28 de julio de 2014

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Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores – Las denominadas Reglas de Beijing

En el ámbito de la protección del derecho fundamental a la intimidad de los menores resulta relativamente relevante la regla 8 de las denominadas Reglas de Beijing. Esta regla hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones derivadas de un proceso judicial en los que menores de edad aparezcan como presuntos delincuentes. El contenido general de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) fueron adoptadas por la Asamblea General en la Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985 por recomendación del séptimo congreso. Con anterioridad, por recomendación de la Resolución 4 del sexto congreso, el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control del Crimen había contribuido al desarrollo de estas Reglas en colaboración con los institutos de las Naciones Unidas regionales e interregionales. Estas Reglas fueron elaboradas más a fondo por la reunión preparatoria interregional para el séptimo congreso sobre “Juventud, Crimen y Justicia” en Beijing, China, en 1984.

Estas Reglas tienen en cuenta los diversos marcos nacionales y estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas para la administración de la justicia para jóvenes. 

Por otra parte, representan un mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley. En las Reglas de Beijing se expone que los objetivos de justicia juvenil son de promover el bienestar del joven y de asegurar que cualquier respuesta a los delincuentes juveniles será siempre en proporción a las circunstancias tanto del joven como del delito. En estas Reglas se prevén medidas específicas que cubren las varias fases de justicia juvenil, haciendo hincapié en que el ingreso en instituciones sólo será utilizado como último recurso y durante el plazo más breve posible.

Estas reglas tienen como objetivo promover el bienestar del menor en la mayor medida posible y reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y prevenir el delito y la delincuencia juvenil con la necesidad de perfeccionar la justicia de manera continua.

Un menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. Un delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate Un menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito.

En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y psicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. 

Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional.


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12 de julio de 2014

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Doctrina Jurisprudencial.- Los requisitos del requerimiento exigido en el último párrafo del artículo 22.4 de la LEC

El artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, dice lo siguiente:

" Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aquél en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 440, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación”.

El apartado 4 de este precepto contempla la posibilidad de enervar la acción de desahucio que, como hemos señalado reiteradamente, consiste en paralizar el proceso de desahucio a través del pago de la deuda que ha dado lugar a la demanda de desahucio. Ahora bien, el último inciso de este apartado impide el uso de esta facultad al arrendatario siempre y cuando se hayan dado alguna de las circunstancias siguientes: 1.- Si el arrendatario enervó la acción de desahucio anteriormente, salvo que la reclamación de rentas sea imputable al propio arrendador. 2.- Si el arrendador envió un requerimiento fehaciente al arrendatario solicitando el pago de las deudas existentes hasta ese momento y han transcurrido más de treinta días desde la notificación del requerimiento hasta la fecha de presentación de la demanda.

No obstante, existía jurisprudencia contradictoria entre las distintas Audiencias Provinciales sobre los requisitos y contenido de este requerimiento establecido en el precepto arriba citado. En este sentido, la SAP de Oviedo de 2 de marzo de 2007, reiterada por la 14 de octubre de 2011, sentaba la premisa de que: "La cuestión planteada ha merecido respuestas enfrentadas por parte de los Tribunales, pues así existe una primera opinión que entendiendo la excepción a la facultad enervatoria como una limitación de derechos al arrendatario que por ello mismo habrá de ser interpretada restrictivamente, se muestra partidaria de exigir que el requerimiento de pago tenga un determinado contenido que vendrá dado por incluir, además de la intimación al pago, una advertencia clara y terminante al arrendatario de las consecuencias jurídicas inherentes a su impago, de tal modo que el inquilino comprenda el alcance y fines de la intimación (en tal sentido S.A.P. Barcelona, Secc. 13.ª de 30-5-2002 , 17-2-2005 ; Baleares, Secc. 4.ª, 5-5-2005 , etc.). 

Frente a este criterio existía otras sentencias que, por el contrario, eximían al requirente de incluir advertencia alguna al inquilino moroso sobre las consecuencias de su impago en el caso de un ulterior proceso para la resolución del contrato - tesis defendida por la S.A.P. Huesca 19 de noviembre de 2002; SAP de Vizcaya, de 30 de julio de 2001; SAP de Cantabria, de 21 de diciembre de 2004 y SAP de Madrid, de 21 de marzo de 2006. 

La reciente STS de 23 de junio de 2014 viene a zanjar esta polémica doctrinal entorno a los requisitos y contenido del requerimiento contemplado en el último inciso del apartado 4 del art. 22 de la LEC como presupuesto impeditivo de la enervación de la acción de desahucio. El Fundamento Jurídico Segundo nos recuerda que:

“La sentencia nº: 302/2014, de 28 de mayo, ha dado respuesta definitiva la cuestión planteada, en la interpretación del artículo 22 LEC . Dicho precepto exige:
"1. La comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada. 2. Ha de ser fehaciente, es decir, por medio que permita acreditar que llegó a conocimiento del arrendatario, con la claridad suficiente. 3. Ha de referirse a rentas impagadas. 4. Debe transcurrir el plazo legalmente previsto, que ha venido fluctuando entre uno y dos meses, en las sucesivas reformas legales. 5. Que el arrendatario no haya puesto a disposición del arrendador la cantidad reclamada. 
Sin embargo, en dicho precepto no se exige que se comunique al arrendatario: 1. Que el contrato va a ser resuelto. 2. Que no procederá enervación de la acción de desahucio si no se paga en el plazo preceptivo. 
El legislador no obliga al arrendador a que se constituya en asesor del arrendatario, sino tan solo a que le requiera de pago". La información que se traslada al arrendatario, como dice la citada sentencia "es la crónica anunciada de un proceso judicial y no podía pasar desapercibida a la arrendataria, ni su gravedad ni las consecuencias, pues es comúnmente sabido que el impago de rentas genera la resolución del contrato y el desahucio de la vivienda o local. No estamos ante un derecho del arrendatario que pudiera conllevar la necesaria información para su ejercicio, sino ante un derecho del arrendador a que se le abonen las rentas y cantidades asimiladas (IBI) y una obligación de pago por parte del arrendatario. Como declara la sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2009 (rec. 1507/2004), la enervación del desahucio no se configura tanto como un derecho cuanto como una oportunidad del arrendatario para evitar el desahucio por falta de pago, porque al arrendador no le es indiferente el momento en que se le pague la renta estipulada".”
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