30 de enero de 2014

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El Emprendedor de Responsabilidad Limitada

En el BOE de 28 de septiembre se publicó la vigente Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El objetivo de esta disposición es apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización. 

Como decimos el objetivo básico de esta norma es fomentar el espíritu emprendedor de aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional. Para la consecución de este fin el legislador echa mano de la creación de nuevas figuras jurídicas. Este artículo lo vamos a dedicar a exponer brevemente la regulación jurídica de una de estas figuras: el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, un híbrido entre el autónomo y la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

La ley dedica el título I, Capítulo II, artículos 7 a 11 a la regulación de esta novedosa figura. La condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada puede ser acogida por cualquier persona física que tenga la condición de emprendedor. Adquirida la condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada la ley le otorga determinados beneficios en orden a la limitación de la responsabilidad por deudas que tengan origen en su actividad profesional o empresarial. Obviamente, no podrá beneficiarse de esta limitación el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en concurso declarado culpable.

Por tanto, esta limitación de la responsabilidad no alcanza a aquellas deudas no empresariales o profesionales o tratándose de deudas empresariales o profesionales que hubiesen sido contraídas con anterioridad a la inscripción de limitación de responsabilidad o de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Por ello, la responsabilidad universal del deudor por las deudas contraídas con anterioridad a su inmatriculación en el Registro Mercantil como ERL queda subsistente, salvo acuerdo expreso en contrario de los acreedores.

Podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad de su vivienda habitual siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de viviendas situadas en población de más de 1.000.000 de habitantes se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo anterior. Sin embargo, para garantizar su eficacia frente a a terceros, la no sujeción de la vivienda habitual a las resultas del tráfico empresarial o profesional deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Ahora bien, la condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada y el beneficio de la limitación de responsabilidad por deudas derivadas de su actividad empresarial o profesional está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos:
  1. Inscripción en el Registro Mercantil, conteniendo una indicación del activo no afectado por la responsabilidad por deudas. Será título para inmatricular al emprendedor de responsabilidad limitada el acta notarial que se presentará obligatoriamente por el notario de manera telemática en el mismo día o siguiente hábil al de su autorización en el Registro Mercantil o la instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida telemáticamente a dicho Registro.
  2. Hacer constar en toda la documentación, con expresión de los datos registrales, su condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal de las siglas “ERL”.
  3. El emprendedor de responsabilidad limitada deberá formular y someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, salvo que tributen por un régimen de estimación objetiva en el que podrán dar cumplimiento de las obligaciones contables y de depósito de cuentas en la forma prevista en su régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estandarizado.
  4. El emprendedor de responsabilidad limitada deberá depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.
  5. Transcurridos siete meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hayan depositado las cuentas anuales en el Registro Mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad en relación con las deudas contraídas con posterioridad al fin de ese plazo. Recuperará el beneficio en el momento de la presentación.
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Clare's law

Aunque no es una materia estrictamente de Derecho Civil, el maltrato en el ámbito doméstico y el Derecho de Familia guardan una estrecha relación. En el ordenamiento jurídico español, el artículo 1.1. la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género como aquella “… manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” 

Esta norma legal consagra y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género una serie de derechos, con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida. Estos derechos son universales, en el sentido de que todas las mujeres que hayan sufrido algún acto de violencia de género tienen garantizados los mismos, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Tras la aprobación de esta ley integral se puso en marcha un sistema de detección, sensibilización, protección y asistencia a las víctimas de la violencia de género, aprobándose determinadas medidas para luchar contra la misma, entre ellas la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la creación de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y las fiscalías especiales. 

Entre estas medidas, cabe destacar la creada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica que instauró en el ámbito penal la orden de protección como un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica y/o de género frente a todo tipo de agresiones. Para ello, la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y de naturaleza civil, y activa al mismo tiempo los mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de la víctima por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Esto es, la orden de protección unifica los distintos instrumentos de protección a la víctima previstos por el ordenamiento jurídico y le confiere un estatuto integral de protección.

En el Derecho comparado, resulta destacable dar a conocer la iniciativa legislativa que se ha adoptado en materia de violencia doméstica en el Reino Unido, denominada Clare's law, que se espera entre en vigor en el mes de marzo de este año. El Gobierno británico decidió implementar esta ley que permite a las mujeres de Inglaterra y Gales investigar si su pareja posee un historial violento. Esta iniciativa procede de una prueba piloto que se empezó a aplicar en algunas zonas del país en el mes de septiembre de 2012. Concretamente Manchester, Wiltshire, Nottinghamshire y en el condado galés de Gwent. 

