23 de abril de 2014

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El Daño derivado de la vulneración del Derecho Fundamental a un Proceso Civil sin dilaciones indebidas

A pesar que el objeto del presente artículo se incardina dentro de la esfera del Derecho Administrativo, la responsabilidad patrimonial del Estado guarda una estrecha relación con la responsabilidad civil por cuanto, en ambos casos, el elemento causal es la producción de un daño que debe ser resarcido. En efecto, la responsabilidad por los daños causados por los órganos judiciales viene establecida en el artículo 121 de la Constitución Española: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”. 

Los precedentes legislativos de este precepto se encuentran en las Constituciones de 1812 (art.254), de 1837 (art. 67), de 1845 (art. 70), de 1869 (art. 98) y 1876 (art. 81). En la constitución de 1931, el artículo 99 se refería a la responsabilidad de los jueces y el 106 reconocía la indemnización por error judicial – cfr. art. 9.3 de la CE que garantiza además la responsabilidad de los poderes públicos. Esta responsabilidad opera sin perjuicio de la que pueda exigirse a título individual a Jueces y Magistrados, también prevista en la Constitución y en los arts. 411 a 413 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia en sus artículos 292 a 297, contemplando distintos supuestos de responsabilidad de los órganos judiciales: la imputable a error judicial, la que sea consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y la responsabilidad por prisión provisional una vez que se ha dictado sentencia absolutoria por inexistencia del hecho imputado o auto de sobreseimiento libre por esta misma causa. En todos los casos es preciso que concurran tres requisitos: a) La producción de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas; b) que el mismo sea imputable al servicio de la Administración de Justicia y c) que no tenga su origen en casos de fuerza mayor y exista una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actuación del órgano judicial y el daño reclamado - cfr. art. 292, 294.1 y 297 LOPJ

El supuesto indemnizatorio del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia deriva directamente del funcionamiento irregular de los servicios judiciales que constituyen la estructura de la Administración de Justicia y abarca aquellas anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial y produciendo un daño a los justiciables, se producen por un irregular funcionamiento objetivo, sin que sea necesario dolo o culpa por parte del agente causante en el seno del proceso o de la actividad administrativa que sirve de soporte – cfr. art. 295 y STS de 11 de noviembre de 1.993. 

Mención aparte merece el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, porque el quebrantamiento o vulneración de este derecho es un supuesto tipo de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Efectivamente, paradigma del supuesto contemplado de este supuesto indemnizatorio lo constituye el derecho en plazos razonables o sin dilaciones indebidas en la tramitación de un proceso judicial y que viene reconocido como derecho fundamental en el artículo 24.2 CE y en diferentes tratados internaciones que, en materia de responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, debe cohonestarse con el artículo 121 del mismo texto legal. 

En el Derecho Comparado, encontramos el artículo 14.3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 que garantiza que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. De igual forma, el artículo 6º del Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 garantiza el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea firmada en Niza el 20 diciembre de 2000, en su art. 47, 2º y, a propósito de las garantías del proceso debido, incluye el relativo a que la causa sea examinada en un plazo razonable. 

Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional estima que la noción de dilación procesal indebida es reconducible a un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto debe ser obtenido mediante la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. En este sentido, la identidad entre las expresiones plazo razonable y sin dilaciones indebidas no puede llevar a entender que el derecho fundamental consagrado en el art. 24.2 de la CE lo sea al cumplimiento estricto de los plazos, institucionalizado un derecho a los plazos procesales – Cfr. STC 36/1984, de 14 de marzo, 5/1985, de 23 de enero, y 133/1988, de 4 de julio, entre otras. Por lo tanto, no toda infracción de los plazos procesales constituye un supuesto de dilación procesal indebida. Para apreciarlo habrá que acudir a criterios tales como la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que en aquél arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades. 

En una apretada síntesis, suele entenderse que un proceso sin dilaciones indebidas es el que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción, pues no cabe duda que el tiempo debido que debe ocupar un proceso es el necesario para realizar la actividad que requiere la tutela efectiva y el debido proceso y ello debe hacerse en el menor tiempo posible – Cfr. STC 43/1985, de 22 de marzo y 324/1994, de 1 de diciembre.

Asimismo resulta de interés la STC 153/2005 de 6 junio, que pone de manifiesto que si la interdicción de las dilaciones indebidas es un derecho invocable en todo tipo de procesos, lo es con mayor razón en el proceso penal, en el que el celo del juzgador ha de ser siempre mayor a la hora de erradicar las dilaciones indebidas, y, en concreto, en los procesos en que se depura la eventual responsabilidad penal de menores - Cfr. STC 177/2004, de 18 de octubre, 220/2004, de 29 de noviembre, 63/2005, de 14 de marzo, 153/2005, de 6 de junio, 233/2005, de 26 de septiembre y 5/2010 de 7 abril.

La STC 178/2007, de 23 de julio de 2007, siendo ponente el magistrado Guillermo Jiménez Sánchez, estima el recurso de amparo por haber sido vulnerado el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) en la tramitación de un juicio ordinario ante un juzgado de primera instancia. El recurso en cuestión fue promovido por una entidad mercantil que aducía que se había vulnerado su derecho a no padecer dilaciones indebidas en un proceso civil en el que, tras la tramitación del procedimiento iniciado por ella mediante demanda presentada el 30 de septiembre de 2003, tuvo lugar el juicio el día 29 de abril de 2005, sin que con posterioridad a este momento se hubiera procedido a dictar la sentencia correspondiente, pese a que en al menos tres ocasiones se solicitó del juzgado que se pronunciara.

