3 de mayo de 2014

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La Rescisión por Lesión Ultra Dimidium en la Compilación de Derecho Civil de Catalunya

Derivado del vocablo latino rescindere, el término rescindir viene a significar dejar sin efecto un contrato. Los contratos rescindibles son perfectamente válidos pues reúnen todos sus requisitos esenciales, no infringen prohibición legal alguna y no están afectados por ningún vicio de la voluntad. En un sentido técnico-jurídico la rescisión contractual es una forma de ineficacia funcional que se produce en aquellos supuestos en los que un contrato válidamente celebrado contribuye a obtener un resultado no permisivo por el ordenamiento jurídico- son rescindibles los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, los celebrados en representación de los ausentes, los celebrados en fraude de acreedores o los contratos que se refieran a cosas litigiosas y obliga a la devolución de las cosas dadas con sus frutos e intereses legales.


De la regulación contenida en el Código Civil se deduce las causas de la rescisión en nuestro Derecho Civil Contractual: la rescisión por lesión en sentido estricto, la rescisión por fraude y la rescisión por motivos legales – Cfr. arts. 1290, 1292 y 1295 CC. En esencia la rescisión contractual por lesión significa sencillamente un perjuicio patrimonial para uno de los sujetos del negocio y en particular para una de las partes contratantes y como causa de ineficacia viene establecidas en el artículo 1291 CC:

1. Los contratos que pudieran celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos. Los contratos que celebre el menor por sí solo serán anulables y no rescindibles. Tampoco serán rescindibles los contratos que celebre el tutor con autorización judicial, respecto de los cuales podrá el menor, para reparar los perjuicios que le causen, exigir la responsabilidad en que haya podido incurrir el juez al conceder la autorización al tutor. Finalmente, aquellos contratos que, necesitando autorización judicial, celebre el tutor por sí solo, serán directamente nulos por incumplimiento de ese requisito. 2. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión en más de la cuarta parte del valor de la cosa, y no se haya celebrado el contrato con autorización judicial. 3. La partición de la herencia, siempre que la lesión sea en más de la cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas cuando fueran adjudicadas.

La Compilación de Derecho Civil de Catalunya, aprobada por Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, regula en sus artículos 321 y siguientes el ejercicio del derecho de los transmitentes a rescindir la transmisión de bienes inmuebles cuyo precio o contraprestación sea inferior a la mitad del valor de mercado de dichos inmuebles. Esta facultad se conoce como rescisión por lesión ultra dimidium (esto es, en más de la mitad) y tiene connotaciones diferentes a la rescisión por lesión prevista y regulada en el Código Civil común – Cfr. La Compilación Navarra de 1973 que regula ampliamente la rescisión por lesión (Leyes 499 a 507, que forman un capítulo dentro del título «De las obligaciones en general»). 

En cuanto a la historicidad legal de la acción rescisoria la STSJ de Catalunya de 20 de diciembre de 1990 nos indica que la misma se remonta a los albores del Derecho Romano: 

“La acción rescisoria por lesión enorme tiene su precedente en el Rescripto de Diocleiano del año 285 de donde pasó a ser la famosa lex secunda del Código justinianeo y alcanza pleno desarrollo gracias a la doctrina de Tomás de Aquino sobre el precio justo, traducción cristiana de la noción de justicia conmutativa tal como aparece en la Etica nicomaquea de Aristóteles. En los siglos medios y hasta la edad contemporánea fue una institución presente en la práctica totalidad de Europa, del Mediterráneo al Báltico. Los azares de la codificación y el predominio en cada momento de los que podemos llamar, simplificando, «liberales» o «tradicionalistas» determinaron en cada caso la recepción o el rechazo de la acción rescisoria por lesión. Así, la Convención Nacional francesa la suprimió por Decreto de 14 de Fructidor del año III y, sin embargo, los redactores del Code civil la restablecieron en 1804 con el voto favorable de todos los Tribunales consultados salvo el de Rouen. Los redactores de nuestros Códigos civiles, olvidando la presencia de esta institución en el Fuero Real, en la Partida Quinta, en el Ordenamiento de Alcalá e incluso en la Novísima Recopilación, prescindieron de ella, no por copiar el Código francés, como dice erróneamente algún autor, sino convencidos por las razones de Florencio García Goyena para quien «el autor del Fuero Real y de las Partidas se propuso desnaturalizar y romanizar la legislación española» y que considera la acción rescisoria «un manantial perenne de pleitos difíciles de resolver»; y por los argumentos de Felipe Sánchez Román: «el recurso de la lesión es una herejía, porque trata de sustraer el precio de las cosas al natural influjo de las leyes de la oferta y de la demanda.” 

