28 de junio de 2014

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El abandono de la posesión

El abandono es un modo de pérdida de la posesión que viene regulado en el artículo 460.1º del Código Civil. Este abandono voluntario de la cosa consiste en la dejación o desapoderamiento del poder físico que el poseedor detenta sobre la cosa y es un acto unilateral para cuya realización no debe requerirse más capacidad que la natural de entender o querer y, por supuesto, no conlleva el simultáneo apoderamiento por otra persona distinta a quien hasta entonces había sido su poseedor.

La doctrina jurisprudencial ha venido identificando las figuras del abandono y de la renuncia. Sin embargo, algunos autores doctrinales han tratado de establecer líneas diferenciales entre ambas. De esta forma, en una primera aproximación, algunos autores describen el abandono como el acto material de dejación de la posesión de una cosa con intención de perder su dominio y la renuncia como un acto formal o una declaración de voluntad solemne que pretende la abdicación de la titularidad de un derecho. No obstante, otros autores sitúan la diferencia en el objeto sobre el que despliegan sus efectos. Así consideran que el abandono se estaría refiriendo al dominio y la renuncia a los derechos reales limitados en cosa ajena - iura in re aliena.

Por otra parte, en el Derecho Romano el abandono recibía el nombre de derelictio, y que la doctrina romanista y civilista ha ido evolucionando hasta concluir que son dos los elementos constitutivos del abandono: a) uno de carácter subjetivo, el animus derelinquendi, que consiste en la voluntad de renunciar la propiedad de la cosa; b) y otro de carácter objetivo, el corpus derelictionis, que sería el abandono material de la posesión de la cosa.

En cuanto a los efectos del abandono de la posesión de un bien, resulta tener en consideración la naturaleza del objeto abandonado. Si el objeto que se abandona es un bien mueble, el mismo pasará a tener la consideración de “res nullius” y podrá ser adquirido por ocupación, como resulta del art. 610 CC, que dispone que: “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”. 

Si el objeto abandonado es un bien inmueble, éste se entiende adquirido desde luego por el Estado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Si el abandonante hace dejación de la cuota que le corresponde en un condominio, se operará un acrecimiento proporcional en las cuotas de los demás condóminos. Por último, ha de tenerse en cuenta que los acreedores tienen posibilidad de impugnar el abandono que les resulte perjudicial a su derecho de crédito, como resulta de la aplicación combinada de los arts. 6.2 y 1291.3 CC.

Cómo ejemplos más significativos de abandono en el Código Civil tenemos los siguientes: El art. 395, que dice que: “Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio”. El art. 460.1, que señala que: “El poseedor puede perder su posesión por abandono de la cosa”. El art. 1659, que dispone que: “Cuando se proceda por acción real contra la finca acensuada para el pago de pensiones, si lo que reste del valor de la misma no fuera suficiente para cubrir el capital del censo y un 25 % más del mismo, podrá el censualista obligar al censatario a que, a su elección, redima el censo o complete la garantía, o abandone el resto de la finca a favor de aquél”.

Fuera del Código Civil destacan los supuestos regulados por los arts. 17 y 18.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003, según los cuales: 1. “Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño. 2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla a través de los trámites prevenidos en el párrafo d) del artículo 47 de esta Ley. 3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero. 4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil”.

Artículo 18. 1. “Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años”.


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