21 de junio de 2014

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La pignoración de derechos de crédito en nuestro ordenamiento jurídico

La prenda es un derecho real de garantía en cosa ajena que implica la entrega de la posesión de la cosa pignorada al acreedor o a un tercero, que se constituye, por el deudor o un tercero, en garantía de una obligación, y que da derecho al acreedor a promover la venta de la cosa empeñada para obtener el cumplimiento de la obligación garantizada. El Código Civil regula la prenda en los artículos 1863 a 1874 y le son aplicables las disposiciones previstas en los artículos 1857 a 1862.

El objeto principal de la prenda de derechos de crédito es el derecho que el pignorante tiene a recibir una prestación, normalmente consistente en un derecho de cobro, sin que haya una mención específica en el Código Civil a la pignoración de créditos entendida como garantía real que, a la postre, no deja de ser una construcción jurisprudencial negada su admisibilidad en un primer momento y admitida de forma constante a partir de la STS de 19 de abril de 1997. Sin embargo, cabe señalar que la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal reconoce expresamente la prenda de créditos en el artículo 90.1 que reconoce en su número 5º la prenda de valores y en su número 6º tanto la prenda de créditos como la prenda de créditos futuros.

En efecto, el Código Civil sólo prevé la prenda de créditos incorporados a títulos-valores. En este sentido, El art. 1.872.2 del CC reconoce indirectamente la prenda de derechos de crédito incorporados a un título-valor al remitirse a los arts. 322 y ss. del CCo a efectos de la enajenación forzosa. No obstante habla de aquellos supuestos en los que la prenda “consistiere en valores negociables” y, en la práctica y también desde un puesto de vista normativo terminológicamente se habla de prenda de valores o valores negociables (sin perjuicio de la posibilidad de constituir prendas sobre otros instrumentos representativos del capital que no tengan esta consideración, como las participaciones en sociedades de responsabilidad limitada, susceptibles de ser pignoradas, como prevé expresamente en sus arts. 106.1 y 132 el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y no de prenda sobre derechos de crédito incorporados a títulos-valores. 

Sin embargo, el código civil catalán si recoge de forma expresa en su arts. 569.12 del Libro V: “El derecho de prenda, que puede constituirse sobre bienes muebles, valores, derechos de crédito o dinero en garantía del cumplimiento de cualquier obligación y faculta al acreedor para poseerlos, por él mismo o por una tercera persona si se ha pactado, y, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, para solicitar la realización del valor” y 569.13 del mismo Libro: “La prenda de créditos debe constituirse en documento público y debe notificarse al deudor o deudora de crédito empeñado la posibilidad de pignorar créditos.”

Tradicionalmente ha existido un amplio debate doctrinal y jurisprudencial sobre la posibilidad de pignorar los derechos de crédito por cuanto, como hemos reseñado, no existía una regulación específica de la misma. La discusión doctrinal en Derecho comparado, en relación con la prenda de derechos de crédito, siempre ha girado en torno a la calificación de dicha garantía bien como real, bien como personal y su oponibilidad frente a terceros. El gran problema para la construcción de la figura jurídica de la prenda de créditos en el ordenamiento jurídico español no ha sido otro que la inexistencia de normativa en el Código Civil que dio lugar a no pocas reflexiones doctrinales y resoluciones jurisprudenciales. 

Como señalamos más arriba, en un primer momento, varias sentencias del Tribunal Supremo negaron la oponibilidad frente a terceros y la aplicación del art. 1.922 del Código Civil a las cesiones realizadas con fines de garantía. En este sentido, la STS de 27 de diciembre de 1985 niega el carácter real de la prenda de créditos, la oponibilidad frente a terceros y la aplicación del orden de prelación del art. 1922.2 del Código Civil. Además pone de manifiesto la necesidad de que los derechos de crédito dados en prenda aparezcan documentados en títulos-valores. Así, en las alegaciones contenidas en dicha sentencia se afirma que al referirnos a las imposiciones de dinero a plazo fijo, no podemos hablar de contratos típicos de prenda “ya que los derechos que entrañan no reúnen los requisitos para calificarlos como tal y poder subsumirlos en la específica normativa del Código Civil”.

