8 de marzo de 2014

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Breve análisis del artículo 575 de la LEC. El nuevo apartado 1 bis introducido por la Ley 1/2013, de 14 de mayo

Establece el artículo 575 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil que: 


"1. La ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación. Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que, atendiendo a la previsible duración de la ejecución y al tipo de interés aplicable, los intereses que puedan devengarse durante la ejecución más las costas de ésta superaran el límite fijado en el párrafo anterior, la cantidad que provisionalmente se fije para dichos conceptos podrá exceder del límite indicado.

1 bis. En todo caso, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.

2. Sin perjuicio de la pluspetición que pueda alegar el ejecutado, el tribunal no podrá denegar el despacho de la ejecución porque entienda que la cantidad debida es distinta de la fijada por el ejecutante en la demanda ejecutiva. 

3. Sin embargo, no se despachará ejecución si, en su caso, la demanda ejecutiva no expresase los cálculos a que se refieren los artículos anteriores o a ella no se acompañasen los documentos que estos preceptos exigen".

El proceso de ejecución forzosa principia por demanda, en donde el ejecutante contiene la pretensión ejecutiva, basada en la ejecución de una sentencia de condena firme o en títulos judiciales o extrajudiciales – cfr. art. 517 LEC. En este sentido, puede afirmarse que la ejecución dineraria es la actividad jurisdiccional de ejecución forzosa que tiene como finalidad obtener del patrimonio del deudor una determinada cantidad de dinero para entregarla al acreedor. 

La ejecución dineraria principia por demanda que debe reunir los requisitos generales exigidos por la LEC para poder despachar ejecución previstos en el artículo 549. En este tipo de ejecuciones contempla el apartado 1.2º del referido precepto que será preciso determinar la cantidad por la que se insta la ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 575 de la ley procesal. Esta exigencia viene impuesta por las fuertes restricciones que la referida ley impone a las operaciones de liquidación en ejecución de sentencias. En este sentido dispone el artículo 219 que:

“1. Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética.

2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución.

3. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades.”

Efectivamente, a la hora de presentar una demanda ejecutiva dineraria, uno de los puntos más importantes es sin duda la fijación de la cantidad por la que se pide que se despache la ejecución, aunque se tratará de una resolución dictada por el mismo tribunal que va a conocer de ella, y pareciera que en este caso puede prescindirse de esta mención en la demanda; pues en muy contadas ocasiones va a coincidir lo efectivamente pedido por el ejecutante con lo concedido en el título.

Esta falta de coincidencia entre lo pedido y concedido resulta especialmente patente cuando se hubiera producido un cumplimiento parcial, de modo que no se pretenda ejecutar por la totalidad de la condena. Asimismo también se produce esta discordancia porque en la inmensa mayoría de los casos se pretenderá legítimamente obtener, junto con el principal reconocido en el título, las costas del proceso principal que ya se hubieran liquidado – posibilidad actualmente rechazada por la doctrina -, más los intereses devengados hasta la demanda de ejecución, y además una cantidad aproximada para responder de los intereses que se devenguen durante la tramitación de la ejecución y las costas que se causen en ella. Todo ello, sin perjuicio de los supuestos de conversión de las ejecuciones específicas en el pago de una cantidad de dinero, que cuando se trata de condenas dinerarias la cantidad que ha de satisfacer el ejecutado deberá venir determinada en el título, y cuando resulte de realizar algún cálculo, éste ha de expresarse en la demanda, pues en otro caso no se despachará la ejecución (art. 575.3).

De todos modos, la ejecución se va a despachar por la cantidad que se reclame en la demanda, en concepto de principal, intereses ordinarios e intereses moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea en el propio escrito para hacer frente a los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y a las costas (art. 575.1), sin que se pueda denegar el despacho de la ejecución porque el juez entienda que la cantidad debida es distinta de la fijada en la demanda (art. 575.2).

