29 de abril de 2014

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Doctrina jurisprudencial sobre la resolución del contrato de compraventa por retraso en la entrega de la vivienda por ausencia de la licencia de primera ocupación

El Derecho Contractual es la rama del derecho que regula y estudia los contratos. Este mes de mayo lo dedicaremos íntegramente a tratar determinadas cuestiones sobre esta área del derecho. 


Comenzamos este primer post, analizando la STS de 1 de abril de 2014 que reitera la doctrina jurisprudencial en materia de resolución del contrato de compraventa por retraso en la entrega de la vivienda -particularmente en supuestos en que se ha pactado a favor del comprador una condición resolutoria expresa en torno a un plazo de entrega fijado por las partes como esencial-, y, más específicamente, por retraso en la entrega de la licencia de primera ocupación, fundamentalmente para dilucidar qué valoración jurídica merece esta demora a efectos resolutorios del contrato cuando no se hubiera pactado como esencial que la parte vendedora tuviera dicha licencia a disposición de la parte compradora en el plazo límite de entrega del inmueble.

En este sentido, merece destacar la STS del Pleno de 10 de septiembre de 2012, que declara que el retraso en la licencia de primera ocupación no es un incumplimiento esencial si ya está solicitada y el promotor prueba que se cumplen los requisitos para su concesión – reiterada por las STS de 8 de noviembre de 2012 y 11 de marzo de 2013.

“[…] La falta de cumplimiento del deber de obtención de la licencia de primera ocupación por parte del promotor-vendedor no tiene, en principio, carácter esencial, salvo si se ha pactado como tal en el contrato o lleva consigo un incumplimiento esencial de la obligación de entrega del inmueble, según las condiciones pactadas en el contrato.”

Pues bien, en sede del contrato de compraventa, el art. 1.455 del Código Civil declara que por este contrato uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. En el caso de compraventa de vivienda sobre plano si la construcción no llegase nunca a materializarse, el vendedor incumplirá su obligación de entrega y por tanto el comprador quedará exento de su obligación de pago. En estos supuestos la obligación principal del vendedor será hacer todo lo necesario para que la vivienda llegue a existir y poder así entregarla. 

Por otro lado, y dado que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, en caso de incumplimiento, la parte cumplidora podrá exigir a la que incumple el respeto a lo acordado, o en su caso, y si el incumplimiento fuese grave y reiterado, la resolución del contrato, con recuperación del precio adelantado si lo hubiese y una indemnización por los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento. 

El artículo 1124 CC faculta a instar la resolución por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en contrato, siempre que éstas sean recíprocas y con independencia del objeto del mismo. La STS de 7 de marzo de 2008 exige que:
"(…) el incumplimiento resolutorio tenga los caracteres de inequívoco, objetivo, pertinaz y sin causa que lo justifique ( SSTS 7 de noviembre de 1995 , 26 de octubre de 1999 , etc.) y ha considerado que el retraso, incluso cuando se ha constituido en mora de una de las partes, faculta a la otra para resolver si tal situación viene a frustrar el fin práctico perseguido por el negocio o si evidencia una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento ( SSTS 5 de julio de 1971, 9 de julio de 1986, 18 de mayo de 1988, 22 de marzo de 1991, 28 de septiembre de 2000, etc.), pero no cuando implica un mero retraso en la ejecución de una prestación que sigue siendo útil al acreedor; y ha dicho también que la gravedad del incumplimiento ha de medirse, en cada caso, con los parámetros de la buena fe, que integra siempre la normación de la relación contractual, conforme a lo establecido por el artículo 1258 CC (…)".
La obtención de la licencia de primera ocupación como causa de resolución del contrato de compraventa de vivienda por incumplimiento contractual, - teniendo en cuenta la doctrina reiterada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo relativa a que el incumplimiento de obligaciones accesorias o complementarias no es causa suficiente para generar la resolución y, por ende, para impedir la acción de cumplimiento pues sólo hay verdadero incumplimiento cuando se refiere a la esencia de lo pactado y no a prestaciones accesorias o complementarias que no impidan por su entidad el fin económico del contrato -, ha merecido diversas respuestas de nuestros Tribunales que se ha visto en gran medida mitigada por la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 10 septiembre 2012 que ha venido a matizar el criterio mayoritario existente sobre el carácter esencial del otorgamiento de la licencia de primera ocupación en contratos de compraventa de vivienda, como hemos visto anteriormente.

Antes que nada, convendría aclarar que es una licencia de ocupación. El objeto de la licencia de primera ocupación es comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obras, así como la conformidad de la edificación realizada con el proyecto que sirvió de base para otorgar la licencia de obra Además el Tribunal Supremo ha estimado que también se debe fiscalizar si el edificio puede habilitarse para el uso pretendido por estar en zona apropiada y reunir las condiciones idóneas de seguridad y salubridad. En el bien entendido de que si existen desviaciones con respecto al proyecto autorizado por la licencia de obra, la licencia de primera ocupación deberá ser denegada aunque el edificio reúna las condiciones de seguridad y salubridad que permitan destinarlo al uso de vivienda – cfr. STS Sala Cont-Adm. De fecha 8 de noviembre de 2003. 

La concesión de licencias de ocupación requiere la acreditación de los siguientes requisitos:

a) Certificación final de la obra y, en su caso, de la urbanización, suscrita por la Dirección Facultativa de las mismas y visada por el colegio profesional correspondiente, donde además se justifique el ajuste de lo construido a la licencia en su día otorgada.

b) Proyecto final de obras, debidamente visado, en el que se refleje el estado final de las obras, si éstas hubieren sufrido alguna alteración, sin incurrir en los supuestos que precisan solicitud de modificación de licencia.

c) Copia de la notificación de la concesión de licencia y su modificación si la hubiere.

d) Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, si el Ayuntamiento lo considerase preciso.

e) Informes favorables o autorizaciones de las empresas concesionarias o responsables de los servicios urbanísticos, en lo que corresponda.

f) Cualquier otra que el Ayuntamiento exija en todo caso, así como autorizaciones de otras administraciones públicas competentes que le sean de aplicación.

La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios, siendo el plazo para su concesión o denegación generalmente de un mes, salvo interrupción del plazo debida a subsanación de errores. La obtención de la licencia de ocupación por el transcurso de los plazos no legitima las obras o usos que sean contrarios al planeamiento y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la licencia. Asimismo, la obtención de la licencia de ocupación no exonera a los solicitantes, constructores y técnicos de las responsabilidades de naturaleza civil o penal propias de su actividad, ni de la administrativa por causa de infracción urbanística que se derive de error o falsedad imputable a los mismos.

En este sentido, puede desprenderse que en muchas normas autonómicas la licencia de primera ocupación se constituye como un requisito para contratar los suministros de energía eléctrica, agua, gas y telefonía. La compraventa y el arrendamiento de viviendas terminadas requieren el previo disfrute de la licencia de primera ocupación. Y en las declaraciones de altas o alteraciones catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana consistentes en nuevas construcciones, ampliaciones, reforma o rehabilitación, debe adjuntarse la licencia de primera ocupación o el certificado final de obra.

La ocupación sin licencia permite a la Administración impedir la continuación en el uso y requerir la solicitud de licencia en un determinado plazo. A salvo de lo que prevea la legislación autonómica, la ocupación sin licencia constituye, además, una infracción urbanística sancionable con multa del 1 al 5% del valor de la obra, si la ocupación es legalizable, sanción de la que responden el ocupante y quien entrega las llaves cooperando en la infracción – cfr. STS Cont.-Adm. De 30 de julio de 1987. A lo anterior hay que añadir que el Real Decreto Ley 8/2011 ha modificado el art. 20 TR de la Ley del Suelo (RDLeg 2/2008), impidiendo que puedan ser objeto de inscripción registral aquellas viviendas que, además de contar con la licencia de obras y la certificación técnica de que la obra se ajusta al proyecto, no posean la licencia de primera ocupación. 

Por todo lo anterior, la jurisprudencia civil ha entendido que la entrega de un inmueble sin licencia de primera ocupación es causa de resolución ex art. 1124 CC, en relación con todos aquellos contratos en los que se transmita el dominio de la vivienda o local – cfr. STS de 19 de abril de 2007 y de 11 de marzo de 2013 y los arts. 1554.1º y 3º y 1556 CC - o el derecho de uso de los mismos, aunque la falta de obtención no se haya pactado expresamente como causa de resolución.

El supuesto de hecho de la meritada STS de 1 de abril de 2014 se centra en la suscripción de un contrato de compraventa de una vivienda en fase de construcción o sobre plano en el que se incluía una cláusula conteniendo una condición resolutoria expresa del siguiente tenor literal:
“La parte vendedora entregará a la parte compradora los inmuebles objeto del presente contrato antes del día 31 de enero de 2009, siempre que la parte compradora tenga abonadas las cantidades devengadas en dicha fecha conforme a lo previsto en las estipulaciones tercera y cuarta del presente contrato. El acto de entrega se hará coincidir con el otorgamiento de la Escritura Pública de compraventa. De superarse la fecha prevista para la entrega y siempre que ello no sea debido a causas no imputables a la parte vendedora, la parte compradora podrá optar por exigir el cumplimiento de la obligación, concediendo en tal caso al vendedor una prórroga, o por la resolución del contrato. En el caso de que la parte compradora opte por la resolución del contrato, se fija como cláusula penal por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios la entrega a la parte compradora del 25% sobre las cantidades que ésta hubiera satisfecho hasta el momento de la resolución y ello sin perjuicio del reintegro de las cantidades entregadas a cuenta”.
Una condición resolutoria expresa es un pacto entre las partes de un contrato bilateral en virtud del cual la parte cumplida puede pedir la resolución del mismo si la otra incumple sus obligaciones. Se diferencia de la condición resolutoria ordinaria en que ésta es una modalidad de las obligaciones que consiste en un hecho futuro e incierto, que cuando se cumple, extingue un derecho. En la condición resolutoria expresa el hecho futuro e incierto es el incumplimiento de alguna de las partes, mientras que en el caso de la ordinaria es cualquier otra condición diferente a esta. La condición resolutoria expresa es un modo indirecto de extinguir obligaciones porque acaecida la condición (incumplimiento), se disuelve el vínculo contractual entre las partes y se extinguen en consecuencia las obligaciones y los derechos correlativos.