En efecto, como hemos tenido oportunidad de señalar más arriba, el Código Civil, en sus artículos 1291 y siguientes, prevé la rescisión por lesión principalmente en los casos de contratos en perjuicio de incapaces, tutelados y ausentes, mientras que la Compilación catalana no condiciona la rescisión a ninguna cualidad subjetiva del transmitente. Los requisitos para que opere la rescisión por lesión ultra dimidium en Catalunya son los siguientes:


1. Respecto a los contratos rescindibles, únicamente aquellos en que se transmitan bienes inmuebles que estén ubicados en Catalunya. El criterio que determina la aplicación de la Compilación catalana es la ubicación del inmueble no teniendo trascendencia jurídica para modificar la legislación aplicable ni la nacionalidad ni la vecindad civil de transmitente y/o adquirente. 


2. La causa por la que se puede instar la rescisión, es objetiva: que el precio o el valor de transmisión sea inferior en más de la mitad al valor de mercado del inmueble. En la época medieval, el fundamento de la rescisión era el dolo o engaño motivado por la propia cosa, de ahí que se conociera a esta acción con la expresión engany a mitges. Sin embargo, al regularse esta acción en la Compilación, el legislador acogió las Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras la de 25 de noviembre de 1935, donde el ejercicio de la acción de fundamentaba en comprobar si el precio de transmisión cumplía el requisito objetivo de ser inferior en más de la mitad del valor del inmueble. 

3. Las personas que pueden instar la acción de rescisión son exclusivamente los transmitentes o sus herederos, nunca los adquirentes. 

4. La acción para rescindir por lesión una transmisión de inmueble tiene un plazo de caducidad de cuatro años desde la fecha del contrato de transmisión. Quizá proceda incidir en que se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción, lo cual comporta que si la acción judicial no se inicia antes de que transcurran los cuatro años desde la citada fecha, se pierde el derecho a ejercerla a diferencia de lo que ocurre con la prescripción, en la que basta el requerimiento fehaciente y extrajudicial al adquirente para que vuelva a comenzar el cómputo del plazo. 

5. Los transmitentes pueden renunciar a la acción de rescisión pero dicha renuncia tiene que realizarse con posterioridad a la transmisión, excepto en Tortosa que puede realizarse en el mismo contrato de transmisión. 

6. El cálculo del valor del inmueble a fin de conocer si el precio de transmisión fue inferior a la mitad del valor de mercado, suele ser el valor de confrontación. Dicho valor se obtiene mediante una pericial en la que se compare el inmueble transmitido con otros inmuebles de similares características, ubicación, cargas, situación urbanística, etc. 

7. Los contratos que pueden ser objeto de rescisión por lesión son expresamente, según el artículo 321 primer párrafo de la Compilación: las compraventas, permutas y aquellos de carácter oneroso, habiendo incluido la jurisprudencia en tal concepto, como susceptibles de rescisión por lesión, la dación en pago (p.ej. Sentencia TSJC 4 de julio de 1990); las compraventas mercantiles dependiendo, de la intencionalidad del comprador (a modo de ejemplo Sentencia TSJC 30 de diciembre de 2008); el contrato de opción de compra y la venta a carta de gracia. 

8. Los contratos no rescindibles por lesión son expresamente, según el artículo 321 segundo párrafo de la Compilación: las compraventas o enajenaciones hechas a través de subasta pública; los contratos en los que el precio o contraprestación haya estado decisivamente determinado por su carácter aleatorio o litigioso, debiendo tratarse de una aleatoriedad tanto para el transmitente como para el adquirente; los contratos realizados por deseo de liberalidad del transmitente. 

