25 de marzo de 2014

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El plazo de caducidad de la acción ejecutiva

La prescripción extintiva y la caducidad son dos instituciones jurídicas afines que tienen como denominador común el transcurso del tiempo como causa extintiva de derechos. Esta afinidad se explica porque ambas presentan dos elementos comunes: el relativo al transcurso del tiempo, y la inacción del titular del derecho; sin embargo, sus rasgos diferenciales se muestran con bastante efusividad tanto en lo atinente a su fundamento como a sus efectos. 


El término caducidad deriva del latín “caducus” y significa perecedero o que ha terminado o acabado. Esta figura tiene su antecedente en Roma a través de lo que se ha denominado “Leyes Caducarias” - que fueron votadas bajo el gobierno de Augusto. En el Derecho Romano, en materia sucesoria, la caducidad se producía cuando se operaba en forma válida la transmisión hereditaria, pero el heredero a posteriori, no podía adquirirlos, por causas concernientes a él mismo, por ejemplo porque éste muriera o renunciara a la herencia. La caducidad de la instancia significa que cuando un expediente no se moviliza, o sea que las partes no han realizado actualizaciones por el tiempo prefijado por la ley se pierde la posibilidad de reclamo del derecho en ese juicio, y hay que intentar otro, cobrándose las costas a la parte demandante.

La noción técnica del concepto de caducidad fue elaborada por la doctrina alemana a finales del siglo XIX, y se considera a A. Grawein como el padre del concepto jurídico de caducidad ya que fue el primero en hacer una distinción doctrinal entre las figuras de caducidad y prescripción. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), caducidad significa: “Extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas”; de la instancia:” Terminación de un proceso por falta de actividad de la instancia”

En una primera aproximación, la caducidad es una institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador limita en el tiempo el ejercicio de una acción o derecho y su fundamento deriva de la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica. Doctrinalmente, la caducidad viene configurada como una sanción por la falta de ejercicio del oportuno derecho sustantivo o procesal.

Desde la óptica de la esfera procesal, la caducidad es un modo de extinción de una acción por no ejercitarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico. En este sentido, se constituye como un presupuesto objetivo de procedibilidad que impide el ejercicio de la respectiva acción e impone al juzgador la obligación de decretarla ipso iure, cuando se percate de su ocurrencia y no puede ser objeto de suspensión, interrupción o renuncia. 

Bajo el régimen de aplicación de la LEC 1881 y hasta la aprobación de la vigente ley procesal la jurisprudencia de la época venía entendiendo que la acción ejecutiva dirigida a obtener la ejecución de una sentencia o de otras resoluciones judiciales estaba sometida al plazo general de caducidad de las acciones personales de quince años previsto en el artículo 1964 CC. 

La vigente Ley 1/2000, de Enjuiciamiento civil, de 7 de enero, introdujo el polémico artículo 518 – redacción actual dada por el apartado dieciséis de la disposición final tercera de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. En este precepto el legislador fija el plazo de caducidad de la acción para ejecutar sentencias judiciales, resoluciones del tribunal o del secretario judicial que aprueben una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, resoluciones arbitrales o acuerdos de mediación. 

Este plazo de caducidad es de cinco años y se computan desde la firmeza de la sentencia o resolución. Por consiguiente la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral caducará si el demandante no interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia – cfr. art. 239 LEC. 

Por tanto, en aquellos supuestos en que la resolución ejecutiva haya sido recurrida, el plazo de caducidad previsto en el artículo 518 LEC se computará desde la firmeza de la sentencia dictada en segunda instancia. En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo considera que el Díes a quo debe comenzar desde la notificación a las partes de la providencia declarando la firmeza de la resolución. 

Al ser un plazo de caducidad, a diferencia de la prescripción, no admite interrupción, y debe ser apreciada de oficio, por lo que será inexcusable que dentro de los cinco años siguientes a la firmeza se solicite la ejecución de la sentencia. En este sentido se expresa la jurisprudencia de forma tajante y concluyente, entre otras, a través de la STS de 18 febrero de 2011: 

“(…) que ningún plazo de caducidad admite interrupción (SSTS de 31-07-00, 22-11-02, 30-05-03, 14-10-03, 14-06-04 y 5-7-04). Es decir, la caducidad no admite, en ningún caso la interrupción del tiempo, cuyo siempre transcurso la origina. Sin olvidar que como dice la STS de 10 de noviembre de 2004 "la caducidad (sentencia 2 marzo 1992), es apreciable de oficio y no susceptible de interrupción (sentencias 25 de septiembre de 1950, 22 mayo 1965, 27 de junio 1966, 22 mayo 1990 y 10 noviembre 1994)." Resultando que el plazo preclusivo que establece el artículo 518 de la LEC, por su propia definición es de caducidad, puesto que lo que dicha ley adjetiva contempla es un plazo dentro del cual- y sólo dentro de él- puede realizarse un acto con eficacia jurídica, que aquí consiste en la presentación de la demanda ejecutiva que se inicia precisamente con la solicitud de tasación de costas.” 

