9 de marzo de 2015

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La cancelación de los datos de un fichero de Morosos y los límites a su calificación jurídica como intromisión ilegítima en el derecho al honor





Un fichero de morosos es un fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias. Es reiterada la jurisprudencia que califica como una intromisión ilegítima en el derecho al honor la inclusión en este tipo de ficheros de una persona, de forma errónea, sin que concurra causa de veracidad y el derecho a cobrar una indemnización por el daño sufrido – vs. STS de 24 de abril de 2009 y la reciente de 18 de febrero de 2015 que focaliza su razonamiento sobre los criterios aplicables para fijar la indemnización por la intromisión ilegítima en el derecho al honor causada por la inclusión indebida de los datos personales en un registro de morosos. Cfr. art. 41.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Ahora bien, la STS de 11 de febrero de 2015 da otra vuelta de tuerca sobre esta cuestión cuando analizar si el hecho de que transcurriera 48 horas entre el momento en que se pagó la deuda y el momento en que los datos del deudor fueron cancelados del registro de morosos, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

En efecto, el art. 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece que: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan como veracidad a la situación actual del afectado”. El art. 29.4 de la citada Ley permite el registro y cesión de los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, “siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. Y el art. 16 establece en sus dos primeros apartados que: “1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

El art. 41.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, establece que: “Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto. El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todo dato relativo a la misma”. 

Concluye la sala que la tardanza de 48 horas en cancelar los datos no puede considerarse excesiva e injustificada, a la vista de los plazos que la normativa sobre protección de datos de carácter personal prevé para actuaciones similares, y por tanto no constituye una vulneración de los derechos del deudor, con el razonamiento siguiente:

(…) La regulación contenida en las normas transcritas muestra que, como consecuencia del principio de calidad de los datos que inspira la regulación de la protección de datos de carácter personal, y más específicamente, los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito que incluyen datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, en los llamados "registros de morosos" solo pueden incluirse y tratarse datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos. Por ello, deben ser rectificados o cancelados los datos que no respondan a las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos, en concreto los que sean inveraces o inexactos, incluso cuando inicialmente pudieran haber respetado estas exigencias, como ocurre cuando el deudor paga la deuda que determinó la inclusión de sus datos en el registro de morosos. En tanto que la inclusión de sus datos en un registro de esta naturaleza afecta a sus derechos fundamentales, en concreto a su derecho al honor y al derecho de autodeterminación informativa recogida en el art. 18.4 de la Constitución, esta cancelación debe ser inmediata.

Pero esta exigencia de inmediatez es configurada en la normativa de protección de datos como el respeto de plazos breves, de apenas algunos días. La pretensión del recurrente de configurar el derecho a la cancelación de sus datos del deudor que paga su deuda de modo instantáneo, de modo que de no ser así el responsable de la inclusión de sus datos en el fichero de morosos incurre en una vulneración de sus derechos fundamentales, se configura como una pretensión incompatible con la extensión en el tiempo que conlleva toda actividad humana de una mínima complejidad (como puede ser la de cancelar la inclusión de datos del deudor en un fichero de morosos una vez que este ha abonado su deuda), que difícilmente puede ser instantánea (…).