19 de mayo de 2014

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La doctrina de la DGRN y jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de admisibilidad del autocontrato en el Derecho Civil

Con el objetivo primordial de defender la necesidad de que en la celebración de un contrato existan dos consentimientos bien diferenciados, nuestro sistema jurídico civilista tradicionalmente ha negado la posibilidad de la autocontratación. No obstante, en la actualidad, esta figura jurídica, ha sido plenamente admitida por la doctrina y jurisprudencia, sujeta al cumplimiento de determinados límites o presupuestos – cfr., entre otras muchas, SSTS de 6 de marzo de 1909, 7 de noviembre de 1947, 5 de noviembre de 1956, 22 de febrero de 1958, 11 de junio, 14 de septiembre y 27 de octubre de 1966, y Resoluciones de la DGRN de 30 de julio de 1976, 11 de diciembre de 1977, 21 de mayo de 1993, 1 de junio de 1999 y 25 de abril de 2001.


En efecto, la autocontratación es una figura que carece de regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, se refieren a la misma diversos preceptos 163, 299, 1459, del Código Civil y 267 del Código de Comercio y cuenta con una gran transcendencia práctica en la órbita de las relaciones jurídicas de representación, mandato y apoderamiento y se encuentra en la actualidad ampliamente reconocida por la doctrina dimanante de la Dirección General de los Registros y del Notariado y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

La conceptualización de esta figura jurídica se define a partir del momento en que una persona, que puede afectar con su actuación a más de un patrimonio, crea por su sola voluntad relaciones jurídicas entre ellos obrando dentro del círculo de facultades que tiene. En este sentido, la STS de 13 de Junio de 2001 define el autocontrato como una situación que se da cuando existe una sola voluntad que hace dos manifestaciones jurídicas conjugadas y económicamente contrapuestas.

No obstante, la figura del autocontrato se puede definir en un sentido estricto y amplio. Stricto sensu, es un contrato consigo mismo, es decir, cuando una persona cierra consigo misma un negocio actuando a la vez como interesada y como representante de otra, sin que se elimine el mismo por el hecho de que concurran a la formación y otorgamiento del contrato dos o más personas, si responden a una sola voluntad contractual; existen instituciones que declaran que hay una sola declaración de voluntad y auto-contrato en un supuesto en que una persona actuaba como apoderado de los dueños de unos bienes para venderlos y, por la sociedad compradora lo hace un apoderado que recibe sus poderes del administrador, que es precisamente el apoderado de los vendedores, puesto que ese poder para comprar depende de la voluntad del administrador, como tal, en su origen, en su mantenimiento y ejercicio. 

Sensu amplo, existe autocontrato cuando una sola voluntad hace dos o más manifestaciones jurídicas y pone en relación dos o más patrimonios bien porque tiene la titularidad o representación de los mismos y hay colisión de intereses en esa relación. 

El Ordenamiento Jurídico comienza por señalar una serie de casos en los que la autocontratación no está permitida, en sede de patria potestad y tutela, albaceazgo, fundaciones y protectorado… Restringiendo el análisis al artículo 1459. 2 del Código Civil, este precepto señala que: “No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia: (…) 2º Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados. La STS de 19 de Febrero de 2001 dice que la finalidad perseguida por la prohibición de este artículo es evitar que el patrimonio del mandatario encargado de vender pueda enriquecerse en detrimento del mandante y la STS de 13 de junio 2001 aclara que la validez del autocontrato está en sintonía con la intrínseca finalidad de prevenir la colisión de intereses. 

Como señala la RDGRN de 28 de junio de 2003:

“El ordenamiento jurídico trata de garantizar que la actuación de los gestores de bienes y negocios ajenos se guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del principal o «dominus negotii» sin interferencia de los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el mandatario o gestor, que opera incluso en supuestos en que este último ni decide la venta del bien que gestiona ni determina su precio (cfr. artículos 221 y 1459, números 1 a 4, del Código Civil); b) los que sustraen expresamente al ámbito de poder del representante aquellos actos en que medie conflicto de intereses (cfr. artículos 162-2 y 221 del Código Civil); c) los que configuran una prohibición de concurrencia del gestor en los negocios del principal (cfr. artículos 288 Código de Comercio y 65 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, hoy derogada). En la actualidad, el artículo 229 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital señala: «1. Los administradores deberán comunicar al consejo de administración y, en su defecto, a los otros administradores o, en caso de administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad. El administrador afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera».”