Ante el desacuerdo de las partes contratantes sobre la resolución del contrato de compraventa en base al incumplimiento de esta cláusula, el tribunal aplica la doctrina siguiente que puede sintetizarse en:
“(…) que a falta de pacto expreso sobre su entrega en un determinado plazo que las partes hayan fijado como esencial, el breve retraso en la obtención y consiguiente entrega de la licencia de primera ocupación, cuando sea debido a trámites administrativos habituales, en tanto que no frustra las expectativas contractuales de la parte compradora, no constituye un incumplimiento grave y esencial de la parte vendedora que justifique la resolución del contrato por la parte compradora con base en el art. 1124 CC .”
A continuación transcribo literalmente el razonamiento que realiza el tribunal en el F.J. Tercero de la citada sentencia:

“(…) 1. Por lo que respecta a los efectos resolutorios del incumplimiento del plazo de entrega, la jurisprudencia más reciente (por ejemplo, SSTS de 14 de junio de 2011, rec nº 369/2008, 21 de marzo de 2012, rec nº 931/2009, y 25 de octubre de 2013, rec. nº 1666/2010) viene interpretando la norma general en materia de resolución de obligaciones recíprocas ( artículo 1124 CC ) en el sentido de que el incumplimiento que constituye su presupuesto ha de ser grave o sustancial, lo que no supone una tenaz y persistente resistencia renuente al cumplimiento pero sí que origine la frustración del fin del contrato, esto es, que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte, cosa que ocurre, en los términos de los Principios de Unidroit (art. 7.3.1 [2.b]), cuando se «priva sustancialmente» al contratante, en este caso al comprador, «de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato», encontrándose sin duda entre las lógicas expectativas del comprador el recibir la cosa en el tiempo, lugar y forma que se hubieran estipulado y en condiciones para ser usada conforme a su naturaleza, pues, no en vano, la de entrega constituye la obligación esencial y más característica de la compraventa para el vendedor ( artículo 1461 CC , en relación con el artículo 1445 CC ). 
En esta línea se viene afirmando por esta Sala que el mero retraso en el pago o en la entrega de la cosa no siempre produce la frustración del fin práctico perseguido por el contrato, porque el retraso no puede equipararse en todos los casos al incumplimiento. Como declara la STS de 12 de abril de 2011, rec. nº 2100/2007, la situación de retraso en el cumplimiento puede dar lugar a la constitución en mora, cuando se dan los presupuestos que entre otros señala el artículo 1100 CC , con las consecuencias que indican preceptos como los artículos 1101 , 1096 y 1182 del Código civil , pero no necesariamente a la resolución. 
Su carácter de remedio excepcional, frente al principio de conservación del negocio, se ha traducido en que la jurisprudencia haya venido exigiendo, además de que quien promueve la resolución haya cumplido las obligaciones que le correspondían, que se aprecie en quien insta la resolución un «interés jurídicamente atendible», expresión mediante la cual se expresa la posibilidad de apreciar el carácter abusivo o contrario a la buena fe, o incluso doloso, que puede tener la pretensión de resolución cuando se funda en un incumplimiento más aparente que real por no afectar al interés del acreedor en términos sustanciales o encubrir la posibilidad de conseguir un nuevo negocio que determinaría un nuevo beneficio. Reglas parecidas se encuentran en vigor en España a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980 y ratificada por España en 1991. Así en el artículo 49.1, al tratar del incumplimiento del vendedor, se dice que se podrá resolver cuando esta conducta constituya «un incumplimiento esencial del contrato», pero en el apartado 2 se precisa que si el plazo de entrega no se ha pactado como esencial, el comprador no puede resolver dentro de un plazo razonable (SSTS 5 abril de 2006, 22 diciembre 2006 y 3 de diciembre de 2008). 
De este modo, para que el retraso del comprador o del vendedor en el cumplimiento de sus recíprocas obligaciones pueda considerarse como causa de incumplimiento resolutorio se requiere que así se haya pactado (por ejemplo, SSTS de 28 de junio de 2012, rec. nº 1154/2009 , 28 de junio de 2012, rec. nº 75/2010, 17 de enero de 2014, rec. 2235/2011 , y 5 de febrero de 2014, rec. nº 2435/2011 ) o, en su defecto, que sea de tal entidad, grave y esencial, como para que con él se frustre el fin del contrato o la finalidad económica del mismo, esto es, capaz de producir insatisfacción de las expectativas de la parte perjudicada por el mismo ( SSTS de 25 de junio de 2009, rec. nº 2694/2004 , y 12 de abril de 2011, rec. nº 2100/2007 ), lo que hace necesario examinar el valor del plazo en este tipo de contratos y si su inobservancia debe llevar indefectiblemente al incumplimiento definitivo del contrato ( STS de 17 de diciembre de 2008, rec. nº 2241/2003 ). 
De lo dicho hasta ahora se sigue que un determinado plazo de cumplimiento de las obligaciones pactadas -en el caso del contrato de compraventa, el plazo de entrega de la cosa vendida, que incumbe al vendedor como su obligación más característica- se tendrá como esencial, con efectos resolutorios en caso de incumplimiento, si las partes quisieron darle ese carácter. Esto supone que para saber si fue esa la intención de las partes es imprescindible interpretar el contrato. Y tiene dicho reiteradamente esta Sala que la interpretación del contrato y sus cláusulas, entendida como actividad que busca identificar el conjunto de obligaciones que derivan para las partes de todo contrato a partir de la voluntad común de estas expresada en el mismo (p. ej. STS de 9 de julio de 2012, rec. nº 2048/2008) es una labor o función propia de los tribunales de instancia, con la consecuencia de que ha de prevalecer la interpretación realizada por estos sin que sea posible su revisión en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por el tribunal sentenciador en el ejercicio de su función exclusiva de valoración de la prueba, salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario o vulnere alguna de las normas o reglas sobre la interpretación de los contratos, por desnaturalización de sus presupuestos y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTS, entre las más recientes, de 20 de marzo de 2009, rec. nº 128/2004 ; 1 de octubre de 2010, rec. nº 2273/2006 ; 8 de noviembre de 2010, rec. nº 1673/2006; 11 de noviembre de 2010, rec. nº 1485/2006 ; 17 de diciembre de 2010, rec. nº 910/2006 ; 14 de febrero de 2011, rec. nº 529/2006, 11 de julio de 2011, rec. nº 584/2008 , 30 de septiembre de 2011, rec. nº 1290/2008 , 7 de marzo de 2012, rec. nº 502/2009 , 23 de marzo de 2012, rec. nº 545/2009 , y 26 de marzo de 2012, rec. nº 146/2009 ). 
2. En cuanto a los efectos resolutorios que pueden derivar de la falta de licencia de primera ocupación en la fecha pactada para la entrega de una vivienda por el promotor-vendedor, de la doctrina sentada por esta Sala en sentencia de 10 de septiembre de 2012, rec. nº 1899/2008 , de Pleno, y posteriores (entre otras, SSTS de 6 de marzo de 2013, rec. nº 873/2009 ; 6 de marzo de 2013, rec. nº 2041/2009 ; 11 de marzo de 2013, rec. nº 576/2010 ; 20 de marzo de 2013, rec. nº 1569/2009 ; 10 de junio de 2013, rec. nº 627/2010 , 10 de junio de 2013, rec. nº 1535/2010 ; 10 de junio de 2013, rec. nº 1652/2010 ; 10 de junio de 2013, rec. nº 21/2001 ; 9 de octubre de 2013, rec. nº 444/2010 ; 31 de octubre de 2013, rec. nº 1387/2011 ; 6 de noviembre de 2013, rec. nº 668/2010 ; 6 de noviembre de 2013, rec. nº 763/2010 ; 7 de noviembre de 2013, rec. nº 2221/2011 ; 7 de noviembre de 2013, rec. nº 2044/2011 ; 14 de noviembre de 2013, rec. nº 1770/2010 ; 17 de enero de 2014, rec. 2235/2011 , y 6 de febrero de 2014, rec. nº 1615/2011 ) se desprende, en síntesis, que cabe atribuir eficacia o valor resolutorio a todo incumplimiento del vendedor que prive sustancialmente al comprador del derecho a disfrutar la cosa, por cuanto que su entrega en tiempo, lugar y forma y en condiciones para ser usada con arreglo a su naturaleza constituye la obligación esencial y más característica del vendedor, y que, incumbiendo a la promotora vendedora gestionar y obtener la licencia de primera ocupación ( artículo 1258 CC ), la falta de cumplimiento de ese deber solo se valorará como esencial si se hubiera pactado como tal en el contrato, o, en su defecto, «en aquellos casos en que las circunstancias concurrentes conduzcan a estimar que su concesión no va a ser posible en un plazo razonable por ser presumible contravención de la legislación y/o planificación urbanística, ya que en ese caso se estaría haciendo imposible o poniendo en riesgo la efectiva incorporación del inmueble al patrimonio del adquirente», correspondiendo a la vendedora probar el carácter accesorio y no esencial de la falta de dicha licencia mediante la prueba de que la falta de obtención no responde a motivos relacionados con la imposibilidad de dar al inmueble el uso adecuado. 
Por tanto, para fijar las consecuencias del incumplimiento del deber de entregar la licencia de primera ocupación se hace preciso determinar su carácter o no esencial, pues ha quedado dicho que únicamente la infracción de una obligación esencial, no accesoria, puede entenderse determinante de la frustración del fin del contrato y justificar la resolución del mismo. Y, como también se ha dicho, en tal sentido resulta en primer lugar trascendente lo que las partes hayan pactado, pues si la entrega de la licencia se convino con carácter de esencial, es obvio que su incumplimiento sí daría lugar a la resolución, habida cuenta que el artículo 1469 del Código Civil obliga a entregar la cosa junto a todo lo que se exprese en el contrato. Y si la entrega de la licencia de primera ocupación no se convino expresamente con tal carácter de obligación esencial, para amparar la resolución instada por el comprador por la falta de entrega de la misma deberá prescindirse de reglas generales y estarse a las concretas circunstancias del caso, pues serán estas las que vayan a permitir justificar o no la resolución pretendida, según esa falta de obtención se revele respectivamente como esencial o accesoria para el cumplimiento de los fines del contrato. De ahí que la entrega de la licencia pueda valorarse como obligación accesoria, y por tanto inhábil para que pueda prosperar la acción resolutoria del comprador en caso de incumplirse aquella, cuando la falta de concesión responda solo a la sobrecarga de la Administración concedente, no a la ausencia de los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos para su otorgamiento, o cuando la falta de licencia no resulte impedimento para el uso del inmueble (habitabilidad) y el acceso a sus suministros, recayendo la carga de probar ese carácter accesorio a la vendedora. 
En suma, esta Sala, además de resaltar la plena imbricación de la licencia de primera ocupación en la estructura contractual, ya por la voluntad de las partes con estipulación expresa al respecto, o bien como un elemento natural de la propia obligación de entrega de la cosa, ha sentado como doctrina jurisprudencial que «cuando falta dicha estipulación al respecto, supuesto del presente caso, su trascendencia resolutoria también requiere que su falta o tardía obtención comporte un incumplimiento esencial de la obligación de entrega de la cosa y, por extensión, conforme a lo anteriormente expuesto, una frustración del plano satisfactorio del acreedor o contraparte» ( STS de 29 de enero de 2014, rec. nº 1563/2011 , entre las más recientes), lo que ha llevado a rechazar la pretensión resolutoria de los compradores en supuestos de leve demora entre la solicitud de licencia y su obtención, si el lapso «no se debía a la falta de condicionantes técnicos imputables a la vendedora sino a la mera tardanza habitual de la Administración para su expedición» (STS de 5 de febrero de 2014, rec. nº 2435/2011 , y las que en ella se citan) .
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27 de abril de 2014