9. Si el resultado de una demanda de rescisión por lesión del contrato es exitoso para el transmitente, la consecuencia no conlleva necesariamente la ineficacia del contrato ya que el adquirente puede mantener la propiedad del inmueble y por tanto la eficacia del contrato satisfaciendo la diferencia entre el precio o contraprestación en su día abonado y el que efectivamente es el valor del inmueble, todo ello más los intereses de demora. Dicho pago puede realizarse en fase de ejecución de sentencia. Así se han pronunciado diversas sentencias, entre otras y a modo de ejemplo, Sentencia TSJC 2 de julio de 2001, y TSJC 42/2009, de 2 de noviembre.

La citada STSJC de Catalunya de 20 de diciembre de 1990 explícita claramente el origen y naturaleza de la acción rescisoria por lesión ultra dimidium contemplada en el Derecho Foral Catalán – Cfr. Sentencia TSJC de Catalunya de 4 de julio de 1990, 30 de diciembre de 2008:

“(…) En Cataluña la acción rescisoria por lesión << ultra dimidium>> no aparece en la «Memoria acerca de las instituciones de Derecho civil de Cataluña» redactada por Manuel Durán y Bas en 1883, ni figura en el «Proyecto de Apéndice del Código civil para Cataluña» elaborado por la Academia de Derecho en 1896. Reaparece, aunque de modo muy limitado, en Memoria de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, correspondiente al año 1899. La Compilación de 1960 la mantuvo con las modificaciones que expresa y justifica el discurso de presentación parlamentaria.  
El Decret Legislatiu 1/1984, de 19 de juliol se limita a repartir en cinco artículos y dos capítulos lo que estaba en un capítulo de tres artículos. Con todo ello queremos significar que el escepticismo respecto a la acción rescisoria, apenas velado en la Sentencia recurrida, tiene ilustres precedentes en Cataluña y fuera de ella, y es tan defendible como la posición contraria. Pero este Tribunal rehuyendo polémicas doctrinales y ciñéndose a su labor nomofiláctica se ha de limitar a precisar el alcance de la rescisión por lesión en el Derecho civil catalán vigente para determinar, a continuación, si ha sido correctamente aplicado por la Sala de instancia.  
La Compilación de Derecho Civil de Catalunya, aprobada por Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, regula en sus artículos 321 y siguientes el ejercicio del derecho de los transmitentes a rescindir la transmisión de bienes inmuebles cuyo precio o contraprestación sea inferior a la mitad del valor de mercado de dichos inmuebles – Cfr. La Compilación Navarra de 1973 que regula ampliamente la rescisión por lesión (Leyes 499 a 507, que forman un capítulo dentro del título «De las obligaciones en general»).  
Esta facultad se conoce como rescisión por lesión ultra dimidium (esto es, en más de la mitad) y tiene connotaciones diferentes a la rescisión por lesión prevista y regulada en el Código Civil común a pesar que el art. 324 del Texto Refundido de la Compilación catalana remite en tema de efectos de la rescisión a la regulación del Código Civil, si bien con ciertas limitaciones, al disponer que: “será aplicable a la rescisión lo dispuesto en el artículo 1.295 del Código civil pero no tendrán que ser restituidos los frutos o intereses anteriores a la reclamación judicial, y habrán de ser abonados los gastos extraordinarios de conservación o refacción y las mejoras útiles.”, añadiendo el art. 325 que: “El comprador o adquirente demandado podrá evitar la rescisión mediante el pago en dinero al vendedor o enajenante del complemento del precio o valor lesivos, con los intereses, a contar de la consumación del contrato.”
La reciente STSJ de Catalunya de 23 de enero de 2013 reitera ampliamente la doctrina jurisprudencial sobre el fundamento de la rescisión por lesión ultra dimidium y su configuración en bases a criterios puramente objetivos. 
“(…) En cuanto al fundamento del instituto de la rescisión por lesión ultra dimidium, que, a diferencia de lo invocado por la sociedad demandada y aquí recurrente, la Compilació de Dret Civil de Catalunya, y concretamente su artículo 321, configura la rescisión por lesión en base a unos criterios eminentemente objetivos, puesto que, según el precepto, son rescindibles los contratos en los cuales el enajenante haya sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, aunque en el contrato concurran todos los requisitos necesarios para su validez, es decir, el contrato es rescindible si existe lesión en más de la mitad del justo precio, con independencia de que el enajenante se encuentre o no en estado de necesidad y con independencia, también, de que haya intervenido o no un vicio del consentimiento en la formación de la voluntad contractual del enajenante.  
La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha seguido este criterio de forma reiterada y pacífica, como resulta de las siguientes resoluciones:
La Compilación del derecho civil especial de Cataluña atribuye a la rescisión por lesión un fundamento puramente objetivo, puesto que no se requiere la concurrencia de error, engaño o necesidad (SSTSJC de 4 de julio de 1990 y 25 de mayo de 2000). Así la primera de dichas sentencias, la 9/1990, de 4 de julio, expresa en su FD4.º:  
