3 de abril de 2014

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El Seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador

La caza es una modalidad deportiva que se practica con armas en un espacio abierto e irregular y constituye una actividad que no está exenta de riesgos. Por ello, deben adoptarse cuantas precauciones sean necesarias para reducir la posibilidad de que se produzcan accidentes, algunas de las cuales están reglamentadas y su conocimiento es básico para el cazador – cfr. el art. 2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Los arts. 33.5º de la Ley de caza de 1970 y 35.6 del reglamento de ejecución de la Ley de caza, aprobado por el Decreto 506/1971, de 25 de marzo imponer la obligación de cualquier cazador de “indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza con armas, si no consta el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza. A estos efectos, se considerarán únicamente como miembros de la partida aquellos cazadores que hayan practicado el ejercicio de la misma en la ocasión y lugar en que el daño haya sido producido y que hubieren utilizado armas de la clase que originó el daño” – cfr. art. 6 SORCC.

No obstante, conviene advertir que el artículo 3 del Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, deroga el reglamento de ejecución de la Ley de caza de 1970, aprobado por el Decreto 506/1971, de 25 de marzo, aunque lo deja vigente en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
La caza figura entre las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, tal como establece el artículo 148.11 de la Constitución Española, que incluye la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial, siendo este el título competencial específico que soporta la intervención legislativa en materia de caza por las comunidades autónomas. Así, los estatutos de autonomía aprobados, han atribuido a cada Comunidad Autónoma competencias exclusivas sobre caza, que son ejercidas en los términos dispuestos en la Constitución, por lo que cada Comunidad Autónoma se ha dotado de una norma general reguladora de la materia, que actualiza al marco competencial autonómico lo previsto en la antigua Ley de Caza de 4 de abril de 1970. 

En este sentido, el Ministro del ramo ya ha mostrado su sensibilidad a los problemas que crea esta dispersión normativa cuando ha tenido ocasión de manifestar que el gobierno tiene como objetivo unificar las distintas leyes autonómicas y fechas de caza de las CCAA, creando una licencia única y un registro de infractores.

Como decimos, la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y su Reglamento establecen la obligación de todo cazador de celebrar un contrato de seguro para cubrir la obligación de indemnizar los daños causados a las personas con ocasión del ejercicio de la caza – cfr. art. 52 LC. El Seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador fue objeto de regulación en la Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de julio de 1971, disposición que se inspira en la proximidad conceptual de este seguro con el Seguro obligatorio de responsabilidad civil derivado del uso y circulación de vehículos de motor, como aconseja la idéntica naturaleza de ambos seguros, el carácter tendencialmente objetivo de la responsabilidad civil que para ellos imponen sus respectivas regulaciones y la intervención de un fondo de garantía en supuestos que, encontrándose en el ámbito del seguro obligatorio, no existe cobertura por contrato de seguro.

En efecto, la práctica de la caza con armas de fuego está legalmente sujeta a la exigencia de la contratación de un seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria que cubra los daños causados por dicha actividad y se encuentra regulado por Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, aprobado Real Decreto 63/1994, de 21 de enero – en adelante SORCC. No se podrá obtener la licencia de caza sin haber acreditado la previa celebración de este contrato de seguro ni practicar el ejercicio de la misma sin la existencia y plenitud de efectos del mismo. cfr. art. 1.1 del Reglamento.

El Seguro de responsabilidad civil del cazador, de suscripción obligatoria, se regirá: a) Por la normativa en materia de caza de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y, subsidiariamente, por el artículo 52 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza; por los artículos 73 a 76 y, subsidiariamente, por el resto de los preceptos de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro que le sean de aplicación, y por la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro privado. b) Por las disposiciones del presente Reglamento. c) En lo que no se oponga al anterior, por el Reglamento de Ordenación del Seguro privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto – cfr. art. 1.3 Reglamento.

El SORCC cubre las reclamaciones por daños personales que sufra el cazador como consecuencia de un disparo durante la acción de cazar, con un capital de 90.151,82 €. No obstante, sería objeto de una ampliación de la cobertura del seguro y, por tanto, excluidas de las coberturas exigidas legalmente: Las reclamaciones por daños materiales (cosas o animales), solamente cubre daños a las personas. Los daños que no sean consecuencia directa de la acción de cazar, por tanto están excluidos los disparos fortuitos durante el transporte, descansos, limpieza de armas, tiro deportivo y los daños por encima de 90.151,82 euros.