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El fundamento jurisprudencial sobre la responsabilidad de las aseguradoras de asistencia médica

El seguro de asistencia sanitaria suele venir caracterizado por ofrecer una cobertura en centros médicos, de medicina general como especializada, dependiendo del alcance de la póliza, obligándose el asegurador a prestar al asegurado servicios de atención sanitaria directamente a través de su propia estructura o mediante el pago de los gastos ocasionados. 


En este tipo de seguro de asistencia sanitaria la prestación no consiste en el pago de cantidad alguna, sino en que la aseguradora deviene obligada a asumir los gastos derivados de la asistencia sanitaria, ya sea pagando directamente al médico, o reembolsando al asegurado los gastos en los que haya incurrido, aunque es habitual que el asegurado tenga una pequeña participación final en el coste de la asistencia médica, de modo que cada vez que utilice estos servicios deba satisfacer una pequeña cantidad de dinero – cfr. La Asociación Empresarial de Seguros, UNESPA, ha elaborado una Guía de Transparencia en materia de seguros de Salud en la que se indican los principales aspectos a considerar en la información que debe facilitarse al tomador sobre este tipo de contrato de seguro. Esta Guía puede consultar en http://www.unespa.es, así como las entidades aseguradoras adheridas a la misma.

En cuanto al régimen jurídico del seguro de asistencia sanitaria se encuentra regulado junto al seguro de enfermedad, dentro de la categoría de Seguros de Personas, en el Título III, Sección 4ª, concretamente en los artículos 105 y 106 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS). El artículo 106 declara aplicable la normativa general contenida en los artículos 80 a 82 y las disposiciones que sobre seguros de accidentes puedan aplicarse en cuanto fuesen compatibles. Dispone el art. 105 LCS que:
“Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el asegurador podrá obligarse, dentro de los límites de la póliza en caso de siniestro, al pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica. Si el asegurador asume directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, la realización de tales servicios se efectuará dentro de los límites y condiciones que las disposiciones reglamentarias determinen”.
Además de su consideración como un tipo dentro de la categoría de los seguros de personas por razón del objeto del riesgo asegurado, puede señalarse como el art. 105 LCS encuadra el seguro de asistencia sanitaria como tipo o modalidad específica de seguro junto al seguro de enfermedad, a pesar que la configuración legal de ambos tipos contractuales no ha obtenido un reconocimiento unánime por la doctrina, máxime cuando además la Disposición adicional 1ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, recoge en el ramo 2 ambos tipos de seguros. Esta consideración conjunta de ambos seguros resulta además reforzada por la referencia que el art. 105 hace en el comienzo del precepto al seguro de enfermedad como categoría general, referirse “cuando el riesgo cubierto sea la enfermedad..” , es decir, el riesgo cubierto en los dos seguros es el mismo, las consecuencias económicas derivadas de la enfermedad. No obstante, partiendo de la definición que hace el artículo 105, si el seguro de enfermedad, es el contrato de seguro mediante el cual el asegurador se obliga «al pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica», en palabras del artículo 105 de la LCS, o bien una combinación de ambas, lo podríamos configurar como un seguro de sumas.

Sin perjuicio de la aplicación del principio de autonomía de las partes que constituye un aspecto fundamental en el régimen normativo de este seguro - determinación de la cobertura y los riesgos excluidos, así como las cláusulas de exoneración de responsabilidad -, además de la aplicación del título primero de la LCS, aplicable a todos los contratos de seguro en los términos establecidos en el artículo 2, también serán aplicables las normas contenidas en la sección primera del título III (arts. 80, 81 y 82), donde se recogen las disposiciones comunes a todos los seguros de personas. En este punto debe tenerse en cuenta la excepción contenida en el artículo 82 que si bien excluye de la facultad de subrogación del asegurador a los seguros de personas deja fuera de dicha exclusión los gastos de asistencia sanitaria, pero no las cantidades pagadas a tanto alzado. Debe considerarse en cuanto a la aplicación de la normativa de la LCS, concebida fundamentalmente para prestaciones dinerarias, no encaja suficientemente con alguna de las funciones que cumple este seguro como es la función asistencial. Resulta también complicada la aplicación de la normativa del seguro de vida y accidentes, pues el seguro de asistencia sanitaria no puede cubrir el riesgo de la existencia humana, no es un seguro de sumas, lo que también contrasta con el seguro de enfermedad y no contempla la figura del beneficiario, como tercero, adjudicatario de la prestación dineraria del asegurador.

También se ha distinguido en este seguro, la actividad aseguradora estricta y la actividad prestacional médico sanitaria. Precisamente, esta distinción permite delimitar la responsabilidad de la entidad aseguradora. En efecto, cuando realiza ambas actividades, responderá directa y solidariamente, además de por hechos propios por los hechos negligentes de los facultativos que tiene determinados y por el mal funcionamiento de los centros y equipos médicos. Sin embargo, cuando la aseguradora sólo organiza y facilita la asistencia pero no la presta directamente, la responsabilidad se dulcifica, no obstante los pronunciamientos jurisprudenciales forzados en la declaración de esta responsabilidad. En este punto es cuando se suele aplicar la responsabilidad establecida por la legislación protectora de los consumidores y usuarios, es decir, en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios ajenos a la actividad médica propiamente dicha».

A pesar de esta distinción, no faltan autores que en los casos de “asunción directa” ponen en duda la prestación directa de la actividad lo que conllevaría por tanto la negación de responsabilidad directa de la aseguradora; se habla de negligencia de la entidad en la selección del facultativo que distinta de la negligencia de la actuación del médico seleccionado, incluso en los casos en los que la aseguradora sea propietaria de los medios, pues en estos casos se habla que en estos casos en los aspectos personales y profesionales sanitarios sigue prestando la actividad directa el personal sanitario61. Sin embargo, la existencia de contratos independientes (aseguradora y tomador, aseguradora y el facultativo y éste último con el asegurado) pero coligados e interdependientes con efectos entre sí, así como el distinto significado y alcance, naturaleza de la relación de dependencia entre la aseguradora y el facultativo determinarán el supuesto de responsabilidad; contractual, por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación, responsabilidad extracontractual por hecho propio o por hecho ajeno (1902 y 1903.4 CC) así como la responsabilidad objetiva de los servicios sanitarios consagrada en el artículo 148 TRLGDCU 2007. 

La responsabilidad de la compañía en base el art. 1903.4 CC, se funda bien en la existencia de una relación de dependencia entre el médico y la compañía, o bien que la compañía implícitamente está contractualmente asumiendo que la prestación médica será diligente, y por ello ha de responder cuando no es así62. No obstante esta tendencia, debe decirse que la STS (Sala 1ª), 18 mayo 2006 (RJ 2006, 4724), no considera responsable a la compañía, al no hallarse en el acto médico concreto comprendido dentro de la cobertura sanitaria contratada por la víctima. En estos casos se habla de responsabilidad contractual de la compañía y extracontractual del médico63. Sea como fuere, lo cierto es que en los casos de responsabilidad de la aseguradora por la vía del artículo 1903.4, la misma se ha calificado de solidaria o subsidiaria con independencia de la responsabilidad directa de los profesionales sanitarios. En la práctica la mayoría de los pronunciamientos judiciales se refieren a la solidaridad, dada la posición de la aseguradora como garante y obligada a un resultado, por la dependencia funcional y económica de la clínica y profesional a la compañía66, así como por la limitación a la elección por el asegurado en un cuadro médico delimitado por el asegurador. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad del asegurado de dirigir la acción directa frente a la aseguradora, sin tener que demandar conjuntamente al profesional sanitario.

