15 de marzo de 2014

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La determinación de la cuantía de la demanda cuando la pretensión planteada consiste en el ejercicio de la actio communi dividundo

En la jurisdicción civil - de forma análoga a los otros órdenes jurisdiccionales -, coexisten procesos ordinarios y procesos especiales. Los primeros son aquellos a través de los cuales se sustancian toda clase de pretensiones susceptibles de ser enjuiciadas por los juzgados y Tribunales del correspondiente orden jurisdiccional, mientras que los procesos especiales son los que presentan reglas particulares para determinados tipos de pretensiones, por razón de las especialidades de éstas, a fin de que en ellas la tutela judicial sea adecuada y efectiva. 


Frente a la dispersión procedimental de la pretérita ley procesal, la vigente Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil se postula como una firme defensora de la concreción y unificación procedimental estableciendo sólo dos tipos de procesos declarativos ordinarios: el Juicio Ordinario y el Juicio Verbal. Ahora bien, conviene precisar que cuando el legislador toma como referencia este juicio verbal, estableciendo dentro de su regulación las distintas especialidades que se derivarían del diverso objeto del proceso, la adopción de esta decisión únicamente consigue crear un mero efecto óptico - la ilusión de que se han suprimido la mayor parte de los procesos especiales. 

La realidad es bien distinta y lo único que se ha conseguido es el mantenimiento de los antiguos procesos especiales, pero mal regulados, desarrollados en forma asistemática y confusa dentro de la regulación de los juicios verbales. Esta forma de proceder tiene un doble efecto perverso: por una parte, priva de claridad a la regulación del juicio verbal; por otra, oscurece la regulación de los propios procesos especiales. Estas modalidades procesales, en general, dan lugar a procesos sumarios, con limitación del objeto y ausencia de fuerza de cosa juzgada material, por lo que es posible discutir de nuevo (o antes) el objeto de la controversia en un proceso ordinario (cfr. arts. 438, 439, 441, 444 y 447 LEC). 

El ámbito de actuación del Juicio Ordinario y del Juicio Verbal se deduce atendiendo básicamente a dos criterios: el general por razón de la cuantía y el determinado por razón de la materia, que es un criterio especial que prima frente al de la cuantía – cfr. arts. 249 y 250 LEC. 

Según la postura mayoritaria de la doctrina son tres los medios para dividir la cosa común: la división convencional, la división arbitral y la división judicial – Para ampliar información consultar este artículo “Los problemas derivados de la división judicial de la cosa común: La quiebra fraudulenta de la subasta judicial”. En referencia a esta última, la ley procesal no regula ningún procedimiento para la división de la cosa común. 

En función de los criterios adoptados por el legislador debemos de entender que el procedimiento aplicable será el declarativo que corresponda por razón de la cuantía. Ello se deduce del artículo 248 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al disponer, que “toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la ley otra tramitación será ventilada y decidida en el proceso declarativo que corresponda.” 

Por tanto, ante la ausencia de una norma específica que establezca el procedimiento a seguir por razón de la materia – la división de la cosa común -, la determinación de la cuantía de la demanda resulta convertirse en un presupuesto exigible para poder determinar si debemos seguir los trámites procedimentales del juicio verbal o del juicio ordinario para ventilar una pretensión de división de cosa común. Así lo establece el artículo 248.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al afirmar que “las normas de determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia.” 

Sin embargo, la doctrina clásica entendía aplicable a la división de la cosa común las normas aplicables a la división de la herencia y, por ende, el juicio voluntario de testamentaria. Autores como Manresa entendían que en base a lo dispuesto en el artículo 406 del CC que establece “que serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas concernientes a la división de la herencia” y el artículo 1059 del mismo cuerpo legal que prescribe que “cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida en la LEC”, y si el modo previsto en la LEC es el juicio voluntario de testamentaria, éste debe ser el procedimiento aplicable para la división de la cosa común.

Si el procedimiento a seguir es el declarativo que corresponda con arreglo a la cuantía, el paso siguiente es establecer de qué forma valorar la pretensión de división de la cosa común. A mayor abundamiento, el artículo 253 de la LEC impone la obligación de la parte demandante de expresar la cuantía de la demanda de conformidad con lo dispuesto en los preceptos precedentes. La cuantía se fijará según el interés económico de la demanda, que se calculará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 251 LEC. 

