29 de noviembre de 2014

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Una ligera aproximación al contrato de asunción de deuda en el derecho civil español



De forma escueta, cabe señalar que la asunción de deuda es un contrato en cuya virtud un tercero – denominado asumente - se obliga a cumplir una deuda ajena, provocando con ello la liberación del deudor anterior - asunción liberatoria - o una acumulación con él - asunción cumulativa. 

Esta terminología procede del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB), a pesar de que nuestra regulación positiva haya seguido al Code francés y regule el cambio de deudor como una de las posibles manifestaciones de la figura romana de la novación (arts. 1156, 1203.2.° y 1205-1208 CC). 

En el Código civil alemán (BGB) se recoge y regula, en los §§ 414 a 418, de forma bastante completa, la figura llamada “Schuldübernahme” o “privative Schuldübernahme”, de cuya traducción al español procede la expresión “asunción de deuda”. En concreto, el § 414 recoge la asunción de la deuda mediante contrato entre el acreedor y un tercero (asumente), y el 415, entre el deudor y un tercero con la posterior ratificación del acreedor. Esta sería la asunción de deuda liberatoria, es decir, la asunción con efectos frente al acreedor y con liberación del que era deudor en la relación jurídica previa, aunque también prevé una asunción de deuda sin liberación de este último y sin efectos frente al acreedor, bien porque éste aún no ha consentido el cambio, bien porque definitivamente lo deniega.

Por otra parte, la admisión, a falta de previsión legal, de una asunción de deuda con efectos frente al acreedor, pero que al mismo tiempo no produce la liberación del deudor primero (asunción llamada cumulativa) no ha planteado ningún problema en Alemania cuando esa ha sido la intención de los contratantes, configurándose como un negocio jurídico atípico - denominado Schuldbeitritt, kumulative Schuldübernahme o Schuldmitübernahme.

No obstante, dicho lo anterior, en nuestro Derecho Positivo no se regula la figura de la asunción de deuda, en los términos que estamos considerando. A mayor abundamiento cabe indicar que en el Código civil ni siquiera aparece mencionada con este nombre (aunque, en ocasiones, se aluda a ella implícitamente) y lo mismo ocurre en el Derecho foral, a excepción de la Compilación del Derecho Foral de Navarra (Fuero Nuevo), que la recoge (ley 512, y en menor medida, ley 513 sobre la cesión de contrato y 514 sobre el contrato con facultad de subrogación), para referirse básicamente a una asunción con efectos frente al acreedor y con liberación del deudor de la relación preexistente – vid. Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra: Ley 512 Asunción de deudas. El tercero que asume una obligación ajena queda obligado para con el deudor o acreedor con quienes haya contraído la asunción de la obligación, en los términos de la misma, y, de no haberse establecido otra cosa, asume también todas las obligaciones accesorias o derivadas de la principal. La asunción no aceptada por el acreedor no libera de responsabilidad al deudor en tanto no quede cumplida la obligación. La aceptación por el acreedor de la sustitución de deudor podrá presentarse expresamente o por actos que impliquen inequívocamente la liberación del primer acreedor. Los terceros que hubieren garantizado el cumplimiento de la obligación quedarán liberados por la asunción, a no ser que hubieren prestado su consentimiento.

Evidentemente nuestro Ordenamiento Jurídico y jurisprudencia no iba a ser ajeno al reconocimiento de esta figura jurídica. La corriente favorable a la asunción de deuda se inicia en España con la publicación en 1912 de la obra del Prof. De Diego “La transmisibilidad de las obligaciones” y el reconocimiento de esta figura en la doctrina jurisprudencial se produjo con las SSTS de 22 de febrero de 1946, donde el Tribunal Supremo se refiere, por primera vez, a la asunción de deuda, y de 10 de febrero de 1950. 