A salvo de los casos de facultativos que ejercen su actividad en centros médicos de la aseguradora, los cuales asumen directamente la prestación de servicios sanitarios necesarios para pacientes señalados por el centro, en los que la responsabilidad de la aseguradora sería directa por hecho ajeno (1903.4 CC), en la mayoría de los casos, fundamentalmente cuando son los pacientes los que eligen con libertad al facultativo dentro de la lista seleccionada por la compañía, no existiría esta responsabilidad por faltar la dependencia determinante de la responsabilidad de la aseguradora por hecho ajeno (1903.4 CC). En efecto, los médicos actúan con absoluta independencia que favorece la objetividad en la práctica de pruebas médicas sin interferencia de las aseguradoras. Las preceptivas autorizaciones de la compañía para la práctica de determinadas pruebas médicas en estos casos van dirigidas a comprobar que las mismas se encuentran dentro de la cobertura contratada, más que dirigidas vigilar la diligencia y pericia médica del facultativo de cuyos actos respondería. 

El Tribunal Supremo ha establecido que la obligación contractual característica de las aseguradoras de asistencia sanitaria, cuando no se limitan al reembolso de gastos previsto en el primer inciso del citado artículo 105 LCS, es la prestación misma de la asistencia sanitaria en los términos en que ésta venga delimitada por la póliza del seguro. Por esa razón, los daños y perjuicios que un asegurado pueda sufrir como consecuencia de una atención médica, hospitalaria o, en general, de una prestación sanitaria cubierta por la póliza que resulte incorrecta, podrán ser reclamados a la Compañía aseguradora por incumplimiento contractual. La jurisprudencia entiende que los médicos, los hospitales y, en general, quienes prestan a los asegurados servicios sanitarios incluidos en la póliza de seguro de asistencia sanitaria son auxiliares de la Compañía aseguradora en el cumplimiento por ésta de su contrato con el asegurado y que la actuación de esos auxiliares determina la responsabilidad contractual de la aseguradora cuando causa daño al asegurado existiendo culpa (si se trata de la actuación de un médico la jurisprudencia exige la infracción de la lex artis adecuada al caso) y aun sin culpa si no es la actuación de un médico la que lo causa.

Llegados a este punto, resulta obligado mencionar la importantísima STS de 4 de diciembre de 2007, pues contiene un largo y extenso razonamiento jurídico de desarrollo del fundamento de la responsabilidad de la entidad aseguradora por asistencia médica. Como criterios que deben tenerse en cuenta para la determinación de si existe o no responsabilidad la citada sentencia fija los siguientes: 

(a) La responsabilidad por hecho de otro, fundado en una relación de dependencia siempre que pueda hablarse de una elección directa del médico por la aseguradora o se trate de un centro concertado por la aseguradora. 

(b) La asunción de responsabilidad contractual por la entidad aseguradora de la asistencia médica cuando garantiza o asume el deber de prestación directa de la asistencia médica. Esta no puede inferirse de la mera existencia del aseguramiento, sino de la interpretación de la póliza del seguro, teniendo en cuenta que el empleo de un auxiliar en el cumplimiento no altera el ámbito de la responsabilidad contractual. 

(c) Por el principio de apariencia, derivado de la forma de actuación de los facultativos o de los actos de publicidad que se integran en el contenido normativo del contrato con arreglo a la legislación de consumidores. 

(d) La simple inclusión de un médico en el cuadro sanitario de una compañía no es suficiente, sino que es necesario el examen de las circunstancias de cada caso concreto es ineludible para concretar si la inclusión en el cuadro médico comporta el establecimiento de una relación de dependencia o auxilio contractual con la aseguradora. 

(e) La responsabilidad impuesta por la LCU a quienes suministran o facilitan servicios a los consumidores o usuarios cuando no se acredite que han cumplido las exigencias reglamentarias y los cuidados exigidos por la naturaleza del servicio, dada su específica naturaleza, no afecta a los actos médicos propiamente dichos. Estos casos, la STS de 17 de julio de 2012 distingue los plazos de prescripción, según que la acción se dirija contra el médico a auxiliar o contra la entidad aseguradora: 
«[...] se produjo un concurso de acciones: por responsabilidad en el cumplimiento del contrato concluido con la aseguradora y extracontractual respecto a los profesionales con quienes la recurrente no contrató. La primera prescribe a los 5 años, conforme al artículo 23 de la LCS, en cuanto resulta del contrato de seguro, norma especial de aplicación, según el artículo 1969 CC, a cuyo tenor "el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse". La segunda, prescribe al año, como todas las obligaciones que se fundamenta en la responsabilidad aquiliana del artículo 1902 de Código Civil.»
A continuación reproducimos el extenso Fundamento Jurídico Décimo tercero de la referida STS de 4 de diciembre de 2007:
Fundamentos Jurídicos
(…)

