restringida, puede ser notorio en un tiempo determinado y dejar de serlo a continuación. 

Ahora bien, cabe afirmar que no es necesario que un hecho deba ser necesaria­mente conocido por el juez para que adquiera la condición de notorio. Que un hecho pueda no ser considerado en un concreto proceso por un determinado juez como notorio no significa que el mismo no lo sea. Por tal motivo el art. 281.4 LEC se refiere que no será necesario probar los hechos “que gocen de notoriedad”, con independencia de que el juez exima de su prueba o no. Y por lo mismo, ante la exención o no exención de la prueba de un hecho en atención a su notoriedad, cabe la alegación y discusión sobre su carácter notorio. En fin, del mismo modo que el conocimiento privado del juez no convierte en notorio un hecho, su desconocimiento tampo­co debería privarle de su característica de notoriedad.

El Pleno del Tribunal Supremo en relación a la prueba de los hechos notorios ha afirmado que: 

"(…) ante los insoportables costes que pudiera provocar la desconexión entre la "verdad procesal" y la realidad extraprocesal, de acuerdo con la regla clásica notoria non egent probatione (el hecho notorio no precisa prueba), a la que se refieren las SSTS 95/2009, de 2 de marzo, RC 1561/2003; 114/2009, de 9 de marzo, RC 119/2004, y 706/2010, de 18 de noviembre, RC 886/2007, dispone en el artículo 218.4 LEC que "no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general." 

Como hemos señalado, la norma no define qué debe entenderse por "notoriedad absoluta y general". Este requisito ha sido interpretado con cierto rigor por la jurisprudencia, y así las STS de 4 de febrero de 1998 y de 11 de febrero de 2003 – entre otras -, han considerado que para que los hechos notorios puedan actuar en el área probatoria del proceso: 

"(…) han de tener unas características rotundas de ser conocidos de una manera general y absoluta". Pero lo cierto es que tales exigencias no pueden ser entendidas de forma tan rígida que conviertan la exención de prueba en la necesidad de la diabólica demostración de que el hecho afirmado es conocimiento "general y absoluto" por todos los miembros de la comunidad. Por ello, se estima suficiente que el tribunal los conozca y tenga la convicción de que tal conocimiento es compartido y está generalizado, en el momento de formular el juicio de hecho - límite temporal-, entre los ciudadanos medios, miembros la comunidad cuando se trata de materias de interés público.”

Por otra parte, aunque no siempre aceptada por la doctrina, la notoriedad podría existir también cuando el conocimiento general se circunscriba al ám­bito profesional y hasta territorial al que pertenece el mismo juez que ha de resolver, esto es, lo que se ha venido denominando como “no­toriedad judicial”. 

El fallecimiento de un procurador, la relación de parentesco entre una jueza y un abogado, o la duración media de un proceso ordinario tipo en una determinada demarcación territorial, perfectamente pueden ser considerados como hechos notorios judi­ciales a los efectos de hacer innecesaria la prueba sobre los mismos. Este conocimiento puede venir de la mano de actuaciones judiciales anteriores, aunque cuestión distinta es que el juez haya adquirido ciertos conocimientos como consecuencia de la práctica de pruebas en otros procesos. En tal caso, estos conocimientos han de reputarse privados del juez, no exentos de prueba salvo que se quiera incurrir en infracción de la contradicción y del derecho de defensa. 

En cualquier caso, el hecho, sea o no notorio, con carácter general ha de ser introducido por la parte, pues el carácter notorio no implica limitación alguna al principio de aportación de parte. La notoriedad se limita a eximir el hecho de prueba. Sin embargo, el Tribunal Cons­titucional, ha distinguido a estos efectos los hechos fundamento de su pretensión y los que son “accesorios”, admitiendo en estos últimos la posibilidad de su introducción de oficio. En efecto, en la citada sentencia, con ocasión de la alegación y prueba de que el proceso afectaba a todos o a un gran número de trabajadores a efectos de admisibilidad de un recurso de suplicación, se resuelve por último que: 

“no existe hecho notorio aplicable ni por tanto la jurisdicción denegó indebidamente el derecho al recurso, como derecho fundamental com­prendido en los susceptibles de amparo del art. 24 de la Constitución”. Lo que se hace en la sentencia, en relación con otra anterior similar pero no idéntica (STC 79/1985, 3 de julio) es formular consideraciones para justificarla, considerando que “en principio pues, no hay incorrección en la posibilidad de que el Juez pueda tener en cuenta de oficio el hecho notorio”. Y sobre ello se ha de señalar, primero, que lo que se está diciendo es que el juez pueda tener en cuenta de oficio el hecho notorio, que no es exactamente lo mismo que introducir en el proceso un hecho noto­rio, máxime cuando en el supuesto fáctico de tal sentencia “el hecho o circunstancia de «afectar a todos los trabajadores» era un hecho constante en el proceso, de inevitable y forzoso conocimiento”. 