A prima facie, el Código Civil parece responder a la concepción tradicional romano-napoleónica de la intransmisibilidad de las deudas. Efectivamente, nuestro Código civil siguió en este punto, aunque parcialmente, al Código civil francés (y al italiano de 1865, continuador de este último) y fiel a ello, en principio, el cambio de la persona del deudor tiene lugar a través de una de las posibles aplicaciones de la novación: la novación subjetiva por cambio de la persona del deudor, figura ésta de origen romano que, en este caso, significaría la extinción de una obligación con liberación de quien era su deudor y el nacimiento de otra nueva en su lugar a cargo del nuevo deudor; una y otra conectadas causalmente. Así, nuestro art. 1156 la recoge como uno de los posibles modos de extinción de las obligaciones, estableciéndose una regulación más detallada en la Sección sexta (De la novación) del Capítulo IV (De la extinción de las obligaciones) del Título primero del Libro IV.

A la novación subjetiva por cambio del deudor se refieren, según entiende la doctrina, los artículos 1203.2.º y del 1205 al 1208 CC, siendo más dudosa la aplicabilidad del 1204 que, en mi opinión, debe quedar para la novación objetiva (relativa al objeto o a las condiciones principales de la obligación a tenor del art. 1203.1.º CC). 

En concreto, el 1203.2.º CC recoge el cambio de deudor como una de las posibles formas mediante las cuales las obligaciones pueden modificarse; el 1205 se refiere a la necesidad de concurrencia del consentimiento del acreedor para que se produzca el cambio de deudor, el 1206 recoge los posibles casos en que, si resultara insolvente el nuevo deudor, el acreedor podría dirigirse contra el que hasta entonces parecía liberado, el 1207 establece el régimen jurídico de las obligaciones accesorias ante la novación y el 1208 queda dedicado a los efectos que, sobre la nueva obligación, puede tener la nulidad de la antigua.

Por su parte, la admisión de una novación sin efectos liberatorios se ha producido por la vía de la atipicidad - asunción o novación cumulativa. El término “asunción cumulativa” quizás no sea el más apropiado para acoger aquella asunción en la que el primer deudor y el tercero quedan obligados conjuntamente y el cumplimiento de la obligación por cualquiera de ellos provoca su extinción para los dos. En este sentido, la doctrina romanística suele distinguir, en atención a los sujetos, entre obligaciones parciarias, cumulativas y solidarias. Frente a estas últimas, que se caracterizan por tener una pluralidad de sujetos y un objeto único, en las obligaciones cumulativas en sentido propio hay varios sujetos (en nuestro caso, pasivos) que tienen que realizar una prestación igual, pero que no es la misma, sino que las obligaciones son independientes. Como ejemplos pueden referirse en el Derecho romano arcaico y clásico cuando varias personas conjuntamente cometen un daño, cada uno está obligado a repararlo por entero; lo mismo cuando se vendía una misma cosa a varias personas, en cuyo caso el vendedor debe la entera prestación a cada uno de ellos. Ambos ejemplos tienen en común la idea de sanción impuesta a quienes conjuntamente causan un daño o a quien promete la misma cosa a varios.

La anterior regulación positiva de la novación por cambio de deudor, como un supuesto más bien de “modificación” que de “extinción” de obligaciones, fue el desencadenante en nuestro país de la primera de las tensiones sobre la que ha girado la asunción de deuda en su vertiente liberatoria. No obstante, la polémica acerca del significado del término novación en nuestro Derecho (novación extintiva para unos, novación modificativa para otros se encuentra hoy superada para centrar la cuestión en los efectos prácticos que produce este fenómeno jurídico de la asunción de deuda.

Ahora bien, para una mayor concreción de esta figura, parece ser necesario establecer los puntos de encuentro y diferencias entre la asunción de deuda y otros conceptos o instituciones con las que se viene tradicionalmente asociando - vicisitud de la relación jurídica, cambio de deudor, transmisibilidad de las deudas a título singular, novación y pago de tercero- con las que, guarda importantes diferencias, y que serán tratadas por separado en sucesivos artículos. 