Este plan de lucha contra la violencia doméstica fue introducido tras el caso de Clare Wood, una madre de 36 años asesinada por su exnovio George Appleton en su casa de Manchester en 2009, del que ella desconocía que tenía antecedentes de violencia doméstica. La información deberá de solicitarse a una comisión de policías y otras agencias —como el servicio que supervisa la libertad condicional de los reos— que comprobará al detalle cada petición para asegurar que es necesario proveer información a la solicitante y, en caso necesario, brindar también apoyo a las víctimas. Asimismo, esta medida posibilita que la policía revele acusaciones de abuso contra una persona, aunque estas nunca fueran probadas ni mediara ningún tipo de cargo.
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La UE aprueba definitivamente la norma para mejorar protección de consumidores frente a hipotecas

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han aprobado la nueva Directiva sobre hipotecas. El objetivo inmediato es evitar la concesión irresponsable de préstamos como los que han provocado la burbuja inmobiliaria en España. Cada uno de los Estados tiene ahora dos años de plazo para trasponer esta directiva a su legislación nacional, marcándose unos criterios mínimos a cumplir por aquéllos para reforzar la protección y los derechos tanto de los acreedores como a los deudores. En términos generales, la nueva norma eleva los requerimientos de información y transparencia y contempla expresamente la opción de la dación en pago.

Este es otro nuevo caso de una norma legal vacía de contenido que da muestras de una enorme irresponsabilidad de nuestros políticos, de forma análoga a las últimas reformas aprobadas en este país en el último año dirigidas a proteger a los deudores de créditos hipotecarios sobre vivienda habitual en casos de especial vulnerabilidad: Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios; Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios; y Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

No pongo en duda la bondad del legislador o sí,  pero desde luego esta directiva no va a acabar solucionando ni remediando nada. Viene tarde, muy tarde y encima estipulan dos años para trasponer la directiva. La dación en pago sigue siendo voluntaria, no imponiendo ninguna obligación a las entidades financieras y sí una serie de recomendaciones que caerán en saco roto, entre otras consideraciones. 
El contenido de la norma es el siguiente:
  • Información pre-contractual: Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto estandarizado de información sobre la hipoteca en la que tiene que aparecer la tasa de interés de los préstamos. Esto permitirá a los consumidroes, según Bruselas, comparar ofertas e identificar la más barata y que más se ajusta a sus necesidades. El folleto deberá avisar de los riesgos asociados con la oferta, por ejemplo si es de tipo variable o está contratada en una divisa extranjera. La nueva normativa sienta también los los principios de transparencia en la publicidad y el marketing.
  • Periodo de reflexión: Los consumidores se beneficiarán de un plazo de tiempo garantizado de siete días antes de quedar vinculados por el contrato de hipoteca, mediante un periodo de reflexión, un derecho de desistimiento o ambos.
  • Pruebas de solvencia: La directiva obliga al prestamista a evaluar la solvencia del consumidor antes de conceder la hipoteca, introduciendo por primera vez estándares a nivel europeo, así como divulgar las obligaciones que asume el acreedor. Si el resultado de la evaluación de solvencia es negativo, la entidad deberá denegar la hipoteca.
  • Derecho a reembolso de la hipoteca: La directiva reconoce el derecho de los consumidores a reembolsar la hipoteca antes de su vencimiento. Y deja a los Estados miembros libertad para imponer el pago de una "compensación justa" al banco.
  • Dación en pago: La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y se agoten todas la vías posibles antes de iniciar un procedimiento de desahucio. Cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, la norma exige que la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los consumidores estén sobreendeudados durante largos periodos. Así, se prevén mínimos inembargables en salarios y pensiones.
  • Sin productos vinculados: Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia porque se prohíbe ligar la concesión de la hipoteca a la adquisición de otro producto financiero de un proveedor específico. No obstante, este vínculo se permitirá en algunos casos, como cuando se trata de seguros o de productos de ahorro.
  • Mercado único hipotecario: Se apuesta por un mercado único hipotecario más eficaz y competitivo. Por ello, se crea un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.
Fuente: Europress
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