En la legislación comparada, la mayoría de las legislaciones no hacen una referencia general sino que prohíben, en ciertos casos, la autocontratación. El Código Alemán es el más especial en este punto. Según el artículo 181 BGB, el autocontrato sólo es lícito cuando el representante ha sido expresamente autorizado para ello (por ley o por el mandante) o cuando el autocontrato consiste exclusivamente en el cumplimiento de una obligación. – cfr. Código Civil Alemán. Bürgerliches Gesetzbuch - BGB. 181 Insichgeschäft: “Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.”. Traducción al Inglés: “An agent may not, unless otherwise permitted, enter into a legal transaction in the name of the principal with himself in his own name or as an agent of a third party, unless the legal transaction consists solely in the performance of an obligation.”

A su vez, el Código Civil Italiano establece que “el contrato concluido por el representante en conflicto de intereses con el representado podría ser anulado a instancias del representado, si el conflicto era conocido o conocible por el tercero y que “es anulable el contrato que el representante concluya consigo mismo, en nombre propio o como representante de otra parte, a menos que el representado lo hubiere autorizado específicamente o que el contenido del contrato hubiera sido determinado de tal manera que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses” – cfr. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 que aprueba el Codigo Civil Italiano. Art. 1394 Conflitto d'interessi: “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Art. 1395 Contratto con se stesso: “E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (1735).

La STS de 29 de noviembre de 2001 constituye la línea jurisprudencial constante en materia de autocontratación y dice que: 

“El autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación (...) sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y en la jurisprudencia de esta Sala.”

Sobre la conceptualización del autocontrato, la RDGRN de 28 de junio de 2003 que:

“Como ha puesto de manifiesto esta Dirección General (cfr. Resoluciones de 17 de noviembre de 2000 y de 21 de mayo de 1993), no hay duda de que existe un supuesto de autocontratación cuando una misma persona actúa como administrador único de sociedades que tienen intereses contrapuestos en el negocio jurídico realizado (cfr. artículos 221.2.° del Código Civil y 267 del Código de Comercio). Y para el supuesto en que concurre esta figura, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses contrapuestos es regla, confirmada por el artículo 267 del Código de Comercio, que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo nombre se otorgó (cfr. artículos 1.259 y 1.727.2° del Código Civil).”

Planteada en estos términos la cuestión, el problema de la validez o invalidez del autocontrato estriba en determinar en qué supuestos de hecho existe o no colisión de intereses. A prima facie, la autocontración es válida y plenamente eficaz cuando existe permisión manifestada en una licencia previa o ratificando el negocio jurídico en cuestión o porque la ley prevé vías de solución cuando este conflicto de intereses aparece. En este sentido, el art. 1259 CC prevé que: “Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.” Y, el art. 1713 CC que: “(…) Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso. La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores.” – cfr. art. 1255 CC.

En efecto, este el criterio seguido por la doctrina de la DGRN en diferentes resoluciones, en la que constata que el autocontrato resulta invalido en aquellos negocios o actos jurídicos en los que una sola persona pone discrecionalmente en relación económica dos o más patrimonios distintos, cuya titularidad o representación ostenta en virtud de una única declaración de voluntad, siempre que exista un conflicto de intereses real o potencial entre dichos patrimonios – cfr. Resoluciones DGRN de 1 de junio de 1999, 21 de junio de 2001, 15 de junio y 3 de diciembre de 2004, entre otras.

Sin ánimo de descender a la problemática de la casuística, la RDGRN de 18 de julio de 2006 sigue la tesis apuntada para otorgar validez a la autocontratación de un administrador societario, señalando que:

“Según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este Centro Directivo (cfr. Resolución de 3 de diciembre de 2004), el administrador único, como representante orgánico de la sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por la Junta General o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (cfr., respecto de esta última precisión las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1956, 22 de febrero de 1958 y 27 de octubre de 1966; así como la Resolución de 2 de diciembre de 1998).” – cfr. art. 234 de la Ley de Sociedades de Capital y el último número de El Notario Del Siglo XXI - Marzo-Abril 2014 / nº 54. 

La RDGRN de 13 de febrero de 2012 argumenta que existe también autocontratación en los supuestos en que una de las sociedades aparezca representada por una persona y otra sociedad aparezca representada por otra que nombró la primera. Precisamente porque el órgano de administración carece de facultades para autocontratar sin estar facultado por la junta general de la sociedad – cfr. los artículos 162 y 220 de la Ley de Sociedades de Capital y RDGN de 21 de junio de 2013.

