22 de mayo de 2014

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La Doctrina Jurisprudencial sobre las consecuencias de la simulación contractual en las donaciones de bienes inmuebles

En el tráfico jurídico corriente suele ser una práctica habitual esconder bajo la apariencia de una compraventa una liberalidad disfrazada con los ropajes de un negocio jurídico oneroso, fundamentalmente por las constantes restricciones que la normativa reguladora de la donación impone al principio de autonomía de la voluntad. En esencia, la creación de una situación jurídica aparente, ficticia y distinta de la verdadera, que difiere de la real, se incardina dentro de la temática de la simulación contractual, de la que el Código Civil carece de una ordenación genérica, habiendo tenido que ser la jurisprudencia la que ha elaborado su Teoría General a través de la interpretación de los arts. 1261 y ss del citado texto legal.


La Teoría General de la simulación contractual elaborada por la doctrina civilista y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiende a distinguir entre simulación absoluta y relativa. En este sentido, la corriente científica y jurisprudencial sitúa el tratamiento jurídico de la simulación, no en los vicios de la declaración de voluntad sino en el marco de la causa del negocio. El contrato simulado se produce cuando no existe la causa que nominalmente se expresa por responder a otra finalidad jurídica - cfr. entre otras muchas, STS 1 julio de 1984 y STS 18 junio 1988. 

Por eso, cabe afirmar que la figura de la simulación contractual está basada en la presencia de una causa falsa y que la simulación absoluta se produce cuando se crea la apariencia de un contrato pero, en verdad, no se desea que nazca y tenga vida jurídica. El contrato con simulación absoluta está afectado de nulidad total, tanto por la tajante declaración del artículo 1276, como por lo dispuesto en los artículos 1275 y 1261.3, en relación con el 6.3, todos del Código Civil: “La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”. ” Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”. “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: (…) 3º Causa de la obligación que se establezca.”

La SAN de 20 de abril de 2002 razona que:

"(…) para que exista simulación relativa, ya afecte a la causa del contrato... ya a los sujetos o al contenido del mismo, sería preciso que el negocio creado externamente por las partes (negocio jurídico aparente) no sea realmente querido por aquéllas, que buscan otro negocio jurídico distinto (o negocio simulado)(…)”.

Las SSTS de 23 de septiembre de 1990, 16 de septiembre de 1991 y 8 de febrero de 1996, argumentan que:

"(…) La simulación contractual se produce cuando no existe la causa que nominalmente expresa el contrato, por responder este a otra finalidad jurídica distinta. El concepto jurisprudencial y científico de simulación contractual, que es un vicio de declaración de voluntad de los negocios jurídicos por el cual, ambas partes, de común acuerdo, y con el fin de obtener un resultado frente a terceros, que puede ser lícito o ilícito, dan a entender una manifestación de voluntad distinta de su interno querer".

La STS de 4 de abril de 2012 que:

“En cuanto a la simulación absoluta, se trata de la apariencia de negocio jurídico; las partes, de común acuerdo, constituyen lo que no es más que uno aparente, que carece de causa. No existe negocio alguno; cae en la categoría de inexistencia; es un negocio que no existe, aunque parezca que sí lo hay. Así se expresa la sentencia de 21 de septiembre de 1998 al decir:

"Las doctrinas científica y jurisprudencial han expresado que las reglas generales relativas al contrato simulado se encuentran en el artículo 1276 del Código Civil al tratar de la causa falsa. La ciencia jurídica afirma mayoritariamente que la figura de la simulación está basada en la presencia de una causa falsa y que la simulación absoluta se produce cuando se crea la apariencia de un contrato, pero, en verdad, no se desea que nazca y tenga vida jurídica".

Lo que reiteran las sentencias de 17 de febrero 2005, 20 de octubre de 2005, 22 de febrero de 2007, 18 de marzo de 2008.

El problema de la simulación es la prueba de la misma; las propias partes, al ir de común acuerdo, no siempre dejan pruebas o, al menos, indicios claros de su presencia, por lo que normalmente será preciso acudir a la prueba de presunciones (así lo expresa la sentencia de 11 de febrero de 2005). Ello, en el bien entendido que la simulación, como ha reiterado la jurisprudencia, es una cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del juzgador de instancia. Así lo dicen las sentencias de 31 de diciembre de 1999, 6 de junio de 2000, 17 de febrero de 2005, 20 de octubre de 2005, que coinciden en afirmar:

" la doctrina jurisprudencial ha declarado que es facultad peculiar del Juzgador de instancia la estimación de los elementos de hecho sobre los que ha de basarse la declaración de existencia de la causa o de su falsedad o ilicitud igualmente, la simulación es una cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del Juzgador de instancia".”

