8 de abril de 2014

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Distinción entre las cláusulas delimitadoras del riesgo y aquellas otras que restringe los derechos del asegurado

El artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro se caracteriza por ser la primera norma del ordenamiento jurídico que efectuó un control sobre los contratos de adhesión y las condiciones generales de contratación. En este sentido, el carácter de Ius congens que define la normativa reguladora del contrato de seguro condiciona la ratio legis de este precepto, que no es otra que impedir que la redacción unilateral del contrato de seguro dé lugar a un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes intervinientes en el contrato de seguro, mediante la imposición imperativa por el asegurador de una gran parte del contenido contractual y, en lo que no se regule expresamente por afectar a normas de carácter dispositivo, prohibiendo la introducción de cláusulas lesivas para el asegurado – cfr. art. 2 LCS y STS de 11 de abril de 1991, entre otras.

Las cláusulas del contrato de seguro limitativas de los derechos del asegurado y permitidas por la LCS, exigen que se destaquen de modo especial y que hayan sido específicamente aceptadas por escrito. Con este requisito general de inclusión de todas las condiciones generales de contratación en la proposición de seguro, en la póliza del contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y del que se le entregará copia y con la obligación de que se redacten de forma clara y precisa, se intenta garantizar que el contenido de esas condiciones generales sea no sólo equitativo sino conocido por el asegurado – cfr. art. 3 LCS, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y arts. 80 y ss. y Disposición Adicional Primera Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado no se encuentran expresamente definidas en la ley, aunque sí mencionadas en el referido artículo 3 de la LCS: “(…) Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito (…).” Siguiendo a la doctrina mayoritaria puede definirse estas cláusulas como aquéllas que restrinjan o excluyan algún derecho que, en principio, correspondería al asegurado, o que le impongan una obligación que de otra forma no tendría. En principio, es difícil imaginar una cláusula limitativa que no sea lesiva. En este sentido, la STs de 25 de julio de 1991 afirma que: “cualquier estipulación que pudiera alterar el onus probandi en beneficio de la aseguradora tendrá que ser conceptuada como cláusula limitativa del derecho del asegurado y nula por lesividad con arreglo a los arts. 2 y 3 LCS”.

Las cláusulas delimitadoras del riesgo son una creación doctrinal y jurisprudencial y hacen referencia a las cláusulas que perfilan el objeto del contrato a través de la determinación del riesgo cubierto, describiendo el hecho causante de la deuda resarcitoria civilmente imputable al asegurado. La falta de toda referencia legal de las cláusulas delimitadoras del riesgo ha suscitado un agrio debate en la doctrina y la jurisprudencial en torno a cuestiones cómo su diferenciación con las cláusulas limitativas de derechos, las dificultades prácticas para calificarlas y determinar su eficacia bajo la aplicación o no del régimen establecido en el artículo 3 LCS.

Ante la existencia de una doctrina jurisprudencial contradictoria, que ha venido caracterizado los pretéritos pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo en referencia a esta materia, el alto Tribunal publicó la Sentencia del Pleno de la Sala 853/2006, de 11 de septiembre, estableciendo doctrina en torno a la distinción entre cláusulas delimitadoras del riesgo y aquellas otras que restringen los derechos de los asegurados, doctrina reiterada, entre otras por la Sentencia 251/2007, de 1 de marzo. El propósito este pronunciamiento es mantener un criterio uniforme y clarificador, procurando el reforzamiento de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, sin desconocer la casuística propia del derecho de seguros, y la dificultad que en la práctica presenta la distinción entre ambas cláusulas - cfr. STS de 10 de febrero de 1998, 2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2004 y 30 de diciembre de 2005, entre otras muchas.

La citada Sentencia 853/2006, de 11 de septiembre, parte de la distinción entre las cláusulas delimitadoras del riesgo y cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Las primeras define el Tribunal Supremo son: “aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando los riesgos que, de producirse, hacen que nazca en el asegurado el derecho a la prestación y, en la aseguradora, la recíproca obligación de atenderla, pertenecen al ámbito de la autonomía de la voluntad y constituyen la causa del contrato”. Las segundas, continúa señalando la Sentencia: “serían aquellas otras que operan para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.”

Reconociendo la dificultad que, en la práctica, puede presentar la distinción entre unas y otras cláusulas, se señala como cláusulas delimitadoras del riesgo aquellas que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial. Igualmente se indica cómo mientras las cláusulas limitativas están sometidas a la exigencia de la específica aceptación por escrito que impone el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 de 8 de octubre, para las delimitadoras del riesgo, es suficiente su aceptación genérica, al ser susceptibles de incluirse en las condiciones generales, de las que basta con la constancia de su aceptación por el asegurado. El segundo aspecto que destaca la sentencia, son las condiciones generales de contratación que, en cuanto cláusulas contractuales, están a su vez sometidas a lo que el Tribunal Supremo denomina “control de inclusión”, atendiendo al carácter del contrato de seguro como contrato masa y de adhesión: “su redacción debe ser clara y precisa a fin de facilitar al adherente su efectivo conocimiento y debe constar su conocimiento y aceptación por el asegurado para que desplieguen su fuerza vinculante.”

La reciente STS de 25 de noviembre de 2013 reitera esta doctrina:

“La STS de 11 de septiembre de 2006 (RC 3260/1999) sienta una doctrina, recogida posteriormente en otras muchas, (entre las más recientes la STS núm. 598/2011, de 20 de julio ), según la cual son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan (i) qué riesgos constituyen dicho objeto, (ii) en qué cuantía (iii) durante qué plazo y (iv) en que ámbito temporal. Otras SSTS posteriores a la citada, como la de 17 de octubre de 2007 , recordada en la más reciente de 5 de marzo de 2012 , entiende que debe incluirse en esta categoría, la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada. Se trata, pues, de individualizar el riesgo y de establecer su base objetiva, establecer " exclusiones objetivas ", como señala la citada sentencia de 5 de marzo de 2012, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera no frecuente o inusual (sorprendentes). 
Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Estas deben cumplir los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS, de modo que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito, formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto (SSTS de 20 de abril de 2011, RC 1226/2007 y de 15 de julio de 2009, RC 2653/2004 ). Estas últimas, determinan, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora. El principio de transparencia, fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera con especial intensidad respecto de las cláusulas introductorias o particulares.”
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