4 de marzo de 2014

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La naturaleza procesal de los intereses procesales o judiciales ex art. 576 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil

Este mes de marzo lo vamos a dedicar íntegramente a realizar un breve repaso sobre diversos temas de actualidad referidos al Derecho Procesal Civil. En este primer artículo vamos a tratar de mostrar la diferencia existente entre los intereses moratorios y los intereses procesales, omitiendo cualquier referencia a los denominados intereses remuneratorios, cuya naturaleza jurídica será objeto de análisis en otro artículo, como consecuencia de la polémica que ha suscitado la STJUE de 14 de marzo de 2013 en referencia a la pretendida consideración de abusivas de las cláusulas de intereses moratorios derivados de un préstamo hipotecario. 

1.- Concepto de intereses procesales o judiciales. Su diferenciación con los intereses moratorios

Los intereses moratorios son aquellos cuyo abono debe soportar el deudor que incumple una obligación contraída con la finalidad de reparar el daño causado como consecuencia de dicho incumplimiento y vienen recogidos en el artículo 1.101 del Código Civil. La indemnización de los daños y perjuicios consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal – cfr. artículo 1108 del Código Civil -, y es requisito sine qua non que el deudor haya incurrido en mora, es decir que el acreedor haya exigido judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación – cfr. artículo 1100 del Código Civil. 

La determinación conceptual de los intereses moratorios y su compatibilidad con los intereses procesales se ha convertido recientemente en un tema de rabiosa actualidad a raíz de las limitaciones impuestas por la STJUE de 14 de marzo de 2013 y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La línea divisoria entre ambos tipos de intereses viene dada por la exigencia de una resolución judicial de condena. En este sentido, podemos definir los intereses procesales como aquellos que tienen por finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la mora del deudor en el cumplimiento de una obligación dineraria líquida cuando existe una resolución judicial que condena a su abono. El artículo 576 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, regula la figura de la mora procesal. 

“Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley. En los casos de revocación parcial, el tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas”. 

La redacción del artículo 576 de la LEC resulta ser coincidente con la del derogado artículo 921 de la LEC de 1881 y el devengo de estos intereses agravados en dos puntos sobre los intereses meramente moratorios del art. 1108 del Código Civil viene establecido a favor del acreedor "(…) desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida (…)” - STS de 11 de marzo de 2009. Por tanto, los intereses moratorios se computan antes de la resolución judicial y a partir de ésta pueden comenzar a generarse los intereses del artículo 576 de la LEC, que son intereses procesales y se generan automáticamente: "ex lege" sin necesidad de "culpa solvendi" (del deudor) y estrictamente objetivos – cfr. STS 9 de febrero de 1990.

Esta diferente naturaleza conceptual de los intereses moratorios y procesales y sus particulares períodos de devengo ha sido puesta de manifiesto por la doctrina jurisprudencial. En este sentido, cabe destacar la STC 167/85, de 10 de diciembre al indicar su Fundamento Jurídico Único - in fine - que: 

“El segundo equívoco consistió en que el demandante, sin base alguna en la Sentencia del Juzgado de Distrito, atribuyó a ésta la confusión entre los intereses del 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con los intereses por demora (nunca mencionados ni aludidos por la Sentencia del Juzgado de Distrito), y pidió aclaración de la Sentencia de 8 de enero de 1985. El Juzgado hubiera podido aclarar su Sentencia en términos semejantes a los que aquí estamos exponiendo, pero entendió (nuevo equívoco) que lo que se le pedía no era una aclaración «sino una modificación sustancial del fallo», por lo que condujo al recurrente a la apelación. Ha sido en la Sentencia en apelación de 22 de febrero de 1985 donde en su extenso y único considerando se explican los malentendidos y se despejan los equívocos no resueltos hasta entonces. Por eso no es fácil comprender cómo frente a esta Sentencia confirmativa y explicativa se pudo interponer este recurso de amparo por una incongruencia a todas luces inexistente.”

La doctrina impartida por el Tribunal Supremo ha venido remarcando la diferente naturaleza de los intereses moratorios y procesales. En este sentido se puede confrontar las STS de 4 de noviembre de 1991, de 18 de marzo de 1993, de 18 de febrero de 1998, de 27 de febrero, 17 de septiembre y 27 de noviembre de 1999, de 15 de noviembre de 2000 y de 11 de julio de 2012 (Sala 4ª), entre otras. El Fundamento Jurídico 6º de la STS de 23 de mayo de 2001 señala que:

“La jurisprudencia de esta Sala ha establecido con la necesaria precisión la diferencia existente entre los intereses moratorios y los procesales, señalando que la finalidad de los primeros es sancionar al deudor moroso y, a la par, proteger debidamente los derechos del acreedor, procurando el restablecimiento pleno de su derecho, Por ello, el comienzo del devengo de estos intereses ha de fijarse en el momento en que el deudor se constituye en mora, lo que sucede, entre otros supuestos, cuando el acreedor le exige judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación según establece el artículo 1108 en relación con el artículo 1100, ambos del Código Civil.”