Fuente: Antonio Gálvez Criado. La Asunción de Deuda en el Derecho Civil Español. Universidad de Málaga. 2003.
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21 de noviembre de 2014

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La Audiencia de Pontevedra exime a un recurrente de pagar la tasa judicial por considerarla inaplicable

Durante el pasado mes de septiembre la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en materia mercantil, dictó dos resoluciones en las que estima la queja interpuesta por el administrador de una sociedad limitada en concurso y al que, para recurrir la sentencia que le condenaba a la pérdida de determinados derechos y al pago de importantes indemnizaciones, se le exigía el previo abono de una tasa de elevada cuantía.


Las resoluciones, de las que son ponentes los magistrados Manuel Almenar y Javier Menéndez, respectivamente, señalan que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, la introducción de un régimen de tasas no es contraria, por sí sola, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, salvo que se demuestre que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza.

Sobre esta base, el Tribunal razona que en una primera aproximación cabría pensar que, al tratarse de un recurso de apelación que se interpone ante una sentencia dictada en la sección de calificación de un proceso concursal y por la que, tras calificar el concurso como culpable, se condena al administrador de la sociedad a indemnizaciones relacionadas con su actuación y con las deudas de la sociedad por importe superior a los 600.000 euros, el interesado, de conformidad con la Ley 10/2012, tendría que abonar una tasa que ascendería a 2.800 euros.

La Sala entiende sin embargo que, si esta interpretación fuera la única legalmente posible, habría de valorar la procedencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, dado que la tasa resultante, por su cuantía, aparece como un elemento que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, el derecho fundamental al acceso a la justicia, en su modalidad de interposición de los recursos previstos en la ley.

Ante esta situación la Sección 1ª de la Audiencia ha decidido que la interpretación que lleva a exigir el pago de la tasa no es la única posible, sino que existen otras posibilidades más respetuosas con el derecho fundamental y que no violentan la norma legal. Los magistrados concluyen que se trata de un supuesto que no está sujeto al pago de la tasa, cuya cuantía sería “manifiestamente desproporcionada y con seguridad no querida por el legislador en tanto que afecta negativamente al derecho fundamental al acceso a la justicia”.

En esta misma línea de interpretación constitucional de la Ley 10/2012 y el RDL 3/2013, cita el auto el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, sobre las tasas en el orden social, que exime del pago de las tasas para la interposición de los recursos de suplicación y casación a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social y a los funcionarios y personal estatutario que accionen en la jurisdicción social y los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo.

En todo caso, la Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias de este caso y se justifica precisamente por las mismas, sin vocación generalizadora, al menos en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional en los diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que tiene pendientes.

La Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias del caso y no tiene vocación generalizadora.


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17 de noviembre de 2014

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La eficacia temporal de las normas procesales

A priori, y sin entrar en demasiadas consideraciones, puede afirmarse que las normas procesales no tienen una eficacia ilimitada ni en el tiempo ni en el espacio. En el tiempo, porque la voluntad del legislador es normalmente regular situaciones de hecho con carácter de permanencia – vid. art. 2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: “(…) los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.” Sin embargo, no puede negarse que esas mismas situaciones de hecho pueden cambiar con el trascurso del tiempo. De esta forma, parece necesario regular con otras normas jurídicas el contenido sustancial del proceso. 

Y, brevemente, en el espacio – que analizaremos en otro post -, porque las normas jurídicas procesales emanan de unos órganos legislativos concretos, que, en cuanto tales, pertenecen a un Estado por lo que su eficacia debe de estar limitada a los confines territoriales del Estado de donde emane.

Profundizando en el aspecto temporal de las normas procesales, dado que el derecho se desarrolla en el tiempo, suele ocurrir con mucha frecuencia que a una norma jurídica le suceda otra que regule el mismo supuesto de hecho aunque de manera diversa. Cómo no puede ser de otra manera, el problema a resolver es qué norma procesal de entre las dos es la aplicable.

En principio, esta dicotomía jurídico-procesal no debería haber nacido, si tenemos en cuenta que si el legislador ha entendido que el proceso queda regulado de mejor manera con la nueva norma, ésta debería ser de aplicación inmediata. Por tanto deberíamos mantener que debe aplicarse al proceso actual sin detenernos en el examen del tiempo en que surgió ese proceso o el objeto de la litis. 

