16 de diciembre de 2014

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Un breve y somero análisis del artículo 1351 Código Civil

Sobradamente conocido es que la sociedad de gananciales es una de las modalidades que establece el ordenamiento jurídico para regular la propiedad de los bienes y derechos que se adquieren constante el matrimonio. De esta forma, el artículo 1344 del Código Civil no ofrece un concepto legal de este régimen económico, sino la consecuencia fundamental del establecimiento de dicho régimen al señala que: “Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella.”

En este sentido, siguiendo a varios autores podemos definir la sociedad de gananciales como aquella situación que la voluntad privada, o la ley en su defecto, declara establecida entre los cónyuges, en virtud de la cual éstos ponen en común y hacen suyos por mitad, al disolverse el régimen, los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos durante el mismo – entre otros Puig Peña.

Brevemente, apuntar que el art. 1345 CC indica que: “La sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones”. Por tanto, en Derecho Común, la sociedad de gananciales comenzará a regir:

1.- Al contraer matrimonio, si no se pactó lo contrario en capitulaciones matrimoniales. 2.- Cuando lo dispongan las capitulaciones matrimoniales y 3.- Si se pactó un régimen diferente, al volver a capitular para pactar la sociedad de gananciales.

Y, por último, como supuesto especial, el que resulta de los arts. 1373 y 1374. Según el primero de ellos: “Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge, y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla”. Para este caso señala el art. 1374 que: “Tras la disolución a que se refiere el artículo anterior se aplicará el régimen de separación de bienes, salvo que, con el plazo de tres meses, el cónyuge del deudor opte en documento público por el comienzo de una nueva sociedad de gananciales”.

Ahora bien, dicho lo que antecede, vamos a formular la hipótesis siguiente: ¿Qué sucedería si uno de los de los cónyuges fuese el agraciado con un premio de la lotería el día 22 de diciembre? Pues bien, la respuesta es sumamente sencilla, porque el dinero obtenido como premio tendrá carácter ganancial y, por tanto, pasará a ser propiedad del matrimonio - sin embargo, si estamos casados en separación de bienes el premio será propiedad exclusiva del que compró el décimo. En este sentido, la respuesta legal nos la ofrece el artículo 1351 CC cuando señala que son bienes gananciales: “Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales.”

En efecto, la doctrina jurisprudencial, interpretando este precepto, razona que el producto de estos premios debe de tener la consideración de gananciales pues se comunica a la sociedad todo cuanto proceda de la actividad de los cónyuges, por mínimo que haya sido el esfuerzo por conseguirlo. De esta forma la STS de 22 de diciembre de 2000, conectando el artículo 1351 con el art. 1361, señala en el F.J. Segundo 3. que: “ (…) Los bienes gananciales son, como concepto, los procedentes de las ganancias que obtienen los cónyuges directa o indirectamente, y, en primer lugar, como esenciales, los procedentes de la actividad de los mismos, sea constitutiva o no de esfuerzo o trabajo y en ella se incluyen las ganancias obtenidas en el juego, según dispone el artículo 1351 del Código civil (…).”

La STS de 4 de febrero de 2010, reiterando este razonamiento, lo amplia a las uniones more uxorio, cuando señala que: “(…) En caso de matrimonio seguido bajo el régimen económico-matrimonial de gananciales, las ganancias obtenidas en el juego son bienes gananciales y ello fue contemplado por la sentencia de 22 de diciembre de 2000. Pero en caso de unión de hecho, tan sólo sería común si se acredita la existencia de una comunidad de bienes.”

Asimismo, la doctrina incluye dentro de este precepto, aunque no se desprenda de su sentido literal, las adquisiciones procedentes de la ocupación, los inventos, el descubrimiento del tesoro… También comprende esta norma, por disposición expresa del propio artículo, las ganancias procedentes de causas que eximen de la restitución; es decir las adquisiciones que provengan de contratos nulos por causa ilícita o torpe de los artículos 1301 y 1306 CC. Igualmente las adquisiciones verificadas en cumplimiento de obligaciones naturales, las que procedan de juegos ilícitos, las recibidas en cobro de lo indebido, si el accipiens prueba una justa causa ex art. 1901 CC – en idéntico sentido, véase SAP de Valladolid de 14 de abril de 2003, de Barcelona de 18 de febrero de 1998 y de Córdoba de 3 de febrero de 2003.

Para finalizar, conviene advertir que este artículo 1351 CC, que hemos analizado someramente, fue redactado conforme a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. La antigua redacción del citado precepto era del tenor literal siguiente: “Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales” y cuyo única modificación afecta al término “por el marido o la mujer” sustituido por la de “cónyuges” con el único propósito de establecer la igualdad jurídica entre las partes intervinientes en el matrimonio, en consonancia con la reforma operada, denominándose cónyuge a cualquiera de las personas físicas que forman parte de un matrimonio.

