22 de enero de 2014

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La Tasa Judicial – Actualización

Este es un artículo de actualización de aquél que publicamos hace tiempo titulado “La Tasa Judicial” y no tiene otra pretensión que mantener una cierta coherencia en el desarrollo del blog.
La tasa judicial es un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos los usuarios, ya sean personas físicas o jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La posibilidad de exigir el pago de estas tasas entró en vigor el 1 de abril de 2003, regulándose actualmente por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Las tasas tienen ámbito estatal y se aplican a los órdenes jurisdiccionales: civil, contencioso – administrativo y social. No se aplican al orden jurisdiccional penal. El pago de esta tasa queda afecto a los actos procesales siguientes:

  • ·    Interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • ·         Solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
  • ·         La interposición del recurso contencioso – administrativo.
  • ·         La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
  • ·         La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso – administrativo.
  • ·         La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
  • ·         La oposición a la ejecución de títulos judiciales.


El sujeto obligado al pago de estas tasas son las personas físicas o jurídicas que acudan a un juzgado o tribunal para ejercitar los actos procesales establecidos en el apartado anterior. Sin embargo, no tienen que pagar la tasa judicial:
  • ·         Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello.
  • ·         El Ministerio Fiscal.
  • ·       La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
  • ·         Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
  • ·      En el orden social, los trabajadores y las trabajadoras, por cuenta ajena, autónomos o autónomas, tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de recursos de suplicación y casación.
  • ·        En el orden contencioso – administrativo, los funcionarios y las funcionarias tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación, cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios.


Como excepción, no están sujetos al pago de la tasa judicial los siguientes actos procesales:
  • ·     La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores que se regulen en el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el Capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre éstos.
  • ·    La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
  • ·         La solicitud del concurso voluntario por el deudor.
  • ·         La interposición de recurso contencioso – administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
  • ·    La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros.
  • ·     La interposición de recursos contencioso – administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
  • ·      La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
  • ·         Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.


El devengo u obligación al pago de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:
1.- En el orden jurisdiccional civil

  • ·         Con la interposición del escrito de demanda.
  • ·         Con la formulación del escrito de reconvención.
  • ·         Con la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • ·         Con la presentación de la solicitud de declaración del concurso por la persona acreedora y demás personas legitimadas.
  • ·         Con la presentación de demanda incidental en procesos concursales.
  • ·         Con la interposición del recurso de apelación.
  • ·         Con la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
  • ·         Con la interposición del recurso de casación.
  • ·         Con la interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

·          
2.- En el orden contencioso – administrativo

  • ·         Con la interposición del recurso contencioso – administrativo, acompañada o no de la formulación de la demanda.
  • ·         Con la interposición del recurso de apelación.
  • ·         Con la interposición del recurso de casación.


3.- En el orden social

  • ·         Con la interposición del recurso de suplicación o de casación.

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Cuota fija

En cuanto a las cantidades a pagar en concepto de tasas judiciales son las siguientes (cuota fija):

- CIVIL



   Cuando después de la oposición de la persona deudora en un monitorio se siga un proceso M ordinario o verbal se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.
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- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO


Cuando el recurso contencioso – administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa incluida, incluida la cantidad variable, no podrá exceder del 50 % del importe de la sanción económica impuesta.

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- SOCIAL


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Cantidad variable

A las cantidades fijas expresadas en los cuadros anteriores, se sumará una cantidad variable para completar la tasa que será del 0,5% (cuando lo que se reclame en juicio esté comprendido entre 0 y 1.000.000) y del 0,25% (para el resto de casos), hasta un máximo de 10.000 euros en concepto de cantidad variable.

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Esquema para realizar el pago de la tasa

Cuota tributaria = cuota fija + cuota variable (cuota variable = aplicar a la base imponible determinada según las normas procesales un tipo de gravamen que se fija según una escala).
La base imponible coincide con la cuantía del procedimiento (fijada a través de las normas procesales). En los casos de cuantía indeterminada, la base será la de 18.000 €. En los procesos regulados en el capítulo IV del título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa, a efectos de la determinación de la base imponible, se considerarán como procedimientos de cuantía indeterminada. En los casos de acumulación de acciones (cuando a través de una misma demanda, reconvención o interposición de recurso se reclamen distintas pretensiones) habrá que realizar la suma de las cuantías al objeto de hallar la base imponible sobre la cual se deberá realizar el pago de la tasa.
La cuota tributaria está compuesta por la suma de una cuota fija que se determina en función de la clase de procedimiento y orden jurisdiccional, más otra cuota variable consistente en la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada según las normas procesales el tipo de gravamen que resulte de aplicación en función de las tablas que a continuación se exponen.
Momento de realización del pago

En qué momento es obligatorio realizar el pago de la tasa. En el orden civil: Es preciso acreditar que se ha producido el pago en el momento de la interposición del escrito de demanda (o, en su caso, de la formulación de reconvención); Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo; Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados; Presentación de demanda incidental en procesos concursales; Interposición del recurso de apelación; Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal; Interposición del recurso de casación; Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales. En el orden contencioso: Es preciso acreditar que se ha producido el pago en el momento de la interposición del recurso contencioso-administrativo (vaya o no acompañado de formulación demanda), así como con la interposición de los recursos de apelación y casación. En el orden social: en el momento de presentación de la interposición del recurso de suplicación o casación.