En la determinación del "dies ad quem" o día final del cómputo de los intereses procesales o judiciales, el art. 576 de la LEC guarda silencio por cuanto se limita a señalar el "dies a quo" como aquel en que fue dictada la sentencia de instancia, pero sin determinar el "dies ad quem" o día final para el cálculo de los intereses. En efecto, resulta especialmente llamativo la diferencia existente entre la redacción del derogado artículo 921 de la LEC de 1881 y la redacción del vigente artículo 576 de la Ley rituaria. En este último se dispone que los intereses se calcularan "desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución (...)”. Por el contrario el pretérito artículo 921 de la anterior ley procesal de 1881 hacía referencia expresa tanto al día inicial como al día final del devengo de intereses en tanto en cuanto disponía que: "Cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará a favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual (...)".

A pesar de esta falta de referencia en el artículo 576 de la ley procesal vigente en relación a la determinación y fijación del "dies ad quem", resulta ser doctrina jurisprudencial consolidada que el día final para el cálculo de los intereses debe referirse únicamente al momento en que la sentencia fuera totalmente ejecutada por ser el criterio más adecuado a la finalidad perseguida por la norma – cfr. STS de 27 de febrero de 1999, de 6 de octubre de 2000, de 12 de junio de 2008 y de 11 de julio de 2012 -, de acuerdo con el sentido que el Tribunal Constitucional ha dado al mandato legal que impone el pago de intereses procesales cuando ha entendido que: "(…) El recargo o sobretasa no está pensado para beneficiar económicamente al ganador del pleito sino como acicate para que el condenado cumpla el pronunciamiento judicial lo antes posible – STC de 22 de junio de 1993 (...)”. 

Como acertadamente señala la STS de 11 de julio de 2012: 

“(…) Lo contrario supondría atribuir al deudor un retraso a él no imputable, sino en su caso al Juzgado u otras circunstancias ajenas a la voluntad del condenado a pagar la deuda, incluida la posible demora del acreedor en reclamar el abono de aquellas cantidades cuando desde el momento en que el Juzgado tiene a su disposición el montante económico de lo adeudado el acreedor tiene derecho a reclamar el pago de la cantidad adeudada.”

2.- Inaplicación de los intereses procesales al procedimiento de homologación de sentencias extranjeras

Siguiendo con la exposición, resulta conveniente aclarar una cuestión complementaria sobre el alcance del artículo 576 de la LEC vigente. En este sentido, es casi obligado señalar que la doctrina jurisprudencial menor se ha postulado por la inaplicación de estos intereses procesales cuando nos encontremos ante un procedimiento de exequátur. En este sentido, la SAP de Zaragoza de 11 de octubre de 2006 se plantea el problema de la presunta ilegitimidad de la aplicación de los intereses procesales derivados del artículo 576 de la Ley procesal vigente y el momento de su devengo en un procedimiento de homologación de sentencias extranjeras.

La citada sentencia comienza el razonamiento determinando la naturaleza y el concepto doctrinal de estos intereses, señalando que: “según es doctrina de la Sala Civil estos intereses son un subgrupo de los intereses legales que, a diferencia de los moratorios, son impuestos legalmente, no es preceptiva su petición (s. 23- 7-1998), tienen un carácter imperativo (ss.de 31-XII-1998 y de 31 de diciembre de 2002). Por tanto no puede existir incongruencia extra-petita cuando se conceden sin haberse solicitado (s. 3-7- 1997), calificándose en la sentencia de 6 de mayo de 1997 como punitivos o sancionadores, que nacen "ope legis", sin necesidad de petición e incluso de expresa condena.” 

A continuación argumenta que la resolución de esta cuestión no puede plantearse sin tener en cuenta el alcance y los efectos del procedimiento de exequatur: “Para resolver esta cuestión hay que estar al alcance de exequátur. Homologar una sentencia extranjera supone permitir que la misma tenga en España los efectos que hubiera tenido en el país que se dictó. Debe quedar claro que la sentencia extranjera, tras el exequátur, sigue siendo una sentencia extranjera. Su primer efecto será acceder al proceso de ejecución, convertida en título ejecutivo al quedar dotada de efectos procesales.

Y en base a este razonamiento termina concluyendo que: 

“De aquí se colige con claridad que, en contra de lo razonado en la sentencia, no pueden solidarizarse a una sentencia extranjera los efectos punitivos que previene el art. 576 Lec , por más que a los mismos se les dote de una relativa consideración procesal, de manera que el exequátur se limita a permitir que una sentencia extranjera extienda los efectos que le son propios según su Derecho: el art. 523.2 Lec sólo establece los límites y el procedimiento para que la sentencia tenga los efectos que le son propios según el Derecho del Estado de origen, nunca los efectos propios de la sentencia dictada por Tribunales españoles: el exequátur homologa, pero no parifica ni equipara los efectos. Por tanto no son aplicables unos intereses sancionadores a una sentencia extranjera, pues de seguir esa solución, que es la asumida en la instancia, las partes se verían sorprendidas en cuanto a la aplicación de un efecto de la sentencia extranjera por ellos nunca imaginado. Menos cuando se trata de una institución, los intereses ejecutorios, de corte eminentemente sancionador. Por tanto procede acoger el recurso sin que sean de aceptar otros intereses que los asumidos por la propia parte recurrente.”
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