En este sentido, no cabe olvidar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, mediante providencia de 25 de octubre de 2005, el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 6864/2005, promovido por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra la citada reforma del Código Civil, mediante el alegato de que la Ley 13/20005 vendría a modificar la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer. En cualquier caso, apuntalar que el alto tribunal ha resuelto esta controvertida cuestión mediante la Sentencia núm. 198, de 6 de noviembre de 2012, aunque no por unanimidad, pues existen varios votos particulares. Texto legal que referencio para el lector interesado. 

Por último, recordar que el artículo 1361 CC presume la ganancialidad del bien mientras no se pruebe que pertenece privativamente al marido o a la mujer: “Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.”
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13 de diciembre de 2014

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El Tribunal Supremo restringe el pacto del derecho de repetición de las aseguradoras a los casos de conducción sin permiso de conducir

El demandado tenía concertado un seguro de responsabilidad civil, mediante póliza en la que expresamente quedaba excluida la cobertura para conductores menores de veintiséis años que no aparecieran declarados en la misma.

El vehículo se vio implicado en un accidente cuando era conducido por un menor de 26 años viéndose obligada la demandante a pagar como consecuencia del accidente la cantidad de 17.787,82 euros, más intereses, toda vez que la póliza concertada era a todo riesgo con franquicia.

Hasta la reforma operada por la Ley 21/2007, el artículo 10 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor disponía que el asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir, según su apartado c) «contra el tomador del seguro o asegurado por causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y en elpropio contrato de seguro ....». Con ocasión de dicha reforma, el artículo 10 en su apartado c), autoriza la repetición «contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro , y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir» . Es decir que, legalmente, se limita la posibilidad de pacto sobre repetición al supuesto de conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir, de modo que fuera de tal caso sólo cabe la repetición en los supuestos previstos por la ley, no alcanzando los supuestos legalmente previstos al caso de conducción por persona no autorizada según el contrato que sea menor de veintiséis años.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado el tema referido a la legalidad de la cláusula contractual incorporada a un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículo a motor por la que se excluían de cobertura los daños y perjuicios causados por conductor no autorizado expresamente, que fuera además menor de veintiséis años, quedando así abierta a la aseguradora la acción de repetición una vez que ha satisfecho las indemnizaciones oportunas a los perjudicados.

En concreto, examina la facultad de repetición de la aseguradora a la luz del régimen aplicable, introducido por la reforma de 2007, que, como decimos, limita las posibilidades de repetición de la indemnización satisfecha por el asegurador frente al tomador o asegurado a las causas previstas en la Ley, impidiendo la repetición con base en causas previstas en el propio contrato de seguro.

En el pleito origen de los recursos, la aseguradora demandante pretendió repetir contra su asegurado el importe de la indemnización satisfecha, pero el Juzgado de Primera Instancia rechazó dicha pretensión al considerar nula la referida estipulación contractual.

La Audiencia Provincial, por el contrario, entendió que se trataba de una cláusula meridianamente clara y expresiva de la intención de los contratantes (lo que excluía otras interpretaciones) y válida, puesto que la exclusión de cobertura de conductores de menor edad que la estipulada, no declarados por el asegurado, puede obedecer a diversas motivaciones o finalidades subjetivas queridas y aceptadas por las partes al contratar (p.ej. conocimiento de los declarados, impedir que el vehículo sea conducido por múltiples conductores noveles, etc...) perfectamente lícitas, y aunque se tratase de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, no podía cuestionarse su validez desde el momento en que aparecía «convenientemente destacada en la póliza y suscrita por el tomador», cumpliendo los requisitos exigibles para su virtualidad por el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. También consideró que era suficiente para acreditar las sumas reclamadas como indemnización la justificación de la aseguradora demandante y el escrito de la lesionada-perjudicada presentado ante el Juzgado. Ahora, el Supremo llega a una conclusión distinta.

La sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, estima en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal al considerar que se infringieron las normas reguladoras de la carga probatoria, puesto que a la aseguradora demandante le incumbía no solo acreditar que había pagado determinadas cantidades sino también que tales cantidades resultaban verdaderamente exigibles por corresponderse con el daño o perjuicio realmente causado, lo que la Audiencia no consideró necesario.

En definitiva, dicha exclusión de cobertura -que claramente era conocida y aceptada por el tomador del seguro- únicamente podrá desplegar sus efectos fuera del ámbito del seguro obligatorio, alcanzando por ello en el caso presente a la indemnización por las daños causados al propio vehículo asegurado.


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