DECIMOTERCERO. - Responsabilidad de la entidad aseguradora de la asistencia médica.  A) Doctrinalmente se ha afirmado que la jurisprudencia de esta Sala imputa automáticamente responsabilidad a las entidades aseguradoras de la asistencia médica. El examen de las resoluciones dictadas en esta materia, sin embargo, revela que la expresada responsabilidad ha venido reconociéndose o rechazándose en función de diversos criterios aplicados, alternativa o combinadamente, en atención a las circunstancias de cada caso: 
a) El título más frecuentemente invocado ha sido el de la responsabilidad por hecho de otro dimanante de la existencia de una relación de dependencia contemplada en el artículo 1903 I y IV CC. Este título ofrece la dificultad de conciliarlo con la naturaleza contractual que reviste la relación del asegurado con la aseguradora, la cual ha sido salvada, implícita o explícitamente, mediante la doctrina de la llamada unidad de la culpa civil o mediante la aplicación analógica de normas reguladoras de la responsabilidad extracontractual a la extracontractual (v. gr., STS núm. 922/1999, de 2 noviembre, recurso de casación núm. 742/1995). 
La existencia de una relación de dependencia no parece ofrecer duda en aquellos casos en los cuales la relación de los médicos con la aseguradora de asistencia médica es una relación de naturaleza laboral. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta relación es la propia de un arrendamiento de servicios, según la califica habitualmente la jurisprudencia. Algunas sentencias de esta Sala han fundado la dependencia en la existencia de este tipo de relación (STS de 12 febrero 1990, y STS núm. 923/1999, de 10 noviembre). Para llegar a esta conclusión debe salvarse el escollo de que el médico es un profesional independiente, el cual, en principio, responde por sí mismo -siempre que reúna las cualidades adecuadas y por ello deba estimarse correctamente seleccionado por parte del empresario; y siempre que éste no ejerza una función de control sobre su actividad-, por lo que en alguna de estas sentencias se contempla algún elemento adicional (v. gr., la STS 923 /1999 parece apuntar a la elección directa del médico por la aseguradora, al afirmar que «[...] la resolución recurrida no ha tenido en cuenta que el facultativo demandado no pertenecía a la plantilla de médicos adscritos a la recurrente»). La STS núm. 836/1994, de 27 septiembre, recurso núm. 3696/1992, no considera probada la relación de dependencia en un caso de asistencia del asegurado en un centro concertado con la aseguradora. 
b) En otras ocasiones, cuando el criterio de la dependencia se revela como insuficiente, la jurisprudencia ha puesto el acento en la naturaleza contractual de la responsabilidad que contrae la entidad aseguradora de la asistencia médica. Este criterio, en puridad, embebe el anterior. Las consideraciones para su aplicación se basan normalmente en asumir, más o menos explícitamente, que la aseguradora garantiza o asume el deber de prestación directa de la asistencia médica (SSTS de 4 de octubre de 2004 y núm. 1108/2004, de 17 noviembre). Esta orientación jurisprudencial tiene su apoyo en los precedentes históricos del contrato de seguro de asistencia médica, pues en las mutuas e igualas no existía separación entre la gestión del seguro y la prestación de la asistencia médica, y en el hecho de que el artículo 105 de la Ley de Contrato de Seguro [LCS ] establece como característica del seguro de asistencia sanitaria, frente al seguro de enfermedad o de reembolso, la circunstancia de que «el asegurador asume directamente la prestación de servicios médicos y quirúrgicos». Otra cosa es el alcance que deba darse a esta expresión para conciliarla con la prohibición de que las aseguradoras desempeñen funciones ajenas a los cometidos propios del seguro. 
Dado que la aseguradora, en la modalidad llamada de reembolso, puede obligarse únicamente «al pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica» (artículo 105 LCS, inciso primero), la asunción de la prestación de servicios médicos por la aseguradora no puede inferirse de la mera existencia del aseguramiento, sino que, por lo general, para estimarla existente, la jurisprudencia se funda en la interpretación de la póliza del seguro. Por otra parte, el ámbito de la responsabilidad de la entidad aseguradora se produce con el límite de lo pactado y el empleo de un auxiliar en el cumplimiento no altera el ámbito de la responsabilidad contractual. Por esta razón, la STS de 18 de mayo de 2006 excluye la responsabilidad de la aseguradora fundándose en que la amniocentesis no estaba cubierta por la póliza, aun cuando fue autorizada por un médico del cuadro clínico. 
c) En otras ocasiones, este deber de prestación se infiere de la forma de actuación de los facultativos, en virtud del principio de apariencia, o de los actos de publicidad que se integran en el contenido normativo del contrato con arreglo a la legislación de consumidores (caso contemplado en la STS núm. 922/1999, de 2 noviembre, en la cual se afirma que «[e]l seguro se contrató en atención a la 'garantía de la calidad de los servicios que representa el prestigio de la compañía', con lo que sus obligaciones abarcan más allá de la simple gestión asistencial», y también en la STS de 4 de octubre de 2004, en la que se toma en consideración que se garantizaba expresamente una correcta atención al enfermo). 
En todos estos casos, los médicos actúan como auxiliares de la aseguradora y en consecuencia corresponde a ésta la responsabilidad de la adecuada prestación a que se obliga como consecuencia del contrato frente al asegurado, dado que la actividad de los auxiliares se encuentra comprometida por el deudor según la naturaleza misma de la prestación. La garantía de la prestación contractual se tiene en cuenta, pues, como criterio de imputación objetiva, cuando aparece que la posición de la compañía no es la de mero intermediario, sino la de garante del servicio. Desde esta perspectiva, la responsabilidad de la aseguradora tiene carácter contractual, pero no excluye la posible responsabilidad del profesional sanitario frente al paciente con carácter solidario respecto a la aseguradora y sin perjuicio de la acción de regreso de ésta contra su auxiliar contractual. 
d) La actuación de los médicos como auxiliares de la aseguradora en el ámbito de la prestación contractualmente convenida por ésta se infiere también por la jurisprudencia, en ocasiones, de la existencia de una intervención directa de la aseguradora en la elección de los facultativos o en su actuación. Puede hablarse también, en estos casos, en el marco del criterio de la dependencia, de culpa in eligendo o in operando. V. gr., la STS núm. 922/1999, de 2 noviembre, contempla la culpa in operando de la aseguradora, al declarar que «[...] los órganos directivos superiores de 'Esfera Médica, SA' (hoy 'Adeslas, SA'), tuvieron conocimiento del alcance de la gravedad de la operación y autorizaron y recomendaron expresamente al doctor codemandado para su asistencia al actor». 
Este tipo de responsabilidad opera en el marco de la relación contractual determinante de una responsabilidad directa de la aseguradora, pero no es infrecuente la referencia a las disposiciones del CC que regulan la responsabilidad por hecho de otro en el marco de la extracontractual. 
Podría argumentarse que la simple inclusión de un médico en el cuadro sanitario de una compañía no es suficiente para entender que ésta ha procedido a la elección del facultativo, que ha impuesto al asegurado acudir a él, o que ha asumido una obligación de garantía de la calidad de la prestación, puesto que dicha oferta parece compatible con la libertad de elección del médico. Sin embargo, la STS núm. 653/2006, de 21 junio, que parece partir del hecho de que la comadrona estaba incluida en el cuadro facultativo de la aseguradora, y otras, más numerosas, de las audiencias provinciales, suelen considerar suficiente la inclusión del facultativo en el cuadro médico de la aseguradora para inferir la existencia de responsabilidad por parte de ésta derivada de la culpa in eligendo. Resulta indudable que el examen de las circunstancias de cada caso concreto es ineludible para concretar si la inclusión en el cuadro médico comporta el establecimiento de una relación de dependencia o auxilio contractual con la aseguradora. 
e) Como se ha visto anteriormente, la LCU establece la responsabilidad de quienes suministran o facilitan servicios a los consumidores o usuarios cuando no se acredite que han cumplido las exigencias reglamentarias y los cuidados exigidos por la naturaleza del servicio (artículo 26 LCU), y la responsabilidad por los daños originados por el uso de servicios que por su propia naturaleza o por disposición reglamentaria incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad (artículo 28 LCU), a cuyo régimen se consideran sometidos, entre otros, los servicios sanitarios. 
Según la más reciente jurisprudencia, dada su específica naturaleza, este tipo de responsabilidad no afecta a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la lex artis ad hoc [reglas del oficio según las circunstancias del caso]. Por consiguiente, la responsabilidad establecida por la legislación de consumidores únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios, ajenos a la actividad médica propiamente dicha (STS de 5 de febrero de 2001, 26 de marzo de 2004, 17 de noviembre de 2004 y, más recientemente, STS de 5 de enero de 2007 y 26 de abril de 2007). 
Por lo demás, este criterio parece irrelevante, pues en el caso de que la aseguradora contractualmente haya asumido la prestación médica, o su responsabilidad dimane de otros criterios relacionados, como los de dependencia, garantía contractual de la prestación, garantía de la calidad de la misma, o intervención directa en la elección o actuación del facultativo, su responsabilidad dependerá de la existencia o no de responsabilidad médica con arreglo a los criterios subjetivos u objetivos mediante los cuales debe apreciarse la existencia de este tipo de responsabilidad médica o sanitaria. En la mayoría de las sentencias de esta Sala la cita de la LCU, en consonancia con estos principios, se ofrece como un argumento auxiliar (v. gr., en la STS núm. 642/2001, de 19 junio, recurso de casación núm. 1282/1996, en la que se asocia a la apreciación de que la aseguradora asumió la efectiva prestación de la asistencia). 
C) La aplicación de los anteriores criterios conduce en el presente supuesto a declarar la existencia de responsabilidad de la aseguradora, pues al menos dos de los criterios anteriormente reseñados ofrecen un resultado positivo, según resulta del siguiente análisis: 
a) El criterio de responsabilidad por hecho de otro en virtud de la relación de dependencia contemplado en el artículo 1903.4 CC, no resulta aplicable en el caso examinado, pues no se ha alegado la existencia de relación laboral (y ni siquiera de arrendamiento de servicios, que por sí mismo podría resultar insuficiente) entre los responsables del laboratorio que suministró las bolsas de plasma para la transfusión o quienes la realizaron y la aseguradora. La sentencia recurrida funda la responsabilidad en el hecho, admitido por las partes litigantes, de que el centro en el que se practicó la transfusión estaba concertado con la aseguradora; sin embargo, según se ha visto, la jurisprudencia considera este hecho, en sí mismo, como insuficiente para la apreciación de una situación de dependencia, y no se ha demostrado que el centro esté gestionado de manera directa o indirecta por la aseguradora. Por ello es menester atender a otras circunstancias de la relación de aseguramiento, algunas de ellas destacadas en la sentencia recurrida, y otras susceptibles de ser apreciadas por esta Sala en virtud de la doctrina que faculta al tribunal de casación para la integración del factum [hechos]. 
b) El examen de la póliza de aseguramiento permite establecer que en el caso examinado la obligación de la aseguradora, en los términos que autoriza el artículo 105.2 LCS, comprendía no solamente la asunción del coste económico de las operaciones médicas, sino también su prestación por medio de médicos o establecimientos que actuaban como auxiliares contractuales para la realización de las prestaciones. En el artículo 1 de la póliza se hace referencia, como cometido de la aseguradora, a las prestaciones de asistencia médica; en el art. 16 de la póliza se atribuye, al incluir las transfusiones de sangre, «[a] cargo del aseguradora el acto médico de la transfusión en todos los casos, así como la sangre y/o plasma a transfundir dentro del sanatorio». Esta expresión -como arguye la aseguradora en su recurso- sería insuficiente para sostener que la aseguradora asumía la prestación (pues sólo hace referencia a su cargo), pero es suficiente para despejar las dudas que puedan suscitarse contemplar lo que se dispone en el número 37 del mismo artículo respecto de las transfusiones de sangre a domicilio, pues respecto de ellas, que guardan una indudable relación lógica con las realizadas en el sanatorio, se prescribe que la transfusión será «[p]rescrita por médicos del asegurador y realizadas por transfusores del mismo [...]». En las cláusulas del contrato se hace referencia en diversos lugares a los médicos o especialistas «del asegurador», o al internamiento en sanatorios o centros «designados por el asegurador». 
c) Desde el punto de vista del principio de apariencia y de los actos de publicidad que integran el contenido normativo del contrato según la legislación de consumo se confirma y refuerza la conclusión anterior. En efecto, se advierte la existencia en autos de cartas dirigidas al asegurado en una de las cuales se hace referencia a la introducción de especialistas de alta cualificación y a la incorporación al Cuadro médico de médicos consultores de gran prestigio y profesionalidad, y en otra de ellas se hace referencia a la oferta por parte de la aseguradora de cuadros médicos amplios y seleccionados, servicio y atención de calidad permanente, y, se afirma que la aseguradora es una de las compañías líderes del mercado de seguros de asistencia sanitaria fundándose, entre otros extremos, en la existencia de cuadros médicos y clínicas «a su servicio». Estos antecedentes revelan que la aseguradora no se limitó a asumir una simple posición de aseguramiento de los costos de la asistencia, sino que su garantía se extendía contractualmente a la calidad de los servicios prestados mediante cuadros médicos objeto de una especial selección y clínicas a su servicio. 
d) El criterio de intervención directa de la aseguradora en la elección o en la actuación de los facultativos no añade elemento alguno relevante a lo que acaba de razonarse, pues no constan circunstancias concretas en torno a este punto. 
e) Los criterios de responsabilidad objetiva contemplados en la LCU únicamente son relevantes, según se ha dicho, para determinar la existencia de responsabilidad por parte de los servicios médicos, pero ésta, por sí, no predetermina la responsabilidad de la aseguradora. 
(…)”


Fuentes Consultadas


  1. Derecho sanitario en la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Juan Antonio Xiol Ríos Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Octubre 2012.
  2. La Contratación del Seguro de Asistencia Sanitaria y las Limitaciones de los Derechos de Determinados Asegurados. Pilar Domínguez Martínez. Profesora contratada doctora de Derecho Civil. Centro de Estudios de Consumo. Universidad de Castilla-La Mancha. Revista CESCO de Derecho de Consumo 8/2013.
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25 de abril de 2014

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El concepto legal de accidente o hecho de la circulación en la normativa vigente

La palabra accidente tiene su origen en el término latino accidens y hace referencia a algo que sucede o surge de manera inesperada, ya que no forma parte de lo natural o lo esencial de la cosa en cuestión. El uso más frecuente del término está vinculado al acontecimiento que sucede sin intención y que genera un daño a un ser vivo o a una cosa. Desde otra perspectiva más cercana a la salud pública, la OMS define de forma genérica el accidente como una transferencia anormal no controlada de energía que tiene como consecuencia la ocurrencia de lesiones o muertes.