La STS 19 de septiembre de 1987 acepta, de manera tácita, la prenda de créditos como derecho real de prenda: “(…) es indudable que lo mismo debe ocurrir cuando el presunto deudor no consiente en la constitución de un derecho real de prenda, pues si en aquel supuesto que implica la transmisión de la titularidad plena del crédito se produce el señalado efecto limitativo, con igual razón se debe producir en la hipótesis de constitución de un derecho real limitativo del dominio”. Los argumentos de la STS de 18 de julio de 1989 evidencian la tensión jurisprudencial y doctrinal en relación con la prenda de créditos, volviendo a la interpretación restrictiva de la STS de 27 de diciembre de 1985: “El depósito de dinero o imposición de plazo fijo no puede ser conceptuado de título- valor y consecuentemente no cabe hablar de un contrato típico de prenda, ya que los derechos que entraña no reúnen los requisitos para calificarlos como tal y poder subsumirlos en la específica normativa del Código Civil”. Finalmente, la STS de 14 de noviembre de 1995 reconoce la prenda de créditos y la aplicación del art. 1922.2 del Código Civil.

Sin embargo, desde la STS de 19 de abril de 1997 – reiterada en la de 7 de octubre 1997 -, no hay duda alguna de que la prenda de créditos es perfectamente admisible en nuestro sistema legal. De esta forma, el F.J. Tercero de la STS de 19 de abril de 1997 señala que:

“(…) Los dos motivos del recurso que se han expuesto parten del presupuesto de la validez y eficacia de una pignoración de imposiciones de dinero a plazo fijo, que lleva anejo un pacto de compensación y una posibilidad legal de ejecución aislada de la masa de la quiebra. En realidad, la pignoración en estricto sentido no es posible jurídicamente cuando el dinero no se ha entregado a la entidad bancaria depositaria por signos que los individualicen y distingan, sino como una suma que se confunde en el patrimonio de aquélla, quedando obligada a restituir el tantundem por haber adquirido, en virtud de aquella forma de entrega, la propiedad de la misma. La pignoración lo es del crédito a la restitución, lo cual desemboca necesariamente en una compensación cuando su titular, que lo pignora, resulta deudor del que debe restituir o sea, del acreedor en cuyo favor se ha hecho la pignoración. El que exista como contenido de la misma un pacto de compensabilidad es algo añadido, no hace más que dar expresión literal a lo que es intrínseco debido a la naturaleza de tal pignoración desde el punto de vista económico, pues la ejecución de la prenda por el art. 1.872 deviene inútil. El pacto de compensabilidad evita dicha aplicación. 
Así las cosas, la compensación operada entre el crédito de Hispania Líneas Aéreas, S.A. contra Banco Exterior de España, S.A. y el de éste contra aquélla no puede ser tratada jurídicamente como un supuesto de compensación dentro de una situación de quiebra como hace la sentencia recurrida, sino como una ejecución de garantía prendaria sobre la imposición, que tiene lugar mediante aquel mecanismo de extinción de la deuda por compensación y, en consecuencia, es irrelevante la fecha en que el crédito garantizado con la imposición nació en relación con la de la quiebra. El crédito a la restitución de la imposición a plazo estaba pignorado mediante póliza intervenida por Corredor de Comercio antes de esta última, por lo que el acreedor pignoraticio no tenía obligación de llevarlo a la masa de quiebra, y sí tenía derecho a ejecutar la garantía por separado (art. 918 Código de Comercio). Solo manteniendo que no hay posibilidad jurídica de afectar créditos en garantía del pago de deudas puede sostenerse esta ratio decidendi de la sentencia, pero esta tesis no es aceptable porque el crédito a la restitución es un valor del patrimonio del imponente, que le debe servir para garantizar las deudas que contraiga. La imposición bancaria a plazo origina en favor del imponente el nacimiento de un crédito contra el Banco depositario por su importe, lo que tiene un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de prenda. Dicho derecho no puede circunscribirse a las cosas materiales por una interpretación literal del art. 1864 C.c., que estaría en contradicción con el art. 1868 C.c., el cual admite la prenda que "produce intereses", lo que obviamente sucede con el crédito. La pignoración del mismo obliga a cumplir el requisito de la desposesión del titular que lo pignora mediante la notificación al deudor del cambio en la titularidad efectuado (art. 1527) para que quede vinculado con el nuevo acreedor, que ostentará aquella titularidad en garantía de la deuda que el pignorante tiene contraída con él o pueda contraer en el futuro. Una vez cobrado por el acreedor pignoraticio el importe del crédito, el pacto de compensación con lo debido por el deudor pignorante para extinguir la deuda no repugna a la prohibición del pacto comisorio (arts. 1858 y 1859), prohibición histórica que se ha mantenido viva en las legislaciones desde el Derecho Romano para evitar que los deudores que necesitan acudir al crédito pacten condiciones leoninas con sus acreedores, que de otra manera podrían quedarse para pago de las deudas garantizadas con objetos de más valor de lo debido. En la prenda de imposiciones a plazo por definición está ausente cualquier clase de perjuicio al deudor y a terceros, porque el Banco que goza de la pignoración no va a obtener ni más ni menos de lo que aquella imposición represente, límite de su derecho pignoraticio. 
El fundamento jurídico 3º de la sentencia recurrida, aunque no afirme ni niegue la posibilidad de una constitución de garantía sobre una imposición a plazo, dice textualmente: "Pero, aún cuando se diese plena validez a la pignoración del saldo que arroje el depósito a plazo fijo, ello no supondría para el banco sino que esta entidad crediticia gozaría del privilegio mobiliario al que se refiere el art. 1922 del Código civil, precepto con arreglo al cual gozan de preferencia, con relación a determinados bienes muebles del deudor, los créditos garantizados con prenda que se hallen en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor. En ningún caso la existencia de la garantía pignoraticia autorizaría al acreedor a hacer suyo, sin más, el bien que tiene en prenda sino que éste habrá de formar parte de la masa activa de la quiebra aunque para el cobro de su crédito, el acreedor será considerado como privilegiado en el orden de prelación que establece el art. 913 del Código de Comercio". ”

