29 de marzo de 2014

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La presunta incoherencia del artículo 396 LEC. El pronunciamiento sobre las costas en los supuestos de desistimiento del juicio



En virtud del principio dispositivo o de justicia rogada que rige el proceso civil las partes procesales son libres para disponer de sus intereses privados, acudiendo o no a la vía jurisdiccional, condicionando que el inicio de la actividad jurisdiccional y el objeto del proceso dependan de su exclusiva iniciativa - cfr. Exposición de Motivos de la LEC de 2000.



Si las partes procesales pueden disponer del inicio y del objeto del proceso, también pueden ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia. A estas formas anormales de terminación del proceso civil, o crisis procesales – en terminología procesalista -, dedica la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil los arts. 19 a 22.

En efecto, en el artículo 20 apartados dos y tres de la ley procesal, junto con los otros modos de finalización anormal del procedimiento – satisfacción extraprocesal, allanamiento, renuncia -, se regula la figura procesal del desistimiento: 

“2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía. 3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días. Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, por el Secretario judicial se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto. Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno. ”

El desistimiento es un acto de voluntad a través del cual la parte demandante manifiesta su intención de abandonar el proceso ya iniciado, sin hacer dejación de la pretensión ni del derecho que la fundamenta. Por tal motivo, el desistimiento conlleva que la pretensión quede sin juzgar, dictándose auto de sobreseimiento que permite al actor interponer de nuevo la misma pretensión – cfr- SAP Baleares 3 de mayo de 2005, SAP Valencia 12 de abril de 2005 y SAP de Madrid 18 de marzo de 2005.

En cuanto a la conceptualización de la figura del desistimiento, la doctrina constitucional plasmada en la STC 187/1990, de 26 de noviembre, explicita que:

“El desistimiento es una forma legítima de finalización de los procesos, que responde al principio dispositivo que rige nuestro ordenamiento civil», pudiendo ser definido como unilateral aquel «acto procesal del demandante en virtud del cual abandona o hace dejación del proceso iniciado a su instancia, provocando su terminación sin pronunciamiento sobre la pretensión procesal que, al quedar imprejuzgada, puede ser admisiblemente interpuesta como objeto en un proceso posterior”.

De una atenta lectura del precepto indicado, se puede apreciar que la Ley de Enjuiciamiento Civil distingue entre dos tipos o clases de desistimiento – unilateral y bilateral -, cuya diferente regulación no proviene de los distintos efectos que producen sino de los requisitos exigidos en cada caso dependiendo del momento procesal en que tienen lugar: 

  1. Desistimiento Unilateral.- En art. 20.2 LEC, el legislador recoge un desistimiento unilateral que puede realizar el demandante cuando el demandado no ha sido emplazado para contestar en el juicio ordinario, o citado para la vista en el juicio verbal y que también puede llevarse a cabo en cualquier momento del proceso si el demandado ha sido declarado rebelde. 
  2. Desistimiento Bilateral.- En el art. 20.3 LEC se regula un desistimiento para el que se requiere la conformidad del demandado, debiendo resolver el juez lo que estime oportuno en caso de que ésta no se produzca. 

La normativa procesal civil regula el contenido y alcance de la condena en costas en estos casos de desistimiento en el artículo 396 LEC: “1. Si el proceso terminara por desistimiento del actor, que no haya de ser consentido por el demandado, aquél será condenado a todas las costas. 2. Si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demandado o demandados, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes”.

El fundamento de este precepto tiene su razón lógica en que el desistimiento - a diferencia de la renuncia de la acción, que es por naturaleza unilateral del demandante y equivalente a una sentencia absolutoria, con eficacia de cosa juzgada (cfr. artículo 20.1 LEC) -, no impide formular de nuevo la pretensión mediante la interposición de otra demanda sobre el mismo objeto, al quedar el derecho controvertido imprejuzgado – cfr. SAP de A Coruña de 16 de noviembre de 2006.

