27 de marzo de 2014

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Breve análisis de la doctrina jurisprudencial sobre el alcance y los efectos de la Sentencia de incapacidad civil

Las personas afectadas por una discapacidad de carácter psíquico o físico pueden encontrarse necesitadas del auxilio de otras personas a efectos de salvaguardar sus propios intereses. Para que estas terceras personas puedan asumir esta responsabilidad con plenos efectos legales, debe procederse previamente a la declaración judicial de incapacidad legal – cfr. art. 199 Código Civil -, y consiguiente nombramiento de un tutor legal, que asumirá en tal condición todas las facultades necesarias para administrar y velar por los intereses del paciente.

En este sentido, el art. 200 CC dispone que: “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.” La doctrina jurisprudencial, desde la reforma operada por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, ha interpretado este precepto afirmando el carácter abierto de estas causas y declarando que la operatividad de la legitimidad de las causas de incapacidad se encuentra en el presupuesto fáctico del autogobierno de la persona afectada.

En este sentido, La STS de 11 de octubre de 2012 dispone que:

“Las causas de incapacidad, dice la sentencia de 29 de abril de 2009, están concebidas en nuestro derecho, a partir de la reforma de 1983, como abiertas, de modo que, a diferencia con lo que ocurría en la antigua redacción del Código civil, no existe una lista, sino que el art. 200 CC establece que "son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma". Es evidente que el art. 322 CC establece una presunción de capacidad que se aplica a toda persona mayor de edad, que sólo desaparece cuando se prueba la concurrencia de una enfermedad de carácter persistente que permita concluir que aquella persona no se halla en situación de regir su persona, administrar sus bienes y cumplir con las restantes funciones de una persona media. Así se ha venido considerando por la jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 19 mayo 1998 , 26 julio 1999 , 20 noviembre 2002 , 14 julio 2004 ; como afirma la sentencia de 28 julio 1998 ,"(...) para que se incapacite a una persona no es sólo suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico (...) lo que verdaderamente sobresale es la concurrencia del segundo requisito, o sea, que el trastorno tanto sea permanente como que oscile en intensidad, impida gobernarse a la afectada por sí misma".

La STS 31 de diciembre de 1991: 

“En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes.”

En conclusión, e la enfermedad o la deficiencia de carácter físico o psíquico no es, en sí misma, criterio de valoración para determinar que una persona deba ser incapacitada judicialmente. Atendiendo a criterios jurisprudenciales, para que se dé causa legal de incapacitación, lo imprescindible es que concurran dos circunstancias determinantes: la incapacidad de gobernarse por sí mismo - cfr. entre otras muchas, STS 28 de julio de 1998 y de 14 de julio de 2004 y la persistencia de las causas que determinan tal imposibilidad – cfr. STS 10 febrero de 1986 y de 26 de julio de 1999.

La declaración de incapacitación civil intenta velar por los intereses de los incapaces y potenciar al máximo las funciones de protección que el Derecho ofrece a todas aquellas personas afectadas por una incapacidad y al mismo tiempo dotar de las máximas garantías a éste y su familia para poder defender y ejercitar sus derechos. En este sentido, se expresa la STS de 11 de octubre de 2012:

“La STS 29 de septiembre de 2009 (Rec núm. 1259/2006 ), de Pleno, en materia de incapacidad y en la interpretación de las normas vigentes a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, relativa a si, como consecuencia de la entrada en vigor de esta Convención, debe considerarse contraria a la misma la normativa relativa a la incapacitación como medida de protección de las personas incapaces, señala lo siguiente: " la incapacitación, al igual que la minoría de edad, no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio. De aquí, que deba evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado... Una medida de protección como la incapacitación, independientemente del nombre con el que finalmente el legislador acuerde identificarla, solamente tiene justificación con relación a la protección de la persona". 

El sistema de protección establecido en el Código Civil sigue por tanto vigente, aunque con la lectura que se propone: «1.° Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. 2.° La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada.”

Por tanto, la incapacitación es la privación de la capacidad de obrar a una persona física, en principio capaz, por sentencia y por las causas fijadas por la Ley. La declaración de incapacidad queda reservada a un pronunciamiento judicial por sentencia tras un procedimiento en el que haya existido cumplida demostración de la deficiencia y su alcance - cfr. STS. 28 de junio de 1990 -, mediante pruebas concluyentes y rotundas. La STS 19 de mayo de 1998 razona que: 

“La jurisprudencia, tanto la sentencia de 31 de diciembre de 1991 que se cita en el motivo segundo, como otras, como las de 20 de mayo de 1994, 31 de octubre de 1994 y 19 de febrero de 1996, desarrollan aquel precepto; esta última dice literalmente: La capacidad de las personas físicas, es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, en supuestos como el que se estudia, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, pues los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la transcendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva y patrimonial.”