Algún autor, no sin razón, ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de esta norma por una presunta infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva originada por un agravio comparativo “quia nulla apparet ratio”, que se deriva del establecimiento del régimen de caducidad de la acción ejecutiva basada en títulos extrajudiciales y sometida al plazo previsto para las acciones personales ex artículo 1.964 CC de quince años, frente a la fundamentada en sentencias y resoluciones judiciales, penalizada con la fijación de un régimen de caducidad mucho más restringido – cfr. Apuntes de Ejecución Procesal Civil – Manuel Cachón Cadenas. Pág. 20. Editorial. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.2011

Ahora bien, el artículo 518 LEC resulta ser una norma que restringe el derecho fundamental a la ejecución de resoluciones judiciales firmes y, por este motivo, cabe interpretarlo restrictivamente y considerar los supuestos de hecho relacionados como un numerus clausus y considerar que no puede ser aplicado a resoluciones distintas de las expresamente mencionadas. 

En relación al inicio del cómputo del plazo a partir de la firmeza de la resolución, una interpretación literal del precepto podría llevarnos al establecimiento de situaciones ciertamente absurdas. Por esta razón, conviene hacer algunas matizaciones en relación con el plazo de caducidad – que algún sector doctrinal considera que debe ser considerado de prescripción -, previsto en este precepto. 

1.- Autonomía del plazo de caducidad.- El plazo para ejecutar la sentencia operará al margen de cuál sea el plazo de prescripción de la acción ejecutada. Es decir, no será de aplicación el art. 1971 CC en relación con el art. 1964, pues con independencia de que la acción que se ejecute sea personal o real, el plazo para el ejercicio de la acción ejecutiva siempre será de cinco años. Por consiguiente el plazo para reclamar una deuda ordinaria, así como las derivadas de una relación mercantil, comercial o de prestación de servicios es el general de quince años. 

2.- Plazo de caducidad la acción hipotecaria.- Cuando se trate de un derecho real de hipoteca el plazo de prescripción de la acción hipotecaria es de veinte años puesto que el artículo 1964 del CC establece una regla especial para la acción hipotecaria, la que tiene el acreedor hipotecario contra el bien hipotecado para realizar su valor y cobrar de esta manera el importe de la deuda que ella garantizaba. La acción prescribe a los veinte años y el crédito que garantizaba a los quince. Consecuentemente la acción hipotecaria prescribe a los veinte años, a contar desde el vencimiento que inicialmente tiene fijado el préstamo. 

3.- Plazo de caducidad de ejecución de sentencias de condena ilíquidas.- Cuando se trate de sentencias en las que se contenga la condena al pago de una cantidad en dinero pero no determinada en letras o cifras, es decir que se trate de una cantidad ilíquida, para proceder a la ejecución en sí, será preciso acudir antes de nada a su liquidación por el procedimiento correspondiente, por lo que en estos casos el plazo de caducidad se contará desde que quede determinada la cantidad debida. 

4.- Plazo de caducidad de sentencias de condena de tracto sucesivo.- En el caso de impagos de pensiones de alimentos o compensatoria – procesos de familia-, al tratarse de condenas de tracto sucesivo, la jurisprudencia entiende que el plazo de caducidad ha de ser computado desde la fecha en que se genera la obligación de pago y surgen los sucesivos impagos y no desde la fecha de la sentencia que estableció la pensión. Por esta razón dicho plazo se contará desde que dejase de abonar la cantidad y no desde la fecha de la resolución – cfr. SAP de Madrid, de fecha 22 de noviembre de 2.013 

5.- Plazo de caducidad del auto de cuantía máxima.- Al auto de cuantía máxima no le es aplicable el plazo de caducidad de la acción ejecutiva del art. 518 LEC, y que se contempla como causa de oposición en el art. 556.1, párrafo segundo, LEC y sí el plazo de prescripción de un año establecido específicamente en el art. 7.1 RDL 8/2004, siendo la prescripción una de las causas de oposición que el art. 557.1.4.ª LEC establece en ejecuciones de títulos no judiciales a las que se remite el art. 556.3 LEC – cfr. SAP de Madrid, de 26 de marzo de 2007 y 20 de enero de 2011. 

6.- Auto de tasación de costas.- El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2011 en relación al artículo 518 LEC y la tasación de costas señala que: 

“La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que "... una vez tasadas las costas y firme el Auto, la parte dispondrá de un nuevo plazo de cinco años para ejecutar tal tasación, con lo que se mantiene el carácter privilegiado del que goza la condena en costas", nueva doctrina que parte del Acuerdo de Pleno gubernativo de dicha Sala 1ª de 21 de julio de 2009 y "se recogió en varias resoluciones de esta Sala, siendo de citar los Autos de 23 de febrero de 2010, Recurso núm. 3398/1998, y de 1 de junio de 2010, Rec. núm. 2674/2001 " (ATS, Civil sección 1 del 11 de Noviembre del 2011 -ROJ: ATS 11402/2011- Recurso: 1948/1998). 
La fecha en que se solicitó la tasación de costas es independiente del problema que se resuelve. El Tribunal Supremo ha resuelto al respecto que se cuenta igualmente con un plazo de caducidad de cinco años para solicitar la tasación de costas desde la firmeza de la sentencia (resoluciones citadas en el precedente párrafo), iniciándose un nuevo plazo de cinco años de caducidad desde la firmeza del auto que aprueba la tasación de costas. No se plantea aquí la caducidad por el plazo transcurrido hasta que se solicita la tasación, por lo que nada se resuelve al respecto.” 

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