Efectivamente, la vigencia del principio de irretroactividad de las leyes (art. 9 CE y art. 2 CC) aplicado de forma estricta en el campo procesal, nos llevaría a sostener no sólo que las normas procesales nuevas no pueden regular situaciones o relaciones jurídicas procesales preexistentes sino que se aplicarán exclusivamente a las situaciones y relaciones procesales existentes durante su vigencia.

Sin embargo, el principio de irretroactividad de las normas procesales nos permite afirmar que el cambio de norma procesal no debe afectar ni puede afectar al efecto procesal ya producido, pero esto no es suficiente porque normalmente es extremadamente difícil saber cuáles son los efectos procesales ya producidos, dado que no están claros cuáles son los efectos inmediatos de los actos procesales. De esta forma, no es tan fácil aplicar este principio de irretroactividad por el que la norma procesal nueva ni afecta ni puede afectar a los actos procesales que han producido ya sus efectos procesales. 

Sólo partiendo de estas premisas, podremos conocer si la norma procesal nueva vincula o no a actos procesales posteriores, dependiendo la respuesta de que se consideren o no como efectos inmediatos de actos procesales realizados con anterioridad a la modificación normativa.

La dificultad del descenso a la casuística ha movido al legislador a la búsqueda de soluciones globales, mediante el recurso de la promulgación de las llamadas normas de derecho transitorio, acogiendo algunas de estas dos soluciones:

a) La negación de efectos procesales determinantes de la prosecución del proceso, aplicándose la nueva norma de forma inmediata a todos los actos procesales que se desarrollan con posterioridad a su entrada en vigor. b) O, bien, estimar que iniciándose un proceso bajo el amparo de una ley o de un conjunto de normas, debe terminarse conforme a lo dispuesto en esa misma ley o en ese mismo conjunto de normas, con independencia de cuál sea la regulación que se haga en la nueva.

La primera solución no es válida en cuanto que la realización de cualquier acto procesal determina de forma inmediata el nacimiento de poderes o facultades procesales para la parte contraria a aquella que realizó la actividad; si la nueva ley suprime alguna de esas facultades o de esos poderes se produciría una situación de falta de paridad en la posición procesal de las partes. 

La segunda solución tampoco es válida pues en el proceso los actos ulteriores no deben entenderse como meras consecuencias de la incoación del proceso, sino únicamente como hechos condicionados por la demanda. 

De esta forma, parece conveniente pensar que el proceso puede dividirse en etapas, concibiendo éstas como un conjunto de actos y efectos jurídicos consumados, de modo que se entendería como una nueva etapa aquella que se inicia necesariamente con una petición que produce en cadena una serie de efectos jurídicos predeterminados por la ley.

Las normas de derecho transitorio que se han promulgado a raíz de las reformas llevadas a cabo en nuestra legislación procesal, han ido por el camino anteriormente expuesto, partiendo de un proceso dividido en etapas entendiendo por éstas las instancias. Así, las disposiciones transitorias de la LEC vigente hablan de instancias, de recursos extraordinarios, de trámite de ejecución o de proceso cautelar, en modo tal que la instancia, el recurso, la ejecución, etc., promovida se regulará por la ley vigente en el momento de su promoción - presentación de la demanda, interposición del recurso de apelación o del recurso de casación...


Fuente: Introducción al Derecho Procesal. Víctor Moreno Catena. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid. Abogado. Valentín Cortés Domínguez. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Autónoma de Madrid. Abogado. Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. Abogado. 8ª. Edición. 2013. Colex.

Pd: Últimamente recibo una buena dósis de comentarios que, cuando puedo, dispongo su publicación, y que, a pesar de que suelo leerlos, lamentablemente no puedo responder por falta de tiempo. Cada vez me resulta más difícil atender debidamente al blog y, por ello, os pido disculpas. Gracias a todos los lectores por su comprensión.
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