El procedimiento judicial de incapacitación viene regulado en los artículos 748 y siguientes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. La competencia le corresponde al Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona en la que la declaración se solicite – cfr. art. 756 LEC y STSJ Burgos 29 de diciembre de 2000.

La legitimación para promover este tipo de procesos la ostenta el cónyuge o quienes se encuentren en una situación de hecho asimilable, es decir, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz y el Ministerio Fiscal – cfr. art. 757.1 LEC. En cuanto a los trámites procedimentales - que no son objeto de este artículo -, podéis consultar el enlace indicado. 

En cuanto a la sentencia de incapacitación y sus efectos, el art. 760.1 LEC dispone que: “La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763. 2. En el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, si el tribunal accede a la solicitud, la sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él.”.

En relación con este precepto hay que señalar que la extensión y los límites de la incapacitación serán proporcionales al grado de discernimiento – cfrs. STS 31 de octubre de 1994 y 22 de julio de 1998. Así, cuando este grado de discernimiento sea mínimo, el Juez someterá al incapacitado a la tutela, señalando los actos que él pueda realizar por sí solo, sin necesidad de su representante legal. Por el contrario, cuando el grado de discernimiento sea mayor, el Juez someterá al incapacitado a la curatela, señalando los actos que el incapacitado puede realizar por sí solo y aquellos para los que necesita la asistencia de su curador.

En este sentido, la STS 30 de junio de 2004 señala que: 

“(…) debe existir una adecuación de la restricción y control, en su extensión y límites, al grado de inidoneidad (pues no debe extenderse más de lo necesario: S. 26 de julio de 1999), en armonía con el principio básico que debe inspirar la materia de protección del presunto incapaz; y la aplicación de un criterio restringido (S. 16 de septiembre de 1999) en la determinación del ámbito de la restricción.”

Por su parte, la RDGRN de 30 de junio de 2005: 

“Ahora bien, la sentencia que declare la incapacitación ha de determinar la “extensión y límites de ésta” (cfr. art. 210 C.c.), lo que supone que la incapacitación no se configura legalmente como uniforme, sino que del mismo modo que se gradúa legalmente la capacidad de las personas (en función de la escala de edad), también se modula la incapacidad de las mismas en razón del concreto grado de discernimiento de la persona afectada que en el proceso seguido haya apreciado discrecionalmente el juez (así para la curatela vide art. 287 C.c.).”

La sentencia dictada en este procedimiento judicial de incapacitación constituye al sujeto pasivo en estado civil de incapacitado y, por este motivo, viene a ser tratada como una sentencia constitutiva con efectos ex nunc. De esta forma, la declaración legal de incapacidad se produce a partir de la fecha de la firmeza de esta sentencia, sin que quepa ningún efecto retroactivo, conforme señala abundante y reiterada jurisprudencial. En este sentido, la STS 27 de enero de 1998 expone que:

“La sentencia de incapacitación, dictada en proceso declarativo de menor cuantía (tal como estableció la disposición adicional de la Ley 13/1.983, de 24 de Octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela, que recoge actualmente el número 2º del artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), es sentencia constitutiva que, cuando en el demandado concurre una de las causas que prevé el artículo 200 del Código Civil, le constituye en el estado civil de incapacitado”. 

En idéntico sentido, la SAP Palma de Mallorca 12 de noviembre de 1992: 

“Dentro de cierta clasificación de las sentencias que las divide en sentencias de condena, puramente declarativas y constitutivas, es obvio y evidente que la que declara la incapacidad de una persona para regir sus bienes corresponde a estas últimas, es decir a aquellas en que la jurisdicción no se limita a declarar un efecto jurídico como ya producido (con trascendencia ejecutiva o no), sino que produce el cambio que sin ella no podría verificarse; sin embargo ello no significa imperativamente que la eficacia de la resolución constitutiva firme sea siempre y necesariamente ex nunc, o desde la sentencia misma, sino que en ocasiones puede ser ex tunc y -por tanto- retrotraída, bien al momento de la demanda o a otro anterior”