Para finalizar, la ley rituaria, en relación con los hechos notorios, no señala el momento en el que ha de entenderse producida su exención. Este momento es relevante puesto que si se ha de producir en momentos anteriores a la actividad probatoria supondría equiparar la admisión expresa y tácita a supuestos de inadmisión de la prueba. La jurisprudencia mayoritaria entiende que será en el momento de dictar sentencia. No obstante la inicial condición de notorio de un hecho, puede ser negado de contrario, lo que supondrá obviamente la negación de la notoriedad. En tal caso parece razonable admitir la actividad proba­toria especialmente dirigida a acreditar la existencia de dicha noto­riedad lo que implicará, a su vez, que el juez decida sobre la eventual certeza del hecho.

En cuanto a la casuística, recogiendo únicamente los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, esta resulta ser amplísima. A continuación veamos algunos ejemplos de lo que la jurisprudencia califica como hechos notorios exentos de prueba. 

La SAP de Barcelona de 8 de julio de 2013 considera un hecho notorio y exento de prueba la instalación de un sistema de espejos en la rampa de un parking. La SAP de Barcelona de 17 de octubre de 2013 valora la gran nevada ocurrida en Cataluña el 8 de marzo de 2010 como un hecho notorio. La SAP de Palma de Mallorca de 26 de febrero de 2013 considera que una deficiencia consistente en una grieta entre la cornisa de mares y revestimiento resulta inevitable que aparezca a causa de la diferencia de contracción y dilatación de ambos materiales y la considera un hecho notorio. La SAP de Baleares de 21 de enero de 2014 determina la notoriedad de la existencia y necesidad de que el alimentista tenga gastos. 

En un litigio sobre participaciones preferentes emitidas por la entidad financiera Bankia, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mataró dictó Sentencia de fecha 5 de febrero de 2013 en la que se señala que: “(…) Es hecho más que notorio y, por ende, no necesitado de prueba que en los mercados secundarios no cotizan al "alza" los valores financieros de la entidad demandada o las participaciones preferentes emitidas por ella o sus filiales y, que las únicas negociaciones que se verifican diariamente en los mismos obedecen a ventas derivadas de aceptaciones de herencia en las que los adquirentes de las mismas a título sucesorio venden a la baja los referidos productos al objeto de liquidar parte del caudal hereditario.” 

En un litigio sobre cláusulas abusivas el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz dicta Sentencia de fecha 18 de enero de 2013 y literalmente dice que: “A mayor abundamiento diremos que, como ya han señalado algunas sentencias (Juzgado de lo Mercantil de León, de 11 de marzo de 2011 , Juzgado de lo Mercantil de Cáceres, de 18 de octubre de 2011 ), es habitual que las entidades bancarias incluyan, en los contratos de préstamo hipotecario, cláusulas como las que nos ocupan (a mayor abundamiento, el Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 4 de noviembre y 29 de diciembre de 2010 , ha venido reconociendo el carácter de condición general de contratación a las estipulaciones incorporadas a las escrituras de préstamo hipotecario suscritas por las entidades financieras), por lo que, incluso, podemos considerar que dicha habitualidad es un hecho notorio, no necesitado de prueba, conforme al art. 281.4 LEC” 

La SAP de Castellón de fecha 10 de diciembre de 2012 califica como hecho notorio que la minoración del valor en venta del apartamento como consecuencia de la manifiesta crisis económica no justifica ni la disminución de la carga económica de la parte compradora que pactó en su día un precio superior, ni tampoco la resolución del contrato. 

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrejón de Ardoz en un Auto de fecha 10 de enero de 2012 dimanante de una ejecución hipotecaria declara como hecho notorio el siguiente: 

“Es un hecho notorio, exento de prueba (art. 281.4 LEC), que al menos durante una década, que podría situarse entre la segunda mitad de los años 1990 y el año 2008, tomando como hitos las fechas de aprobación, en el ámbito estatal, de sucesivas leyes del suelo en nuestro país (Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, derogada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, derogada, a su vez, por el actual Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), que el mercado inmobiliario nacional e internacional ha sido utilizado como moneda de cambio (…)”. 

Por último, la SAP de Madrid de fecha 24 de octubre de 2005 vincula la notoriedad con la experiencia común. En este sentido declara que: 

“Los hechos generales notorios, que forman parte de la experiencia común, no están precisados de prueba, porque el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 establece que “(...) no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. (…) Con arreglo al contenido del acervo de la experiencia común, puede considerarse notorio, con notoriedad general, y por ello ha de estar exento de la carga de probar, que la paralización del vehículo auto taxi no solamente ocasiona la pérdida de los ingresos ordinarios del trabajador autónomo, sino que además la propia paralización causa unos perjuicios concretos y evaluables (amortizaciones, seguros sociales, seguros del vehículo, mantenimiento…) (…). ”

Fuentes Consultadas
  • La Prueba en el Proceso Civil. Cuestiones Fundamentales. Capítulo II - El objeto de la prueba: Hechos, normas jurídicas y reglas no jurídicas. José Bonet Navarro. Editorial Dikinson. 2009. 
  • El Procedimiento Probatorio en el Ámbito del Juicio Verbal (Adaptado a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial). Eva Isabel Sanjurjo Ríos. Editorial Reus. 2010. 
  • Objeto y Carga de la Prueba Civil. Xavier Abel Lluch y Joan Picó i Junoy. Editorial Bosch. 2007.
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