No obstante, todavía existen debates abiertos sobre determinadas cuestiones relativas a esta garantía. Tal y como confirmó la RDGRN de 18 de marzo de 2008, la prenda de créditos puede configurarse bien como una prenda ordinaria de créditos (sujeta al Código Civil) bien como una prenda sin desplazamiento que debe ser inscrita en el Registro de Bienes Muebles. 

En efecto, como venimos diciendo, un derecho de crédito puede ser gravado con prenda, tal como admite la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde la Sentencia de 19 de abril de 1997. Tras la reforma del artículo 54 LHMPS dicha garantía puede constituirse como prenda ordinaria, también denominada posesoria o con desplazamiento (prenda stricto sensu), o como prenda no posesoria o sin desplazamiento. Dice el artículo 54 que:

“De igual manera serán susceptibles de prenda sin desplazamiento las colecciones de objetos de valor artístico e histórico, como cuadros, esculturas, porcelanas o libros, bien en su totalidad o en parte; también podrán serlo dichos objetos, aunque no formen parte de una colección.  
Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto - Párrafo 2.º del artículo 54 introducido por el número 3 de la disposición final tercera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. 
Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles - Párrafo 3º del artículo 54 introducido por el número 3 de la disposición final tercera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.”

El F.J. Segundo de la citada RDGRN de 18 de marzo de 2008 que: 

“Existen dos posibles interpretaciones del párrafo tercero del artículo 54 de la LHMPSD, según la redacción dada por la Ley 41/2007; así, o bien «(i) se ha limitado a introducir una nueva categoría de activos susceptiblesde ser pignorados sin desplazamiento (los derechos de crédito), sin afectar a las prendas tradicionales (con desplazamiento) o (ii) [si] por el contrario su efecto ha sido el de unificar en una sola modalidad las prendas de créditos (a través de la prenda sin desplazamiento con inscripción en el Registro de Bienes Muebles), obligando a realizar todas según el nuevo párrafo tercero del artículo 54 antes transcrito, si se desea que las mismas tengan efectos frente a terceros».”

Sobre los requisitos y efectos de la pignoración de derechos de créditos el F.J. Tercero establece que:


“Es de sobra conocido que en nuestro ordenamiento jurídico la prenda de créditos es un producto de elaboración jurisprudencial. Así, no es ocioso recordar que hasta la conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1997, nuestro Alto Tribunal había mantenido una tesis contraria a su admisibilidad, sea de modo absoluto o relativo. Es igualmente cierto que alguna doctrina sostiene que no había sido esa la tesis primitiva del Tribunal Supremo el cual de antiguo ya admitió una prenda de créditos (Sentencia de 25 de noviembre de 1886, con expresa invocación de Las Partidas [Partida 5.ª, Ley 13.1] o bien la ulterior de 28 de diciembre de 1935]). Sea como fuere, lo cierto es que desde la citada Sentencia de 19 de abril de 1997, el criterio del Tribunal Supremo ha sido constante en lo relativo a la posibilidad de que el objeto de una garantía prendaria fuera un crédito (sin ánimo exhaustivo, Sentencias de 7 de octubre de 1997, 13 de noviembre de 1999, 25 de junio de 2001, 26 de septiembre de 2002, 10 de marzo de 2004 y 30 de noviembre de 2006). 
Por ello, parece adecuado recordar mínimamente cuáles son los requisitos de constitución de una prenda ordinaria, por más que el objeto pignorado sea un bien intangible (derecho de crédito), así como los derechos y obligaciones que se derivan para el acreedor pignoraticio. Hemos de comenzar señalando que la prenda ordinaria, al igual que sucede con la hipoteca inmobiliaria, es un contrato con capacidad de desplegar efectos «erga omnes», si se constituye de modo debido. Como es conocido, tal constitución (concepto en el que aunaremos los tradicionales de perfección y constitución) exige como paso previo inexcusable la existencia de consentimiento de los contratantes ex artículo 1261 del Código Civil; que la cosa pignorada pertenezca en propiedad al pignorante, sea o no obligado de la deuda cuyo pago garantiza (artículo 1857.2.º del CCv); la plena disposición sobre el bien objeto de pignoración –sea corporal o intangible– ex artículo 1857.3.º del CCv; la existencia de causa que no es otra que «asegurar el cumplimiento de una obligación principal» (artículo 1857.1.º del CCv) y, para que dicho contrato despliegue la antedicha eficacia erga omnes, la existencia de desplazamiento posesorio, ya se produzca éste a favor del acreedor o de un tercero de común acuerdo (artículo 1863 del CCv) y, lo que es esencial, una forma determinada, esto es instrumento público ya que «no surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta por instrumento público la certeza de su fecha» (artículo 1865 del CCv). 
La prenda posesoria así constituida conlleva como efecto inmediato la reipersecutoriedad del objeto pignorado, al quedar éste sujeto al cumplimiento de la obligación principal que garantiza, pudiendo el acreedor pignoraticio, entre otras facultades, desconocer la división de la cosa pignorada antes de la ejecución e, incluso, del vencimiento de la obligación garantizada (artículo 1860 del CCv). Igualmente, y respecto del acreedor pignoraticio, sea o no el depositario del objeto pignorado, su posición le permite ejercer las acciones que competan al dueño de la cosa pignorada para defenderla de cualquier reivindicación o detrimento (párrafo segundo del artículo 1869 del CCv), pudiendo reclamar el abono de los gastos efectuados en la conservación de la cosa gravada (artículo 1867 del CCv) y usar de la cosa dada en prenda, si así se hubiera pactado (artículo 1870 del CCv). 
Es más, dicho acreedor pignoraticio es titular de un derecho de retención «hasta que se le pague el crédito» (artículos 1866 y 1871 del CCv), teniendo la facultad de extender dicho derecho a aquellas deudas que el deudor contrajere con el acreedor constante la deuda garantizada con prenda (párrafo segundo del artículo 1866 del CCv). Igualmente, el acreedor pignoraticio disfruta de la denominada facultad anticrética (artículo 1868 del CCv), consistente en, como es conocido, la posibilidad de compensar los intereses que produzca la prenda con los que, en su caso, devengue el crédito garantizado. 
Por último, e incumplida la obligación garantizada, el acreedor disfruta de la posibilidad de ejecutar el bien dado en prenda a través de los procedimientos legalmente previstos, incluida la subasta ante notario (artículo 1872 del CCv y 220 del Reglamento Notarial), lo que obviamente, conlleva una preferencia para el cobro de la deuda garantizada sobre el bien pignorado que atribuye al acreedor la condición de singularmente privilegiado (artículo 1922.2.º del CCv) –posteriormente, se analizará ese régimen concurrencial. Las obligaciones del acreedor pignoraticio son también conocidas: esencialmente, las de conservación de la cosa gravada con «la diligencia de un buen padre de familia», respondiendo de su «pérdida o deterioro conforme a las disposiciones de este Código» (artículo 1867 del CCv). Obviamente, al estar obligado a adelantar los gastos derivados del coste de conservación de la cosa gravada, el acreedor pignoraticio es acreedor de los mismos, protegido con la preferencia derivada del artículo 1922.1.º del CCv. 
Expuesta muy sintéticamente la teoría general aplicable a la prenda posesoria, y admitida la prenda de crédito ya que «es un valor del patrimonio del [deudor] imponente» (STS de 19 de abril de 1997), los matices de de tal prenda derivan, no de los requisitos de constitución de la misma, sino del objeto gravado, que es un incorporal o intangible. Quiere decirse con ello que la prenda posesoria de crédito exige los mismos requisitos que si el bien gravado fuera corporal, otorgando, portanto, al acreedor pignoraticio de un incorporal los mismos derechos y obligaciones que al que lo es de un corporal. Eso sí, la inexistencia de corporeidad obliga a que de alguna forma se manifieste la desposesión del deudor, para lo que surge el instituto de la notificación de la prenda al deudor cedido. Ahora bien, este requisito que tiende a alcanzar, en la medida de lo posible, la publicidad de esa prenda, no adquiere el rango de requisito de constitución de la misma. En otras palabras, dicha notificación es, desde la perspectiva fáctica, útil para el acreedor puesto que si la prenda no es notificada al deudor éste podrá liberar pagando al acreedor primitivo y al acreedor pignoraticio no se le reconocerá legitimación a ningún efecto.  
Ahora bien, la inexistencia de esa notificación no priva a la prenda constituida de ninguno de los derechos antes analizados. No es, pues, un requisito de constitución, ni de eficacia «erga omnes»; tan es así, que la misma normativa concursal en su artículo 90.1.6.º de la LC en modo alguno exige esa notificación, ni siquiera a los efectos concurrenciales. Y, por ello, la doctrina señala la conveniencia de que en los casos de imposibilidad práctica de desplazamiento posesorio del objeto pignorado por ser éste un intangible, se entregue, al menos, al acreedor pignoraticio la representación documental de tal incorporal, como puede ser el contrato del que se derivan los derechos de crédito pignorados o la libreta que sirve de soporte contable en caso de prenda de cuentas y depósitos bancarios, impidiendo además y de este modo al pignorante la restitución de lo pignorado en tanto la prenda no se libere la prenda por el íntegro cumplimiento de la obligación que garantiza; mas en cualquier caso, y se insiste en ello, tal notificación será útil para el acreedor por motivos fácticos, pero no alcanza el carácter de requisito constitutivo. 
En resumen de cuanto antecede, es obvio que: a) un incorporal (derecho de crédito) es un bien perteneciente al patrimonio del pignorante hábil para ser gravado con una prenda; b) que nos encontramos ante una prenda «strictu sensu»; c) que los requisitos de constitución para que sea eficaz «erga omnes» son los mismos que los de la prenda posesoria y d) que esa prenda atribuye al acreedor pignoraticio un haz de derechos específicos”

