27 de enero de 2014

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Fijación de doctrina jurisprudencial sobre la expresión "salvar el voto" ex art. 18.2 LPH



El artículo 18.1 de la Ley 49/60 de Propiedad Horizontal (redacción dada por la Ley 8/99 de 6 de 4 de 1999) concede la facultad a los propietarios disconformes de poder impugnar los acuerdos adoptados en la Junta de Propietarios ante la vía judicial ordinaria, si considera que son contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios o resultan gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios o suponen un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

El apartado segundo del referido precepto determina qué propietarios se encuentran legitimados para poder impugnar judicialmente aquéllos acuerdos, siempre que reúnan los requisitos de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas.

1. Los ausentes por cualquier causa
2. Los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.
3. Los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta.

Con anterioridad a la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, se legitimaba al propietario disidente para el ejercicio de la acción de impugnación. De tal forma, que la normativa otorgaba la legitimación a todo propietario que no estuviese conforme con la propuesta. Las reforma de la LPH operada por la ley 8/99 viene a introducir un nuevo requisito de procesabilidad para determinar la legitimación activa en las acciones de impugnación, adicionando al desacuerdo del propietario la exigencia de salvar su voto. 

La exigencia de salvar el voto es una novedad que no tenía antecedentes en el ámbito de la propiedad horizontal, aunque sí en el de las sociedades, artículo 117.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y 56 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Siendo cierto que esta limitación legal no parece ser excesivamente rigurosa, si pudiera darse el caso que un propietario puede no haber salvado su voto por creer inicialmente que el acuerdo aprobado es justo y darse cuenta de su error en un momento posterior, cuando ha recibido el oportuno asesoramiento legal. 

El problema se suscita con la interpretación que deba darse a la expresión “salvar el voto” y que ha levantado un cierto debate doctrinal, en el sentido de otorgar legitimación o no para el ejercicio de la acción de impugnación. La jurisprudencia menor se dividen en dos claras posturas. 

La primera que entienden que existe una diferencia conceptual entre votar y salvar el voto, y consideran que esto último constituye no solo un requisito previo de legitimación o procedibilidad para el ejercicio del derecho de impugnación, sino que, además, da certeza, a las relaciones surgidas en el régimen de propiedad horizontal.

La segunda que consideran que se trata de una norma restrictiva que debe ser interpretada en el sentido de que salvar el voto equivale o es lo mismo que votar en contra, sin que exista diferencia alguna entre ambos conceptos, ya que lo contrario supondría que la no asistencia a las juntas de propietarios resulte más ventajoso que acudir a ellas, cuando no existe razón alguna por la que ambas opciones no deban tener el mismo tratamiento a la hora de evidenciar la expresa voluntad contraria al acuerdo.

Asimismo, existen otras sentencias de las Audiencias que han reducido la aplicación del requisito consistentes en salvar el voto a aquellos propietarios que se abstienen en la votación, no a quienes votan en contra, comportamiento éste que lleva consigo la legitimación para impugnar el acuerdo, sin ninguna otra exigencia.

La STS de 10 de mayo de 2013 fija la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de la expresión “salvado su voto” en el sentido de que no obliga al comunero que hubiera votado en contra del acuerdo, sino únicamente al que se abstiene, de tal forma que otorga legitimación activa para el ejercicio de la acción de impugnación al propietario disidente, eximiéndole del requisito previsto en el art. 18.2 de la LPH, con el siguiente razonamiento:

“… El artículo 18.2 de la LPH no habla de emisión del voto contrario a la adopción del acuerdo. Se limita a conceder legitimación para impugnarlo a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. La sentencia de 16 de diciembre de 2008 , declara, entre otras cosas, que "no se modifica el artículo 18 LPH , en el cual se mantiene como requisito para poder impugnar el acuerdo, únicamente respecto de los copropietarios presentes en la junta, que hayan salvado su voto o votado en contra del acuerdo". Salvar el voto y votaren contra no suponen por tanto lo mismo. El hecho de votar en contra significa que, sin más expresión de voluntad que la del propio voto disidente, el propietario tiene legitimación para impugnar los acuerdos en la forma que previene la LPH.

No es posible obviar que el legislador modificó la Ley para introducir, entre otras cosas, una expresión tan controvertida como la de "salvar el voto", que no tenía antecedentes en el ámbito de la propiedad horizontal, y que mediante esta reforma que ha de operar en una realidad social determinada por una reunión de vecinos no debidamente ilustrada en estas cosas, puede entenderse suficiente el hecho de votar en contra para impugnar un acuerdo comunitario con el que no se está conforme, significado que, por cierto, nada tiene que ver con el que tendría en una sociedad capitalista, ni por las expresiones que en ella se utilizan ("asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo"), ni por la mayor exigencia de formalidades para éstas. La necesidad de salvar el voto únicamente tiene sentido en aquellos casos en los que los propietarios asisten a la Junta sin una información o conocimiento suficiente sobre el contenido y alcance de los acuerdos que se van a deliberar, y deciden no comprometer su voto, favorable o en contra, sino abstenerse de la votación a la espera de obtenerla y decidir en su vista. A ellos únicamente habrá de exigírseles dicho requisito de salvar el voto, pues en otro caso sí que se desconocería su postura ante dicho acuerdo.

Con ello se evitaría, además, que el silencio o la abstención puedan ser interpretados como asentimiento al posicionamiento de la voluntad mayoritaria que se expresa en uno o en otro sentido…”




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