"La institución de la rescisión por lesión enorme o ultra dimidium tiene una larga historia desde los rescriptos del siglo III atribuidos a los emperadores Diocleciano y Maximiano, posteriormente recogidos en el Codex de Justiniano, hasta su inserción en el Derecho Civil Catalán compilado. Sólo interesa destacar que en su origen fue probablemente, una medida coyuntural para proteger a pequeños propietarios rurales descapitalizados frente a las presiones de los grandes terratenientes. La doctrina medieval del precio justo hizo que la institución cobrase una amplitud desmesurada, aumentando paralelamente los expedientes para eludirla. Juzgada incompatible con los presupuestos del liberalismo económico, los ordenamientos que, tras algunas vacilaciones, la conservan, cual es el caso del Derecho Civil Catalán, lo hacen de modo limitado. No puede sorprender que en su larga evolución histórica los fundamentos atribuidos a la rescisión por lesión hayan sido cambiantes. La escueta razón dada por la Compilación justinianea -humanum est- fue interpretada en el sentido de que la institución venía a remediar supuestos de error -espontáneo o inducido mediante engaño- en la apreciación del valor de la cosa enajenada; o aquellos otros en que el consentimiento aparece viciado por la inexperiencia o la necesidad. En la Compilación vigente, el abandono de la tradicional expresión catalana «engany de mitges» coincide según la doctrina más cualificada, con la atribución de un fundamento puramente objetivo a la rescisión por lesión. Los contratos onerosos relativos a bienes inmuebles serán rescindibles «aunque concurran todos los requisitos necesarios para su validez» cuando el enajenante haya sufrido lesión en más de la mitad del justo precio (art. 321.1). No se requiere la concurrencia de error, engaño o necesidad que, según su trascendencia, podrían determinar la ineficacia del contrato con sujeción a las normas comunes del derecho de obligaciones" .  
El artículo 321 de la Compilación del derecho civil especial de Cataluña prevé que la resolución se produciráaunque en el contrato concurran todos los requisitos necesarios para su validez, con la consecuencia de que se rechaza la doctrina de la presunción iuris tantum de vicio de la voluntad y, por ello, la rescisión no requiere el complemento de otras circunstancias o elementos subjetivos para su procedencia (STSJC 12/1990, de 20 de diciembre). Dicha sentencia proclama, en su FD3.º:  
"La sentencia recurrida sienta la afirmación de que «si la desproporción en el precio es tan enorme que excede de la mitad, resultando precio vil o rayano en irrisorio el estipulado, la venta torna rescindible por el solo hecho de la lesión, salvo que el comprador desvirtúe por prueba en contrario la presunción iuris tantum de que en tal supuesto el vendedor no contrató libremente, sino con voluntad captada por error o engaño, o acuciado por necesidad agobiante de vender... » En opinión de la Sala de instancia, la venta en menos de la mitad del justo precio presume -salvo prueba en contra a cargo del comprador- que el vendedor contrató con la voluntad viciada por error, engaño o acuciante necesidad, parecer subjetivista que considera la lesión como vicio del consentimiento con regulación análoga a la prevista por los arts. 1265 y siguientes del Código civil. Tesis que choca frontalmente con el art. 321.1 de la Compilación cuando prevé que la resolución se producirá «aunque en el contrato concurran todos los requisitos necesarios para su validez». La doctrina de la presunción iuris tantum de vicio de la voluntad, si bien ha sido sostenida por algún ilustre hipotecarista y recogida en aisladas sentencias, verbigracia la de 23 de noviembre de 1955, es rechazada por la doctrina catalana ampliamente mayoritaria. Así, Borrell i Soler nos dice que aunque se hable de dolo o engaño, estos vicios de consentimiento no son necesarios ni suficientes para obtener la rescisión, sino que precisa y basta probar el verdadero valor de la cosa y que, comparado el precio, guarda la desproporción expresada. Se aplica pues -concluye Borrell- un criterio meramente objetivo». La jurisprudencia -anterior y posterior a la Compilación- concede el mismo fundamento objetivo a la rescisión por lesión. Considerando que ni de la letra ni del espíritu de las leyes citadas del Código de Justiniano, ya aisladamente examinados, ya en relación con otros afines del mismo cuerpo legal, puede deducirse que la lesión ultra dimidium requiera, como causa de rescisión de la compra-venta, el complemento de otra o elementos subjetivos para su existencia... » (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1935). «La figura del Derecho foral catalán de la rescisión por lesión ultra dimidium o engany de mitges... no requiere le complemento de otras circunstancias o elementos subjetivos para su existencia o eficacia (a diferencia de lo que para el Derecho foral navarro impone la Ley 499 del Fuero nuevo), pues se entendía que el engaño iba embebido en la lesión misma (Sentencia del T.S. de 3 de diciembre de 1981 y, en idéntico sentido la de 18 de marzo de 1982). Este Tribunal Superior ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema en la Sentencia de 4 de julio del presente año: «En la Compilación vigente, el abandono de la tradicional expresión catalana de engany de mitges coincide, según la doctrina más autorizada, con la atribución de un fundamento puramente objetivo a la rescisión por lesión. Los contratos onerosos relativos a bienes inmuebles serán rescindibles, aunque concurran todos los requisitos necesarios para su validez, cuando el enajenante haya sufrido lesión en más de la mitad del justo precio (art. 321.1). No se requiere la concurrencia de error, engaño o necesidad que, según su trascendencia, podría determinar la ineficacia del contrato con sujeción a las normas comunes del derecho de obligaciones».  