En este contexto, el Diccionario de Términos de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial definen el accidente de circulación como “el resultado de una conjunción o concurrencia desfavorable de múltiples factores (la vía y su entorno, vehículo, conductor y usuarios, condiciones metereológicas o ambientales) en un momento y lugar determinados – Cfr. Pág. 12. Diccionario de Términos de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. Eduardo Checa Zavala, Roberto Ceamanos Marín. Asociación Española de Centros Médico-Psicotécnicos.1997. Para ser considerado como tal debe reunir las siguientes condiciones: que se produzca o tenga lugar en vía y terrenos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos y, en los que sin tener tal aptitud, sean de uso común, y en los privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, que, al menos, esté implicado un vehículo en movimiento y que, como consecuencia del cual, una o varias personas resulten muertas o heridas (o se produzcan daños materiales).

El informe Mundial sobre prevención de traumatismos en accidentes de tráfico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial en 2004 define el accidente de tráfico como un suceso o serie de sucesos que cabe someter a un análisis racional y a la aplicación de medidas correctivas, con el objetivo de romper con la creencia generalizada de que son inevitables e impredecibles, es decir, sucesos imposibles de controlar – Cfr. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013. 

En otro orden de cosas, la Orden Ministerial de 18 de febrero de 1993 por la que se modifica la estadística de accidentes de circulación establece un concepto normativo de accidente y plantea una serie de definiciones, definiéndolo como: “el producido o que tenga su origen en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, siempre que resulte del mismo, una o varias personas muertas o heridas o sólo daños materiales y esté implicado, al menos, un vehículo en movimiento”. 

Por tanto, Se considera que un vehículo está implicado en un accidente de circulación cuando concurren una o varias de las circunstancias detalladas a continuación: 
  1. Entrar el vehículo en colisión con otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados, peatones, animales y/o otro obstáculo. 
  2. Sin haberse producido colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente, muertos o heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo daños materiales.
  3. Sin haberse producido colisión con el vehículo estar éste parado o estacionado en forma peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente.
  4. Sin haber sufrido el vehículo directamente las consecuencias del accidente, constituir el comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros uno de los factores que han provocado el mismo.
  5. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en que subía o descendía de él, en cuyo caso ambos vehículos se consideran implicados en el accidente.
En este sentido no tendrán la consideración de accidente de tráfico, entre otros, los siguientes supuestos: 
  1. - La manipulación de un vehículo para simular un accidente de tráfico.
  2. El incendio de un vehículo estacionado - cfr. la Sentencia de la Audiencia provincial de Baleares de 18 de enero de 2007 que estima el incendio de un automóvil estacionado producido antes o después de circular como hecho o accidente de la circulación amparado por el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil.
  3.  La caída de un objeto sobre un vehículo estacionado.
  4. La apertura fortuita de una portezuela que golpea a un peatón.
  5. Un peatón que se golpea con una señal de tráfico, tropieza contra una baldosa o cae a una zanja.
  6.  La lesión de un ocupante del vehículo por un golpe de otro usuario o por un objeto lanzado desde el exterior.
  7. Las maniobras irregulares de vehículos sin generar daño alguno, derrapes, trompos, etc. 
En el ámbito de la responsabilidad civil, surge la noción de accidente o hecho de la circulación que marcará la pauta decisiva para una correcta aplicación legal de dicho régimen. En consecuencia, esta delimitación conceptual se encontraba en el Reglamento de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto 7/2001 de enero. En efecto el artículo 3 establecía que se debe de entender por accidente o hecho de la circulación «el derivado del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor, tanto por garajes y aparcamientos como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común». En idéntico sentido, se pronuncia el vigente artículo 3 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el actual Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, excluyendo:

a) Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, sin perjuicio de la obligación de suscripción del seguro especial previsto en la disposición adicional segunda. b) Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ello. c) Los desplazamientos de vehículos a motor por vías o terrenos en los que no sea de aplicación la legislación señalada en el artículo 1, tales como los recintos de puertos o aeropuertos y d) la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. En todo caso sí será hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto previsto en el artículo 382 de dicho Código Penal.

Sin embargo, resulta ocioso señalar que, tanto la noción de accidente de tráfico o hecho de la circulación, como el vehículo a motor son elementos esenciales para la aplicación de la normativa sobre responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor. Que sea o no considerado como accidente de circulación un hecho determinado trae consigo distintas consecuencias jurídicas que marcaran el camino a seguir dentro o fuera del sistema especial estatuido por LRCSCVM (en adelante Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor) y por ende la aplicación del sistema de valoración del daño, la intervención del Seguro Obligatorio del Automóvil y la mediación del Consorcio de Compensación de Seguros como fondo de garantía, entre otras cuestiones. 

En lo atinente al accidente o hecho de la circulación, hay que significar que en la definición prevista en el artículo 3 RRCSCVM (en lo sucesivo Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor) se aprecian dos elementos, uno material; vehículo a motor y otro espacial; lugar donde se produce. El primero, hace referencia al medio de transporte sobre el cual se cierne el riesgo de sufrir las consecuencias de una accidente de circulación. Una de las primeras definiciones legales del concepto o noción de vehículo a motor aparece en el año 1900 con motivo de la publicación en el mes de septiembre del Reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras del Estado, norma que deroga la Real Orden de 31 de julio de 1897. En esta disposición legal se define al automóvil como todo carruaje movido por fuerza mecánica, cuya conformación debe garantizar unas condiciones mínimas de seguridad. 

En la actualidad por vehículo a motor, según el artículo 1 del RRCSCVM, habrá que considerar a todos los vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Se exceptúan de la obligación de aseguramiento los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos, así como aquellos vehículos que hayan sido dados de baja de forma temporal o definitiva del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

De igual forma, se aplicarán los conceptos recogidos en el anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Del mismo modo, nuestro Código penal también lanza una definición de lo que se debe de entender por vehículo a motor. Lo hace en el Libro II. Delitos y sus penas, dentro del título XIII «delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico». Capítulo IV. Artículo 244 “del robo y hurto de uso de vehículos a motor”. Este precepto incluye expresamente a los vehículos de motor y a los ciclomotores, superando el texto del artículo 516 bis del Código penal anterior, que trataba de englobar ambas categorías a través de la expresión “vehículo de motor ajeno, cualquiera que fuese su clase, potencia o cilindrada” 

El elemento espacial acontece en la segunda parte de la definición. Aquí, el legislador trata de deslindar los lugares donde se consideraran como tales los accidentes de circulación. Por tanto, hecho de la circulación será aquel que tenga lugar tanto en los garajes y aparcamientos, como en las vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, ya sean urbanos como interurbanos, así como en vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común. Debido a este carácter fáctico tan marcado de difícil encorsetado, el artículo 1.1 del Reglamento General de Circulación hace extensible, su aplicación a las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común, y, en defecto de otras normas, a los que las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. Cómo fácilmente puede advertirse, el concepto o elemento espacial de hecho de la circulación es enormemente amplio, hasta el punto de que sólo cabe excluir de él aquellos lugares en los que sea materialmente imposible el acceso y circulación de vehículos terrestres de motor. 

Para concluir, conviene tener presente la definición dada por el artículo 100 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro. En esta ocasión, se entiende por accidente: “la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte”.
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23 de abril de 2014

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El Daño derivado de la vulneración del Derecho Fundamental a un Proceso Civil sin dilaciones indebidas

A pesar que el objeto del presente artículo se incardina dentro de la esfera del Derecho Administrativo, la responsabilidad patrimonial del Estado guarda una estrecha relación con la responsabilidad civil por cuanto, en ambos casos, el elemento causal es la producción de un daño que debe ser resarcido. En efecto, la responsabilidad por los daños causados por los órganos judiciales viene establecida en el artículo 121 de la Constitución Española: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”. 

Los precedentes legislativos de este precepto se encuentran en las Constituciones de 1812 (art.254), de 1837 (art. 67), de 1845 (art. 70), de 1869 (art. 98) y 1876 (art. 81). En la constitución de 1931, el artículo 99 se refería a la responsabilidad de los jueces y el 106 reconocía la indemnización por error judicial – cfr. art. 9.3 de la CE que garantiza además la responsabilidad de los poderes públicos. Esta responsabilidad opera sin perjuicio de la que pueda exigirse a título individual a Jueces y Magistrados, también prevista en la Constitución y en los arts. 411 a 413 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia en sus artículos 292 a 297, contemplando distintos supuestos de responsabilidad de los órganos judiciales: la imputable a error judicial, la que sea consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y la responsabilidad por prisión provisional una vez que se ha dictado sentencia absolutoria por inexistencia del hecho imputado o auto de sobreseimiento libre por esta misma causa. En todos los casos es preciso que concurran tres requisitos: a) La producción de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas; b) que el mismo sea imputable al servicio de la Administración de Justicia y c) que no tenga su origen en casos de fuerza mayor y exista una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actuación del órgano judicial y el daño reclamado - cfr. art. 292, 294.1 y 297 LOPJ

El supuesto indemnizatorio del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia deriva directamente del funcionamiento irregular de los servicios judiciales que constituyen la estructura de la Administración de Justicia y abarca aquellas anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial y produciendo un daño a los justiciables, se producen por un irregular funcionamiento objetivo, sin que sea necesario dolo o culpa por parte del agente causante en el seno del proceso o de la actividad administrativa que sirve de soporte – cfr. art. 295 y STS de 11 de noviembre de 1.993. 

