25 de febrero de 2014

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Proposición del CGPJ de mantener el control del juez en los casos de separación y divorcio de mutuo acuerdo ante notario

El borrador de informe al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este jueves propone mantener el control del juez en los casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, así como la presencia de un abogado en este tipo de expedientes cuando los tramiten los notarios.


El texto considera que la competencia para celebrar un matrimonio --que el Anteproyecto extiende a los notarios-- no debe amparar la de disolverlo, al argumentar que "son realidades absolutamente diferenciadas". Asimismo, el borrador recoge que debe seguir siendo preceptiva la intervención de un abogado en este tipo de expedientes, así como en todos los relativos a la capacidad de las personas, menores y familia en general. De este modo, se recomienda "específicamente" la presencia de un abogado en los expedientes notariales de separación y divorcio de mutuo acuerdo, considerándose imprescindible que cada parte esté asistida en todo caso por su propio letrado.

Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio, que pasa de 14 a 16 años, el borrador pide mantener un cierto grado de discrecionalidad judicial, como en determinados casos ocurre actualmente.

Valoración de los requisitos para acceder a la Asistencia Jurídica gratuita

Además, el borrador de informe propone que continúen siendo las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita --y no los notarios o los registradores en los expedientes que tramiten-- las que valoren la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos que dé derecho a esta prestación.

En la misma línea y en los casos de algunos expedientes cuya tramitación se atribuye en exclusiva a notarios y registradores, el texto aboga porque se aplique el arancel correspondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en cuanto a su coste para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.

Por último, el texto propone mantener exclusivamente en el ámbito jurisdiccional las reclamaciones de deudas dinerarias no discutidas y lo justifica en la "ineludible necesidad" de que sea el juez quien controle --a través de su competencia para inadmitirlo-- la propia admisión de la petición y la suficiencia de la documentación presentada por el acreedor, "cada vez más compleja".

En este sentido, el borrador destaca la necesidad de un riguroso control previo por parte del órgano judicial de la suficiencia y adecuación de los documentos y recuerda que el control de la información que se facilita al deudor para conformar su voluntad de aceptar o no la reclamación efectuada es esencial (EUROPA PRESS)
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La duración y el Régimen de Extinción de los Arrendamientos de Vivienda Suscritos entre el 9 de mayo de 1985 y el 1 de enero de 1995. La doctrina sentada por la STS de 16 de abril de 2013



Continuamos analizando el régimen normativo transitorio dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos para los contratos de arrendamiento de renta antigua. En el precedente artículo analizamos someramente la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley la cual establece el régimen normativo transitorio de los contratos de arrendamiento de locales de negocio celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 que subsistan a la entrada en vigor de aquélla.

En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de estudiar la Disposición Transitoria Primera de la LAU de 1994 que contempla el régimen de extinción de los contratos de arrendamientos de vivienda celebrados a partir entre el 9 de mayo de 1985 y el 1 de enero de 1995 y subsistente a partir de esta última fecha. En la referida disposición se establece que dichos contratos de arrendamiento de vivienda quedarán sujetos al régimen normativo impuesto por el artículo 9 del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica, al texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 con las modificaciones previstas en esta disposición.

Esta Disposición Transitoria Primera de la LAU de 1994 determina que la tácita reconducción lo será por un plazo de tres años cuando, expirado el plazo pactado en el propio contrato o la tácita reconducción del Código Civil (si se hubiera aplicado la misma y, una vez terminada, estando en vigor la nueva Ley), el arrendatario continuara ocupando la vivienda durante quince días con el consentimiento del arrendador. A continuación, establece que el arrendamiento renovado se regirá por lo dispuesto en la LAU de 1994.

La doctrina jurisprudencial se encontraba dividida en cuanto a la prórroga de estos contratos de arrendamiento una vez finalizada la tácita reconducción de tres años prevista por la referida D.T. Primera. En este sentido, existía una cierta corriente doctrinal que defendía la aplicación del artículo 10 de la LAU de 1994, lo que venía a suponer una nueva prórroga de tres años; si bien el arrendatario podría resolver el contrato al finalizar cada año de la nueva prórroga. Por el contrario existía otra corriente doctrinal que consideraban la aplicación de la tácita reconducción del Código Civil por el plazo fijado para la renta e incluso existían sentencias que defendían la aplicación del artículo 9 LAU de 1994.

Llegados a este punto, resulta obligado mencionar la STS de 16 de abril de 2013, porque sienta doctrina casacional en relación con la duración y régimen de extinción de los contratos de arrendamiento de vivienda suscritos entre el 9 de mayo de 1985 y el 1 de enero de 1995 - fecha de entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Así el Tribunal Supremo niega la aplicación del artículo 10 de la LAU de 1994 en cuanto a la prórroga de estos contratos de arrendamiento una vez finalizada la tácita reconducción de tres años prevista en la Disposición Transitoria Primera utilizando el razonamiento siguiente:
“No podemos aceptar que al contrato de arrendamiento renovado deba aplicársele un nuevo plazo de tres años conforme al art. 10 de la LAU , pues ello contradice lo establecido en la DT primera. La DT primera establece una regulación específica sobre duración contractual (principio de especialidad) para los contratos concertados tras el RD Ley 2/1985, primándolos con una inesperada tácita reconducción de tres años, por lo que la mención a que "el arrendamiento renovado se regirá por lo dispuesto en la presente ley para los arrendamientos de vivienda", ha de entenderse referida al resto de las normas pues para la duración ya hay una norma especial. El art. 4 del Código Civil establece que se ha de estar a las normas que contemplen un supuesto específico. Si el legislador hubiese querido dicha doble prórroga lo habría establecido expresamente -y pudo hacerlo, pues cuando quiso hizo concreta mención a preceptos específicos- y no dudó en hacerlo ya que la DT 1ª se remite a la DT 2ª, que establece la aplicación nominal de los arts. 12, 15 y 24 de la ley, pero no del artículo 10, por lo que procede desestimar el motivo principal del recurso.”
Y, por tanto, fija como doctrina casacional la siguiente:
“(…) que la DT primera de la LAU se ha de entender de manera que, tras la entrada en vigor de la LAU de 1994, los contratos de arrendamiento de vivienda concertados a partir de 9 de mayo de 1985, se encuentran sometidos a una tácita reconducción de tres años, tras lo cual le es de aplicación lo establecido en los arts. 1566 y 1581 del CC (…)”.
Por si estáis interesados en su lectura, a continuación os transcribo el contenido íntegro de esta Sentencia del Tribunal. 
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