En conclusión, que la pignoración de créditos se encuentra pacíficamente admitida por la doctrina jurisprudencial y viene reconocida expresamente en la legislación civil foral catalana y en la legislación concursal. La dificultad de que los derechos de créditos no son susceptibles de posesión puede ser solventada mediante su sustitución por la cesión del crédito al acreedor pignoraticio con notificación al deudor para que se abstenga de pagar a su acreedor.

En este sentido, adoptando un punto de vista estrictamente pragmático, si el crédito dado en garantía vence antes que el crédito garantizado el acreedor pignoraticio tiene el ius exigendi, de modo que ejercitará el crédito dado en prenda y en caso de incumplimiento a su vencimiento de la obligación garantizada lo recibido por él del deudor cedido subrogará al crédito pignorado que se ha extinguido por el pago, de tal manera que si la prestación del crédito pignorado consiste en metálico la prenda se transformará en prenda irregular y si la obligación del crédito pignorado consiste en una cosa mueble o inmueble, el acreedor pignoraticio que la recibe adquiere sobre ella los derechos reales de prenda o hipoteca. Por el contrario, si el crédito dado en garantía vence después que el crédito garantizado, si se incumple la obligación garantizada el acreedor pignoraticio puede o bien instar la ejecución por el medio previsto en el artículo 1872 del CC - ejecución que llevará a la venta del crédito pignorado-, o bien esperar a que venza dicho crédito pignorado y exigir al deudor cedido su pago, imputando lo cobrado a lo que le deba el deudor de obligación garantizada por la prenda.
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