La cuantía de la demanda deberá ser expresada con claridad y precisión. No obstante, podrá indicarse en forma relativa, si el actor justifica debidamente que el interés económico del litigio al menos iguala la cuantía mínima correspondiente al juicio ordinario, o que no rebasa la máxima del juicio verbal. En ningún caso podrá el actor limitarse a indicar la clase de juicio a seguir, ni hacer recaer en el demandado la carga de determinar la cuantía. 

Asimismo el legislador adopta el criterio de la vis atractiva del Juicio Ordinario en los supuesto de indeterminación de la cuantía de la demanda, ni siquiera en forma relativa, por carecer el objeto de interés económico, por no poderse calcular dicho interés conforme a ninguna de las reglas legales de determinación de la cuantía, o porque, aun existiendo regla de cálculo aplicable, no se pudiera determinar aquélla al momento de interponer la demanda – cfr. art. 253.3 LEC. 

Pues bien, para determinar la cuantía de una demanda donde se ejercite una pretensión de división de cosa común, se debe aplica las reglas previstas en el artículo 251 de la LEC. La regla 3ª apartado sexto se refiere a la valoración de las demandas dirigidas a la división de la cosa común cuando se trate de un bien inmueble, efectuando una remisión a la regla segunda en la que se establece que “se estará al valor del bien inmueble al interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado o en la contratación de bienes de la misma clase”. 

Para efectuar el cálculo por el actor si no puede determinarse por otros medios, podrá acudir a cualquier valoración oficial del bien litigioso, o de cualquier otro medio, siendo en la práctica ese otro medio, un dictamen pericial. Sin embargo, ese informe pericial, acudiendo incluso a los trámites de las Diligencias Preliminares, debe de cumplir con los requisitos indicados, es decir, debe de atender a los precios reales. 

Ahora bien se establece, como límite mínimo, que no puede atribuirse al bien inmueble un valor inferior al que consta en el catastro - las valoraciones catastrales no recoge el valor actual de marcado del bien inmueble, salvo que se introduzcan los coeficientes correctores que se tienen en cuenta a efectos tributarios, a pesar de lo cual sigue siendo inferior al valor actual de mercado -. En cualquier caso, la determinación de la cuantía por parte del actor no es vinculante para el demandado, que podrá impugnarla, conforme a lo establecido en el artículo 254 de la LEC, si bien deberá determinar a su vez la cuantía que considere adecuada a la demanda interpuesta.

A pesar de lo dicho, parecería más razonable que en referencia a la determinación de la cuantía de una demanda dónde se ejercitarse una acción judicial de división de un inmueble en pro indiviso aquélla la fijase el actor con respecto al porcentaje o participación que dicho actor tenga sobre el bien inmueble. Sin embargo, la doctrina ha seguido el criterio apuntado más arriba de remisión a la regla segunda del artículo 251 de la LEC. En este sentido, la SAP de Badajoz, de 28 de Abril de 2005, en sus Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero dice textualmente que:

“Conforme a la regla 2ª del artículo 251 de la LEC: "cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes... inmuebles... se estará al valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado". En el supuesto que nos ocupa la parte actora no ha aportado ningún informe pericial relativo al precio del inmueble al que se refiere la demanda. Tal cosa no está justificada porque pudo para ello incluso haber acudido al trámite que contempla el art. 256-1-2º de la L.E.C. como Diligencia Preliminar. Ello significa que no cabe otra opción que hacer uso de los informes periciales aportados por la demandada. El informe de fecha 28-6-04 (folio 177 y s.s.) es un informe actualizado en la fecha de emisión y cumple con las exigencias legales correspondientes. Este informe valora en 530.238,79 Euros la finca objeto del litigio en su totalidad. Es cierto que existen otras valoraciones, como la catastral u otra efectuada catorce años antes, pero ninguna de ellas puede, por razones lógicas, sustituir a la que se menciona. Cuestión diferente es cual sea realmente la cuantía del procedimiento en atención a lo que se pide, que no puede ser la totalidad del valor de la cosa litigiosa. Lo que se pretende en la demanda es la resolución de un contrato y la partición de la cosa en común más la indemnización de daños y perjuicios, correspondiendo a los actores en esta cosa tenida a común la participación de 1/5 de una tercera parte del total. Ello significa que estos demandantes dirigen la acción o acciones entabladas solo a ese porcentaje del 20 % de 1/3 del inmueble objeto del litigio y es sobre ese 20% sobre el que ha de calcularse la cuantía del procedimiento, lo que arroja una suma de 35.355,29 euros. Debe tenerse en cuenta que fueron cinco personas las que suscribieron el convenio de 17 de marzo de 1984 en el que se basa la acción entablada (folio 12). Es por ello por lo que ha de fijarse la cuantía del procedimiento en la cifra de 35.355,29 Euros, no siendo por ello viable, en su caso, la interposición de Recurso de Casación. Optar por otra cuantía diferente, como se hace en la resolución apelada, puede llevar a resultados poco entendibles, pues se llegaría a la paradójica situación que un partícipe en una comunidad de una cuota insignificante podría verse obligado a responder de la totalidad de su cuantificación económica”. Lo anterior ha sido confirmado por el Tribunal Supremo, que partiendo del hecho de que no resulta imposible fijar la cuantía económica en estas acciones realiza distintas consideraciones con respecto a las reglas fijadas en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil pero que se pueden trasladar a la nueva Ley en el sentido de que tampoco cabe la fijación de cualquier cuantía sino que al menos, por parte de quien se oponga a la misma ha de determinar los datos precisos para determinar aquélla. Por todas destacamos la Sentencia de 16 de Mayo de 2007 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en cuyo Fundamento de Derecho Primero dice textualmente: “Tenían razón los demandados cuando afirmaron que la cuantía del proceso era susceptible de determinación. En efecto, tratándose del ejercicio de la acción de división de cosa común, no hay razón para sostener, como hizo el actor, que era imposible fijar su importancia económica. Ahora bien, dado el objeto del proceso, el valor del interés litigioso no ha de venir dado, como propone la parte demandada, ahora recurrente, por el valor de los derechos o créditos correspondientes a cada uno de los litigantes en la herencia de cuya división trae causa la comunidad de bienes a la que se pretende poner fin, ni siquiera por el valor nominal de los títulos afectados por el estado de indivisión, sino por la parte que corresponda a cada comunero del valor total del bien al tiempo de presentarse la demanda, o, lo que es lo mismo, por el valor correspondiente a su cuota en la comunidad, y no, por tanto, por el valor del bien que es objeto de ella, tal y como esta sala ha declarado con insistencia a la hora de resolver acerca de la admisibilidad de los recurso de casación interpuestos contra sentencias resolutorias de la actio comuni dividundo. Siendo así, ninguna consecuencia cabe atribuir al hecho de que los demandados hayan fijado la cuantía del litigio al contestar la demanda en una suma superior a la establecida como límite para acceder a la casación, pues tal determinación del valor del litigio respondía a la aplicación errónea de la regla de valoración establecida en el artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no habiendo ofrecido argumentación ni dato alguno que permita considerar fijada la cuantía en cifra superior a dicho límite mediante la aplicación de la regla correcta. Tampoco cabe identificar este valor con el correspondiente al crédito del actor en el patrimonio hereditario, pues el haber correspondiente a cada uno de los partícipes comprende diversos bienes y derechos a los que se refiere la valoración que, en conjunto, se asigna en la escritura de división y adjudicación del caudal hereditario, no siendo posible individualizar el valor de cada cual, ni siquiera acudiendo al asignado al conjunto de las acciones y participaciones que se poseían en común, pues se corresponden con los valores contables de cada una de las sociedades, referidos al tiempo en que tuvo lugar la partición de la herencia, y que, como tales, están sujetos a variaciones en la medida en que se ven afectados por el resultado económico de los sucesivos ejercicios sociales. Consecuentemente, la cuantía del litigio no se ha determinado adecuadamente, no obstante ser ello posible, y si bien los demandados, aquí recurrentes, se opusieron a dicha indeterminación y fijaron la cuantía del litigio, no lo hicieron, empero, conforme a la regla de valoración adecuada, ni razonaron acerca de la procedencia del recurso conforme a ella, como tampoco, por lo tanto, facilitaron los datos precisos para considerar que la cuantía, fijada correctamente, superaba la establecida por el Legislador como summa gravaminis, ni hay en autos, en fin, elementos suficientes para inferir esa conclusión”.
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