Y la sentencia 11/2000, de 25 de mayo, proclama en su FD3.º:  
"Ahora bien, en sede del vigente derecho civil catalán esta institución tiene hoy una naturaleza jurídica objetiva -como ya puso de manifiesto la sentencia de esta sala de 20 de diciembre de 1990 y repitieron las de 22 de diciembre de 1993 y 20 de octubre de 1995 -, independiente, pues, de los vicios de consentimiento que hayan determinado la manifestación de voluntad (como demuestra el texto del primer párrafo del art. 321, ya repetido, en su inciso final: «[...] baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa»), a diferencia de lo que ocurre en el derecho navarro (Ley 499: «Quien haya sufrido lesión enorme, a causa de un contrato oneroso que hubiera aceptado por apremiante necesidad o inexperiencia, podrá pedir la rescisión del mismo») y a diferencia de lo que pudiera inducir a pensar su denominación de engany a mitges" .  
Es sabido, por ende, que la rescisión por lesión tiene carácter objetivo, puesto que el vendedor no necesita probar el vicio del consentimiento, toda vez que es suficiente que pruebe la lesión en más de la mitad del justo precio (STSJC 7/1992, de 8 de junio).  
Así, en la Compilación del derecho civil especial de Cataluña, el concepto de rescisión por lesión se refiere a los contratos que se han celebrado de manera eficaz, válida y efectiva, pero, como han producido un perjuicio a una de las partes y producen resultados injustos, la ley permite, a instancias del perjudicado, obtener la declaración de su ineficacia, porque la venta por menos de la mitad del justo precio y la acción de rescisión que de ella se deriva no significan ni hacen presumir que el vendedor contrató con la voluntad viciada por engaño, error o acuciante necesidad, toda vez que esto sería una postura subjetivista que consideraría la lesión como un vicio del consentimiento con una regulación semejante a la de los artículos 1265 y siguientes del Código civil (STSJC 32/1995, de 20 de noviembre). Dicha sentencia en su FD18.º, expone:  
"que el concepte de rescissió de l' art. 323 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya es refereix a contractes que s'han celebrat de manera eficaç, vàlida i efectiva, però com que han produït perjudici a una de les parts i se'n deriven resultats injustos, la llei permet, a petició del perjudicat, obtenir la seva declaració d'ineficàcia; perquè la venda en menys de la meitat del just preu, i l'acció de rescissió que això se'n pot derivar amb caràcter facultatiu per l'alienant, no significa ni fa presumir que el venedor va contractar amb la voluntat viciada per error, engany o acuciant necessitat, ja què això seria un parer subjectivista que consideraria la lesió com un vici del consentiment amb regulació semblant a la dels arts. 1265 i següents del Codi civil, tesi que com ja vàrem adduir en les nostres Sentències de 4 de juliol i 20 de desembre de 1990, topa frontalment amb l' article 321,1 de la compilació catalana quan preveu que la rescissió es produirà «baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa»; ja que la presumpció de via de la voluntat en aquesta matèria es rebutjada per la doctrina catalana àmpliament majoritària, i també per la jurisprudència anterior i posterior a la Compilació de Catalunya que confereix un fonament objectiu a la rescissió per lesió (Sentències del Tribunal Suprem de 25 de novembre de 1935, 3 de desembre de 1981 i 18 de març de 1982)".  
Y en su FD20.º: "Però ja hem comprovat abans, que aquesta tesi del vici del consentiment amb regulació semblant a la dels articles 1265 i següents, del Codi civil, no s'escau a la institució catalana de l'ultradimidium, i per tant aquest raonament està mancat de força jurídica" .  
En la misma línea se pronuncia la STSJC 34/2006, de 18 de septiembre, que hace un compendio de las anteriores, en su FD6.º, en el que añade:  
"A diferencia de la orientación del código civil de 1889 que no exige la equivalencia de las prestaciones en el momento de la perfección del contrato, en los contratos onerosos sobre bienes inmuebles regulados por el derecho civil catalán se mantiene la posibilidad de corregir la anomalía que para el enajenante supone no poder percibir al menos la mitad el justo precio correspondiente a la cosa dada, mediante el ejercicio de la acción de rescisión por lesión".  
Finalmente, la última de las sentencias dictadas por este Tribunal relativa a la materia que aquí nos ocupa, la STSJC 35/2008, de 9 de octubre, dispone en su FD4.º que:  

