16 de abril de 2014

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La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y su no asimilación con la intencionalidad penal

Cómo es bien sabido por todos, la legislación vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial prohíbe expresamente conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En este sentido, se expresa el artículo 12. 1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el artículo nueve de la Ley 6/2014, de 7 de abril: “No podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan”. Asimismo, el art. 65.5 letra c), modificado por el artículo dieciocho de la Ley 6/2014, tipifica como infracción muy grave la conducción de vehículos habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las reglamentariamente permitidas.

Por tanto, la conducción con un nivel de alcohol en la sangre superior al permitido puede ser sancionada con una infracción administrativa o tratarse como un delito penal – cfr. Delitos contra la seguridad vial regulados en el Capítulo IV, Título XVII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 379 y ss. De esta forma, la ley no permite la conducción de vehículos si la «tasa de alcoholemia» supera los 0,5 gramos por litro en sangre (o 0,25 mg/L de aire espirado); excepto en los casos de conductores con menos de 2 años de carné o los profesionales (camioneros y conductores de autobuses), en los que la cifra es de 0,3 g/L de alcohol en sangre, que equivale a 0,15 mg/L en aire.

Evidentemente, en el mercado de seguros viene a ser una práctica habitual que en las pólizas del contrato de seguro de vehículos a motor se incluya una cláusula de exoneración de la responsabilidad en caso de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En este supuesto, ante la existencia un siniestro derivado de la circulación de vehículos a motor, la compañía de seguros se niega a indemnizar bajo la premisa de la existencia de dicha cláusula limitativa de exclusión de los accidentes causados en situación de embriaguez habitual del asegurado.

En este sentido, merece destacarse la importantísima STS de 24 de mayo de 2013, siendo Ponente el Excmo. Sr. D.: Francisco Javier Arroyo Fiestas, que, modificando la doctrina imperante, obliga a la compañía de seguros del conductor causante del accidente a indemnizar, a pesar de existir una tasa de alcoholemia de 2,16 g/l. Este pronunciamiento judicial resulta ser extremadamente relevante en torno a dos cuestiones diferentes: 

1. La compañía de seguros no puede alegar intencionalidad en el accidente, porque alguien conduzca bebido, ya que el hecho de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, no se asimila a las figuras delictivas de riesgo dolosas o intencionales.

2. Asimismo, entiende la cláusula de exoneración de la responsabilidad bajo la influencia de bebidas alcohólicas como una clausula limitativa de los derechos del asegurado, y por tanto, debe ser expresamente aceptada por el asegurado. Esto supone que debe existir una aceptación expresa, y no la mera inclusión en un clausulado general.

En relación al segundo punto al considerarse este tipo de cláusulas de exclusión de la póliza en los supuestos de embriaguez, como cláusulas limitativas, para su aplicabilidad es imprescindible que conste claramente y expresamente su aceptación por el asegurado. Por ello, la Compañía de Seguros solo podrá exonerarse en los supuestos de indemnizaciones derivadas de accidentes en las que en el asegurado se le detecte una situación de embriaguez legal, cuando en la póliza conste expresamente y por escrito la aceptación por el asegurado de exclusión de responsabilidad de la Compañía Aseguradora y no en cualquier otro supuesto. 

En relación al primer punto, la citada Sentencia, sobre la base de otras anteriores (22 de diciembre de 2008 y 7 de julio de 2006), concluye que: 

“la cláusula que excluye en la póliza litigiosa los accidentes producidos en situación de embriaguez manifiesta debe considerarse, así, como limitativa, por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente." 
“Sólo son susceptibles de ser consideradas como intencionales las situaciones en las que el asegurado provoca consciente y voluntariamente el siniestro o, cuando menos, se lo representa como altamente probable y lo acepta para el caso de que se produzca (…) esto es, los supuestos de dolo directo o eventual sobre el resultado, sin extenderlo a supuestos en que se comete intencionadamente una infracción, pero no se persigue la consecuencia dañosa producida o no se asume o representa como altamente probable”. 
“A la vista de esta doctrina se debe excluir la inasegurabilidad de la conducción en estado de embriaguez, y no sería de aplicación el art. 19 de la LCS, dado que no consta intencionalidad en la causación del siniestro.”