El legislador para evitar abusos en el acceso a la actividad jurisdiccional con la hipotética finalidad de discutir idéntica pretensión jurídica, impone que, en aquellos casos en los que el demandante desiste unilateralmente de su demanda, antes de la citación o emplazamiento del demandado, haya de ser condenado en costas, aunque en realidad el demandado ni tan siquiera ha sido emplazado o citado a juicio.

Sin embargo, cuando el desistimiento se produce posteriormente a la traba de la relación jurídico-procesal – una vez practicada la citación o emplazamiento -, la cuestión se torna bilateral y en la terminación de esta forma anormal del proceso no existe la condena en costas, pese a que el demandado ha precisado de la contratación de los servicios profesionales de abogado y procurador. En efecto, el tenor literal del precepto no deja lugar a dudas, pues de forma imperativa señala que es el demandado quien debe afrontar el pago de las costas causadas en su propia defensa y, ello, a pesar de que quien le ha llevado al proceso ha sido un demandante que, finalmente, por las razones que fuere, se echa para atrás en el pleito que él mismo inició, obligándole a poner en marcha su línea de defensa, como es lógico, a través de un profesional que le asista en la tesitura procesal. 

En conclusión, que en el supuesto de desistimiento bilateral, el demandado viene obligado a actuar en defensa de sus intereses – con el consiguiente gastos emanado de la contratación de los servicios prestados por sendos profesionales del derecho -, convirtiéndose en un problema que ha de resolverse con la intervención de ambas partes, y en su caso, del juez, pues el demandado debe, o bien exteriorizar inequívocamente su interés en que el procedimiento continúe, oponiéndose al desistimiento, en cuyo caso el juez decidirá lo oportuno, o bien, consentirlo, quedando el asunto sobreseído.

A pesar de la falta de previsión legal, en la práctica forense suele ser muy habitual que el abogado del demandado preste el consentimiento al desistimiento y planteé una oposición parcial manifestando su conformidad con el sobreseimiento en cuanto al fondo del asunto, pero solicitando la condena en costas del demandante al objeto resarcir los gastos y perjuicios ocasionados a su cliente, equiparando la solicitud de condena en costas a una auténtica oposición al desistimiento. 

La doctrina jurisprudencial menor se encuentra dividida en torno a esta cuestión. Una primera corriente doctrinal entiende que no cabe la imposición de costas cuando se acepta la terminación del proceso, interpretando que la oposición al desistimiento ha de ser al desistimiento en cuanto a tal, porque exista un interés del demandado en obtener una sentencia sobre el fondo del asunto. 

La oposición simplemente en cuanto a la condena en costas sería un supuesto de aceptación del desistimiento a los efectos del artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues la condena en costas no constituye el objeto del procedimiento, sino simplemente su posible consecuencia. Apoyarían esta interpretación los artículos 414 y 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según los cuales la oposición deberá residir en la existencia de "interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo" – cfr. Auto de 24 de septiembre de 2012 AP de A Coruña. Auto de 21 de octubre de 2011 AP Albacete. SAP de Asturias de 18 de marzo de 2013. SAP de 21 de enero de 2013, entre otras muchas. En idéntico sentido los Acuerdos para la unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de septiembre de 2006 y su actualización de 2011.

Una segunda corriente doctrinal emanada de las Audiencias Provinciales concluye que el demandado sí puede aceptar el desistimiento y obtener no obstante una condena en costas a su favor. Se subraya que la Ley no ha regulado expresamente el "supuesto hibrido" de que el demandado acepte poner fin al proceso y a la vez solicite la condena en costas. Ante el vacío legal, se interpreta que existe oposición del demandado al desistimiento, ya que el consentimiento no es puro ni totalmente concorde con la petición de la parte actora, sino simplemente parcial, aunque sea sólo a los efectos de la condena en costas. Hay que estar, pues, a lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los supuestos de oposición, que establece que "el Juez resolverá lo que estime oportuno". 