Forma de presentación de los modelos 695 y 696

- Telemática- En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet.
En los demás supuestos, la presentación telemática será potestativa.
- Mediante impreso- Los modelos 695 y 696 deberán cumplimentarse en papel impreso generado a través de la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en su sede electrónica.

Autoliquidación y pago

Los sujetos pasivos deberán presentar en todo caso el modelo 696 establecido por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, y, en su caso, autoliquidar la deuda tributaria, con carácter previo a la presentación del acto procesal de parte correspondiente. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
Los sujetos pasivos a quienes se les aplique una exención total no deberán presentar la autoliquidación. Cuando de la declaración-liquidación resulte una cantidad a ingresar, la presentación de la misma y la realización del correspondiente ingreso habrán de efectuarse en cualquier entidad colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito). Los secretarios judiciales no darán curso a los escritos que no acompañen el justificante de la autoliquidación, hasta que tal omisión sea subsanada, a cuyo efecto se concederá un plazo de diez días.
Devoluciones

Los sujetos pasivos que hayan liquidado la tasa tendrán derecho a devoluciones: del 60 % del importe abonado, si se produce el allanamiento total de la parte demandada o se alcanza un acuerdo que ponga fin al litigio. En los procesos contencioso-administrativos, esta devolución será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación. Del 20 % del importe cuando se acuerde una acumulación de procesos.
Esta devolución se hará efectiva a través de la presentación del modelo 695 establecido por la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, disponible a partir del 1 de junio de 2013. Las devoluciones anteriores al 1 de junio de 2013 no darán lugar en ningún caso al devengo de intereses de demora. A partir de esa fecha, si podrán devengarse intereses de demora transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud sin que Hacienda haya acordado el pago.

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NOTA.- En la actualidad se han presentado y admitido cinco recursos de inconstitucionalidad y una cuestión de inconstitucionalidad (la interpuesta por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional) contra la Ley de Tasas. Entre ellos, el Recurso de inconstitucionalidad n.º 995-2013, contra los artículos 1 al 11 de la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas  en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de  Toxicología y Ciencias Forenses, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de Canarias y por la Diputación General de Aragón contra la citada Ley.

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Imposibilidad de exigir el pago de los gastos de comunidad a un complejo inmobiliario ajeno a la comunidad

Jurisprudencia del TS.- Se desestima el recurso de casación formulado por la demandante reconvenida contra la sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, desestimatoria de demanda sobre reclamación de cantidad, y parcialmente estimatoria de reconvención, sobre nulidad de acuerdos de distribución de gastos comunitarios.
La Sala declara que el artículo 21 LPH, sobre aplicación del procedimiento monitorio para el pago de las cuotas pendientes, es aplicable, con el carácter supletorio que establece el artículo 24.4 LPH y con subordinación a los pactos que establezcan entre sí los propietarios, a los complejos inmobiliarios existentes siempre que los propietarios ostenten, con carácter inherente a su derecho privativo, una titularidad compartida sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.
No se ha infringido la doctrina jurisprudencial expuesta, ya que la comunidad demandada no forma parte del complejo inmobiliario demandante, tal como ha probado la sentencia de instancia.
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Garantías Procesales en los procesos de ejecución hipotecaria

Aparece hoy publicada la noticia de que la Sala segunda del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia de fecha 13 de enero de 2014, por la que ha otorgado el amparo a una ciudadana frente a la ejecución hipotecaria que pesaba sobre la vivienda en la que residía con sus hijos. De esta manera declara nulos los autos y providencias dictados en abril y mayo de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que deberá volver a ser resuelto de forma "respetuosa" con el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva.

La sentencia solo analiza si las decisiones del juez son irracionales y arbitarias, sin entrar a valorar si el juzgado debió paralizar el lanzamiento, por ser ésta una cuestión de legalidad que corresopnde decidir al juez civil y en la que el tribunal de garantías no puede entrar.

El tribunal subraya que debido a las especiales características de este proceso de ejecución hipotecaria, a las limitadas posibilidades de contradicción del ejecutado, y a las gravosas consecuencias jurídicas que puede acarrear, las garantías procesales deben observarse con especial rigor y con una más intensa diligencia.

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