Efectivamente, en el ámbito del Derecho Penal, y a efectos de perfilar esta conclusión doctrinal, resulta conveniente referirnos brevemente a la explicitación de la teoría del dolo penal. Así, la tipicidad de la conducta reviste, además de una faceta objetiva (imputación objetiva), otra subjetiva. Su contenido es la representación o el conocimiento por parte del agente de los elementos de la tipicidad objetiva. Es decir, se trata de que la faceta objetiva del hecho (el riesgo desplegado por la conducta) sea conocida por el sujeto. Comprender lo hecho como doloso es objeto de la llamada "tipicidad subjetiva" o "imputación subjetiva". 

Puesto que la conducta reviste una faceta externa y otra interna, también las descripciones legales (los tipos) incluyen elementos externos u objetivos, como también internos o subjetivos. En la tipicidad subjetiva se trata de comparar la conducta histórica concreta realizada con la descripción abstracta plasmada por el legislador en una norma.

Entendemos por dolo el conocimiento por el agente del riesgo que encierra su conducta. Con otras palabras, la conciencia de realizar los actos del tipo. No se exige que además sepa que está prohibido, lo cual no es objeto del dolo, de la tipicidad subjetiva, sino de la culpabilidad. La legislación penal española no aporta una definición de dolo. Sí se refiere en cambio a los casos en los que desaparece el dolo (el desconocimiento o error: art. 14.1-2 CP), que no son referidos a la voluntad, en cambio. De aquí se deriva que para el dolo baste el conocimiento, concretamente, del riesgo de la conducta. La definición idónea a nuestro parecer es la del dolo como conocimiento del riesgo de la conducta.

Como elemento interno que es, el dolo no es perceptible por los sentidos, sino que se atribuye o imputa en virtud de inferencias: es decir, se deriva de datos exteriores perceptibles. Así, el dolo exige la prueba, desde una perspectiva ex ante, de que el sujeto actualizó conscientemente las reglas de experiencia adquiridas en el cotidiano proceso de aprendizaje que le permitían anticipar las consecuencias de las propias acciones.

Tradicionalmente el dolo se ha clasificado en dolo directo de primer grado o intención (conciencia y voluntad predominante de realizar la conducta), dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias (voluntad de realizar la conducta con conciencia clara de la producción de ciertas consecuencias como inevitables) y dolo eventual o de consecuencias eventuales (conciencia dudosa de estar realizando los actos que exige el respectivo tipo de un delito). Además de padecer un elevado psicologicismo (lo cual ya es inadecuado para un saber práctico como es el Derecho, una vez que, conceptualmente, el dolo es conocimiento, y no voluntad), dicha tripartición carece de sentido, si no fuera porque hay una serie de casos de difícil enjuiciamiento; aquellos en los que no es fácil distinguir el dolo (eventual) de la imprudencia (L.5 y N.32). Para diferenciar ambos grupos de conductas entre el dolo y la imprudencia, se han propuesto diversos criterios: entre otros, el del consentimiento o aprobación (será dolo eventual si el sujeto al menos se conforma con lo que vaya a pasar), el de la probabilidad (será dolo eventual si el sujeto cuenta con una elevada probabilidad de producción del resultado), el del sentimiento (será dolo eventual si demuestra al obrar un desprecio por el bien jurídico afectado). Pero dichos tres criterios no son satisfactorios. El del consentimiento, porque no resuelve sino que sólo traslada el problema a la decisión de si el agente consintió o aprobó la conducta (petición de principio); el de la probabilidad, porque no indica qué grado de probabilidad se exige como suficiente para afirmar el dolo; y el del sentimiento porque confunde el dolo con una actitud interna. 

El criterio diferenciador debe provenir del concepto mismo de dolo: si el dolo es conocimiento, dejará de existir, para entrar en el ámbito de la imprudencia, cuando se dé un error; es decir, la clave está en identificar un momento de error sobre el riesgo del tipo, lo cual hará que la conducta pueda considerarse como imprudente. Sin embargo, hay casos de desconocimiento o error que, sin embargo, se consideran dolosos. Son aquellos supuestos en los que el agente conoce que desconoce el riesgo de su conducta y, a pesar de ello, continúa actuando; el sujeto sabe que está en error y sigue obrando. Se trataría de casos de error que no dejan de imputarse (como imprudencia), sino que se imputan a quien lo padece como dolosos (hay en efecto algo de imputación extraordinaria en estos casos) – Teoría del Dolo. Autor: Universidad de Navarra. Área de Derecho Penal. El sistema español: los delitos. Crimina 3.4.


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