"En efecto, como hemos dicho en otras ocasiones la rescindibilidad de los contratos de compraventa por laesio enormis o en más de la mitad de su justo precio (ultra dimidium), que constituye una institución heredada del Derecho Romano y, más concretamente, del justinianeo (SS TSJC 38/1995 de 30 dic., 25 may. 2000, 13/2000 de 19 jun., 3/2005 de 31 de ene. y 11/2006 de 6 de marzo), vino a contradecir la inexigibilidad del precio justo en las ventas y la posibilidad de engaño entre los contratantes, según el principio liberal "tanto pagan, tanto vales". Sin embargo, en el vigente Derecho civil catalán y pese a su denominación tradicional ("engany a mitges") la institución ha adquirido una naturaleza jurídica objetiva (SS TSJC 12/1990 de 20 dic., 28/1993 de 22 dic. y 28/1995 de 19 oct.), independiente, pues, de los vicios de consentimiento que hayan determinado la manifestación de voluntad (art. 321.1 CDCC), a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Navarro (Ley 499)...  

De ahí se deduce la absoluta necesidad de que el precio sea una compensación estricta del valor de la cosa recibida, causalizándose, en consecuencia, la equivalencia de las prestaciones, lo que excluye de aquél cualquier elemento ajeno a dicha consideración (SS TSJC de 24/1998 de 2 oct. y 33/1998 de 7 dic.). De lo anterior se deduce claramente que el derecho catalán no sólo exige en las ventas la correspondencia de prestaciones, sino que exige también la equivalencia de las mismas. Por ello, si el enajenante sufre una lesión en más de la mitad del precio de lo vendido, se permite la rescisión..." (…).”
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