En cuanto a los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, la LEC prevé que se fije provisionalmente, sin perjuicio de efectuar al final la liquidación, una cantidad máxima total con el límite superior del 30 por 100 de la que se reclame por principal e intereses hasta la fecha de la demanda (art. 575.1). Habrá de hacerse constar eh la demanda ejecutiva la cantidad que se pretenda en este concepto, y si supera el porcentaje referido, el juez podrá denegar el despacho de la ejecución. Sin embargo, parece que, por los términos en que está redactado el precepto, el juez no estaría facultado para modular lo solicitado por el ejecutante si no 'excede del límite del 30 por 100. No obstante, excepcionalmente se podrá superar el límite si el ejecutante justifica que los intereses y las costas de la ejecución serán superiores en razón de la previsible duración de la ejecución y del tipo de interés aplicable (art. 575.I.II).

Por otra parte, el pasado 15 de mayo de 2013 entró en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. En aras de proteger al consumidor-deudor hipotecario de los posibles abusos que se hayan cometido por parte de la parte contractualmente fuerte esta ley no sólo ha reformado el procedimiento especial de ejecución hipotecaria, sino también el procedimiento ordinario de ejecución dineraria, cuya normativa reguladora es de aplicación supletoria al primero, en virtud de lo dispuesto por el art. 681.1 LEC. De la reforma de la ejecución dineraria ordinaria podemos destacar los siguientes aspectos:
  1. El control de oficio de la existencia de cláusulas abusivas para decidir sobre el despacho de la ejecución de los títulos ejecutivos no judiciales ni arbitrales.
  2. El carácter abusivo de la cláusula como nueva causa de oposición, por motivos de fondo, a la ejecución de los títulos ejecutivos no judiciales ni arbitrales.
  3. La condonación parcial del pago de la deuda remanente y la participación del deudor en la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada, cuando tras la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual se inicia la ejecución dineraria ordinaria.
  4. La facilitación del acceso de los postores a las subastas y la rebaja de los requisitos que se imponen a los licitadores.
  5. La imputación de pagos y la certificación de deuda pendiente en caso de insuficiencia de la ejecución.
  6. La duplicación del plazo de tiempo para que el rematante de una subasta de bienes inmuebles consigne el precio de la adjudicación.
  7. La modificación de los porcentajes de adjudicación del bien inmueble si la subasta del mismo concluye sin ningún postor.
  8. La limitación del importe de las costas exigibles al deudor ejecutado en el supuesto de ejecución de vivienda habitual.
En este último supuesto, se modifica el artículo 575 de la LEC mediante la adicción del apartado 1 bis que queda redactado del siguiente modo: "En todo caso, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva."

Por tanto, parece claro que esta modificación pretende establecer una limitación de las costas procesales contra el deudor ejecutado en supuestos de ejecución de hipotecas sobre vivienda habitual que tengan por destino la adquisición de la misma, que no podrán superar el 5 por 100 de la cantidad que se reclama en la demanda ejecutiva. No obstante, conviene hacer alguna que otra matización al respecto.

Lo primero que llama la atención es la errada ubicación sistemática de este precepto fruto de una técnica legislativa desacertada motivada por una enorme improvisación del legislador por intentar hacernos creer que su intención es proteger los derechos del maltrecho consumidor ante la ausencia de la adopción de medidas contundentes contras las entidades financieras. Parecería mucho más correcto que el legislador hubiera incluido esta previsión en el artículo 394 de la LEC, en sede de condena en costas, modificando la regla general de la tercera parte de la cuantía del pleito para estos casos. 

Por ello, esta desacertada ubicación de esta limitación de las costas procesales contra el deudor ejecutado en supuestos de ejecución de hipotecas prevista en el artículo 575 de la LEC resultará inaplicable en sede de ejecución, ya que el propio precepto menciona una cantidad: “incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.” Por tanto, como vemos, la cantidad presupuestada para intereses y costas podrá seguir siendo el treinta por ciento, sin que se pueda distinguir saber qué corresponde a intereses y qué a costas. Y en el nuevo apartado 1 bis no se refiere a intereses y costas sino sólo a costas. 
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