Como decimos, el SORCC tiene por objeto cubrir los posibles daños en los que pueda incurrir el cazador con armas con ocasión de la acción de cazar. Es decir el seguro obligatorio no cubre la responsabilidad de todas aquellas personas que intervienen en una partida de caza que no portan armas, tales como batidores, monteros, rehaleros, etcétera, así como tampoco los cazadores con arco, ballesta, cetreros, galgueros o podenqueros sin escopeta. 

El seguro de Responsabilidad Civil del cazador de suscripción obligatoria tiene por objeto la cobertura, dentro de los límites fijados en el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador de suscripción obligatoria, de aquella en que pueda incurrir el cazador con armas por los daños corporales a terceros que ocasione por la acción de cazar. El capital asegurado es de 90.151,82 € e incluye Los daños producidos por un disparo involuntario del arma. En tiempo de descanso dentro de los límites del terreno de caza en tanto esté practicando el ejercicio de la misma y por la utilización de hasta un máximo de cinco perros en el ejercicio de la caza, incluyendo su traslado a, o desde, el lugar de caza. Estarían excluidos los supuestos en los que el cazador no está obligado a indemnizar porque el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor - no se considerará como casos de fuerza mayor los defectos, roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos o de las municiones – cfr. art. 3 Reglamento.

El SORCC tiene una cobertura anual y está limitado al ejercicio de caza en territorio nacional. Si los daños se producen por los integrantes de una partida, responderán solidariamente los aseguradores de los miembros de dicha partida, considerándose como miembros de la partida aquellos cazadores que hayan practicado el ejercicio de la caza en la ocasión y lugar en que el daño haya sido producido y que hubieran utilizado armas de la clase que originó el daño. A estos efectos, se considerarán únicamente como miembros de la partida aquellos cazadores que hayan practicado el ejercicio de la caza en la ocasión y lugar en que el daño haya sido producido y que hubieran utilizado armas de la clase que originó el daño.

De forma opcional puede ampliarse esta cobertura a daños materiales ocurridos durante el ejercicio de la caza, y/o del tiro deportivo, y a un seguro de accidentes corporales del cazador que cubre los daños físicos sufridos por el mismo, durante la práctica del deporte incluyendo los tiempos de descanso y trayectos del domicilio a los terrenos de caza y regreso, mediante la contratación de un seguro de responsabilidad civil voluntario. En efecto, el art. 4 del SORCC dispone que: “Las partes podrán acordar voluntariamente que la cobertura del seguro cubra la responsabilidad civil del cazador superando los límites para el seguro de suscripción obligatoria fijados en el presente Reglamento. 2. En la misma póliza se podrán incluir también otras coberturas de seguro.”

El artículo 8 del Reglamento regula el derecho de repetición: “A los efectos del ejercicio del derecho de repetición que atribuye al asegurador el artículo 76 de la Ley de Contrato de seguro, son supuestos de daño o perjuicio causado a un tercero debido a conducta dolosa del asegurado, sin perjuicio de cualesquiera otros en que pudiera concurrir dolo, los siguientes a) Los ocasionados cazando en cualquiera de las circunstancias siguientes: sin haber obtenido la correspondiente licencia o careciendo ésta de validez, con armas prohibidas, en época de veda o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes. b) Los ocasionados por hacer uso temerario de armas de caza en zonas de seguridad. c) Aquellos en los que el causante del daño incurra en delito de omisión de socorro.

En cuanto a la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros que venía regulada en el art. 7 del Reglamento fue suprimida por la letra a) de la disposición derogatoria única de la Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por R.D. Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 

Efectivamente, el ejecutivo suprimió las funciones del Consorcio en materia de seguro obligatorio de viajeros y de seguro obligatorio del cazador, y los recargos sobre las primas que financian tales funciones, al ser suficiente la oferta de cobertura existente en el mercado de seguros privados. Esta medida tenía como objetivo una disminución del coste de tales seguros para los consumidores, ya que eliminó los recargos sobre las primas de estos seguros que en el año 2009 eran del 10% (viajeros) y del 3% (cazador) de las primas del seguro obligatorio y respondía a la línea estratégica del Programa de Actuación Trienal 2007-2009, aprobado por el consejo de administración, y que se orientaba a la reducción de los costes finales del seguro para el consumidor español en la medida que lo permita el progresivo aumento de la solvencia financiera y la eficacia operativa del Consorcio.
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