Mención aparte merece el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, porque el quebrantamiento o vulneración de este derecho es un supuesto tipo de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Efectivamente, paradigma del supuesto contemplado de este supuesto indemnizatorio lo constituye el derecho en plazos razonables o sin dilaciones indebidas en la tramitación de un proceso judicial y que viene reconocido como derecho fundamental en el artículo 24.2 CE y en diferentes tratados internaciones que, en materia de responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, debe cohonestarse con el artículo 121 del mismo texto legal. 

En el Derecho Comparado, encontramos el artículo 14.3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 que garantiza que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. De igual forma, el artículo 6º del Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 garantiza el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea firmada en Niza el 20 diciembre de 2000, en su art. 47, 2º y, a propósito de las garantías del proceso debido, incluye el relativo a que la causa sea examinada en un plazo razonable. 

Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional estima que la noción de dilación procesal indebida es reconducible a un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto debe ser obtenido mediante la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. En este sentido, la identidad entre las expresiones plazo razonable y sin dilaciones indebidas no puede llevar a entender que el derecho fundamental consagrado en el art. 24.2 de la CE lo sea al cumplimiento estricto de los plazos, institucionalizado un derecho a los plazos procesales – Cfr. STC 36/1984, de 14 de marzo, 5/1985, de 23 de enero, y 133/1988, de 4 de julio, entre otras. Por lo tanto, no toda infracción de los plazos procesales constituye un supuesto de dilación procesal indebida. Para apreciarlo habrá que acudir a criterios tales como la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que en aquél arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades. 

En una apretada síntesis, suele entenderse que un proceso sin dilaciones indebidas es el que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción, pues no cabe duda que el tiempo debido que debe ocupar un proceso es el necesario para realizar la actividad que requiere la tutela efectiva y el debido proceso y ello debe hacerse en el menor tiempo posible – Cfr. STC 43/1985, de 22 de marzo y 324/1994, de 1 de diciembre.

Asimismo resulta de interés la STC 153/2005 de 6 junio, que pone de manifiesto que si la interdicción de las dilaciones indebidas es un derecho invocable en todo tipo de procesos, lo es con mayor razón en el proceso penal, en el que el celo del juzgador ha de ser siempre mayor a la hora de erradicar las dilaciones indebidas, y, en concreto, en los procesos en que se depura la eventual responsabilidad penal de menores - Cfr. STC 177/2004, de 18 de octubre, 220/2004, de 29 de noviembre, 63/2005, de 14 de marzo, 153/2005, de 6 de junio, 233/2005, de 26 de septiembre y 5/2010 de 7 abril.

La STC 178/2007, de 23 de julio de 2007, siendo ponente el magistrado Guillermo Jiménez Sánchez, estima el recurso de amparo por haber sido vulnerado el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) en la tramitación de un juicio ordinario ante un juzgado de primera instancia. El recurso en cuestión fue promovido por una entidad mercantil que aducía que se había vulnerado su derecho a no padecer dilaciones indebidas en un proceso civil en el que, tras la tramitación del procedimiento iniciado por ella mediante demanda presentada el 30 de septiembre de 2003, tuvo lugar el juicio el día 29 de abril de 2005, sin que con posterioridad a este momento se hubiera procedido a dictar la sentencia correspondiente, pese a que en al menos tres ocasiones se solicitó del juzgado que se pronunciara.

El Ministerio Fiscal público interesó la estimación del amparo al considerar que ni la complejidad del proceso, ni la actitud procesal diligente de la sociedad actora, podían justificar la extraordinaria demora en dictar la sentencia que habría de poner fin al proceso. En aplicación de la doctrina del Tribunal (STC 100/1996, de 11 de junio; STC 140/1998, de 29 de junio; S32/1999, de 8 de marzo; STC 58/1999, de 12 de abril; STC 153/2005, de 6 de junio, y STC 4/2007, de 15 de enero), la sentencia llega a la constatación de que ha resultado lesionado el derecho fundamental invocado porque, prescindiendo de las paralizaciones que el curso procesal padeció entre la presentación de la demanda y la celebración del juicio oral, pues no consta que frente a tales paralizaciones o pretendidas demoras se cumpliera con el requisito de denunciarlas, “lo cierto es que desde la fecha del juicio comenzó el término para dictar sentencia, que no había sido pronunciada al tiempo de formularse la demanda de amparo (el día 15 de febrero de 2007)”. “Los más de veintiún meses transcurridos sin que el juez dictase la sentencia correspondiente –se añade– exceden con mucho del tiempo que razonablemente cabe admitir por encima del determinado legalmente para pronunciar sentencia”.

Se dice en esta sentencia que no se trata de identificar el derecho a no padecer dilaciones indebidas con el respeto de los plazos procesales, sino de considerar constitucionalmente incompatible con los derechos fundamentales una demora en la realización de actos procesales que sobrepase lo razonable atendida la naturaleza, la complejidad del proceso y la actitud procesal de las partes intervinientes en él. Al respecto, el Tribunal Constitucional observa que no consta que el proceso judicial revistiera especial complejidad, ni que la actitud procesal de las partes supusiese un obstáculo añadido que pudiera justificar la extraordinaria demora en el dictado de la sentencia. Ni siquiera se había emitido en la fecha de la sentencia de amparo, pese a que por tres veces la parte demandante se dirigió al órgano judicial solicitando que la dictase (incluso en dos ocasiones invocando, nominatim, la vulneración de su derecho a no padecer dilaciones indebidas), cumpliendo así con el requisito que, con carácter sustantivo y de acuerdo con la faceta reaccional característica de este derecho fundamental (STC 153/2005, de 6 de junio), exige la doctrina constitucional (por todas la STC 4/2007, de 15 de enero): “Es necesario denunciar previamente el retraso o dilación, con el fin de que el juez o tribunal pueda reparar la vulneración que se denuncia, de forma que, si previamente no se ha agotado tal posibilidad, la demanda ante el Tribunal Constitucional no puede prosperar.

Esta exigencia obedece, ante todo, al carácter subsidiario del amparo, que determina que sean los órganos judiciales los encargados de dispensar en primer lugar la tutela de los derechos fundamentales. Pero también responde al deber de colaboración de todos, y, especialmente, de las partes, con los órganos judiciales en el desarrollo del proceso a los que se encomienda, en definitiva, la prestación de la tutela prevista en el art. 24 CE”. 

Asimismo, hay que destacar que según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, es requisito necesario que con carácter previo, se hayan denunciado las dilaciones ante el órgano judicial, no siendo éste un mero requisito formal “sino que tiene como finalidad permitir a los órganos judiciales que puedan remediar las dilaciones y, de este modo, salvaguardar al carácter subsidiario del recurso de amparo” - Cfr. STC de 11 de diciembre de 2000

Cabe resaltar que las demandas de amparo por dilaciones indebidas, tal y como expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de mayo de 2.000, una vez que el proceso ha terminado, carecen de viabilidad y de objeto. Determina el Tribunal que “para supuestos como el ahora enjuiciado de denuncia de dilaciones ya cesadas en el momento de formularse la demanda de amparo, el cauce que el ordenamiento (arts. 121 CE y arts. 292 y ss. LOPJ) arbitra para la reparación del eventual perjuicio causado por tales dilaciones es la acción de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, y no el recurso de amparo constitucional.

Como hemos dejado constatado, no siempre que las actuaciones procesales se prolonguen dilatadamente en el tiempo estaremos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial, sino únicamente cuando dicho retraso sea reprochable al órgano judicial y, en este sentido, se expresa la doctrina jurisprudencial, la cual ha venido y rechazado la declaración de responsabilidad en diferentes pronunciamientos. La STS de 16 de febrero de 1.998, exime de responsabilidad a la Administración de Justicia por cuanto: “no cabe imputar directamente al órgano judicial la dilación en la tramitación procesal, puesto que del examen de lo actuado, se infiere que, rigiéndose el proceso de menor cuantía por el principio dispositivo, fue la parte demandada la que con sus constantes actuaciones dilatorias y omisivas en la tramitación del proceso, propiciaron sucesivas actuaciones instadas por la procuradora de la parte actora, que produjeron la dilación final reconocida en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que no es imputable al órgano judicial”.

Por el contrario, la STS de 12 de junio de 1.999, en un caso en que la tramitación de la causa penal, que carecía de una especial complicación, se prolongó durante diez años, señala el Tribunal que la investigación sumarial no fue singularmente compleja al tratarse de un hecho concreto, cometido en un momento determinado, y con los presuntos autores puestos a disposición judicial de inmediato, por lo que estima que el tiempo máximo de duración debería haber sido de tres años.
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17 de abril de 2014

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Doctrina Jurisprudencial sobre la acción subrogatoria ex artículo 43 LCS y su relación con la acción derivada del artículo 32 del mismo texto legal

En la doctrina y jurisprudencia tradicional se reconocen tres formas distintas de cumplimiento de la obligación de reparar el daño: Reparación específica o in natura, en el sentido de arreglo de la cosa dañada, Indemnización por equivalente, mediante la entrega de la cantidad de dinero correspondiente al daño sufrido y Reparación en especie, mediante la entrega de bienes, cuyo valor equivalga al daño sufrido, mediante su sustitución por otra igual. Todas ellas responden a la finalidad de reponer a la víctima al estado anterior a la producción del daño.

