28 de julio de 2014

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Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores – Las denominadas Reglas de Beijing

En el ámbito de la protección del derecho fundamental a la intimidad de los menores resulta relativamente relevante la regla 8 de las denominadas Reglas de Beijing. Esta regla hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones derivadas de un proceso judicial en los que menores de edad aparezcan como presuntos delincuentes. El contenido general de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) fueron adoptadas por la Asamblea General en la Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985 por recomendación del séptimo congreso. Con anterioridad, por recomendación de la Resolución 4 del sexto congreso, el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control del Crimen había contribuido al desarrollo de estas Reglas en colaboración con los institutos de las Naciones Unidas regionales e interregionales. Estas Reglas fueron elaboradas más a fondo por la reunión preparatoria interregional para el séptimo congreso sobre “Juventud, Crimen y Justicia” en Beijing, China, en 1984.

Estas Reglas tienen en cuenta los diversos marcos nacionales y estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas para la administración de la justicia para jóvenes. 

Por otra parte, representan un mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley. En las Reglas de Beijing se expone que los objetivos de justicia juvenil son de promover el bienestar del joven y de asegurar que cualquier respuesta a los delincuentes juveniles será siempre en proporción a las circunstancias tanto del joven como del delito. En estas Reglas se prevén medidas específicas que cubren las varias fases de justicia juvenil, haciendo hincapié en que el ingreso en instituciones sólo será utilizado como último recurso y durante el plazo más breve posible.

Estas reglas tienen como objetivo promover el bienestar del menor en la mayor medida posible y reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y prevenir el delito y la delincuencia juvenil con la necesidad de perfeccionar la justicia de manera continua.

Un menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. Un delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate Un menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito.

En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y psicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. 

Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional.


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