El Ministerio Fiscal público interesó la estimación del amparo al considerar que ni la complejidad del proceso, ni la actitud procesal diligente de la sociedad actora, podían justificar la extraordinaria demora en dictar la sentencia que habría de poner fin al proceso. En aplicación de la doctrina del Tribunal (STC 100/1996, de 11 de junio; STC 140/1998, de 29 de junio; S32/1999, de 8 de marzo; STC 58/1999, de 12 de abril; STC 153/2005, de 6 de junio, y STC 4/2007, de 15 de enero), la sentencia llega a la constatación de que ha resultado lesionado el derecho fundamental invocado porque, prescindiendo de las paralizaciones que el curso procesal padeció entre la presentación de la demanda y la celebración del juicio oral, pues no consta que frente a tales paralizaciones o pretendidas demoras se cumpliera con el requisito de denunciarlas, “lo cierto es que desde la fecha del juicio comenzó el término para dictar sentencia, que no había sido pronunciada al tiempo de formularse la demanda de amparo (el día 15 de febrero de 2007)”. “Los más de veintiún meses transcurridos sin que el juez dictase la sentencia correspondiente –se añade– exceden con mucho del tiempo que razonablemente cabe admitir por encima del determinado legalmente para pronunciar sentencia”.

Se dice en esta sentencia que no se trata de identificar el derecho a no padecer dilaciones indebidas con el respeto de los plazos procesales, sino de considerar constitucionalmente incompatible con los derechos fundamentales una demora en la realización de actos procesales que sobrepase lo razonable atendida la naturaleza, la complejidad del proceso y la actitud procesal de las partes intervinientes en él. Al respecto, el Tribunal Constitucional observa que no consta que el proceso judicial revistiera especial complejidad, ni que la actitud procesal de las partes supusiese un obstáculo añadido que pudiera justificar la extraordinaria demora en el dictado de la sentencia. Ni siquiera se había emitido en la fecha de la sentencia de amparo, pese a que por tres veces la parte demandante se dirigió al órgano judicial solicitando que la dictase (incluso en dos ocasiones invocando, nominatim, la vulneración de su derecho a no padecer dilaciones indebidas), cumpliendo así con el requisito que, con carácter sustantivo y de acuerdo con la faceta reaccional característica de este derecho fundamental (STC 153/2005, de 6 de junio), exige la doctrina constitucional (por todas la STC 4/2007, de 15 de enero): “Es necesario denunciar previamente el retraso o dilación, con el fin de que el juez o tribunal pueda reparar la vulneración que se denuncia, de forma que, si previamente no se ha agotado tal posibilidad, la demanda ante el Tribunal Constitucional no puede prosperar.

Esta exigencia obedece, ante todo, al carácter subsidiario del amparo, que determina que sean los órganos judiciales los encargados de dispensar en primer lugar la tutela de los derechos fundamentales. Pero también responde al deber de colaboración de todos, y, especialmente, de las partes, con los órganos judiciales en el desarrollo del proceso a los que se encomienda, en definitiva, la prestación de la tutela prevista en el art. 24 CE”. 

Asimismo, hay que destacar que según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, es requisito necesario que con carácter previo, se hayan denunciado las dilaciones ante el órgano judicial, no siendo éste un mero requisito formal “sino que tiene como finalidad permitir a los órganos judiciales que puedan remediar las dilaciones y, de este modo, salvaguardar al carácter subsidiario del recurso de amparo” - Cfr. STC de 11 de diciembre de 2000

Cabe resaltar que las demandas de amparo por dilaciones indebidas, tal y como expresa la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de mayo de 2.000, una vez que el proceso ha terminado, carecen de viabilidad y de objeto. Determina el Tribunal que “para supuestos como el ahora enjuiciado de denuncia de dilaciones ya cesadas en el momento de formularse la demanda de amparo, el cauce que el ordenamiento (arts. 121 CE y arts. 292 y ss. LOPJ) arbitra para la reparación del eventual perjuicio causado por tales dilaciones es la acción de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, y no el recurso de amparo constitucional.

Como hemos dejado constatado, no siempre que las actuaciones procesales se prolonguen dilatadamente en el tiempo estaremos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial, sino únicamente cuando dicho retraso sea reprochable al órgano judicial y, en este sentido, se expresa la doctrina jurisprudencial, la cual ha venido y rechazado la declaración de responsabilidad en diferentes pronunciamientos. La STS de 16 de febrero de 1.998, exime de responsabilidad a la Administración de Justicia por cuanto: “no cabe imputar directamente al órgano judicial la dilación en la tramitación procesal, puesto que del examen de lo actuado, se infiere que, rigiéndose el proceso de menor cuantía por el principio dispositivo, fue la parte demandada la que con sus constantes actuaciones dilatorias y omisivas en la tramitación del proceso, propiciaron sucesivas actuaciones instadas por la procuradora de la parte actora, que produjeron la dilación final reconocida en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que no es imputable al órgano judicial”.

Por el contrario, la STS de 12 de junio de 1.999, en un caso en que la tramitación de la causa penal, que carecía de una especial complicación, se prolongó durante diez años, señala el Tribunal que la investigación sumarial no fue singularmente compleja al tratarse de un hecho concreto, cometido en un momento determinado, y con los presuntos autores puestos a disposición judicial de inmediato, por lo que estima que el tiempo máximo de duración debería haber sido de tres años.
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