Así, el juez podrá imponer las costas al actor en función de las circunstancias del caso, atendiendo al carácter justificado o no del desistimiento. Así, se suele condenar en costas al actor que desiste porque advierte que erró al interponer la demanda, mientras que no suelen imponerse las costas cuando el desistimiento trae causa de circunstancias sobrevenidas que el actor no tenía la carga de prever cuando interpuso la demanda - cfr. Auto de 9 de mayo de 2011 AP de Álava. Auto de 27 de noviembre de 2012 AP Almería. Auto de 4 de diciembre de 2012 AP Barcelona. Auto de 7 de marzo de 2012 AP de Cádiz. SAP de Ciudad Real de 9 de mayo de 2013. SAP de Girona, de 11 de febrero de 2013, entre otras muchas.

Auto, AP Madrid, Sección 13ª, de 29 de abril de 2011. El demandado que está conforme con la terminación anormal y anticipada del proceso debe quedar indemne por lo gastos por lo que proceden las costas.

“(…)
TERCERO.- Como "ya dijimos en nuestro auto de 24 de mayo de 2006 (Recurso 559/2005 ), el artículo 20.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al actor desistir del procedimiento, que no del eventual y ulterior ejercicio de la misma acción en otro, con el consiguiente traslado al demandado que ya se ha personado e intervenido en el primero, cual es el caso que aquí se da, a fin de que preste su conformidad al desistimiento, no se oponga dentro del plazo de diez días o se oponga expresamente. Actitud procesal que tiene su trascendencia en cuanto a las costas causadas por el litigio hasta ese momento, como se infiere de lo dispuesto en el artículo 396 , pues si el demandado no consiente el desistimiento del actor, este debe ser condenado a todas las costas, mientras que si fuere consentido no se condenará en costas ninguno de los litigantes.
Si ponemos en relación ambos preceptos, observamos que el demandado puede adoptar tres posturas procesales: a) Prestar su conformidad o consentir expresamente, que es lo mismo, el desistimiento. b) No efectuar manifestación alguna o no oponerse dentro del plazo concedido. c) Oponerse formalmente al desistimiento.
Pues bien, solo en el caso de que el demandado consienta el desistimiento (a), no se hará condena en costas, mas no en los otros dos supuestos (b y c) en los que no hay consentimiento. No es lo mismo no oponerse que consentir. El consentimiento produce el consenso o acuerdo, de dos voluntades, la del demandante y el demandado, en torno a un determinado acto procesal, cuya aprobación se somete a la decisión del órgano judicial. El desistimiento deja de ser una declaración unilateral de voluntad para constituir otra bilateral. Sin embargo, el no oponerse de forma expresa o el no efectuar ninguna manifestación en plazo (no oposición presunta), no comporta un concurso coincidente de voluntades sobre el acto de desistir, únicamente supone una indiferencia del demandado sobre la voluntad declarada del acto de apartarse del proceso, siempre que queden indemnes sus intereses, y entre ellos el de no soportar los gastos y las costas causadas por la interposición de la demanda y su tramitación.
A las tres actitudes procesales examinadas cabe añadir una cuarta, cual es la que se produce cuando el demandado está conforme o no se opone a que se tenga por desistida unilateralmente (no con su voluntad absolutamente concorde y por tanto bilateralmente) a la parte demandante, pero al propio tiempo solicita expresamente que le sean impuestas las costas del procedimiento al haberle obligado a defenderse en el procedimiento y a realizar gastos, que es la situación que aquí se da.
Aunque exista acuerdo o no oposición a que el procedimiento termine de forma anticipada, no concurre el supuesto de desistimiento bilateral, ya que le consentimiento no es puro ni totalmente concorde con la petición de la parte actora, sino parcial (se acepta la terminación del proceso sin la emisión de una sentencia sobre el fondo), ya que se rechaza que los gastos causados al demandado deba soportarlos este y, en defensa de su propio y legítimo interés, dicho demandado expresamente solicita que las costas que se le han causado sean impuestas al demandante que se precipitó en el ejercicio de la pretensión. En definitiva, no se da el supuesto de hecho que se contempla en el artículo 396-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y si el del primer apartado en lo que se refiere al concreto particular de las costas hasta ese momento causadas que, en aras de la indemnidad invocada por el demandado, deben ser impuestas al actor, que es quien con su conducta ha provocado la intervención del demandado y ha generado el devengo de aquellas, ya que sería abusivo, como se razona por la Audiencia Provincial de Zamora en el auto de 12 de febrero de 2003 , exigir al demandado su oposición al desistimiento con el propósito de obtener exclusivamente un pronunciamiento favorable sobre costas cuando sus intereses, salvo los relativos a los gastos procesales que se le han ocasionado injustificadamente, quedan satisfechos con el desistimiento del actor.
En definitiva, el demandado que está conforme con la terminación anormal y anticipada del proceso debe quedar indemne por los gastos que le ha ocasionado por su innecesaria e inútil llamada procesal. En sentido coincidente los Autos dictados por las Audiencias Provinciales de Badajoz, Sección 3º, el 26 de julio de 2006 , Las Palmas, Sección 4°, el 13 de septiembre de 2007 , Barcelona, Sección 16ª, el 18 de octubre de 2007 y Málaga, Sección 6ª, el 25 de octubre de 2007 . Sin que, finalmente, por loable que resulte su finalidad, los acuerdos adoptados por los Magistrados de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid en Juntas de Unificación sean vinculantes en el ejercicio de la jurisdicción.”