Por lo tanto, como regla general el negocio simulado se presenta como un negocio ficticio - aunque puede ocultar en algunas ocasiones un negocio verdadero-, como un negocio simple -aunque una importante modalidad del mismo es el negocio múltiple o combinado- y, en fin, como un negocio nulo, por cuanto no lleva consigo, ni implica, transferencia alguna de derecho. La simulación relativa es una suerte de ocultación que se produce generando la apariencia de un negocio ficticio, realmente no querido, que sirve de pantalla para encubrir el efectivamente realizado en violación de ley. De este modo lo que distingue a la simulación es la voluntad compartida por quienes contratan de encubrir una determinada realidad antijurídica.

La simulación relativa se caracteriza por encubrir un convenio, con inexistencia real, otro con realidad causal. Encuentra su encaje en el art. 1276 CC que, después de establecer el principio de nulidad de los contratos en los que se hace expresión de una causa falsa, deja a salvo el caso de que estén fundados en otra verdadera y lícita, por lo que el contrato simulado es inexistente o nulo por falta de causa verdadera, pero el disimulado será válido si es lícito y reúne los requisitos que correspondan a su naturaleza. El legislador civil a la hora de otorgar protección jurídica al negocio disimulado ha optado por considerar que la simulación, por sí misma, no lo convierte en ilícito, sino que queda tildado de "sospechoso", por lo que se suprime en su respeto la presunción de existencia y licitud de la causa. En este sentido, el art. 1.277 CC dispone que: “Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario” - cfr. por todas, STS 22 diciembre 1987.

Ahora bien, cuando la donación se disfraza de compraventa y tiene por objeto la traslación de bienes inmuebles, la doctrina ha venido discutiendo si, no siendo posible mantener la validez de la compra venta, por ser contraria o en fraude de ley, ex art. 6.4 CC, pudiera mantenerse la validez de la donación. La doctrina científica civilista y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han mantenido básicamente dos posturas encontradas en orden a la simulación relativa que acontece en los casos en que queriendo celebrar realmente una donación, los sujetos interesados fingen, simular un contrato de compraventa – cfr. entre otros, De Castro, Roca Sastre, Albaladejo… y SSTS 1 de octubre de 1991, 9 marzo de 1995, 13 noviembre de 1997 y 18 marzo de 2002, entre otras.

a) Falta de validez de la donación: esta línea jurisprudencial mantiene que la escritura pública de compraventa no vale para cumplir el requisito del art. 633 del CC pues no es escritura pública de donación, en la que deben expresarse tanto la voluntad de donar como la aceptación del donatario. La primera no prueba la existencia de la donación del modo y forma en que lo exige el art. 633; la escritura pública se otorga en estos casos para amparar un contrato nulo, sin que en la misma conste el animus donandi, las cargas impuestas al donatario, ni la aceptación de éste; además, la aceptación del donatario en estos casos no existe pues da su consentimiento para un contrato de compra.

b) Validez de la donación de inmueble disimulada: si bajo el negocio simulado existe el disimulado, la forma de aquel será la propia de éste último y si es la exigida por la ley para el tipo de negocio al que pertenece, cumple con el requisito formal correspondiente; igualmente, esta tesis se fundamenta en el argumento de que el Notario cuando autoriza la escritura pública está en verdad autorizando un contrato de donación.

c) Posición eclética.- Existe un tercer criterio jurisprudencial que, ante las posiciones enfrentadas sobre la cuestión, entiende que ha de resolverse ateniéndose a las circunstancias del caso, lo que no deja de ser algo sorprendente, pues cabe preguntarse si existe algún supuesto en que no se tengan en cuenta las circunstancias concurrentes.

En este contexto, el Pleno del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en la sentencia que luego se dirá, se desmarca de posiciones anteriores en la materia y proyecta la nulidad del contrato de compraventa sobre la misma donación y, en consecuencia, considera que esa nulidad impide que se considere válida la donación de inmueble que se dice encubría. Aunque se probase que hubo animus donandi del donante y aceptación del donatario del desplazamiento patrimonial, sigue diciendo la resolución judicial, lo evidente es que esos dos consentimientos no constan en la escritura pública sino en los autos. Cuando el art. 633 hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública, no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos consentimientos. En consecuencia una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia aquéllos.

Matiza, asimismo la Sala, que esta tesis no puede ser sustituida por la de la validez cuando la donación es remuneratoria. La razón de esto último es que el art. 633 CC, cuando advierte que para que sea válida la donación de bien inmueble debe constar en escritura pública, se refiere a todo tipo de donación, sin calificativos adicionales y, por tanto, no establece en la exigencia ninguna excepción. 