Respecto de la representación voluntaria la RDGRN de 21 de octubre 2011 argumenta que:

“Por lo que se refiere a la admisibilidad de la autocontratación, lo que interesa dilucidar aquí es si nuestro ordenamiento jurídico admite la autocontratación en sede de representación voluntaria. En caso de que la respuesta sea positiva, habría que precisar a qué requisitos debe sujetarse la actuación representativa para que la autonegociación revista las apariencias de validez y eficacia que la hagan merecedora de formalización en escritura pública y, a su virtud, de inscripción registral. Basta citar por todas la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2001, entre otras razones porque dicha resolución judicial incorpora citas de jurisprudencia y de Resoluciones de esta Dirección General, y en cuya resolución se expresa sin ambages lo que constituye línea jurisprudencial constante en materia de autocontratación. 

Según dicha Sentencia "el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación (...) sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y en la jurisprudencia de esta Sala...". 

Por ello se llega a la conclusión de que la autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. también las Resoluciones citadas en el "Vistos" y, en especial las de 15 de junio y 8 de noviembre de 2004)” – cfr. STS de 29 de noviembre de 2001 y Resoluciones DGRN de 11 de mayo de 1998, 21 de junio de 2001, 20 de enero, 15 de junio y 8 de noviembre de 2004 y 21 de mayo y 14 de noviembre de 2007.

Asimismo, en sede representación voluntaria, existen diferentes resoluciones de la DGRN que plantean la admisibilidad o no de la autocontratación y, en caso positivo, que requisitos debe cumplir para ser válida y acceder al Registro de la Propiedad, ante la celebración de un contrato de compraventa suscrito por un apoderado, en representación de su poderdante, mediante el cual vende a su esposa una finca propiedad de aquél. 

Para apreciar la validez o no de esta autocontratación, la doctrina de la DGRN sigue el criterio de la STS de 29 de noviembre de 2001, ya expuesto, según el cual, el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo, en principio, es válido. No lo será cuando la ley lo prohíbe expresamente (1459.2 CC y 267 CCom) o cuando, sin prohibición legal, hay conflicto de intereses; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación. Por tanto, la autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la autorización del poderdante, y no es necesario que reúna requisitos especiales de forma.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo exige para declarar la validez del autocontrato que se den, alternativamente, los requisitos siguientes: Que no exista incompatibilidad de intereses entre los propios del representado y los del representante. Que se acredite la existencia de poder expreso para autocontratar y que de los términos en los que aparezca extendido el poder con el que el representante actúa permitan calificarle de adecuado, suficiente o bastante para poder celebrar contratos consigo mismo - cfr. STS de 23 de mayo de 1977. 

La STS de 17 de julio de 2009, señala la necesidad probatoria de la existencia del conflicto de intereses, argumentando que:

"(…) con independencia de que la autocontratación exige que una persona actúe con doble condición y una de ellas sea en nombre propio (la otra faceta es en nombre de otro) y que cabe, aparte la autorización previa, la ratificación y confirmación de forma tácita que actúa con función saneadora y hace válidos y plenamente existentes estos negocios desde el principio (por todas, S. 20 de enero de 2.005 ), en cualquier caso, la concurrencia de los requisitos para que pueda apreciarse una invalidez de contrato -actuación de una persona por sí misma y en representación de otra, conflicto de intereses en cuanto contrapuestos, incompatibilidad derivada del evidente peligro de parcialidad en perjuicio de los representados (todo ello en sintonía con la propia Sentencia de 31 de enero de 1.991 citada en el recurso), ha de quedar suficientemente demostrada."

En cuanto a la ineficacia del acto realizado con la autocontratación no permitida, es criterio unánime de la DGRN que es ineficaz frente al representado, siendo la ineficacia igual a la del negocio jurídico realizado sin poder o con poder insuficiente – cfr. art. 1259 CC, pudiendo ser ratificado por el representado – cfr. Resoluciones de 20/9/1989, 21/5/1989, 11/12/1997, 2/12/1998 y 17/11/2000, entre otras. En la doctrina civilista esta es la postura defendida por el ilustre profesor Díez-Picazo y que se considera más acorde con nuestro sistema jurídico.

En conclusión, en relación a la admisibilidad o no del autocontrato en nuestro sistema legal, de la doctrina emanada de la RDGN y de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo cabe concluir que:

1.- Que no existe una prohibición general de autocontratación en nuestro ordenamiento sino que son excepciones a la regla general de permisividad, y por tanto “numerus clausus”.

2.- Que lo que debemos buscar en cada caso es la inexistencia de conflicto de intereses o de intereses contrapuestos.

3.- Respecto del 1459.2 CC y el 267 CCom, podemos manifestar que hay autocontrato válido, cuando hay autorización previa del mandante para la operación, cuando el mandatario contrata con el mandante, porque hay ratificación tácita y cuando existe ratificación posterior, expresa o tácita.                                                                  
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