23 de enero de 2014

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La justicia europea ve legal que Vueling cobre un recargo por la facturación de equipajes

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Yves Bot, ha dictaminado este jueves que el cobro por parte de Vueling de un recargo por la facturación de equipajes no vulnera las normas de la UE. No obstante, el fallo avisa que las aerolíneas deben comunicar a los clientes las tarifas de este servicio de manera clara, transparente y sin ambigüedades al comienzo del proceso de reserva, mediante una opción explícita de aceptación.

El dictamen del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia de la UE, aunque éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Ahora los jueces empiezan a deliberar y la sentencia definitiva se conocerá en los próximos meses.

El fallo responde a una denuncia de una ciudadana española contra Vueling por haberle aplicado en 2010 un recargo de 40 euros al precio de sus billetes de avión por la facturación en línea de dos maletas.

La afectada alegó que el contrato de transporte aéreo con Vueling estaba viciado por una cláusula abusiva. Posteriormente, el Instituto de Consumo de Galicia impuso a Vueling una sanción administrativa de 3.000 euros. El caso acabó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, que planteó una cuestión prejudicial al TJUE.

En sus conclusiones de este jueves, el abogado general afirma que el derecho de la UE «reconoce a las compañías aéreas una libertad de fijación de precios que abarca el conjunto de los servicios comerciales ligados a la ejecución del contrato de transporte aéreo, incluidos los servicios como la facturación de las maletas».

«Por lo tanto, en cuanto a la fijación de precios por los equipajes facturados, las compañías aéreas pueden optar por incluir el coste de este servicio en el precio base del billete de avión o por ofrecer el servicio con un suplemento opcional del precio», apunta el fallo. Esta interpretación, prosigue, no es aplicable al equipaje de mano, ya que la compañía aérea debe transportarlo gratuitamente.

COMPROBACIÓN

No obstante, el abogado general precisa que corresponde a las autoridades nacionales competentes verificar que, al cobrar por la facturación de los equipajes, las compañías aéreas cumplen sus deberes en lo que se refiere a la protección de los derechos del consumidor.

En este sentido, los transportistas aéreos deben comunicar de manera clara, transparente y sin ambigüedades, desde el comienzo del proceso de reserva iniciado por el cliente, las modalidades de fijación de precios ligadas a la facturación de equipajes, permitiendo al cliente aceptar o rechazar esta prestación mediante una opción explícita de aceptación.  Por lo tanto, en el presente asunto corresponderá al órgano jurisdiccional nacional comprobar si Vueling ha respetado estas exigencias respecto a la ciudadana denunciante.-


Fuente: Diario La Ley
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Oposición de Jueces y Funcionarios a que los abogados ejerzan de Procuradores


El 70 por ciento de los jueces y magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia considera que la Ley de Servicios y Colegios Profesionales tendrá un impacto «perjudicial» para el servicio público, que perderá agilidad y acarreará un mayor coste para el ciudadano. Y el 53 por ciento se opone que a los abogados puedan compatibilizar su cargo con el de procurador como propugna el anteproyecto.

Así lo refleja la encuesta de Sigma Dos que ha sido presentada este miércoles por el presidente del Consejo General de Porcuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, y que arroja como conclusión que la reforma impulsada por el Ministerio de Economía «no satisface a nadie dentro del sector judicial».

Más de dos tercios de los profesionales coinciden en que el procurador es una «pieza clave» para una Justicia ágil y eficaz y la gran mayoría valora su trabajo positiva o muy positivamente, frente a un 23 por ciento que piensa que no ayudan a agilizar los procedimientos.

El 53 por ciento se opone a que el trabajo de los procuradores pueda ser realizado indistintamente por un procurador o un abogado, mientras que el 26,7 por ciento de los encuestados es favorable a la compatibilidad. Estévez advierte de que esta propuesta «supondría la desaparición paulatina de la profesión».

«Somos 10.000 procuradores y nos irían enguyendo progresivamente sin abaratar los costes porque su función sigue existiendo», señala Estévez, que califica de «nefasta» y «preocupante» la idea del anteproyecto y expone que los honorarios que cobran los abogados cuando la ley les permite hacer labores de representación son «cinco veces mayores» que las de los procuradores.

UN SERVICIO MENOS ÁGIL Y MÁS CARO

Pero además la reforma conllevará una pérdida de calidad y un mayor gasto para la Administración y para los ciudadanos. «Como siempre, los paganinis de un error legislativo serán los ciudadanos, que son la clientela de la Administración de Justicia», señala el presidente de la Procura.

Esta opinión es compartida por una amplia mayoría de funcionarios y fedatarios públicos, que cree que si los colegios de procuradores dejan de asumir los gastos íntegros de notificación, la Administración tendrá que hacerse cargo y aumentará el coste para el contribuyente.

Para un 73,7 por ciento de los entrevistados, la eliminación del sistema de aranceles y la liberalización de los precios provocará un encarecimiento de los procesos; mientras que para un 65,2 por ciento, la liberalización dificultará el control ético dela profesión y facilitará el intrusismo y la competencia desleal.

Más de la mitad de los encuestados entiende que la reforma supondrá mayores dilaciones en los procedimientos e incrementará «exponencialmente» la presencia de abogados en las oficinas judiciales. Los funcionarios tendrán que atenderles mermando su tiempo para tramitar las causas.

Fuente: Diario La Ley
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Amparo del Tribunal Constitucional en un Procedimiento hipotecario

El Tribunal Constitucional ha dado el amparo a una ciudadana cuyo derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada, fue vulnerado por el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid en el procedimiento de ejecución hipotecaria que pesaba sobre la vivienda en la que residían la demandante y sus hijos.

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