En conclusión, la doctrina jurisprudencial menor se encuentra dividida en torno a la cuestión de la imposición de costas al demandante en el caso de que presente solicitud de desistimiento del juicio y el demandado muestre su conformidad, cuando la ley expresamente excluye esta posibilidad. 

Sin embargo, aunque es un tema abierto a la polémica, en el que existen posturas bien definidas y fundamentadas a favor o en contra, lo que no se puede negar, es la loable intencionalidad del legislador con la aprobación del artículo 396 en relación con el artículo 20. 2 y 3 LEC que se focaliza, por una parte, en tratar de evitar la multiplicación de juicios, favoreciendo la finalización de los que se inician y, por otra, en garantizar los derechos del justiciable y proteger y velar por sus intereses en el proceso. 

Ahora bien, a mi juicio y en mi modesta opinión, siguiendo el criterio del Auto de 29 de abril de 2011 de la AP de Madrid, atendiendo exclusivamente a razones de ponderación, equidad y de justicia procedimental, parece ser que sería justo y correcto que el legislador incluyera expresamente una previsión legal de condena en costas del actor en aquellos casos de conformidad del demandado en supuesto de desistimiento bilateral, modificando la normativa procesal vigente, sobre todo por la posibilidad legal que tiene el actor de volver a formular su pretensión jurídica en otro proceso. 

¡… Evidentemente, salvo mejor parecer …


Fuentes Consultadas


1. Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil Arts. 19 a 22. Autores: Mª. Lourdes Noya Ferreiro y Bernardino J. Varela Gómez. Universidad de Santiago de Compostela. Indret. Revista Para El Análisis Del Derecho. 2005. 

2. Controversia En Materia De Costas En Los Casos De Desistimiento Del Demandante (Análisis Del Artículo 396 LECIV). Autor: D. José Javier Díez Núñez. Magistrado. Aranzadi. 2008.

3. ¿Puede el demandado en un proceso civil aceptar el desistimiento y obtener a la vez una condena en costas? Autor: Sra. Lucía Carrión Real. Abogada de Uria Menéndez. Oficina de Madrid. Legal Today. Septiembre 2013.

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