En este sentido, en materia de seguro de daños, la indemnización que paga la compañía aseguradora ingresa en el patrimonio del asegurado, por lo que contribuye a aminorar o, en su caso, a hacer desaparecer, los efectos que sobre éste hubiese causado el siniestro, como si nunca hubiese ocurrido. Sin embargo, el asegurado puede ser también titular de un derecho de resarcimiento frente a la persona responsable del siniestro. Y la realización de este derecho de crédito, unida a la percepción de la indemnización abonada por el asegurador, puede provocar que el asegurado perciba una doble reparación del mismo daño por cuantía superior al daño efectivamente sufrido. Para evitar esta situación, el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro permite que el asegurador que ha pagado la indemnización se subrogue en los derechos y acciones del asegurado frente al responsable del siniestro. 

El tenor literal de este precepto es el siguiente: 

“El asegurador, una vez pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización. El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. El asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse. El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato. En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés.”

Pues bien, en ocasiones los pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo se convierten en un excelente instrumento pedagógico para exponer el desarrollo del análisis científico e interpretativo de una norma jurídica. Este es el caso de la importante STS de 19 de Noviembre de 2013, siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Sebastián Sastre Papiol, donde el alto tribunal realiza un pormenorizado estudio entorno a la conceptualización, naturaleza jurídica y presupuestos necesarios para el ejercicio de la acción subrogatoria prevista en el referido artículo 43 LCS.

Sin perder más tiempo, el Fundamento Jurídico Cuarto, de la referida sentencia comienza por explicitar la ratio legis de la acción de subrogación por el asegurador, para seguir por calificar su naturaleza jurídica y los requisitos necesarios para su ejercicio:

“ I.- Fundamento de la subrogación prevista en el artículo 43 LCS: Dice el art. 43 de la LCS : " el asegugurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización ". La doctrina centra el fundamento de la subrogación legal del asegurador sobre las siguientes bases. Primera, evitar que el asegurado que, como consecuencia del siniestro, tiene una doble vía de resarcimiento del daño (contra el asegurador y contra el causante del daño), pueda enriquecerse ejercitando ambos derechos (el principio indemnizatorio a que se refiere el art. 26 LCS ); segunda, impide que el tercero responsable se vea libre de su obligación de resarcir el daño por la protección que obtiene el asegurado merced al contrato de seguro; tercera, supone un beneficio para el asegurador, pero también para el asegurado en la medida en que el primero obtiene unos recursos que le favorecen una mejor explotación del negocio y el segundo no verá incrementada la prima que, en caso de insolvencia del responsable del daño, debiera soportar.

Las razones apuntadas ya aparecían en al exposición de motivos del Código de Comercio de 1885: "Satisfecho el asegurado de cualquiera de los modos indicados, es de estricta justicia que, como consecuencia de este acto, quede subrogado ipso iure el asegurador en todos los derechos del asegurado, contra los terceros que sean responsables del incendio, por cualquier título o concepto; pues ni el asegurado, una vez percibida la indemnización, puede exigir de éstos otra, lo cual constituiría un lucro o beneficio, en oposición con la naturaleza fundamental del mismo contrato, ni los terceros quedan libres de su responsabilidad en virtud del seguro, como acto ajeno a ellos, siendo, por el contrario, muy ventajosa esta subrogación al mismo asegurado, que obtendrá por ella alguna rebaja en la cuantía del premio del seguro.”

II.- Naturaleza jurídica de la subrogación. Aunque se sostiene por algunos que la subrogación constituye una cesión de créditos, o un supuesto atípico de sucesión en el crédito del asegurado frente al tercero responsable, o un supuesto particular de subrogación por pago, es lo cierto que el art. 43 LCS establece una subrogación legal -aunque no se produzca automáticamente-. Como destaca la doctrina, mientras la cesión es el cauce para realizar el interés de la circulación del crédito, la subrogación atiende a la satisfacción de un interés subrogado para recuperar, por vía de regreso, un desembolso patrimonial efectuado por el asegurador.

III.- Presupuestos: La doctrina más reciente de esta Sala, STS núm. 432/2013, de 12 de junio , destaca que el art. 43 LCS exige tres presupuestos: (i) que el asegurador haya cumplido la obligación de satisfacer al asegurado la indemnización dentro de la cobertura prevista en el contrato, (ii) que exista un crédito de resarcimiento del asegurado frente al tercero causante del daño, de modo que cuando no existe deuda resarcitoria por parte de un tercero no opera la subrogación ( SSTS 14 de julio 2004 , 5 de febrero de 1998, entre otras); (iii) y la voluntad del asegurador de subrogarse, como un derecho potestativo que puede hacer valer o no, según le convenga, por lo que la subrogación no operaría ipso iure, conforme preveía el Código de Comercio.

IV.- El régimen de oponibilidad de las excepciones del tercero responsable frente al asegurador. Del concepto de subrogación surge la natural consecuencia de que las acciones que el asegurador puede ejercitar son las mismas que las que podía ejercitar el asegurado-perjudicado. Por tanto, presupone un crédito del asegurado contra un tercero responsable del daño. Ha de tratarse de un crédito del asegurado dirigido a la obtención de un resarcimiento de daños que ha dado lugar, por vía subrogatoria, a la indemnización por el asegurador al asegurado en virtud de la existencia de un contrato válido y vigente. Así lo establece expresamente el art. 43 LCS, cuando afirma que el objeto de la subrogación, una vez pagada la indemnización, son los derechos y acciones "que correspondieran al asegurado".

Por esta razón, el demandado puede oponer al asegurador las mismas excepciones que hubiera podido oponer frente al asegurado, preexistentes a la subrogación. Ningún obstáculo habrá para poder admitir también las excepciones procesales por ser de orden público.

Pero una vez que, como ocurre en el presente litigio, (i) se ha verificado la vigencia de las pólizas de los seguros, (ii) el pago efectuado por las aseguradoras al asegurado perjudicado, (iii) la responsabilidad - mejor la corresponsabilidad- del tercero a quien se le reclama el 50 % de las cantidades satisfecha en virtud de un pronunciamiento judicial previo (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), (iv) hallándose las cantidades reclamadas dentro del límite de cobertura de cada una de las pólizas, (v) y, no reclamándose una cuantía superior al daño realmente causado o superior al límite de la indemnización satisfecha, el tercero responsable no puede interferirse, subingresar o excepcionar circunstancias derivadas del contrato de seguro, cuyas relaciones jurídicas son internas, vinculantes exclusivamente a las partes contratantes, asegurador y asegurado, y para el tercero responsable es una "res inter alios acta" (…).”

En otro sentido, dice el artículo 32 LCS que: 

“Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo tomador con distintos aseguradores se cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada asegurador los demás seguros que estipule. Si por dolo se omitiera esta comunicación, y en caso de sobreseguro se produjera el siniestro, los aseguradores no están obligados a pagar la indemnización. Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, a cada asegurador, con indicación del nombre de los demás. Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite el asegurado puede pedir a cada asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. El asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores. Si el importe total de las sumas aseguradas superase notablemente el valor del interés, será de aplicación lo previsto en el artículo 31. ”

En efecto, este precepto diferencia entre la concurrencia de seguros y el coaseguro regulado en el art. 33 LCS. Los requisitos que la ley exige para que se aplique la concurrencia de seguros, son los siguientes:

1.- Que un mismo tomador, a iniciativa propia, celebre dos o más contratos de seguro con distintas aseguradoras y por lo tanto, sin conocimiento previo y consiguientemente, sin previo reparto de cuotas entre las mismas.

2.- Que dichas pólizas cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés asegurado, entendiendo por tal interés asegurado, según lo define la doctrina actual, la relación entre un sujeto (el asegurado) y un objeto (el bien asegurado) susceptible de valoración económica.

3.- Que las diferentes pólizas, cubran dichos efectos durante el mismo periodo de tiempo.

4.- Que la obligación de indemnizar sea simultanea no sucesiva (en caso contrario no habría concurrencia de seguros).

La finalidad de esta norma es dar respuesta al cumplimiento del principio indemnizatorio que rige el derecho de daños así como evitar un enriquecimiento injusto tanto para el asegurado como para las diferentes aseguradoras que pueden verse implicadas en un siniestro en caso de concurrencia de seguros. Este planteamiento está avalado por una abundante doctrina – cfr. entre otras, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, n.º 324/2011 de fecha 7 de junio de 2011, sentencia 557/2011 AP Salamanca, sección 1ª, de 30-12- 2011

Pues bien, a mayor abundamiento la referida sentencia del Tribunal Supremo, en el Fundamento Jurídico Sexto, relaciona entre las acciones ejercitadas al amparo de los artículos 43 y 32 de la Ley de Contrato de Seguro:

“(…) El art. 32 LCS contempla situaciones de seguro múltiple cuando establece: " Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo tomador con distintos aseguradores se cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada asegurador los demás seguros que estipule.

>> Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, a cada asegurador, con indicación del nombre de los demás.

>> Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite el asegurado puede pedir a cada asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. El asegurador que ha pagado una cantidad superior a lo que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores."

Si cada asegurador paga la indemnización en proporción a la suma asegurada, se subroga proporcionalmente en los derechos del asegurado frente al tercero responsable. Pero cuando, como en el presente supuesto, un asegurador paga la total indemnización al asegurado, el art. 32 le concede un derecho de repetición o de regreso frente a los restantes aseguradores en la parte que a cada uno corresponde de la indemnización satisfecha. A partir de entonces nacería un derecho de subrogación a cada uno de los aseguradores frente al tercero responsable. Y también, a partir de entonces, cada asegurador podría dirigirse contra este tercero responsable. 

Pero esta posibilidad contemplada como facultad en el art. 32 LCS, no impide reconocer legitimación activa a favor del que ha pagado la totalidad de la indemnización para reclamar la total suma satisfecha del tercero responsable, evitando así una litigiosidad innecesaria. Por ello, los demandados deben resarcir enteramente a (...) que fue quien anticipó la total cantidad satisfecha al asegurado."
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