A mayor abundamiento declara que la donación remuneratoria no tiene un régimen especial y que no es posible la conjugación de los arts 619 y 622 CC porque no cabe confundir una donación remuneratoria con una donación modal. Es en ésta en la que efectivamente puede imponerse un gravamen al donatario, pero no en la remuneratoria. Ello porque la parte demandada defendía la existencia de una donación remuneratoria, conocedora, a buen seguro, de la Jurisprudencia existente que había proclamado la validez de la donación remuneratoria de un inmueble, disimulada bajo una aparente compraventa (STS de 14 de marzo y 30 de septiembre de 1995).

Por último, alega la Sala que el criterio favorable a la validez de la donación disimulada propicia por sí mismo fraude a los acreedores y legitimarios del donante, en cuanto les impone la carga de litigar para que se descubra la simulación, y revelar el negocio disimulado y una vez conseguido esto, combatirlo si perjudica sus derechos (acción rescisoria) o para que sean respetados (acción de reducción de donaciones por inoficiosidad). 

En efecto, la importantísima STS del Pleno de 11 de enero de 2007 establece como doctrina que: 

" (…) la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría. Aunque se probase que hubo "animus donandi" del donante y aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial, lo evidente es que esos dos consentimientos no constan en la escritura pública sino en los autos del pleito seguido sobre la simulación. El art. 633 CC, cuando hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos consentimientos, y ello es totalmente diferente de que se extraigan de los restos de una nulidad de la escritura de compraventa como resultado de una valoración de la prueba efectuada por el órgano judicial. En consecuencia, una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia aquéllos. Esta tesis no puede ser sustituida por la de la validez cuando la donación se califica como remuneratoria. El art. 633 no hace ninguna excepción de lo que preceptúa para ninguna donación, además de que la remuneratoria no tiene ningún régimen especial, es el móvil remuneratorio el que guía el "animus donandi" del donante nada más; móvil indiferente jurídicamente para el Derecho, que no causa, del negocio jurídico". Dicha doctrina aparece reflejada en sentencias posteriores, entre otras, STS de 4 de mayo de 2009 [RC n.º 2904/2003 ] y STS de 3 de febrero de 2010 [RC n.º 1823/2005 ].” – cfr. STS 4 de abril de 2012 y SAP de Pontevedra 28 de mayo de 2012.

Esta misma doctrina se reitera en la STS de 26 de febrero de 2007, para unificación de la doctrina, (Ponente: Excmo. Sr. Gullón Ballesteros) y en la de 20 de junio de 2007 (Ponente: Excma. Sra. Roca Trías). Razona el alto Tribunal que:

“Esta Sala ha sentado la doctrina según la cual cuando el causante quiere favorecer a alguien con una donación en perjuicio de sus legitimarios, encubriendo bajo la apariencia de un contrato oneroso o disimulado una donación, ésta no puede tener eficacia por fundarse en una causa ilícita conforme establece el artículo 1275 del Código civil . Ejemplo de ello se encuentra en la sentencia de 28 febrero 1953 que afirma que “el contrato de compraventa careció de existencia real y no significó más que una estratagema usada por el comprador o por ambos contratantes para eludir los derechos legitimarios que pudieron corresponder a la madre de la causante en la finca vendida, por lo que tampoco como donación en su caso podría tener eficacia, por fundarse en una causa ilícita conforme al artículo 1275 del Código civil , por lo cual tal contrato titulado de compraventa resulta ineficaz para reivindicar el dominio de la finca vendida” (ver asimismo sentencias de 11 diciembre 1957 y 20 octubre 1961). Esta doctrina se ha reiterado y así la sentencia de 20 diciembre 1985 dice que “reiterada y uniforme jurisprudencia de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 20 octubre 1961, y las citadas por la misma, ha establecido la doctrina de que cuando la escritura de compra-venta se otorga con la exclusiva finalidad de defraudar los derechos legitimarios de los demás herederos, procede declarar también inexistente el contrato de donación por ser ilícita su causa”. Esta doctrina se confirma en las sentencias de 30 junio 1995, 4 mayo 1998, 2 abril 2001, 23 octubre 2002 y 29 julio 2005, si bien esta última de forma indirecta al confirmar la sentencia de la Audiencia, que había declarado la nulidad. 
Deben distinguirse, además, las donaciones que lesionan la legítima que pueden ser declaradas inoficiosas y aquellas que pueden ser declaradas nulas por tener causa ilícita. Las donaciones encubiertas o disimuladas con la intención de defraudar a los legitimarios pueden ser declaradas nulas por infringir el artículo 1275 del Código civil tienen causa ilícita, cosa distinta de aquellas que lesionen la legítima, que se regirán por lo dispuesto en los artículos 636 y 654 del Código civil art.636 EDL 1889/1 art.654 EDL 1889/1 “.

En conclusión, el Tribunal Supremo sienta como doctrina la consideración de que un contrato de compraventa simulado no puede encubrir una donación encubierta válida y eficaz.
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