Por consiguiente, se puede predicar que los caracteres de la sentencia que declara la incapacidad de una persona son los siguientes:
  1. La sentencia que declare la incapacidad es una sentencia constitutiva ya que constituye al demandado en el estado civil de incapacitado.
  2. La sentencia carece de efectos retroactivos por lo que los actos del incapacitado anteriores a la declaración de incapacidad serán válidos a menos que se demuestre que éste carecía de inteligencia y voluntad en el momento de realizarlos en cuyo caso podrían ser anulados. No obstante, ello se entiende sin perjuicio de la invalidez de los actos realizados por el presunto incapaz una vez interpuesta la demanda si el Juez hubiera adoptado medidas cautelares como la anotación preventiva de la demanda de incapacidad del art. 42.5º de la Ley Hipotecaria. 
  3. La sentencia será eficaz desde que sea firme pero no desplegará eficacia frente a terceros hasta su inscripción o anotación en el Registro Civil. Por otro lado, también es posible su inscripción en el Registro de la Propiedad respecto de aquellos bienes inmuebles que constaren inscritos o anotados a nombre del incapacitado o bien en el Registro Mercantil, si éste fuera comerciante.
Por otra parte, el alcance de los efectos determinados en el fallo de la resolución judicial se encuentra subordinado al grado de incapacidad probado. En este sentido, el Juez la sentencia puede declarar una incapacidad total - en aquellos casos en los que, tras las pruebas practicadas se aprecie que el demandado no es capaz ni de cuidar de su persona ni de administrar sus bienes o una incapacidad parcial – si se aprecia que el demandado sí puede realizar ciertos actos sin la asistencia de otra persona, pero para otros necesita esa asistencia, debiéndose especificar qué actos puede el incapaz realizar por sí mismo y para que actos necesita la asistencia de otra persona. 

En efecto, cuando la Sentencia declare una incapacidad total de una persona, vivan los padres del incapacitado y convivan con él, en este caso la Sentencia decretará la rehabilitación o prórroga de la patria potestad de los padres sobre su hijo, de tal manera que no se nombrará Tutor hasta que no fallezcan los padres. Cuando la Sentencia declare una incapacidad total y no vivan los padres del incapaz o una incapacidad parcial, establecerá el régimen de guarda o tutela que deberá quedar sometido el incapacitado. 

Si en el escrito inicial de solicitud de la incapacidad se solicita igualmente el nombramiento de Tutor, la Sentencia que declare la incapacidad nombrará al Tutor o curador, de tal forma que no habría que iniciar un expediente de nombramiento de Tutor o Curador posterior como ocurría anteriormente a la promulgación de la Ley procesal.

Cuando no existan ascendientes, descendientes, hermanos, o cónyuge del presunto incapaz, cualquier persona podrá poner en conocimiento del Fiscal una situación de posible incapacidad de una persona para que sea aquél quien inicie los trámites pertinentes para la declaración de incapacidad. En este caso se nombrará a una persona física (cualquiera que el Fiscal estime oportuno) o a una persona jurídica (asociación, fundación, etc.) para que asuma la Defensa Judicial del presunto incapaz, es decir, para que le defienda, con Abogado y Procurador, en el procedimiento de incapacidad. 

Por tanto, a mayor abundamiento, cabe indicar que necesariamente esta sentencia constitutiva de la incapacidad civil de una persona debe contener, al menos, estas declaraciones: 
  1. Determinar los límites y extensión de la incapacidad. Según la doctrina jurisprudencial la extensión de la incapacidad ha de ser proporcional al grado de discernimiento por imperativo legal.
  2. Determinar la necesidad o no de internamiento. Puede acordarlo ex novo o bien pronunciarse sobre la continuidad del que con anterioridad se hubiere decretado.
  3. También debe determinar el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. En el caso de menor de edad la patria potestad se prorrogará al llegar a la mayoría de edad, por ministerio de la Ley. En el caso de mayor de edad que convive con sus padres, se rehabilita la patria potestad sobre el incapacitado. La tutela procede cuando la incapacidad es de grado máximo (pues el tutor representa al incapaz en todos los actos y negocios jurídicos) y curatela cuando es de grado mínimo (en cuyo caso el incapacitado tan solo necesitará la asistencia del curador –no su representación- en los actos y negocios concretos que de modo expreso señale la sentencia.)
  4. Nombramiento de tutores, curadores o personas que asumen la guarda.
  5. Si se hubiera solicitado, la sentencia puede autorizar la esterilización del incapacitado por grave deficiencia psíquica, cumpliendo siempre todos los requisitos del art. 156 CP (que excluye la punibilidad de tal actuación si se cumplen sus previsiones).
  6. En la práctica, rara vez existe un pronunciamiento sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio, que requiere una declaración especial (LO 5/1985, de 19 de junio, art. 3.1.b.) En caso de silencio, el incapacitado continuara gozando de tal derecho, tanto activo como pasivo.
En cuanto a la reintegración de la capacidad, el art. 761.1 LEC dispone que la sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse judicialmente una nueva declaración que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. En este sentido, la modificación podrá afectar a la extensión y límites de la incapacidad declarada en la anterior sentencia o al régimen de tutela o guarda a que hubiera quedado sometido el incapaz. Por otra parte, el mismo precepto dispone que la modificación podrá ser solicitada por cualquiera de las personas legitimadas para iniciar el procedimiento de la declaración de incapacidad así como las personas que ejerzan cargo tutelar o tuvieran bajo su custodia al incapacitado, el Ministerio Fiscal y el propio incapacitado.


Fuente Consultada: 

  • La Incapacitación. Jaime Sanz Diez de Ulzurrun Escoriaza. UNED. 2011.
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